El pasado 2 de marzo Pedro Sánchez compareció en el Congreso para anunciar que la economía ha entrado en una situación de emergencia y es imprescindible “tomar medidas drásticas”. Mintiendo descaradamente, Sánchez utiliza la propaganda de guerra para fabricarse una coartada: “toda esa tensión inflacionista y sus derivadas, tienen una causa: la injustificable guerra contra Ucrania; y un culpable: el presidente Putin”.
Sin duda alguna la invasión rusa de Ucrania es un horror, como lo es también la actitud provocadora y militarista de la OTAN, pero la realidad es que las escandalosas subidas del precio de la luz, de los alquileres, de los alimentos, de numerosos bienes y servicios básicos, o la congelación salarial que sufrimos millones de trabajadores y trabajadoras, empezaron muchos meses antes de la invasión y sus causas no hay que buscarlas en las políticas imperialistas de Putin, sino en la estrategia de las grandes empresas, bancos y monopolios de aumentar sus beneficios a costa de nuestra sobreexplotación y la subida especulativa de los precios.
Bajo el grandilocuente llamamiento del Gobierno PSOE-UP a un “gran pacto de país”, lo que realmente se oculta es que paguemos de nuestros bolsillos los anunciados 2.600 millones de euros de incremento del gasto militar, una barbaridad injustificada que muestra el servilismo del Consejo de Ministros hacia el imperialismo norteamericano, y que aceptemos nuevos y más duros sacrificios en beneficio de unos empresarios que acumulan cada día mayores ganancias. Nos dicen que “hay que repartir los costes de la guerra”, pero tienen buen cuidado en ocultar que esos costes son solo para los que vendemos nuestra fuerza de trabajo.
Un plan para garantizar los beneficios empresariales
El punto central del plan del Gobierno es un pacto de rentas que, con la complicidad de los dirigentes de CCOO y UGT, intentará imponer una nueva congelación de los salarios, después de años de continua depreciación. Solo en 2021 el salario medio perdió un 5,2% de su poder adquisitivo, que se suma a la pérdida de otro 10,1% entre 2007 y 2020, según datos de la Agencia Tributaria. Pero la realidad es aún más terrible si tenemos en cuenta que la distancia entre los salarios de los trabajadores precarios y el salario medio no ha dejado de aumentar en la última década. Según datos del INE, en 2020 el salario medio de los trabajadores precarios era un 40% inferior al salario medio global, y más de un millón seiscientos mil trabajadores cobró ese año menos de 820 euros mensuales.
Mientras tanto, los precios de los productos y servicios básicos no paran de subir, con la electricidad en cabeza con un 75% de subida en los últimos dos años. En ese mismo periodo, según datos del INE, productos de primera necesidad como el aceite han subido un 28,7%, la carne un 13,1%, el pan un 6,3%, la leche un 8,7% o el arroz un 10,3%, y en los primeros días de marzo hemos podido comprobar como esas subidas se han acelerado bruscamente.
Esta inflación desbocada tiene sus raíces en las políticas que han regado a los capitalistas de todo el mundo con una lluvia de dinero público. Tan solo en los dos años de la pandemia, los bancos centrales han inyectado 32 billones de dólares en los mercados financieros (datos del Bank of América) que se costearán con nuevos planes de austeridad y un empobrecimiento mayor.
Como consecuencia de este chorro de liquidez, de la que tan solo una ínfima parte ha sido invertida en el aparato productivo, la capitalización bursátil mundial se ha incrementado en 60 billones de dólares (2020-2021) provocando una nueva burbuja especulativa. En un contexto de estancamiento de la economía real, los grandes monopolios que acumulan ese capital ficticio han decidido aprovechar el repunte de la demanda de bienes y servicios tras el parón provocado por la Covid para obtener beneficios extras subiendo los precios y acaparando materias primas y mercancías.
Algunos ejemplos:
-Las grandes navieras, responsables de hasta el 90% del transporte global de bienes de consumo, han visto dispararse sus ganancias a niveles sin precedentes elevando el precio de los fletes y contenedores. La danesa Maersk cerró 2021 con un beneficio récord de 24.000 millones de dólares (21.750 millones de euros), ¡tres veces más que en 2020! Y se estima que las principales empresas del sector (Maersk, CMA CGM y MSC) han obtenido beneficios de 117.000 millones de euros.
-Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson cerraron 2021 con 65.600 millones de euros facturados por sus vacunas contra la covid-19, más del doble que todo el sector de las vacunas antes de la pandemia.
-La gran banca española (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) obtuvieron en 2021 unas ganancias de 19.866 millones de euros, las mayores desde 2007.
-Las empresas inmobiliarias, responsables directas de la ola especulativa de la vivienda, también obtienen beneficios de escándalo. Inmobiliaria Colonial incrementó sus beneficios en 2021 en un ¡19.809%!, Merlin en un 808% o Urbas en un 544%.
Lo que señalamos no es el delirio de izquierdistas desinformados. El pasado 5 de marzo, el diario El País anunciaba con grandes titulares “Y en medio de la tormenta... ¡récord de beneficios empresariales en España!”. Efectivamente, las grandes empresas del Estado español han obtenido el año pasado los mayores beneficios de la historia: 64.021 millones de euros. A pesar de lo que dice Pedro Sánchez, ni la guerra va a hundir a los capitalistas en la miseria, ni la subida de los precios perjudica a los empresarios. ¡Todo lo contrario!
Las guerras imperialistas del siglo XX dejaron en muchas partes del mundo un legado de desolación y muerte difíciles de olvidar. Pero, sobre el sufrimiento y los cadáveres de la población trabajadora, un puñado de potentados amasaron inmensas fortunas gracias a los gastos militares, la especulación y el acaparamiento. La inflación desbocada, como la surgida tras la Primera Guerra Mundial, lejos de perjudicar a los grandes capitalistas creó un terreno propicio para fabulosos negocios. Ahora, los amos de las finanzas mundiales se preparan para aprovechar de nuevo las grandes oportunidades de enriquecimiento rápido que la guerra y la carrera armamentística van a propiciar. Las subidas de las bolsas europeas, lideradas por incrementos de más del 50% en el sector de la defensa, ante el anuncio de que Alemania va a incrementar su gasto militar en 100.000 millones son un claro indicador de lo que el futuro nos depara.
No a la paz social no a la “unidad nacional”. Hay que organizar una respuesta contundente en las calles
Llevamos ya muchos años de recortes sociales, retrocesos salariales, de precarización sistemática de las condiciones laborales, de desahucios de cientos de miles de familias trabajadoras. Las “colas del hambre” que surgieron en las grandes ciudades durante la pandemia, o los cuatro millones y medio de personas que, según datos del propio Gobierno, no pueden permitirse calentar sus hogares, son un claro indicador de que la situación de amplísimos sectores de la clase trabajadora es desesperada.
A esta situación se ha llegado gracias a la política de paz social que ha sido la estrategia de CCOO y UGT. Años de renuncia a la movilización y de claudicación ante la patronal han dejado sin futuro a la clase trabajadora y, especialmente, a los jóvenes. Y otra vez más, para que los planes que el Ejecutivo está fraguando puedan llevarse a cabo, necesitan más que nunca la colaboración de los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT. ¡Es hora de decir basta! Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de CCOO y UGT, tienen que dejar de buscar excusas para intentar justificar lo injustificable, y organizar una respuesta masiva y contundente ante la carestía de la vida y los nuevos anuncios para hundir nuestro poder adquisitivo.
Las recientes movilizaciones multitudinarias del 8M o la impresionante huelga de profesores en Catalunya desmienten rotundamente la estúpida letanía de que “la gente no quiere luchar”. ¡Los únicos que se niegan a luchar son esos dirigentes que prefieren la comodidad de sus despachos, las subvenciones para mantener el aparato y las prebendas que obtienen vendiendo los derechos de las trabajadoras y trabajadores que confiaron en ellos y los colocaron en sus cargos!
El primer paso en esta movilización debería ser una Jornada Estatal de Lucha, bien organizada para que sea un cauce útil de expresión de la rabia y la indignación que se palpa en los centros de trabajo y en los barrios obreros. La hora de las protestas simbólicas, como la que CCOO y UGT han convocado para el 23 de marzo, son absolutamente ridículas e impotentes. Lo que necesitamos no son mascaradas para picar billete, sino volver a llenar las calles armados con un programa reivindicativo que defienda al pueblo trabajador y nos permita recuperar los derechos perdidos a lo largo de estos últimos años.
La primera medida a reclamar tiene que ser la recuperación del poder adquisitivo perdido por los salarios. Es inadmisible que incremento salarial medio pactado por CCOO y UGT en los convenios firmados o revisados este año haya sido del 2,3%, cuando la inflación ya se sitúa en el del 7,6% en febrero y todo indica que seguirá subiendo. Es necesario que la recuperación de los salarios vaya unida al establecimiento de un sistema de revalorización salarial automático, vinculado al incremento de los precios, lo que tradicionalmente se ha denominado la escala móvil de precios-salarios.
Uno de los mayores problemas de las familias trabajadoras y de la juventud es acceder una vivienda digna. Por eso hay que utilizar las decenas de miles de viviendas en manos del SAREB y poner en marcha un plan de choque de vivienda pública, con alquileres sociales, e imponer límites contundentes a los alquileres en el mercado inmobiliario privado que no superen el 15% de los ingresos salariales medios. El Gobierno debe abandonar sus proyectos fracasados y prohibir por ley los desahucios de familias trabajadoras a las que la precarización de sus vidas deja en la calle.
El gasto militar carece de cualquier utilidad social. La carrera armamentística que ahora se está acelerando, y que es probable que este año consuma más de 30.000 millones de euros, solo sirve a la defensa de los intereses de la clase dominante. Exigimos que ni un euro más se dedique al esfuerzo bélico. Los presupuestos militares tienen que reducirse drásticamente, y dedicarse a cubrir las enormes carencias sociales que hoy padecemos en ámbitos como la salud, la educación o el cuidado de las personas en situación de dependencia.
La subida de los precios de la electricidad, del gas y de los combustibles golpea directamente a toda la clase trabajadora, pero el puñado de monopolios del sector se está haciendo de oro. No valen parches, ni rebajas temporales de impuestos que pagaremos en forma de reducción del gasto social. Lo que este Gobierno tiene que hacer es enfrentar a estos parásitos y nacionalizar estas empresas, sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores. Solo así acabaremos con la pobreza energética y el lastre brutal que estos precios suponen para la actividad de los autónomos y las pequeñas empresas. El papel completamente parasitario del sistema financiero es evidente.
Es hora de que los inmensos recursos que maneja se pongan al servicio de toda la sociedad. Un Gobierno de izquierdas que defendiera los intereses de la mayoría trabajadora intervendría inmediatamente nacionalizando la banca. No tiene sentido alguno que cuando la cifra de parados supera los 3,5 millones y un 20% de la población se encuentra sumida en la pobreza, esta palanca económica esencial solo sirva para aumentar la desigualdad, la especulación y las fortunas de la plutocracia. Ciertamente la derecha acusaría al Gobierno de “social-comunista”, pero esta vez con razón, mientras que millones de trabajadores se movilizarían entusiasmados para defender estas medidas.
Los tiempos que vienen son duros, en eso estamos de acuerdo con Pedro Sánchez. Pero no vamos a aceptar más grilletes, más sumisión, más esclavitud. Es la hora de levantar una izquierda consecuente y combativa, no de la “unidad” con nuestros explotadores.
