El pasado 12 de marzo el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha Emiliano García Page acusaba a los docentes de esta Comunidad que exigían el cierre de los colegios, de solo querer  15 días de vacaciones.

Horas después tuvo que disculparse por la presión que tanto las plantillas, especialmente de educación y sanidad, como las organizaciones sindicales y la población en general estábamos ejerciendo denunciando la pasividad e inacción por parte del Gobierno regional en materia de salud pública y de prevención de riesgos laborales.

En los centros de trabajo no teníamos ni tenemos equipos de protección individual (EPIs) y no se había establecido ningún protocolo de salud y seguridad. Es muy significativo que, estando en cuarentena algunos empleados y empleadas, no se informara del riesgo al resto de la plantilla ni se tomaran medidas para evitar contagios. ¡Se ha estado poniendo en peligro a las plantillas y a los usuarios y usuarias de los servicios públicos!

A consecuencia de la presión ejercida por los trabajadores y las trabajadoras, que nos vimos obligados a improvisar protocolos preventivos y a comprar materiales de protección y desinfección por nuestra cuenta, también por el cierre de la Universidad de Castilla-La Mancha decidido unilateralmente por el órgano de gobierno de esta (cierre que Page calificó en su momento de irresponsable), y ante la inminencia de la declaración del estado de alarma, el Gobierno regional se vio obligado a tomar medidas.
Se cerraron centros educativos, formativos y residencias y posteriormente centros de trabajo de atención al público como oficinas de empleo, bibliotecas, etc. Se planteó que el teletrabajo iba a ser la modalidad general de prestación de servicios y en caso de necesidad de prestación presencial, se organizaría el trabajo en turnos y con el personal indispensable. Sin embargo, estas medidas, aún a día de hoy están en proceso de implantación en algunos servicios.

Se ha actuado tarde y mal, pues las medidas se han tomado cuando hacía bastantes días que existía el riesgo grave e inminente. Es más todavía seguimos sin EPIs en muchos centros, especialmente sanitarios y residencias, y con problemas para acogernos a las medidas de conciliación para quienes tenemos menores o familiares dependientes afectados por los cierres de centros educativos, residencias y centros de día.
Además, no se ha evaluado el riesgo de la convivencia con familiares de alto riesgo ante un posible contagio, habiendo quienes, para protegerlos, nos hemos visto en la obligación de irnos de nuestros domicilios habituales por la ineptitud, incompetencia y negligencia del Gobierno. De hecho, hasta el día 18 no se establecieron medidas preventivas oficiales para el uso y desinfección de vehículos de trabajo, ni hasta el día 23 para la desinfección de centros de trabajo sanitarios y administrativos. ¡Es un auténtico escándalo!

Es increíble que para solucionar la falta de personal, insuficiente desde el principio y reducido todavía más por el número de trabajadores contagiados por la falta de protección ante la pandemia, la Junta de Castilla La Mancha plantee la puntuación doble en las bolsas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a quienes estén trabajando durante la actual crisis para los servicios sanitarios autonómicos, provocando una sangría y minando aún más la plantilla sociosanitaria de las residencias públicas.

En vez de proteger las vidas de nuestros compañeros y compañeras, hacer fijo en plantilla a quienes están en fraude y expropiar los centros sanitarios y residenciales privados para dotar de recursos suficientes a la sanidad pública, pretende, una vez más, escurrir el bulto, culpabilizar a los profesionales sanitarios. Todo para intentar ocultar que el Gobierno de Page no ha revertido los recortes de Cospedal y que ha actuado tarde y mal.

Por otro lado, hay servicios privatizados y subcontratados, como el transporte sanitario, la limpieza de edificios o la ayuda en el domicilio, que no disponen de EPIs de repuesto suficientes ni de los medios para desinfectar los vehículos y edificios adecuadamente y con total garantía.
Exigimos para sus plantillas las mismas medidas de salud y seguridad que se deben garantizar para los empleados y empleadas públicas.

Los trabajadores del SESCAM y sus servicios auxiliares están dando ejemplo de cómo la clase trabajadora respondemos para asegurar el bienestar de la sociedad aun con falta de medios y en condiciones de precariedad e inseguridad. De la misma forma lo hacen los empleados de los supermercados que trabajan para abastecernos de productos necesarios, los de residencias cuidan a nuestros familiares o el personal docente mantiene la actividad educativa de nuestros hijos e hijas.

Las empresas y administraciones públicas se han visto forzadas a tomar medidas gracias a la profesionalidad, solidaridad, iniciativa y lucha de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo y al fuerte apoyo social que estamos dando y recibiendo. Una vez más, estamos demostrando que solo el pueblo salva al pueblo.

La lucha sirve, pero la lucha sigue. Desde Sindicalistas de Izquierda exigimos:

-Suministro de EPIs suficientes a todos los servicios públicos que requieran una atención presencial, establecimiento de protocolos actualizados de prevención y revisión de la salud de todos los trabajadores y trabajadoras, empezando por los centros sanitarios y residenciales.
-Permisos retribuidos con el 100% del salario y los complementos para quienes tengan menores o familiares afectados por el cierre de centros educativos, residencias y centros de día o que sean considerados de alto riesgo.
-Implantación efectiva del teletrabajo en todos los puestos cuyo desempeño lo permita para prestar servicios públicos eficientes y con garantía de continuidad, protegiendo, además, la salud y la conciliación laboral y familiar de la plantilla.
-Titularidad pública de todas las subcontratas, especialmente de transporte sanitario, limpieza y ayuda en el domicilio, con subrogación de las plantillas, para garantizar unas condiciones de salud y seguridad adecuadas a todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar una atención adecuada y segura a toda la población.
-Expropiación de todos los centros sanitarios y residenciales privados y reversión de todas las privatizaciones de servicios públicos de salud y atención y cuidado de personas, con subrogación de las plantillas, para garantizar los recursos materiales y humanos necesarios para hacer frente a la pandemia.

 


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