Los errores de izquierda gubernamental fortalecen a la extrema derecha
Se ha cumplido más de una semana desde el inicio del paro del sector del transporte por carretera y sus consecuencias se están notando crecientemente. El desabastecimiento es ya una realidad en numerosos mercados mayoristas, en comercios y en supermercados, y cierto número de empresas han anunciado que se ven obligadas a suspender su actividad.
Para tratarse de una acción convocada, según el Gobierno, por un “sector minoritario” de los transportistas, el resultado es un completo éxito. Ni los 24.000 antidisturbios y guardias civiles desplegados ni los llamamientos de la CEOE a endurecer las medidas represivas, han conseguido doblegar a los participantes en el paro, en su inmensa mayoría camioneros autónomos, y conductores asalariados de las pequeñas y medianas empresas del sector. Además, el Gobierno de coalición ha criminalizado duramente esta huelga, acusándola de estar dirigida por Vox y de hacer “el juego a Putin” en su estrategia de sabotear la economía occidental. ¿Podemos creer seriamente en estos argumentos? ¿Las huelgas como la de estos camioneros son reaccionarias y solo expresan la ambición de la ultraderecha por atacar a Pedro Sánchez y Podemos?
Un movimiento de trabajadores autónomos
La organización convocante del paro, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, agrupa a decenas de miles de trabajadores autónomos y asalariados de pequeñas empresas, que se encuentran en una situación completamente desesperada. En su llamamiento al paro denuncian que el acuerdo alcanzado en diciembre de 2021 entre el Gobierno y las grandes asociaciones patronales solo beneficia a estas últimas.
Las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las PYMES del transporte por carretera son muy duras y las grandes empresas contratistas incumplen sistemáticamente lo dispuesto en los convenios colectivos. Por eso, entre las reivindicaciones entregadas a los Ministerios de Trabajo y de Transportes por la Plataforma, junto a demandas como la rebaja inmediata del precio del gasóleo, se exigen cuatro medidas que ningún sindicato de clase puede negarse a apoyar:
-Jubilación a los 60 años para los conductores profesionales, por el alto riesgo de su trabajo.
-Reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales que afectan a los conductores.
-Que se consideren accidentes laborales todos los sucedidos en los periodos de trabajo y disponibilidad dentro de la actividad.
-Creación de un Convenio Único Estatal de Obligado Cumplimiento para los conductores asalariados.
Las grandes empresas, agrupadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, negaron rotundamente su apoyo al paro durante la primera semana, pero el lunes 21, a la vista del seguimiento masivo, decidieron dar un ultimátum al Gobierno: si no se les otorga una lluvia de subvenciones también ellos pararán sus camiones. Las grandes empresas quieren así aprovechar en beneficio propio un movimiento al que no solo han sido ajenas, sino que en gran medida está dirigido contra ellas. Por supuesto, entre las reivindicaciones de la gran empresa no aparece ni una sola de las medidas favorables a los asalariados y asalariadas incluidas en las reivindicaciones de la Plataforma.
La gran patronal del Comité Nacional del Transporte por Carretera es la principal responsable de la desesperada situación que sufre la inmensa mayoría de los camioneros y camioneras. En connivencia con sus grandes clientes industriales, del sector de la distribución, e incluso bancos, agrupados en la Asociación de Cargadores de España, donde están Mercadona, Coca-Cola la Caixa o El Corte Inglés, han creado una cadena de subcontrataciones con la finalidad de abaratar drásticamente sus costes y de que los riesgos del transporte por carretera, incluido las subidas del combustible, recaigan sobre el último y más débil de sus eslabones.
De esta manera, las grandes empresas operadoras que, a veces no cuentan ni con un solo vehículo propio, manejan el sector a su conveniencia y son los que sacan una rentabilidad excepcional de los salarios míseros, de las jornadas interminables, de las horas extras y tiempos de espera no retribuidos, de la obligación de los conductores de realizar tareas de carga y descarga que no les corresponden y de la angustia de los propietarios de uno o dos camiones ante las crecientes dificultades para hacer frente a los créditos bancarios y a una factura del combustible que no deja de aumentar.
No se trata de nada nuevo, ni que afecte únicamente al sector del transporte. El uso sistemático de la subcontratación y de los falsos autónomos para rebajar drásticamente los costes laborales han sido usado sistemáticamente allí donde los grandes monopolios han podido hacerlo, en la construcción, en los servicios públicos, en la limpieza, en el sector TIC, etc. En casi todos los casos, la patronal ha contado con la imprescindible complicidad de los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, que, a través de la aceptación de dobles o triples escalas salariales, o la firma de convenios que rebajaban drásticamente salarios a los subcontratados (ver el escandaloso ejemplo del convenio del sector de la Informática de 2017), han creado las condiciones necesarias para extender la precarización más salvaje.
La huelga de las subcontratas de Telefónica en 2015, en la que también unieron sus fuerzas trabajadoras y trabajadores asalariados, autónomos sin asalariados y microempresarios, es un precedente que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el paro de transportistas. En aquella ocasión, los compromisos que ataban a los dos grandes sindicatos a los intereses de Telefónica movieron a sus dirigentes a traicionar abiertamente la lucha que, a pesar de la abnegación y el sacrificio de los huelguistas y del claro apoyo social que recibían, fue derrotada.
El papel de CCOO y UGT
¿Cómo puede explicarse que CCOO y UGT se nieguen a apoyar estas reivindicaciones? ¿Acaso no son todas ellas beneficiosas y necesarias para los asalariados y asalariadas del sector?
Los años de pactos con la patronal Fenadismer, en detrimento de los intereses de los camioneros y camioneras asalariados, y sus compromisos de colaboración con la CEOE y el Gobierno, impulsan a los dirigentes de CCOO y UGT a intentar destruir esta lucha mediante calumnias y promoviendo la división y el enfrentamiento entre los trabajadores y trabajadoras del sector.
Si en vez de arrodillarse ante la CEOE y de actuar como herramienta de la política de paz social que quiere imponer el Gobierno del PSOE y UP, CCOO y UGT se pusiesen resueltamente al lado de los camioneros y camioneras en lucha, el éxito del paro estaría asegurado. La consecución de sus reivindicaciones mejoraría de forma muy significativa la situación de todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Esta victoria daría un gran impulso a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de otros sectores que también sufren una precariedad insoportable, que se va a agravar aún más como consecuencia del intento del Gobierno y la patronal de hacer recaer los costes y consecuencias de la guerra sobre los hombros de la clase trabajadora. ¡Pero es precisamente esta extensión de un clima de lucha lo que los dirigentes de CCOO y UGT quieren evitar a cualquier precio!
La actitud de los dirigentes de CCOO y UGT ante el paro del transporte por carretera es totalmente rechazable. Uniendo sus fuerzas a la gran patronal Fenadismer y al Comité Nacional del Transporte por Carretera, los dirigentes sindicales han dado la espalda al sector más desprotegido de los asalariados, los conductores que trabajan en alguna de las aproximadamente 58.000 empresas del sector con 5 o menos trabajadores, negando representatividad a los convocantes del paro y tachándolos de “explotadores”.
¿Una huelga de la ultraderecha? Los errores de la izquierda gubernamental
El Gobierno no ha perdido ni un minuto en denigrar a los conductores y conductoras, acusándoles de hacer el juego a Putin e incluso, en palabras de la ministra Portavoz Isabel Rodríguez, de ejecutar “un boicot en toda regla alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha”.
La desesperación del Gobierno es patente. Carentes de argumentos, los ministros de Pedro Sánchez intentan crear un ambiente social hostil al paro de los transportistas, y nada mejor para ello que achacarles afinidades fascistas. ¿Hay alguna justificación para ello?
Aunque el programa de Vox y la extrema derecha responde a las necesidades y exigencias del gran capital, su base social más sólida se recluta entre los pequeños empresarios más atrasados, ruines y explotadores, que encuentran en el discurso reaccionario, machista, homófobo y patriotero de Abascal un soporte para afianzar una posición conseguida a base de pisotear los derechos más elementales de sus trabajadores y trabajadoras. Y en periodos de crisis capitalista y de descomposición social como el que vivimos, ante el fracaso de una política gubernamental que se pretende “progresista” pero que solo vela por los intereses de la gran patronal, los monopolios y la banca, sectores amplios de la pequeña burguesía ponen su confianza en Vox para salvar sus negocios y su forma de vida.
La política de los sindicatos de clase y de los partidos gubernamentales de la izquierda, dando la espalda constantemente a su base obrera, incumpliendo sus promesas en todos los asuntos importantes, pactando con el gran capital monopolista y manteniendo los recortes sociales… es la que genera un ambiente de desconfianza y de escepticismo para que la demagogia de la extrema derecha pueda ampliar apoyos y echar raíces.
Si la izquierda parlamentaria y los sindicatos mayoritarios abandonan la calle y criminalizan las luchas, como ocurrió vergonzosamente en el caso de la huelga del metal de Cádiz, dan una gran margen de maniobra a la reacción. En lugar de atender las justas reivindicaciones de decenas de miles de camioneros, el Gobierno les insulta y les llama “fascistas”. Obviamente que habrá fascistas en los piquetes, como por ejemplo los hubo en el movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia. Pero esa no era, ni mucho menos, la tendencia política dominante en el caso de la lucha francesa, y tampoco lo es en el caso de los transportistas españoles.
Esta huelga de los transportistas pone en la diana al capitalismo español y a los grandes beneficiarios de la crisis económica y social que millones de trabajadores tenemos que padecer: la gran patronal y los monopolios. Una política sindical combativa, que apunte a las verdaderas causas del deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, y que proponga las medidas necesarias para poner la riqueza social al servicio del bienestar de todos y todas sería capaz de unir las fuerzas de la clase trabajadora y el sector de las clases medias más castigado por la crisis capitalista.
La extrema derecha no tiene nada que ofrecer a los transportistas. Su apoyo es puramente demagógico y oportunista. Vox es el partido de los grandes intereses empresariales, de los monopolios parasitarios, y solo pretende explotar el malestar de amplios sectores sociales. Pero la izquierda gubernamental cometerá un gravísimo error si continúa con esta política de represión, criminalización y difamación de la huelga. Y la única fuerza que saldrá beneficiada de esta estrategia es la extrema derecha.
El transporte por carretera es uno de los servicios básicos más imprescindibles. Hay que proteger los derechos laborales, lograr la jubilación a los sesenta años con el 100% de la pensión, incrementos salariales drásticos, fin de la precariedad y los turnos penosos, y acabar con el monopolio que ejercen los grandes operadores del sector: ¡Por la creación de una gran empresa pública que asegure el transporte de los suministros para el consumo y las actividades productivas, garantizando unas condiciones de trabajo dignas y justas! Hay que expropiar a estos monopolios parasitarios, ligados a los grandes fondos de inversión, y que son los que aplastan a los trabajadores del sector.
En los próximos meses vamos a asistir a un repunte de numerosas luchas en diferentes sectores. La enorme huelga de los profesores en Catalunya es un ejemplo de que la rabia y la furia están incubando un estallido contra los recortes, la penuria y el empobrecimiento. La única manera de evitar que la ultraderecha se aproveche de esta situación es levantar la bandera del sindicalismo de clase y combativo, y construir una izquierda que vuelva a tomar la calle peleando por los intereses de la clase obrera. ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!
