La profunda crisis desencadenada por el Covid-19 ha situado ante los ojos de millones de personas la verdadera cara de un sistema perverso en el que las vidas humanas, al igual que el resto de recursos, están supeditadas a los intereses de la burguesía.
El precario sistema educativo del Estado español no escapa a esta situación. Está sufriendo la mayor sacudida de su historia reciente, poniendo en evidencia la necesidad de llevar a cabo una auténtica revolución educativa, tanto en lo económico como en la pedagogía.
Un sistema ya insostenible antes de la llegada del virus
La situación de la educación pública ya era preocupante antes de la propagación del Covid-19. Las aulas están completamente masificadas, los espacios son pequeños y en muchas ocasiones se llega o sobrepasa el límite de 25/30/35 alumnos por aula establecido por ley para primaria, secundaria y bachillerato respectivamente; unas ratios cuyo límite amplió el PP en 2013 y que aceptó sin discusión el nuevo Gobierno del PSOE-Unidas Podemos, ni siquiera sugirió reducirlas a corto plazo. Cualquier docente sabe que en un aula con más de 20 alumnos es imposible poder aplicar una enseñanza de calidad, individualizada y basada en las “competencias y habilidades”, como se indica cínicamente en la LOMCE.
Por otra parte, el modelo de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación han fracasado por completo. Todo el trabajo en escuelas e institutos tiene como eje fundamental la memorización de contenidos, de muchos contenidos. Poco o ningún espacio para la lectura crítica, la reflexión, el debate, la experimentación, el juego… Los currículos son excesivamente extensos tanto en primaria como en secundaria y FP. La base de todo es la sucesión de contenidos enmascarados como “estándares de aprendizaje”, supuestamente prácticos, basados en competencias y habilidades imposibles de trabajar en la realidad debido a la cantidad excesiva de temas y a la masificación en el aula. A ello hay que añadir la enorme carga de horas de clase y asignaturas, que hacen que mantener la concentración toda la mañana y, después, toda la tarde en casa, sea tarea imposible para muchos estudiantes.
El alumnado se afana en llegar a un aprobado que se consigue principalmente “chapando”, tragando información sin entenderla para después olvidarlo. Todos hemos pasado por eso. Los exámenes y las notas no reflejan lo que los alumnos saben, sino lo que han sido capaces de memorizar, a velocidades diferentes, pero con pruebas realizadas por todos el mismo día y con las mismas preguntas, en grupos profundamente heterogéneos.
Necesitamos un sistema basado de verdad en las habilidades y las competencias, lo cual pasa por reducir la ratio de alumnos, eliminar los exámenes (o, por lo menos, limitar su peso en la calificaciones y que sean una actividad secundaria) y por suprimir también las notas numéricas como instrumentos de evaluación, dado que no reflejan las capacidades y la evolución del estudiante, además de crear barreras muy injustas y gran cantidad de estrés. Es necesario sustituirlas por calificaciones descriptivas, objetivas y no excluyentes.
Aprobar el curso es una carrera muy dura, y muchos no consiguen llegar a la meta. Los datos son demoledores: según el sindicato CSIF, la tasa de repetición en el Estado español es del 28,70% y la de abandono escolar el 17,90%. Esto explica que solo el 10,6% de universitarios sean de clase trabajadora y un 34,7% de clase media, según un informe de la Xarxa Vives d’Universitats.
¿Qué alumnos pueden soportar el exigente ritmo de las clases? ¿Qué familias pueden ayudar a sus hijos/as con los deberes y los exámenes? ¿Qué familias pueden pagar academias y profesores particulares? ¿Cuáles pagar una carrera universitaria? La respuesta es obvia.
El sistema capitalista tiene lo que quiere: millones de hijos e hijas de trabajadores excluidos de un sistema público de educación y condenados a una vida de explotación y precariedad en la que la cultura y la enseñanza de calidad son artículos de lujo inalcanzables.
La crisis del coronavirus en educación, sálvese quien pueda
Desde que se decretó el estado de alarma el Gobierno y las administraciones autonómicas no han dado ni un solo paso para que los estudiantes con más dificultades no se queden descolgados. Todo lo contrario.
Los profesores y profesoras llevamos más de un mes sin indicaciones claras sobre qué hacer ni cómo hacerlo; cada centro y cada equipo directivo está intentando organizar el final del curso como puede. Se nos obliga a seguir las clases a distancia, pero la teleformación en nuestro sistema educativo es una auténtica utopía. Según una encuesta de CCOO, el 76% del profesorado está teniendo dificultades graves para continuar con el trabajo a distancia.
En primer lugar, las plataformas con las que contamos son puramente complementarias y de uso optativo. Sirven para facilitar la comunicación con familias y alumnado, y para enviar materiales de repaso o refuerzo, de ninguna manera pueden suplir la clase presencial donde las explicaciones pacientes, los desdobles, los programas de refuerzo, las preguntas y la ayuda del compañero de pupitre son parte importante del proceso de aprendizaje. Por otro lado, incluso en el supuesto de que todo el profesorado y todas las familias pudieran utilizarlas, mantener el ritmo de trabajo es inviable en estas condiciones ya que el número de alumnos por clase está diseñado (mal) para una clase presencial, no para para la teleformación, de modo que explicar, corregir, contestar o leer mails, es decir, hacer un seguimiento de 80 o 100 estudiantes es absolutamente inabarcable.
A todo esto, tenemos que añadir la escandalosa brecha digital. Según la Unesco, 500.000 niños no tienen conexión a Internet y los datos totales oscilan, según las fuentes, entre el 10% y el 20% de la población. En el rural, según Save de Children, solo el 38% de familias de las que tienen conexión a Internet cuenta con conexión por banda ancha, con lo que descargar materiales, ver un vídeo, o subir un archivo, puede ser tarea imposible. Además, según Eurostat, solo la mitad de la población en las zonas rurales y el 63% en las zonas urbanas tiene las competencias digitales básicas (escribir correctamente un mail, adjuntar archivos, utilizar Word, Power Point o Excell…). Incluso las familias que disponen de ordenador lo necesitan para el teletrabajo. A esto debemos sumar que los alumnos de la ESO están en formación también en las habilidades digitales con lo que, por ejemplo, en 1º y 2º todavía se están familiarizando con las tareas más básicas (por no hablar de la educación primaria). Todo esto explica que entre un 40% y un 50% del alumnado, en algunos niveles incluso más, no estén pudiendo seguir las clases y realizar las tareas con regularidad
Sin embargo, el problema no es solo la brecha digital que el Coronavirus ha puesto de manifiesto, sino que muchas familias no pueden asumir ni siquiera los gastos de luz, agua, alquiler o comida. La pobreza infantil llega al 40% en el Estado español, solo por detrás de Rumanía y Grecia dentro de la Unión Europea, según Acnur.
Presionarnos para exigir a nuestros alumnos, y que se pueda finalizar el curso en estas condiciones es un auténtico escándalo y favorecerá a las familias con más recursos. La ministra de Educación, Celaá, y el Gobierno del PSOE-UP han claudicado ante las presiones de la patronal educativa católica que seguirá regalando sobresalientes y aprobados a su alumnado y continuar cobrando sustanciosas cuotas el próximo curso. Que el negocio no pare.
¿No hay dinero?
Antes de esta crisis, la propuesta de una nueva Ley Educativa (LOMLOE) –elaborada por el nuevo Gobierno– generó gran indignación en la comunidad educativa. El borrador no iba acompañado de ninguna mención al presupuesto educativo, del 4,3% del PIB (por debajo de la media de los países de la OCDE), de manera que, sin dinero, los demás aspectos quedaban prácticamente intactos y se limitaba a proponer pequeños cambios de forma: no se tocaban las ratios de alumnos, se mantenían los conciertos educativos incluso a los centros que segregan por sexo, ni una palabra de contratar más profesorado y acabar con la interinidad, y se aseguraba la enseñanza de la religión en los centros públicos (aunque sin computar para la nota).
La perspectiva económica que ha abierto la crisis no arroja un horizonte esperanzador. La receta del Gobierno de coalición es clara: ha inyectado 200.000 millones a la economía (un 17% del PIB) para salvar a las grandes empresas y bancos, como sucedió en 2008. Es decir, en un solo mes les ha regalado 4 veces el presupuesto educativo anual.
La inversión en educación pública será considerada un gasto superfluo y, al igual que hace diez años, será atacada con nuevos recortes presupuestarios. Esta dinámica ya ha comenzado. Según CCOO, en solo un mes 53.000 docentes (el 5,3% del total) se han quedado sin trabajo –especialmente de educación infantil– siendo el cuarto sector con más despidos desde el inicio de la crisis.
Por otra parte, la patronal de la educación concertada –en su mayor parte gestionada por la Iglesia católica– sigue gozando de una situación privilegiada. Estos centros educativos, que explotan y despiden a su antojo al profesorado (a pesar de que las nóminas son pagadas por las Comunidades Autónomas) y que propagan el veneno reaccionario y machista de la jerarquía eclesial, reciben un 25% más de dinero público que hace una década, lo que supone un 12% del total destinado a educación. Todo ello sin que ningún miembro del Gobierno de PSOE-UP haya ni siquiera sugerido acabar con esta situación.
Silencio y maquillaje, las medidas del Gobierno central y de las autonomías
El Estado y las administraciones autonómicas no solo no tienen ningún plan de rescate para la educación pública, sino que han abandonado a su suerte a profesorado, familias y alumnado. Hablan de teleformación y de brecha digital, de que hay que seguir con el trabajo, pero no han llevado a cabo ninguna medida que realmente compense la situación de desigualdad y de falta de medios tecnológicos de muchos hogares. En algunas CCAA han habilitado aplicaciones gratuitas para videollamadas o repartido algunos ordenadores (¡en Galicia menos de 20 por cada centro!), decisión que han tenido que tomar los equipos directivos, sin ayuda alguna, cuando deberían haberse aplicado criterios de renta.
Mientras tanto el profesorado se encuentra abandonado a su suerte, soportando una enorme carga de trabajo, en muchos casos sin los recursos ni la formación necesaria para poder seguir las clases, sin saber qué hacer con los alumnos que no pueden hacer las tareas ni conectarse a las videollamadas y sin saber exactamente cómo afrontar esta tercera evaluación dado que el Gobierno ha dejado abierta la puerta a que cuente para la nota final del curso, dejando vía libre a cada Comunidad Autónoma para pueda darle más o menos importancia, pero en ningún caso dando por finalizado ahora el curso académico.
Lo que necesitamos es que se dé por finalizado oficialmente el curso académico 2019/2020, necesitamos organizar un amplio calendario de recuperaciones en septiembre, evaluar al alumnado con las notas obtenidas hasta el 13 de marzo y continuar con la actividad lectiva de manera serena hasta junio, sin presiones, pudiendo basar el trabajo telemático en las Competencias Clave contempladas en la LOMCE (Competencia en Comunicación Lingüística, Competencia Digital, Competencia en Aprender a Aprender…) y no en base a unos supuestos “contenidos imprescindibles” a los que aludió Celaá. Contenidos que no están estipulados en ningún decreto y que tenemos que inventarnos con un criterios completamente subjetivos y desiguales, lo que restará justicia a la evaluación del alumnado. El final inmediato del curso también nos permitiría concentrar energías en la planificación del próximo año y en el refuerzo y apoyo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que, hasta ahora, ha sido completamente abandonado por parte de las administraciones.
Así pues, la situación es de innegable estrés para familias y alumnos, pero también para el profesorado: según el sindicato STES, en 2018 un 20% sufría síndrome de burnout (“estar quemado”), que recientemente ha pasado a la lista de la OMS de enfermedades relacionadas con el trabajo. Esta tendencia se verá agravada con el confinamiento, la falta de medios para ayudar a nuestros estudiantes y la incertidumbre generada por las medidas del Gobierno.
Estamos literalmente corriendo como pollos sin cabeza intentando mantener una enseñanza que es objetivamente imposible. Nos pasamos el día conectados/as al ordenador sabiendo que los frutos de todo este trabajo serán mínimos o nulos y que muchos estudiantes lo están pasando realmente mal.
Por un plan de rescate a la educación pública
Mientras tanto los dirigentes de los principales sindicatos de enseñanza han mostrado su mayor o menor conformidad con los planes del Gobierno, pero no han planteado ninguna alternativa más allá de peticiones formales de reuniones de mesas sectoriales y de diálogo para planificar el final del curso vigente y el inicio del próximo. ¿Dónde quedan la masificación y la precariedad? ¿Y la exigencia de un aumento de inversión en educación? ¿Y los barracones?
Al igual que en los demás ámbitos, los dirigentes sindicales han dado rápida muestra de su desconexión total de las enormes dificultades del trabajo docente y de su actitud sumisa con el Gobierno aceptando todos sus planes sin plantear una alternativa de lucha. Necesitamos levantar la bandera de la Marea Verde para revertir todos los recortes y exigir un plan de rescate inmediato a la educación pública. ¿O nos van a decir de nuevo que “no es el momento” de salir a la calle? Sin la lucha en la calle, las mesas de diálogo no sirven para nada, y todavía menos con la profunda crisis económica en la que nos encontramos.
La única organización que hasta ahora ha planteado una alternativa clara en el ámbito educativo ha sido el Sindicato de Estudiantes que, desde los primeros días, adoptó una posición firme y de clase, poniendo como condición innegociable la reversión de todos los recortes, la derogación de la LOMCE, la eliminación de los conciertos educativos, la importancia de poder cursar la asignatura de FTC en la FP, la suspensión inmediata del curso y la supresión de la selectividad. Ese es el camino.
Tenemos que empezar a organizarnos, convocando asambleas en todos los centros educativos para poner en común las dificultades que estamos soportando y elaborar una tabla reivindicativa para el próximo curso. También tenemos que hacer lo posible por ayudar a nuestro alumnado en esta farsa de final de curso, plantarnos ante cualquier intento de dejar atrás a los estudiantes con menos recursos, planificar ya el próximo año y, sobre todo, exigir una “inyección” económica sin precedentes, un auténtico plan de rescate a la enseñanza pública. Si se puede rescatar a los bancos, se puede rescatar a la educación.
1. Aumento de la inversión en la educación pública hasta el 7% del PIB en el curso 2020/21.
2. Derogación de la LOMCE. Elaboración urgente de una nueva ley educativa que reformule por completo contenidos, didáctica y métodos de evaluación.
3. Límite legal de 15-20 alumnos/as por aula, según la etapa educativa.
4. Elaboración de un plan de refuerzo intensivo para el curso 2020/21 con un aumento radical de profesorado que permita todos los desdobles y grupos de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) que sean necesarios.
5. Contratación inmediata de miles de profesores que permita garantizar ya un seguimiento de competencias básicas a todo el alumnado y acabar con la temporalidad y la interinidad.
6. Modificación del excluyente sistema de oposiciones. No sobra ningún docente.
7. Gratuidad del Máster de profesorado.
8. Cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado.
9. Gratuidad de la conexión a Internet y reparto masivo de dispositivos digitales.
10. Plan inmediato de atención integral del alumnado (psicológica, pedagógica y lúdica) en centros de todos los niveles educativos hasta el inicio del curso 2020/21, con la contratación de personal específico.
11. Democratización de los Consejos escolares. Más poder de decisión a profesorado y alumnado.
12. Ampliación drástica y aumento de todas las becas, incluidas las becas de comedor.
13. Suspensión inmediata del curso académico 2019/20 y elaboración de informes individualizados de los/las estudiantes e informes de todas las clases con los contenidos impartidos y las competencias trabajadas, prestando especial atención a los alumnos necesidades específicas de apoyo educativo.
14. Convocatoria urgente de asambleas democráticas de profesores/as, AMPAS y alumnos/as para conocer en profundidad todas las necesidades actuales y elaborar la nueva Ley Educativa de aplicación inmediata con un plan de transición y compensación para el curso académico 2020/2021. Elección democrática de comisiones de profesorado.
15. Supresión definitiva de la EBAU. Eliminación de las notas de corte para acceder a carreras universitarias, aumento radical de plazas para universidad y FP, bajada drásticas de las tasas. Que ningún estudiante se quede fuera.
16. Aumento radical de plazas para escuelas infantiles. Por una educación infantil pública y gratuita.
