Tras 5 días de una huelga general que paralizó el país y que se inició el pasado 28 de abril, el presidente Iván Duque tuvo que dar marcha atrás ante la furia de la población y suspender el proyecto de reforma tributaria además de forzar la dimisión de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Sin embargo, el efecto del anuncio de retirada no ha hecho más que animar las protestas convertidas ya en un levantamiento popular.
Este levantamiento social ha roto con la paz social impuesta durante la pandemia volviendo a asestar un duro golpe a un régimen odiado. Impulsada desde abajo, la movilización popular ha avanzado con fuerza a medida que la represión salvaje de la policía y el ejército se hacía visible en las calles de Bogotá, Cali y otras ciudades dejando un reguero de detenidos, heridos y asesinados. Una lucha ejemplar que también ha debido superar el boicot de las direcciones de algunas centrales obreras.
Estamos ante un salto cualitativo de la lucha de clases en Colombia.
Una reforma tributaria criminal
En artículos anteriores hemos destacado el fuerte impacto económico que la pandemia está teniendo en las condiciones de vida de la población colombiana. Al cierre de 2020, la pobreza superó el 40% y afectaba directamente a más de 22 millones de personas, mientras la pobreza severa ha batido un récord pasando de 4,6 a 7,4 millones. Las colas del hambre y el asalto a comercios o camiones para poder llevar comida a casa han sido imágenes casi cotidianas durante los últimos meses.
La respuesta del Gobierno del uribista Iván Duque, siguiendo el mandato del FMI, ha consistido en desviar masivamente fondos públicos al sector empresarial. Así se vio en el rescate a Avianca, principal aerolínea del país, que recibió a mediados del 2020 la suma de 370 millones de dólares a fondo perdido. El enorme agujero que la crisis y las políticas capitalistas han provocado en la economía nacional se materializa en la caída del PIB el 2020 de casi un 7%, o del 20% del PIB per capita.
Como si esto fuera poco, y pensando que la pandemia habría borrado de la conciencia de la población las grandes luchas y huelgas generales de 2019, Duque y Carrasquilla presentaron una reforma tributaria, llamada "Solidaria", con la que pretendían recaudar el equivalente al 2% del PIB en 2021 a costa de una subida brutal de impuestos indirectos a la población trabajadora.
El plan incluía la subida del IVA en muchísimos bienes básicos, así como la eliminación generalizada de exenciones para los productos básicos de alimentación e higiene. Se reducía el techo del gasto público y se abría la posibilidad de subir el impuesto a los combustibles y al uso de las carreteras. Un atraco a mano armada que abría la puerta hasta a imponer peajes dentro de las propias ciudades.
Las masas en acción
La dureza del ataque económico que planteó Iván Duque obligó al Comité Nacional de Paro a convocar la jornada de huelga general (Paro Nacional) para el 28 de abril. Este organismo, surgido a raíz del levantamiento de noviembre de 2019, es una plataforma en la que se integran las direcciones de las principales centrales obreras con algunas organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles e indígenas. La Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) tiene el papel principal en esta coalición.
El llamamiento al paro el 28A, sin ningún tipo de calendario posterior ni planificación concreta de acciones, levantó muchas críticas entre miles de activistas de la izquierda, que la vieron como una maniobra burocrática del CNP para mantener su cuestionada autoridad, pero sin desencadenar una lucha sería y contundente. Sin embargo, la convocatoria actuó como catalizador para que un profundo descontento estallara.
Llegado el 28, millones de jóvenes y trabajadores aprovecharon para dar rienda suelta a su rabia contra el uribismo, llenando las calles y autovías desde primera hora. Todo ello, enfrentando la prohibición del Tribunal Constitucional contra las manifestaciones, aludiendo a riesgos sanitarios.
Como en ocasiones anteriores, el sanguinario ESMAD (cuerpo especial de antidisturbios) reprimió salvajemente la jornada incluso usando munición real, ocasionando 2 muertos y decenas de heridos graves, sólo en ese día. En Cali, se declaró el toque de queda y se desplegó el ejército.
Temiendo el descontrol del movimiento, el CNP decretó continuar la huelga un día más, el 29 de abril, y parar la lucha hasta el próximo 19 de mayo, hasta el punto de cancelar las manifestaciones del 1 de mayo sustituyéndolas por acciones virtuales. Pero desafiando esta maniobra de la dirección burocrática de la CUT, la huelga general se ha mantenido firme de manera espontánea, pero con convicción y contundencia, y en numerosos sectores y ciudades se trata de una huelga indefinida impulsada y sostenida por el propio movimiento desde abajo.
Después de esta intensa batalla y del arrojo demostrado por la población en lucha, al mediodía del 2 de mayo el presidente Iván Duque anunció en un discurso televisado la retirada del proyecto y su sustitución por uno “consensuado” con los sectores sociales. Horas después, dimitía forzadamente su ministro de Hacienda y todo su equipo. Indudablemente se trató de una enorme victoria arrancada con sudor y sangre, que ha elevado la moral de las masas movilizadas y las hace conscientes de su fuerza.
A pesar de la represión más salvaje, la clase obrera y la juventud se enfrentan al Gobierno asesino
Las jornadas de lucha tras el 28 se han convertido en auténticas masacres, y se han saldado, según cifras oficiales, con más de 30 de manifestantes muertos a manos de las fuerzas policiales y el ejército. Pero observadores internacionales han denunciado muchos más asesinatos, así como miles de heridos, cientos de desaparecidos y varios casos de violaciones a mujeres en comisarías. Las imágenes de los disparos y las palizas son realmente desgarradoras.
La indignación que este baño de sangre está provocando entre millones de personas, dentro y fuera del país, ha hecho que diferentes organismos se posicionen pidiendo calma frente a la represión. Concretamente, la CIDH, Amnistía Internacional o una Comisión de la Cámara de Representantes de EEUU ha pedido al Gobierno más contención.
Si bien la violencia política extrema en Colombia nunca ha sido una preocupación real para estas instituciones, se trata de un aviso a Duque y a la clase dominante colombiana: les preocupa que la represión desencadene la revolución y que el ejemplo cunda en otros países latinoamericanos. Especialmente en los últimos días, se han sucedió movilizaciones en solidaridad y contra la represión en ciudades de todo el mundo.
A pesar del temor por parte de algunos sectores a que la represión siga encendiendo la lucha, Duque y su gobierno están tomando el camino de endurecerla. Desde el círculo del expresidente Álvaro Uribe, así como desde la cúpula militar y policial, hay una presión para declarar, por primera vez en la historia, el Estado de Conmoción Interna (Estado de Excepción). Significaría la restricción de los derechos fundamentales y la agudización de la violencia.
Continuar con el paro hasta echar a Duque. ¡Por un gobierno de la clase obrera, los campesinos y los pobres con un programa socialista!
“A parar para avanzar” y “Duque chao” han sido las consignas principales en las movilizaciones. Reflejan el compromiso de mantener la lucha, no solo para derribar del todo la reforma tributaria, sino para acabar con casi dos décadas de uribismo, que solo han dejado como herencia muerte y pobreza para las clases populares en Colombia.
Este nuevo levantamiento se da en medio de la conformación de las listas y candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 2022. Si bien en el 2018 la derecha logró imponer a su candidato, los sondeos dan la victoria a la lista de Gustavo Petro, de Colombia Humana, augurando el primer triunfo electoral de la izquierda en toda la historia del país. Petro y la Colombia Humana han capitalizado el apoyo al Paro Nacional, situándose frente al conjunto de las fuerzas políticas que han llamado a la calma y el diálogo con este gobierno asesino. Esto puede convertir su candidatura en la apuesta de millones de personas para golpear al sistema.
Erróneamente, tanto el movimiento de Petro como el CNP se han negado de luchar para echar a Duque del poder. Aceptando la legalidad constitucional que apuntala firmemente el papel de la jefatura del Estado, la dirección del movimiento ha aceptado limitar la lucha a forzar una negociación con el uribismo.
Con la amenaza del estado de excepción en una mano, Duque se ha abierto a llegar a acuerdos con diferentes sectores “que se ubiquen dentro de la legalidad”, emplazando a una mesa de diálogo a mediados de marzo. Esta táctica de mucho palo en las calles y alguna zanahoria para Petro y el CNP pretende desgastar la movilización para hacer concesiones irrelevantes, retomar las reformas capitalistas una vez pasada la tormenta, y que los asesinatos a manos de las fuerzas policiales queden impunes.
Tal y como la vanguardia del movimiento explica en sus consignas y lemas, el Paro Nacional es la oportunidad de ir más allá. Es necesario mantener y extender la lucha, incorporar a todos los sectores y colocar como eje de la acción derribar el Gobierno de Iván Duque. Esta fuerza tremenda que el movimiento de masa ha demostrado tiene que ser aprovechada por la vanguardia revolucionaria para levantar un programa socialista que sí pueda resolver las necesidades de la clase trabajadora y el campesinado pobre: la nacionalización sin indemnización de la banca y los sectores estratégicos bajo control obrero, la distribución de la tierra acabando con el latifundismo, la defensa del medio ambiente y los recursos naturales del despojo que realizan las multinacionales, el juicio popular y el castigo a los cuerpos policiales, militares y paramilitares por la represión salvaje contra el pueblo y los 6.402 falsos positivos reconocidos.
El pueblo de Colombia se ha levantado otra vez, y nuevamente ha quedado claro que no hay salida bajo el capitalismo.
