Una de las residencias de ancianos más golpeada por la crisis del coronavirus está siendo la residencia Ballesol, situada en el barrio de Mirasierra, al norte de Madrid.
Familiares de residentes muestran su desconcierto y angustia ante el inexplicable baile de cifras de fallecidos que aparecen en los medios, sin que la dirección del centro se digne a proporcionar una información veraz de lo que allí está ocurriendo o si en verdad existe el caso de, aproximadamente, 60 residentes fallecidos, como bien nos informan.
Telemadrid, la cadena pública de televisión de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), nos informaba el día 26 de marzo, de que “11 ancianos han fallecido en los últimos días en la residencia Ballesol- Mirasierra”. Siete días después, el diario El Mundo reducía esa cifra a 10 residentes. La agencia Europa Press, informando, el 27 de marzo, sobre la intervención de la Guardia Real en tareas de desinfección del centro, indicaba que solo, en los tres últimos días, habían fallecido, en Ballesol- Mirasierra, 14 residentes.
Sin embargo, el mismo día 26 de marzo, familiares y trabajadores/as informaban de que el número real de fallecidos era de 18 ancianos. Por su parte, la dirección de la Residencia guarda un absoluto secreto y, en sus escasas comunicaciones a la plantilla de trabajo, se limita a quitar importancia a los fallecimientos, amparándose en la miserable excusa de que esas muertes no son por la enfermedad del coronavirus, al no existir un test previo que lo certifique, sino que posiblemente todos/as los residentes fallecidos hayan muerto por su edad tan avanzada.
Pero las muertes en Ballesol- Mirasierra solo son la parte más dramática del problema.
También es grave desconocer el número de residentes contagiados y, sobre todo, si se están tomando medidas efectivas para que esos enfermos sean debidamente atendidos y se haga todo lo posible para evitar más muertes o infectados. A este respecto, la actuación de la CAM y de todas las autoridades con competencias en este terreno, sobrepasa con mucho la simple negligencia. Sin duda, consideramos que los importantes intereses económicos que se mueven tras la residencia Ballesol- Mirasierra explican esta criminal pasividad de las autoridades.
¿Residencia de “alto nivel”?
La residencia Ballesol- Mirasierra es una de las muchas residencias de la empresa Intercentros Ballesol. En la actualidad cuentan con más de 45 centros residenciales, repartidos por diferentes territorios del Estado español y desde 2015 tiene una filial en México, en alianza con la empresa hotelera Grupo Presidente.
Solo en la comunidad madrileña, Ballesol cuenta con residencias de la tercera edad en Mirasierra, Príncipe de Vergara, Méndez Álvaro, Francisco de Rojas, Tres Cantos, Pasillo Verde, Bilbao y Pozuelo.
Esta empresa se complace en presentarse como una cadena de residencias privadas de alto nivel y lujo para la tercera edad, valoradas entre las mejores residencias del país y siendo referente de cuidados a mayores desde 1980. La publicidad de Ballesol nos traslada la idea de que en sus instalaciones, se vive como si estuvieras en tu propia casa y con una atención especializada e individual en el cuidado asistencial y médico. Pero hoy podemos comprobar que dicha calidad está muy lejos de serlo.
La supuesta “atención personalizada” de la residencia Ballesol- Mirasierra significa que para sus 232 residentes, la empresa cuenta con una plantilla de 18 trabajadoras y trabajadores auxiliares de atención directa durante la mañana, otros 18 durante la tarde y 8 auxiliares durante la noche, divididos en dos turnos. Esta escasa atención está muy por debajo de las ratios de personal establecidas por la CAM.
Cuando la pandemia de coronavirus afectó a la residencia Ballesol- Mirasierra la escasez crónica de personal quedó de manifiesto y provocó graves carencias en la atención a los residentes sin que los propietarios de la residencia, más atentos a mantener sus grandes beneficios que a la salud o incluso la vida de sus residentes, tomasen las medidas más elementales para solucionarlas. Poco después del inicio de la alerta sanitaria la mitad de la plantilla de atención directa estaba ya afectada y de baja.
Ante esta grave situación, la empresa Ballesol se conformó con reducir los turnos, de forma que la atención directa por las mañanas pasó a estar en manos de solo 10 auxiliares, otros tantos por la tarde y por la noche solo se dispone de 3 auxiliares para los dos turnos.
La situación del personal de enfermería no es mejor. En los turnos de mañana y tarde solo queda una enfermera y su apoyo auxiliar por turno, ya que el resto del personal está de baja. Durante la noche han contado con las dos enfermeras en activo, una para cada turno. También hay que señalar que, desde que se inició la pandemia, el alto número de bajas laborales ha provocado que sea la misma supervisora y el fisioterapeuta, en turno de mañana, los que han asumido la función de dispensar la medicación entre los residentes.
La empresa Ballesol- Mirasierra niega medios de protección eficaces y medidas de prevención en riesgos laborales a las trabajadoras y trabajadores
A raíz de la declaración de la situación de pandemia en la CAM, el personal de atención directa de Ballesol- Mirasierra solicitó medidas preventivas y los EPIS (Equipos de protección Individual) imprescindibles para evitar que se propagara el virus entre el personal y los residentes. La empresa no facilitó ningún material, ni siquiera mascarillas protectoras ante el virus, hasta el día 18 de marzo, cuando el virus se había propagado ampliamente por las instalaciones, un buen número de trabajadores/as de atención directa ya estaban contagiados y ya empezaban a morir residentes.
La falta de medidas preventivas o de un proyecto que evite la propagación de riesgos biológicos ha sido la tónica constante en Ballesol- Mirasierra. La plantilla desconoce si existen o no planes preventivos frente a emergencia e incluso desconocen si existe en la residencia el preceptivo Comité de Seguridad y Salud. Esta situación se agravó cuando los primeros residentes que habían sido hospitalizados por coronavirus recibieron el alta hospitalaria y empezaron a regresar a la residencia. A pesar de que no habían guardado una cuarentena de 14 días y sin ningún tipo de prueba negativa de coronavirus que certificase que ya no existía riesgo de contagio a otras personas, esos residentes volvieron a sus habitaciones y a compartir espacio en las instalaciones de la residencia con otros mayores y con el personal que los atiende.
Esta criminal violación del derecho a la salud de residentes y plantilla solo se explica porque la dirección de Ballesol- Mirasierra ha puesto sus beneficios por delante de la salud y la vida de las personas. La residencia cuenta con una UGA (Unidad de Geriatría Asistencial), con doce camas e instalación de oxígeno, que hubiera permitido aislar a los residentes de vuelta de una estancia hospitalaria para que pasasen allí su cuarentena. Pero Ballesol- Mirasierra ha preferido ahorrarse costes, contribuyendo así a una mayor propagación de la enfermedad.
Esta crisis sanitaria deja al desnudo los peores efectos de la gestión privada de las residencias. La empresa Ballesol- Mirasierra no solo ha podido despreciar la vida de sus residentes, sino que ha decidido aprovechar la pandemia para reducir sus costes laborales. Los trabajadores/as que están de baja y que, debido al confinamiento, no hayan podido entregar el documento de baja médica, están siendo despedidos, al igual que los trabajadores/as con poca antigüedad en la empresa. Si los residentes ya estaban deficientemente atendidos antes de esta crisis, ahora, cuando más vital resultaría multiplicar los medios humanos para contener la enfermedad, la empresa opta por aprovechas las circunstancias para aumentar sus beneficios.
Plenamente conscientes del daño que sus decisiones podrían estar causando a los residentes y a la plantilla del centro, la dirección de Ballesol- Mirasierra ha echado mano del Código de Conducta de la empresa para controlar la información que tenga la plantilla de atención directa y obligarles a guardar silencio ante los posibles abusos. Esta situación se ve favorecida por la ausencia de una auténtica representación legal de los trabajadores. El actual Comité de Empresa de la residencia, con mayoría de UGT y que fue elegido en unas elecciones sindicales con una elevadísima abstención, está completamente subordinado a los intereses de la empresa y es completamente inútil para defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Ante esta situación, no podemos esperar a que la crisis termine para denunciar estos ataques. Ahora es el momento de organizarse y resistir. En Sindicalistas de Izquierda nos estamos agrupando para defender un sindicalismo combativo. ¡Únete a nosotros!
