Las decenas de miles de personas que el 3 de diciembre pasado se manifestaron contra Vox en las principales capitales andaluzas, son un magnífico ejemplo de que la clase trabajadora, y muy especialmente los jóvenes, somos plenamente conscientes de la amenaza que representa su avance electoral.
El peligro es muy real, como prueba el proceso de formación de Gobierno en Andalucía. Para consolidar su base y continuar avanzando, Vox insiste en un discurso reaccionario sin filtro y disimulo, concretado en las demandas que han puesto encima de la mesa para que sus 12 diputados apoyen el pacto alcanzado por PP y Cs: que se eliminen las ayudas para luchar contra la violencia de género, y se acepte su programa machista y homófobo.
Por lo demás saben que un gobierno andaluz del PP y Cs significará una legislación más lesiva contra los derechos democráticos de los trabajadores y la juventud, más recortes sociales, más privilegios para la oligarquía terrateniente, más toros, más guardia civil y españolismo a raudales. Todo a pedir de boca.
La presión de Vox ya ha dado resultado. Pablo Casado no ha tardado mucho en aceptar públicamente sus mentiras, desde el bulo de las "numerosas " denuncias falsas de violencia contra las mujeres y las agresiones contra los hombres que quedan impunes, hasta la supuesta “dictadura de género” que alimenta chiringuitos feministas.
Pero nada de esto es casual. Durante sus años de Gobierno el PP aplicó en este frente una política semejante a lo que hoy demanda Vox. En noviembre de 2016 votó en contra de la moción para financiar los servicios contra la violencia machista y en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 sólo destinó a las políticas contra la violencia de género 47 millones de euros, el 0,01% de los gastos del total de los presupuestos.
El PP siempre ha compartido la misma ideología clerical y fascistoide que considera a la mujer trabajadora una esclava sometida y obediente en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, carne de cañón para la sobreexplotación laboral y los salarios miserables, y víctima resignada de la violencia sexual al que el sistema la condena.
Por su parte, Ciudadanos en su programa electoral para las elecciones de 2015 defendía exactamente lo mismo que hoy propone Vox: “acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo” de la Ley contra la Violencia de Género, e “igualar las penas con independencia del sexo del agresor”.
La diferencia entre Vox, por un lado, y PP y Ciudadanos por otro, se encuentra en que los primeros consideran que defender sus posiciones reaccionarias, machistas, patriarcales y homófobas, abiertamente y sin tapujos, les da rédito electoral, mientras los segundos, que comparten este mismo ideario, son de la opinión de que para mantener y ganar votos tienen que ponerlo en práctica guardando las apariencias.
Todo esto viene a aclarar un aspecto fundamental: PP, Cs y Vox forman parte de un mismo bloque reaccionario. Los intentos de la dirección del PSOE, de Podemos o de Alberto Garzón de intentar diferenciar entre la derecha "democrática " y la " extrema ", no es más que un intento de blanquear a la derecha española, que comparte una misma tradición y el común objetivo de profundizar en los ataques a los derechos laborales, sociales y democráticos que tantos años de lucha nos costó conquistar. La única diferencia es que Vox lo explícita públicamente de forma abierta y desafiante.
Polarización social y política
Una década de crisis económica ha roto el frágil equilibrio del capitalismo español, generando un ambiente de profunda polarización social y política.
Con una izquierda parlamentaria cuyo objetivo más ambicioso es el de gestionar más eficazmente este sistema podrido, y que rehúsa proponer con audacia una salida anticapitalista y socialista al malestar acumulado, la derecha se siente con confianza y ha pasado a la ofensiva.
El fenómeno de Vox no hace más que poner de relieve una realidad que ya se vive en otros países. Bajo un envoltorio demagógico destinado a capitalizar la desesperación de sectores sociales muy golpeados por la crisis y galvanizar a los más reaccionarios, fusiona lo más bajo y abyecto de los prejuicios racistas y machistas con lo más atrasado del nacionalismo españolista –al que se recurre y azuza para diseminar el odio hacia el pueblo catalán–.
Su programa, denominado 100 Medidas para la España Viva, es la recopilación más completa de las reivindicaciones de la CEOE, los anhelos del nacional-catolicismo imperial y las exigencias más duras del aparato represivo. Pero, más allá de lo escandaloso que estas propuestas parezcan, son la consecuencia lógica de la deriva autoritaria del Estado y del régimen del 78 en un contexto de aguda crisis del capitalismo español.
En este escenario la política de gestos del PSOE, que mantiene las políticas de recortes y no se ha atrevido a derogar contrarreformas tan lesivas como la laboral y de las pensiones, no sirve para solucionar ninguno de los graves problemas a los que se enfrenta la mayoría de la población.
Millones de personas tienen muchas dificultades para poder cubrir sus necesidades básicas, afectados por un desempleo endémico, salarios miserables y precariedad extrema, mientras la sanidad, la educación públicas y los servicios sociales siguen deteriorándose, y el acceso a una vivienda digna es imposible para la juventud y las familias trabajadoras.
Respecto a Catalunya, la política que el Gobierno de Sánchez está aplicando, más allá de la retórica sobre “la solución negociada”, sigue la estela del Gobierno Rajoy en su lógica represiva y antidemocrática negando el derecho de autodeterminación al pueblo catalán. De esta forma sólo consigue envalentonar y despejar el camino aún más a Vox, y al bloque de la derecha en general.
Por su parte, Podemos y Pablo Iglesias proponen renovar los consensos de la Transición bajo la forma de un nuevo pacto parlamentario entre las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura a Rajoy. Esos mismos consensos que dejaron y que todavía hoy mantienen intacto el aparato del Estado franquista, su ideología, su tradición y su esencia. Es este aparato estatal el que, en gran medida, nutre las filas de Vox. De él provienen ex militares como su secretario general, Javier Ortega Smith; policías y guardias civiles, sobre todo el sector agrupado en la asociación ultraderechista Jusapol; y jueces fascistas y machistas de los que abundan tanto, como Francisco Serrano, su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox e inhabilitado por prevaricación.
Ni las llamadas vacías a la defensa de la democracia, ni mucho menos las apelaciones a PP y a Ciudadanos para que no pacten con Vox, van a detener a la derecha. Sólo la movilización más enérgica en las calles puede frenar el ascenso electoral de la reacción y la nueva oleada de ataques a nuestros derechos que están preparando. Y para impulsar ese movimiento de masas es necesario construir una sólida organización de combate que defienda el programa de la revolución socialista. La experiencia histórica ha dejado claro que frente a la extrema derecha solo hay una alternativa: el poder organizado de la clase obrera.
