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El capitalismo se encuentra de nuevo sumido en una profunda y devastadora crisis a escala mundial, y los Gobiernos que aceptan su lógica aplican nuevamente las mismas recetas de austeridad y recortes que nos han llevado a este callejón sin salida.

Mientras la banca y las grandes empresas reciben del Estado un chorro de cientos de miles de millones de euros para salvar sus cuentas de resultados, llevan a cabo cierres y despidos que arrojan a millones de trabajadores al desempleo. En su ofensiva contra la clase obrera profundizan su estrategia de reducciones salariales, aumentan la explotación prolongando las jornadas (el ejemplo del teletrabajo es evidente), extienden la precariedad y atacan a fondo los derechos laborales que han sido conquistados con la lucha.

Al elevar un poco la vista observaremos que si la patronal ha llegado tan lejos es, en primer lugar, gracias a la política de los aparatos de los grandes sindicatos, un fenómeno que se repite país tras país, en Europa, EEUU, Asía o América Latina. La conclusión que surge de la experiencia de estos años, y del momento actual, no deja lugar a la especulación: el sindicalismo basado en la colaboración de clases, en el pacto social, en abordar la negociación sin la fuerza de la movilización, en renunciar a ser una palanca para la transformación socialista de la sociedad… se muestra totalmente impotente para repeler estos ataques. Reafirmándose como “agente del diálogo social”, este tipo de sindicalismo se ha convertido en un auxiliar necesario de la política capitalista, en un pilar esencial para garantizar la estabilidad y la paz social.

Solo cambiando el modelo imperante, y luchando por un sindicalismo combativo, democrático, de clase y asambleario, que asuma plenamente la ruptura con la lógica capitalista, podemos defender los derechos adquiridos y conseguir unas condiciones laborales y de vida dignas para todos y todas.

La mayor crisis desde el crack de 1929

El hundimiento de la economía mundial está alcanzando niveles récord: las caídas sufridas por las principales potencias no tienen precedentes, superando las que se produjeron tras el crack de 1929. El PIB del conjunto de la UE en el segundo trimestre de 2020 ha retrocedido un 11,4% respecto a los tres primeros meses del año; un 9,7% en Alemania, un 13,8 en Francia, en Italia un 12,8%, en Gran Bretaña un 20,4% y en el Estado español un 18,5%.

EEUU sufrió un descalabro del 9,1% y Japón del 7,8%. China es la única gran potencia que, de momento, mejor resiste los golpes de la crisis. El gigante asiático ha registrado un incremento de su PIB de un 11,5% de abril a junio, tras retroceder de enero a marzo un 10%. En términos interanuales China ha experimentado un retroceso del PIB del 1,6% en el primer semestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, pero en términos globales podría acabar el año con un incremento cercano al 2%.

Si el detonante de la “gran recesión” que estalló en 2007-2008 fue el hundimiento de las subprime en EEUU, en esta ocasión el catalizador del colapso global ha sido la pandemia de la Covid-19. Pero hay que rechazar el discurso oficial que nos habla de que la economía mundial gozaba de buena salud y ha sido la irrupción del virus lo que ha provocado la contracción económica. Antes del estallido de la pandemia ya teníamos claro e inequívocos síntomas de estar encaminándose hacia una nueva y profunda recesión; la Covid ha sido “la gota que ha hecho colmar el vaso”.

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"El hundimiento de la economía mundial está alcanzando niveles récord: las caídas sufridas por las principales potencias no tienen precedentes, superando las que se produjeron tras el crack de 1929".

Lo que es indudable es que la crisis del coronavirus ha desnudado la catástrofe social provocada tras años de recortes, privatizaciones, bajos salarios, precariedad y una desigualdad aberrante. Más de un millón de muertos, 34 millones de contagiados, una sanidad pública colapsada… son el resultado de la dictadura que el capital financiero ejerce sobre el mundo, y ante la que se inclinan servilmente los Gobiernos.

Los recursos económicos que han movilizado los Estados capitalistas para responder a la crisis superan ya los diez billones de dólares (casi el PIB de China), una cantidad astronómica que ha servido a un único fin: salvaguardar los beneficios de los grandes empresarios y banqueros. Si no fuera por esta masiva inyección de deuda pública, que ya supera el 10% del PIB mundial, la economía capitalista habría colapsado. Un endeudamiento masivo que no es consecuencia de la crisis del Covid19, sino que se viene arrastrando desde hace una década garantizando una orgía de beneficios a esa ínfima minoría de banqueros y capitalistas que dirigen los destinos del planeta.

En EEUU la administración Trump, con el beneplácito de los demócratas, ha puesto a disposición de los capitalistas 3,6 billones de dólares; Alemania ha gastado ya en sus empresas el equivalente al 14% de su PIB, cifra similar a la de Francia. En la Unión Europea, el ya célebre fondo de “reconstrucción” de 750.000 millones de euros aprobado el pasado mes de julio, solo servirá para engrosar las cuentas de resultados de los capitalistas, y los países “beneficiarios” de este fondo lo serán a cambio de acometer duros recortes en el gasto social y las pensiones, exactamente igual que tras la crisis de 2008.

En el Estado español, una de las economías más golpeadas fruto de su dependencia de sectores como el turismo (18% del PIB), la situación no es cualitativamente diferente. El Gobierno ya prevé una caída del PIB del 11,2% para este año. La recuperación en V que pronosticaba Nadia Calviño hace unos meses ha quedado refutada por los hechos: la OCDE informaba en pleno periodo estival de una caída del PIB español del 18,5% en el segundo trimestre, el mayor retroceso de los 37 países que la conforman, y la mayor caída desde al menos la Guerra Civil.


Durante la primera mitad del año se volatizó casi una cuarta parte del PIB. Es decir, se dejó de producir por valor de unos 300.000 millones de euros. En la serie estadística del INE iniciada en 1970 no hay ni de lejos nada que se asemeje a este desplome. En el peor trimestre de la anterior crisis financiera, entre enero y marzo de 2009, la actividad solo retrocedió un 2,6% trimestral. Hay que retroceder hasta la Guerra Civil y los años cuarenta, de hambruna y escasez, para encontrar datos comparables.

Según los datos del INE el empleo en el segundo trimestre, en términos de horas trabajadas, registró un desplome del -21,4%. El gasto de los hogares se hundió un 21,2%, la inversión, un 21,9%, las exportaciones un 33,5%, y las importaciones un 28,8%. Por sectores, únicamente creció la agricultura con un 4,4% trimestral y la banca con un 3,4%. La industria cayó un 18,5%, la construcción un 24,1% y los servicios un 19,1%. Dentro de estos últimos, el comercio, el transporte y hostelería se desplomaron un 40,4%. Si estas cifras se prolongasen durante el resto del año, la producción del país se recortaría hasta en un 70%.

Por otra parte el incremento exponencial de la deuda pública podría acabar por encima del 120% del PIB, y un déficit público superior al 10%. La perspectiva de una recesión profunda se atisba como inevitable. En este contexto, organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), voceros del gran capital, ya están empezando a señalar que más temprano que tarde habrá que hacer “reformas”, es decir, recortes, de cara a reducir la creciente factura de la deuda.

El Gobierno PSOE-UP y la lucha contra la derecha

El Gobierno de coalición PSOE-UP, como hemos señalado en otras ocasiones, no era la apuesta de la clase dominante. La burguesía hizo todo lo posible por forzar una gran coalición entre Cs y el PSOE, hasta el punto de que Sánchez convocó las elecciones de noviembre de 2019 con el fin de poder construir una mayoría parlamentaria de este tipo. Pero la maniobra de la clase dominante y del aparato de Ferraz fracasó. Ciudadanos se desplomó y en el bloque de la derecha se produjo una distribución del voto que favoreció a la extrema derecha, aunque en términos absolutos sus resultados no fueron ni mucho menos los esperados.

La izquierda parlamentaria siguió reteniendo la mayoría, aunque con Unidas Podemos retrocediendo. En menos de tres años UP ha perdido el 50% de su base electoral. El hecho objetivo es que la conformación del Gobierno de coalición despertó una gran expectativa y muchas ilusiones. Desde septiembre de 1936 jamás se había dado una experiencia de este tipo, y para millones de trabajadores y jóvenes se abría la posibilidad de materializar muchas de las reivindicaciones por las que tanto se ha peleado en estos años. La lucha de clases y el ascenso del movimiento de masas es lo que explica este vuelco político.

Como también señalamos en su momento, aunque esta no era la opción de la clase dominante desde el minuto uno el gran capital adoptó una política pragmática en relación al Gobierno. Mientras por un lado la derecha y la extrema derecha arreciaban en su ofensiva con las descalificaciones más duras y moviendo sus puntos de apoyo en el aparato del Estado para desgastar al Ejecutivo, y especialmente a Pablo Iglesias y UP, la plutocracia financiera y el IBEX 35 empezaba una campaña de presión para que el Gobierno adoptará sus puntos de vista en las cuestiones de fondo. Contaban para ello con el apoyo del PSOE, que tan buenos servicios ha prestado a la oligarquía en los momentos más difíciles para garantizar la estabilidad política, la paz social y los negocios de las grandes empresas. Los puntos de apoyo para su estrategia dentro del Gobierno eran más que evidentes, y Nadia Calviño se ha encargado de dejarlo muy claro.

Este Gobierno por tanto está sometido a graves y crecientes contradicciones. Por un lado, es el fruto de la lucha de masas, por otro, uno de sus componentes esenciales no solo adopta la lógica del sistema sino que actúa como correa de transmisión de los intereses del gran capital, de la banca y de la Europa de los recortes y la austeridad. Y las intenciones de UP de hacer girar hacia la izquierda al PSOE se están estrellando contra esta realidad objetiva. En la práctica, salvando algunos aspectos como el llamado escudo social, que está demostrando tener muchas limitaciones que no cambian el sentido general de la política adoptada, la burguesía está logrando llevar el ascua a su sardina.

Obviamente millones de trabajadores y jóvenes son conscientes de la amenaza que representa la derecha y la ultraderecha, y de las consecuencias que tendría que estos reaccionarios volviesen a la Moncloa. Un Gobierno del PP y Vox declararía una guerra a muerte contra la clase trabajadora. Sin embargo, las constantes cesiones del Gobierno de coalición a los grandes poderes económicos, a la CEOE y la banca, que implica profundizar la hecatombe social de precariedad, paro y miseria, debilita objetivamente a la clase trabajadora y a la izquierda, y dan alas a la demagogia reaccionaria del PP, Ciudadanos y Vox.

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"La política de “unidad nacional”, de que “todos debemos remar en la misma dirección”, hace al Gobierno rehén de la patronal, del Ibex35, y de la derecha".

Un buen ejemplo de lo que decimos ha sido la actuación ante la catástrofe sanitaria de la Comunidad de Madrid. Tras años de políticas salvajes de recortes y privatizaciones por parte del PP que han destruido la educación y la sanidad públicas, Madrid se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Europa. Sin embargo, cuando Díaz Ayuso decreta medidas clasistas de confinamiento en los barrios obreros, y cuando miles de jóvenes y trabajadores salen a la calle contra las mismas, Pedro Sánchez acude a la Puerta del Sol dándole un balón de oxígeno en sus horas más bajas, contando con el silencioso aval de sus socios de Gobierno. Un gesto que no ha servido para apaciguar a la reacción, al PP, a Ciudadanos y a Vox, que han continuado con su ofensiva contra el Gobierno, tal y como hemos visto con la declaración del estado de alarma en la CAM.

El Gobierno PSOE-UP está dejando pasar las oportunidades de cara a marcar la diferencia y demostrar en los hechos que sí es posible una política alternativa que enfrente la lógica del sistema. Esta sería la mejor manera de cerrar la boca a Casado, Díaz Ayuso, Inés Arrimadas o Abascal. Sin embargo, la política de “unidad nacional”, de que “todos debemos remar en la misma dirección”, les hace rehenes de la patronal, del Ibex35, y de la derecha. Es necesario romper con esta estrategia, y esa es una responsabilidad fundamental de los dirigentes de Unidas Podemos.

La oportunidad de conectar con millones de trabajadores y jóvenes aplicando políticas genuinamente de izquierdas es enorme e inmejorable. ¿O es que acaso no sería apoyada masivamente la nacionalización de la sanidad privada sin indemnización para poner sus recursos al servicio de la mayoría de la población? ¿O es que acaso no sería defendida con entusiasmo la contratación de miles de profesionales sanitarios y no sanitarios, o la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, para garantizar una sanidad 100% pública y de calidad? ¿O la puesta en marcha de un plan contundente de inversión para salvar a la educación pública de la situación de colapso que padece? ¿O no contaría con un apoyo entusiasta la derogación de las reformas laborales que han generalizado una precariedad insoportable? ¡Por supuesto que sí! Y cuando la derecha y la patronal se opusieran ferozmente, que lo harían, si este Gobierno llamara a la movilización general millones saldríamos a la calles en defensa de estas políticas. Esta es la cuestión, concreta y desnuda. Pero las políticas de unidad nacional y de colaboración con la burguesía nos están llevando a un escenario que es justo lo contrario.

¿Una política distinta frente a la crisis económica? La realidad lo desmiente

Desgraciadamente, y tenemos que decirlo en aras de la verdad, no es este el camino recorrido hasta ahora por el Gobierno “más progresista de la historia”. Como en el resto de países, también en el Estado español se están llevando a cabo políticas en favor del gran capital financiero y los grandes monopolios. Frente a los 3.000 millones del Ingreso Mínimo Vital, que todavía no han sido ejecutados, se han dedicado 100.000 millones de euros, ampliables hasta los 200.000 millones (el 20% del PIB del Estado español), a garantizar los beneficios de las empresas del Ibex35. Un auténtico plan de rescate, al que ahora se sumarán las ayudas europeas, que sí se está ejecutando y a toda velocidad.

El propio anuncio de incremento del techo de gasto en los presupuestos generales de un 50%, hasta los 196.000 millones de euros, está condicionado a las ayudas europeas, destinadas a priorizar inversiones “para facilitar la economía digital, la transición ecológica” y todo aquello que “eleve el potencial productivo del país”. Es decir, a ayudar a las grandes empresas y a los capitalistas a potenciar sus lucrativos negocios. La burguesía no tiene problema, cuando lo necesita, en incumplir su propia ortodoxia económica siempre que se trate de salvar sus beneficios multimillonarios.

Las medidas sociales aplicadas, el famoso “escudo social”, han resultado en conjunto un fiasco desdichado, incapaz de dar solución a los problemas y la miseria que sufren hoy las familias trabajadoras. La prueba más clara es el fracaso de la medida social estrella, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya raquítica cuantía ha sido cobrada por un porcentaje insignificante de los solicitantes sin que haya visos de que esta situación se rectifique.

Tampoco se han adoptado medidas decisivas para revertir las políticas de recortes y privatizaciones que han devastado la sanidad y la educación públicas, que continúan al límite, sin recursos y sin personal. Los fondos aportados a este respecto por el Gobierno se están demostrando completamente insuficientes, y son solo una ínfima parte de los recursos destinados al Ibex35 (el 10% del PIB como mínimo) sin garantía alguna de que no acaben en el sector privado.

Se han dejado intactas todas las contrarreformas estructurales adoptadas durante la crisis anterior por el PP, y también por el PSOE, especialmente las reformas laborales y la reforma de las pensiones. La rectificación impuesta por Nadia Calviño a Pablo Iglesias y Unidas Podemos respecto a la derogación de la reforma laboral, ha dejado en evidencia que los intereses fundamentales de la patronal van a seguir siendo garantizados. Por otra parte, respecto a las pensiones, el ministro Escrivá, del PSOE, ya ha planteado la posibilidad de nuevas contrarreformas para alargar la edad real de jubilación y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones rebajando su cuantía. Y lo mismo con la Ley Mordaza, que sigue siendo utilizada a discreción contra movimientos sociales y activistas.

La CEOE y las grandes empresas están consiguiendo imponer sus planteamientos fundamentales con el aval del Gobierno: tener que acudir al puesto de trabajo a pesar del imparable incremento de los contagios; una ley de teletrabajo que deja en manos de la empresas su regulación; rebajas de impuestos, por ejemplo del de sociedades; la exención de las cuotas a la seguridad social, o poder recurrir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sin trabas ni límites. Cuando Pablo Iglesias habla de que “han nacionalizado los salarios” al referirse al pago de los ERTE, no calcula sus palabras. En efecto, el Estado paga miles de millones que se ahorran los empresarios, pero las ganancias siguen siendo privadas. Es el sueño de cualquier capitalista.

Durante meses la coalición PSOE-UP se ha beneficiado de la furia de la derecha y la ultraderecha. Muchos piensan también que lo mejor es que Unidas Podemos siga en el mismo, pero renunciando a defender y dar la batalla por nacionalizar los sectores estratégicos de la economía (la banca, los monopolios de la energía, el transporte, la construcción, los seguros…), aceptando la política de unidad nacional con los oligarcas y los grandes capitalistas, cediendo en las cuestiones de fondo a las exigencias de Ana Patricia Botín, Amancio Ortega o Florentino Pérez… no parece que se esté logrando que el PSOE gire hacia la izquierda sino exactamente al revés, que el giro a la derecha de Pedro Sánchez arrastre también a Unidas Podemos. Es necesario que Unidas Podemos de un golpe encima de la mesa del Consejo de Ministros y rompa con una política del “mal menor” que no solo es un callejón sin salida, es muy perjudicial para los intereses de los trabajadores, la juventud y su base social.

La bancarrota del sindicalismo de pacto y colaboración con la patronal

Esta política de “unidad nacional” es completada por las cúpulas de los grandes sindicatos CCOO y UGT. La brutal ofensiva de la patronal se está saldando y se va a saldar con nuevos y duros recortes salariales, más precariedad y empeoramiento de las condiciones laborales, cierres de empresas, destrucción del tejido industrial y cientos de miles de despidos. Pero ¿cuál está siendo la resistencia de los aparatos de CCOO y UGT? Ninguna, al contrario, están extendiendo su aval a unas medias que degradaran mucho más el mercado laboral y permitirán a los empresarios imponer con mayor rigor su ley de la selva.

La política de los ERTE acordada por Gobierno, patronal y los sindicatos CCOO y UGT, es presentada como una medida original del Gobierno “progresista” de cara a garantizar el empleo. Más allá de la propaganda, la realidad es que es el mismo recurso que están utilizando muchos otros Gobiernos, también de derechas como el de Ángela Merkel en Alemania, Macron en Francia o Boris Johnson en Gran Bretaña. El propio PP ha planteado que hay que extender los ERTE hasta abril de 2021, haciéndose eco de esos miles de pequeños empresarios reaccionarios latigueros que conforman su base social. La patronal no pone un solo euro de los inmensos beneficios amasados durante años (que en 2018 alcanzaron un record de 500.000 millones de euros), mientras con los recursos públicos se paga la factura de la crisis.

Esta política no impide que la patronal, cuando así lo considera, destruya fulminante el empleo. Las garantías para los puestos de trabajo fijadas en los ERTE han quedado en puro papel mojado, la supuesta prohibición de los despidos no ha sido tal, y se calcula que más del 30% de los trabajadores en ERTE acabarán en un ERE. De enero a septiembre de 2020 el número de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido en 532.149 personas, cifra que no incluye a los todavía afectados por ERTE que se estiman en 700.000 personas. Una situación que, con la segunda ola del coronavirus, puede empeorar notablemente, disparando la tasa de paro según numerosos analistas por encima del 20%.

Pero el mejor ejemplo de todo esto es la nueva reconversión industrial en marcha, que está arrasando con miles de puestos de trabajo y destruyendo el futuro para multitud de comarcas. Nissan, Alcoa, Airbus, Arcelor, etc., a las que hay que añadir las numerosas empresas auxiliares (Acciona, Magnètic-Marelli, Alestis, Daorje, etc.) en las que trabajan miles de obreros y cuya actividad depende de estas. A este escenario hay que añadir la destrucción de miles de empleos en el sector bancario, como consecuencia de la fusión de Bankia y La Caixa a la que seguirán otros grandes bancos.

¿Cuál está siendo la política sindical para enfrentar estos ataques? ¿Cómo se defiende ese empleo industrial que los grandes sindicatos reconocen es fundamental para nuestra economía? En vez de agrupar las fuerzas de los trabajadores unificando los conflictos, en vez de defender una plataforma reivindicativa digna de tal nombre que se niegue a aceptar un solo despido, se fragmenta la lucha aislando a las plantillas de la principal de las subcontratas, se organizan movilizaciones en la mayoría de los casos mal preparadas y sin la menor intención de extenderlas a la población, y todo en aras de “forzar” una negociación donde se asume de entrada la supresión del empleo y solo se persigue que las indemnizaciones sean un poco mejores.

Es el caso de Nissan, de Aiburs, de Bosch y de muchas otras. En todos estos casos la lucha debe ir más allá de las propias empresas, con huelgas generales de solidaridad en las regiones afectadas y en el sector, bien convocadas, contando con la colaboración y el apoyo activo del conjunto de la población. Es así como se podrá generar la presión social necesaria para forzar la intervención del Gobierno y parar los pies a las multinacionales. ¿Y el Gobierno PSOE-UP? ¿No tendría un apoyo masivo si decidiera intervenir y nacionalizar Alcoa, Bosch, Nissan o Airbus sin indemnización para garantizar los puestos de trabajo? ¡Sin duda que lo tendría!
 
Las lecciones del conflicto de Nissan

Un buen ejemplo de lo que supone esta política sindical de conciliación y paz social lo hemos visto en la lucha contra el cierre de Nissan, la segunda empresa industrial de Catalunya. Una lucha que ha sido derrotada pero que podría haber supuesto un punto de inflexión en el combate contra la ofensiva patronal. A pesar de la disposición demostrada por los 25.000 trabajadores de Nissan y de las empresas auxiliares, los dirigentes sindicales de la principal (CCOO, UGT, USOC y CGT) han renunciado a dar una batalla decisiva y contundente, asumiendo el cierre y resignándose desde el primer momento a negociar las indemnizaciones.

Se ha evitado celebrar asambleas unitarias y no se ha planteado confluir en las movilizaciones con los trabajadores subcontratados. Tampoco se ha querido impulsar una gran manifestación en Barcelona llamando a la solidaridad de la población, ¡ni una sola!; ni una huelga general en el sector del metal o paros coordinados en el resto de fábricas de automóviles del conjunto del Estado, a pesar de que un cierre como este pende como una espada de Damocles sobre el resto de sector. El cierre de Nissan supone un duro golpe y será utilizado en todo el sector para exigir nuevos ajustes salariales y de empleo.

Hubiera sido bastante fácil contraponer a los argumentos sobre la supuesta falta de rentabilidad de las factorías, el mantenimiento de la producción y los puestos de trabajo teniendo en cuenta su utilidad social y no los intereses del Consejo de Administración de la multinacional. La estructura industrial de Nissan y de las subcontratas es socialmente necesaria, y serviría para fabricar entre otras cosas respiradores, autobuses para los servicios de transporte público, flotas de coches eléctricos, y un sinfín de productos para mejorar la vida de millones de personas. Pero mientras mande el lucro privado capitalista esto resulta completamente inviable.

La única alternativa real al plan de la empresa era exigir la nacionalización de Nissan sin indemnización, bajo el control de las y los trabajadores, y con criterios de producción acordes con las inmensas necesidades sociales que existen. Sin duda la ocupación de las plantas, seguida de un llamamiento al Gobierno PSOE-UP para que procediera a su inmediata nacionalización, habría despertado un apoyo masivo.

Sin embargo, la estrategia de los dirigentes sindicales ha consistido en intentar convencer a la multinacional de que estaba cometiendo un error, y que las factorías de la Zona Franca sí eran rentables en términos empresariales, señalando incluso que eran más rentables que la fábrica de Inglaterra. Argumentos que asumen la lógica capitalista, y que condenan a los trabajadores a la impotencia.

El conflicto de Nissan, también ha servido para mostrar las carencias, debilidades y límites de los dirigentes que están al frente de los sindicatos alternativos. CGT, con representación en el comité de empresa de Nissan y a pesar de estar en minoría, pudo marcar la diferencia, pero no ha pasado de las palabras a los hechos. Durante meses fue incapaz de levantar una alternativa de lucha consecuente por la nacionalización, y se supeditó en todo momento a la táctica sindical de USOC, UGT y CCOO. Las consignas de “ocupación” y “autogestión” no pasaron de meros reclamos propagandísticos que luego no se correspondían con su acción sindical en las asambleas y en el conflicto.

Es justo en este contexto cuando más importante es mantener una posición sindical combativa coherente en las palabras y en los hechos, no cediendo a las presiones generadas por la patronal y la burocracia sindical. La unidad sindical sin duda es importante, pero no para encubrir la política nefasta del aparato de CCOO y UGT. Solo así se pueden ganar posiciones y cambiar la correlación de fuerzas. La obligación de cualquier sindicalista combativo es conquistar esa mayoría mediante la acción en la lucha y dar una perspectiva a los trabajadores más allá de la política del “mal menor”.

Solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas

Obviamente la victoria nunca está garantizada, pero solo es posible si se cree en ella y se ponen todas las fuerzas en conseguirla. Es así como se consiguieron, en circunstancias mucho más duras, las grandes victorias de los años 70, con meses de conflicto, ocupaciones de los centros de trabajo, manifestaciones multitudinarias del conjunto de la población, extensión de las huelgas a sectores y comarcas enteras, etc. Es así como ha avanzado la clase trabajadora.

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"Frente a aquellos escépticos que plantean que el problema es la falta de conciencia de la clase obrera, las luchas que hemos vivido durante los últimos años lo desmienten."

La bancarrota de la política de paz social y desmovilización, practicada principalmente por las direcciones de CCOO y UGT, es cada vez más evidente y las consecuencias para las condiciones de vida de la clase obrera y sus familias más negativas. Pero esta situación, aunque dificulta la organización y lucha de la clase trabajadora, no la frena.

Durante los últimos años hemos visto que cuando ha habido una referencia, un cauce, la lucha de clases se ha expresado con contundencia. Así ha ocurrido por ejemplo en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), donde la mayoría sindical vasca (ELA y LAB) ha impulsado una estrategia de confrontación con el PNV y la burguesía vasca, convocando una huelga general masiva el pasado 30 de enero y protagonizando conflictos obreros muy radicalizados. También lo hemos visto en Catalunya, al calor de la lucha por la liberación nacional y social, con la huelga general histórica del 3 de octubre de 2017. O con el movimiento de los pensionistas, que ha impulsado manifestaciones masivas por unas pensiones dignas confrontando con la burocracia de CCOO y UGT, o con las huelgas feministas del 8M en 2018 y 2019.

Frente a aquellos escépticos que plantean que el problema es la falta de conciencia de la clase obrera, las luchas que hemos vivido durante los últimos años lo desmienten. La explosión del 15M, la lucha de la PAH contra de los desahucios (que continúa bajo el Gobierno de coalición), las Mareas verde y blanca, las Marchas de la Dignidad, el levantamiento en Catalunya contra el Régimen del 78, o las masivas movilizaciones del movimiento feminista son un claro reflejo de la enorme fuerza y potencial de la clase trabajadora. Una fuerza que está detrás de la descomposición del Régimen del 78.

Durante la propia pandemia, y a pesar de las dificultades, estamos viendo a sectores de la clase trabajadora entrar en acción, radicalizarse, y autoorganizarse, sentando las bases de los que serán las grandes batallas del próximo periodo. Es el caso del personal sanitario, con los MIR o las enfermeras impulsando huelgas indefinidas; o el del profesorado este comienzo de curso, o el de otros sectores enormemente precarizados como los riders, las limpiadoras del Gregorio Marañón o los trabajadores de contratas en los astilleros de Cádiz. El problema en estos y muchos otros casos no es la falta de disposición a la lucha de los trabajadores, sino el papel de los dirigentes sindicales y de la izquierda política. Pero a pesar de todos los obstáculos, la lucha de clases termina abriéndose paso.

El sindicalismo combativo frente a la crisis

La primera tarea para todos los trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas que nos situamos en el sindicalismo de clase y combativo es precisamente levantar una alternativa de lucha, enfrentándonos al escepticismo y el derrotismo de aquellos dirigentes sindicales que han abandonado una posición de combate y se aferran a un sindicalismo de gestión impotente frente a cierres, despidos, los ERE o ERTE. Pero sobre todo, debemos abordar las grandes luchas cuestionando y rompiendo con la lógica capitalista, guiados e inspirados por la perspectiva de la lucha por el socialismo.

Las organizaciones sindicales, por muy alternativas que se consideren, que solo aspiren a conseguir un funcionamiento más racional y justo del sistema capitalista, sin cuestionar su mecánica, renunciando en los hechos a acabar con la “economía de mercado” y a construir una sociedad socialista, serán inevitablemente arrolladas por las implacables leyes que rigen el sistema.

Existe una enorme rabia que día a día se extiende y crece entre la clase trabajadora, pero al mismo tiempo la ofensiva de la patronal, el miedo a verse condenado al paro, una represión sindical creciente contra los delegados y trabajadores más combativos y, por encima de todo, el papel de los grandes aparatos de CCOO y UGT tratando de garantizar a toda costa la paz social, generan dificultades que la clase trabajadora tendrá que ir superando a través de su propia experiencia de lucha. Para enfrentarlas y mantenerse firmes es necesario dotarnos de una perspectiva política anticapitalista y revolucionaria. Hay que preparase para las batallas decisivas que están por llegar y solo así podremos hacerlo.

Sindicalistas de Izquierdas surgimos como una plataforma intersindical integrada por delegados y activistas pertenecientes a distintos sindicatos de clase que defendemos un sindicalismo combativo, de clase, democrático y asambleario. Un sindicalismo que permita avanzar mediante la acción, elevando la confianza de la clase trabajadora en sus propias fuerzas, y que permita enfrentar en el día a día las presiones de la patronal huyendo de la nefasta política de la burocracia sindical.

Nuestra clase, la clase trabajadora, se enfrenta a una situación dramática y a un futuro incierto. Los inmensos recursos que generamos los trabajadores son acaparados por una ínfima minoría de parásitos que nos condenan al paro, la falta de vivienda, la guerra, el hambre y la miseria. Pero sí hay alternativa, una sociedad donde organicemos la producción atendiendo a las enormes necesidades sociales existentes, liberando a la humanidad de la esclavitud de la explotación capitalista. Es posible, es necesario, hay que hacerlo.

Desde Sindicalistas de Izquierda luchamos por:

1.- Que el Gobierno de coalición nacionalice toda la sanidad privada, poniendo sus recursos humanos y técnicos, hospitales y clínicas para atender de forma gratuita a todos los enfermos de coronavirus, y del resto de patologías y dolencias, garantizando todas las pruebas clínicas y los medios para su hospitalización y curación.

2.- Contratación inmediata de 20.000 profesionales sanitarios (médicos/as, enfermeros/as, investigadores/as, técnicos/as, personal de apoyo, ambulancias...). Apertura de todas las instalaciones hospitalarias públicas, refuerzo y ampliación de las UCI y compra de material médico y quirúrgico necesario. Coordinación de los recursos a escala estatal con un plan centralizado. Asegurar los descansos necesarios para que el personal sanitario pueda realizar sus tareas en condiciones dignas. Un plan de choque para garantizar las operaciones programadas y seguir atendiendo a la población enferma y en riesgo. Hay que poner fin a las listas de espera y a la masificación de la medicina ambulatoria y de familia.

3.- ¡Nacionalización del sector farmacéutico ya, gratuidad de todas las medicinas necesarias para enfrentar el coronavirus y el resto de las enfermedades! Fuera todos los recortes y el copago. Los hospitales privatizados deben ser renacionalizados inmediatamente. Ningún euro público al negocio de la sanidad privada.

4.- Por una desescalada en beneficio de las familias trabajadoras. El Gobierno debe proporcionar gratuitamente todos los medios de protección sanitaria necesarios (test masivos, guantes, mascarillas, equipos…). Garantizar por ley que todas las trabajadoras y trabajadores puedan estar en casa con permisos retribuidos para asegurar la conciliación familiar, que todos sus empleos sean respetados y que no se pierde ningún derecho laboral.

5.- Prohibición de los despidos; ninguna reducción salarial al amparo del coronavirus. Que los ERTE los pague la patronal garantizando el 100% del salario y el empleo. ¡Que los empresarios movilicen todos los beneficios acumulados estos años! ¡Que se devuelva el dinero de los rescates patronales y bancarios!

6.- Seguro de desempleo indefinido de 1.200 euros que garantice unos ingresos mínimos hasta encontrar un puesto de trabajo. Fábrica cerrada, fábrica nacionalizada bajo control de los trabajadores.

7.- Por unas condiciones de trabajo dignas. Derogación de todas las contrarreformas laborales y de las pensiones. Fin de los recortes sociales. Jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para la juventud. 35 horas semanales sin reducción salarial. Salario mínimo decente (1.200 euros en el caso del Estado español). Fin de la precariedad laboral: a los 15 días fijos en plantilla.

8.- Control obrero de la producción. Creación de comités obreros en todos los sectores industriales, elegidos democráticamente en asambleas, para reconvertir la producción y fabricar inmediatamente todo el material médico necesario para enfrentar la pandemia: EPIs, respiradores, mascarillas, batas…

9.- Reducción por ley de los precios de los productos fundamentales para la vida diaria de las familias trabajadoras y persecución contundente de la especulación. ¡Nacionalización las grandes cadenas de supermercados y las multinacionales del sector alimentario bajo el control democrático de los trabajadores!

10.- Por una vivienda digna para todos y todas. Expropiación forzosa de los grandes tenedores de viviendas en alquiler, bancos y fondos buitres, y creación de un sistema de vivienda pública universal con alquileres sociales accesibles. Anulación por ley de todos los desahucios y exención del pago de los alquileres, electricidad, gas, agua, calefacción y telecomunicaciones para todos los trabajadores despedidos y en dificultades económicas, manteniendo todos estos servicios.

11. Enseñanza pública de calidad, democrática y gratuita desde infantil hasta la universidad. Fuera la religión de los centros de enseñanza. Ni un euro del presupuesto público para la privada y concertada.

12. Asegurar la alimentación y una vida digna para toda la población: comedores públicos gratuitos, incremento drástico en la dotación material y humana de los servicios sociales.

13. Defensa de los derechos económicos, sociales y políticos de los inmigrantes y refugiados. Derogación de las leyes racistas y clausura de los CIEs.

14. Ninguna restricción a la libertad de expresión, manifestación y organización. ¡Fuera el estado policial y la militarización de la vida social! ¡Basta de persecución sindical contra las y los que luchamos! ¡Basta de represión sindical para imponer despidos, bajadas salariales, un ERTE o un ERE!

15. Contra la catástrofe ecológica: nacionalización de las empresas energéticas y un plan público de inversiones para establecer una industria energética 100% ecológica y sostenible. Por una red de transporte público, gratuito, de calidad y ecológico. Nacionalización de la tierra, de la industria ganadera y de las de procesamiento de alimentos. ¡Por una alimentación sostenible y ecológica!

16. Contra todo tipo de opresión y violencia machista contra las mujeres de la clase obrera y la justicia patriarcal. A igual trabajo, igual salario. Derecho al aborto libre y gratuito. Contra la opresión de la comunidad LGTBI.

17. Combatir el fascismo y a las organizaciones de ultraderecha con la lucha masiva y organizada de la clase obrera y la juventud. Contra su impunidad y la protección que reciben por parte del aparato del Estado.

18. ¡Abajo las guerras imperialistas! Cancelación inmediata de toda la deuda externa impuesta por los monopolios y el FMI.

19. Por el derecho a la autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria y Galiza. Por la República Socialista Federal, referéndum ya. Juicio a la monarquía, y restitución inmediata al erario público de la fortuna que Juan Carlos I ha amasado en base al robo y la corrupción.

20.-Nacionalización de la banca y los grandes monopolios para poner la economía al servicio de las necesidades sanitarias y sociales de la población. Esta es la única forma efectiva de luchar contra el desempleo masivo y la pobreza a las que nos empuja el capitalismo y los Gobiernos a su servicio.

Notas:

 (1) Las grandes fortunas incrementaron su riqueza en un 27,5% entre mayo y julio de 2020. (https://www.lavanguardia.com/economia/20201007/483911426813/ricos-fortuna-confinamiento-record.html)

(2) https://elpais.com/economia/2020-07-31/el-virus-asesta-a-la-economia-espanola-un-golpe-sin-precedentes-con-una-caida-trimestral-del-185.html

(3) “El Gobierno aspira a triplicar la inversión pública con las ayudas europea” (https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/08/economia/1602182731_604596.html)

(4) https://www.sindicalistasdeizquierda.net/index.php/sindicalistas-de-izquierda/11317-quien-saldra-beneficiado-del-nuevo-acuerdo-entre-la-ceoe-ccoo-ugt-y-el-gobierno-un-analisis-desde-el-sindicalismo-combativo

(5) https://www.sindicalistasdeizquierda.net/index.php/slider/11276-no-el-gobierno-no-ha-prohibido-los-despidos-basta-de-mentiras



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