Dejaron en la estacada a las personas con sordoceguera y sus familias, ¡y despidieron a las y los trabajadores que prestaban el servicio!
En el mes de abril, durante el estado de alarma, FOAPS (Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera) prescindió de la labor de la mayoría de mediadoras contratadas en todo el Estado español, “dando por finalizado el curso escolar”, periodo en el que nos contratan, sin que existiese ninguna directriz a este respeto ni por parte de comunidades autónomas ni Gobierno español.
Las personas con sordoceguera quedaron sin un pilar fundamental para el acceso a la información, redundando en la ya de por sí vulnerable situación de aislamiento. No se tuvo en cuenta que se tratase de un servicio esencial (servicio de personas que atienden a personas con discapacidad, según el punto 9 de la lista de servicios esenciales). Se retiró a las trabajadoras del teletrabajo sin plantear siquiera un ERTE. Así, ignoraron toda posible medida decretada por el Gobierno para evitar la destrucción de empleo, dejando en la calle a trabajadoras que difícilmente podían encontrar otro empleo en mitad de una pandemia mundial.
Esta decisión de la empresa ha supuesto en muchos casos estar 5 y 6 meses en el paro, con desánimo y ansiedad, pasando situaciones complicadas, para poder hacer frente a pagos, con una falta de ingresos con la que las trabajadoras no contaban.
Por todo ello, la CGT interpuso demanda por despido colectivo y el próximo martes se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional.
