Tribuna escrita por Coral Latorre, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes, publicada en Público.es el miércoles 25 de marzo.
La primera víctima de una guerra es la verdad, y la cascada de mentiras groseras vertidas por todos los Gobiernos occidentales no hace más que confirmarlo.
La guerra de la que nos hablan con aire solemne fue declarada por los poderes capitalistas hace décadas, arrasó con los derechos y servicios sociales, creó una desigualdad obscena, degradó el medio ambiente a una escala intolerable y redujo países enteros a escombros. A lomos de esta guerra ha galopado la pandemia del coronavirus.
¿Proteger las vidas de las personas? No, por supuesto que no, eso no es lo que importa. Lo único que motiva a las instituciones, sea el FMI, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y todos los Gobiernos y parlamentos que actúan como mayordomos del capital financiero, es salvaguardar los beneficios multimillonarios de los banqueros, los especuladores, y las grandes multinacionales que cotizan en bolsa. Esa sí que es la gran verdad de esta guerra.
Todos los días tenemos que tragar con lecciones de moral, y muchas de ellas impartidas por altos mandos del ejército y la policía que nos llaman a combatir como "soldados". Pero, acaso los ancianos que mueren abandonados en las residencias, nuestros familiares que tienen que esperar durante días enteros en los pasillos de las urgencias desbordadas, los miles de trabajadores sanitarios que se juegan la vida y se contagian, los de los transportes, los supermercados y muchos otros sectores que garantizan los servicios básicos sin medidas de seguridad y protección, o los que en casas de 30 o 40 metros cuadrados se hacinan con sus hijos y además sufren los ERTEs y los despidos… estos millones ¿Formamos en el mismo "ejército" que Amancio Ortega, Ana Patricia Botín, Florentino Pérez y la plutocracia capitalista que nos ha conducido a esta situación?
La juventud en todo el mundo también sufre y sufrirá las consecuencias de esta barbarie social, asfaltada por años de años de recortes y privatizaciones. Lamentablemente, con más de 30.000 contagios y 2.000 fallecidos en el Estado español por el momento, el conjunto de las medidas tomadas desde el Gobierno del PSOE-UP van en la dirección equivocada: 100.000 millones de euros para garantizar que las cuentas de resultados de las grandes multinacionales del IBEX 35 se resientan lo menos posible, que el Estado se haga cargo del pago de los ERTEs de empresas que han tenido beneficios obscenos, y muy pocos millones para blindar los derechos sociales, laborales, habitacionales y educativos de las familias trabajadoras.
Una de las decisiones adoptadas en el decreto del estado de alarma fue la suspensión de las clases desde infantil a la Universidad. Es más que evidente que esta situación se mantendrá durante un tiempo indefinido y supondrá la pérdida del curso académico para millones de estudiantes.
Desde el primer momento, el Sindicato de Estudiantes propuso una serie de medidas al ministerio dirigido por Isabel Celaá:
Reducción de los temarios, suspensión de la EvAU, que nuestra nota media del bachillerato fuera la nota para poder acceder a la Universidad y la reducción drástica de las notas de corte.
La puesta en marcha de un plan de choque presupuestario que cubriera las necesidades de educativas todas las familias trabajadoras garantizando la gratuidad.
Poner fin, de una vez por todas, a los recortes sangrantes que sufre desde hace muchos años la educación pública, cancelando las multimillonarias subvenciones que recibe la enseñanza concertada y privada.
La respuesta del Ministerio de Educación a estas propuestas ha sido un estruendoso silencio, salvo en un punto: el pasado 17 de marzo comunicó que la EvAU "será pospuesta", despreciando una vez más a los más de 23.000 estudiantes que ya hemos firmado una petición exigiendo su suspensión.[1]
El Gobierno ha hecho referencias a las "clases online" para cubrirse ante esta crisis. Pero seamos claros. Esta medida podrá aplicarse en los centros privados de élite, donde cada alumno cuenta con un ordenador de última generación y con recursos materiales en sus casas. Para la mayoría de los y las estudiantes que cursamos en centros públicos, sometidos a recortes muy duros y que carecen de las herramientas informáticas necesarias para hacerlo posible, y en casas que no son precisamente los chalets de las zonas residenciales… todo esto suena como un chiste malo.
La EvAU es una prueba totalmente injusta como muestran los datos de la Comunidad de Madrid de 2013 hasta 2017: la diferencia de la nota media en selectividad de los estudiantes provenientes de barrios con mayor renta respecto a los estudiantes de los barrios más desfavorecidos llega a alcanzar más de medio punto de diferencia (6,23 frente a un 5,66).
La realidad es abrumadora. La universidad pública cada vez se parece más a la privada en muchos aspectos: tasas por las nubes, una política de becas que ha sufrido recortes constantes, notas de corte cada vez más elevadas… La selectividad es sólo otro obstáculo más: no corrige las notas infladas de los centros privados, mientras que los estudiantes de estos mismos centros son los que siempre pueden disfrutar de academias particulares, mejores condiciones en casa, profesores de refuerzo, viajes al extranjero para aprender idiomas, etc. De hecho, los Gobiernos del PSOE y del PP siempre han contado con la selectividad como una criba final impidiendo que la nota media de bachillerato sea la forma de interpretar las aptitudes académicas de los estudiantes y permita entrar directamente a la universidad, algo obviamente mucho más democrático y justo socialmente.
Los datos de la composición de clase de la universidad pública son reveladores y confirman todo lo que decimos: según el informe Ser estudiante universitario hoy de la Xarxa Vives d'Universitats, y que el diario Público sacó a la luz, hoy en día solo el 10,6% de universitarios son de clase trabajadora, frente al 54,7% de alumnos clases altas y el 34,7% de clase media. Demoledor.
La mejor forma de acabar con esta desigualdad de clase no es defender la selectividad, que la perpetúa aún más, sino garantizar una universidad pública gratuita para los hijos e hijas de las familias trabajadoras, acabar con la pesadilla de los recortes, que se deje de regalar decenas de miles de millones a la Iglesia Católica y se ponga fin al negocio privado de la educación.
El coronavirus no ha hecho más que desnudar, con más claridad si cabe, la situación de emergencia social que vive la educación pública. No permitiremos que carguen sobre nuestras espaldas y sobre las de nuestras familias esta crisis. Somos muchos y muchas las estudiantes que estamos dispuestas a dar la batalla hasta el final.
