Madrid está sucio, muy sucio. Esto no es nuevo, pero se está llegando a un nivel absolutamente insostenible. Según datos del propio ayuntamiento se reciben 180.000 avisos anuales por falta de limpieza. Esta cuestión condiciona la calidad de vida de la mayoría de la población y genera una gran sensibilidad social. Por eso, el equipo de gobierno de Ahora Madrid, y la alcaldesa Manuela Carmena, deben proceder a remunicipalizar inmediatamente el servicio de limpieza viaria, garantizando y ampliando los puestos de trabajo del sector, eliminando el ERTE que afecta a los trabajadores, elevando los salarios, e involucrando al conjunto de los vecinos y asociaciones de los barrios para garantizar la calidad del servicio. El cambio debe notarse en la práctica, poniendo punto y final a las privatizaciones de los servicios públicos esenciales, ese legado nefasto del PP en Madrid y en tantas otras ciudades.
24 años de gobierno municipal del PP
El profundo deterioro de los servicios públicos de la capital es consecuencia directa de la gestión llevada a cabo por los distintos gobiernos municipales del PP durante los últimos 24 años. Pero para revertir estas nefastas consecuencias hay que plantear en concreto cuál ha sido el aspecto central de la política del PP.
La clave ha estado en convertir los presupuestos municipales y los servicios públicos en una fuente de beneficios para las empresas privadas. Las consecuencias las sufrimos duramente, con la privatización de estos servicios y la degradación de su calidad y, por supuesto, de las condiciones de trabajo de los empleados de los sectores que son privatizados. En 2013, la alcaldesa Ana Botella dio una nueva vuelta de tuerca en la aplicación de esta política. Ante la calamitosa situación financiera del Ayuntamiento (en 2013 su deuda total ascendía a más de 7.000 millones de euros) y con el objetivo político de seguir trasladando recursos públicos a las empresas privadas, se cambió el marco sobre el que tenía que basarse la privatización de los servicios públicos.
En la primavera de 2013, se acumularon 39 servicios públicos en un solo contrato integral, que cubría desde la limpieza de las calles al cuidado de los parques. Se licitó por un 10% menos del coste y por 10 años. La competencia entre empresas rebajó aún más el precio, hasta 1.944 millones, lo que supuso un “ahorro” total del 23,7% para las arcas locales. Pero ese “ahorro” se hacía a costa de hundir el servicio y empeorar brutalmente las condiciones laborales. El recorte en el coste del servicio, trajo consigo que el nuevo contrato incluyera un cambio de modelo: el Ayuntamiento ya no exigía una plantilla mínima de trabajadores para mantener limpia la ciudad, solo requería que se limpiaran todos los días las calles principales sin especificar la regularidad con la que debían ser limpiadas las secundarias.
En estas condiciones, las empresas, para mantener su nivel de ganancia, lanzaron un ataque salvaje contra los trabajadores, poniendo encima de la mesa el despido de 1.400 trabajadores y una reducción salarial para los que se quedaban, de un 40%. La lucha ejemplar de los trabajadores del sector, que mantuvieron contra viento y marea una huelga que duró 13 días, consiguió hacer fracasar estos planes, aunque se pactó a cambio un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que según Comisiones Obreras mantiene fuera de servicio a 2.536 empleados sobre una plantilla total de 7.523 personas. Según el sindicato, con ese recorte de empleo, las empresas se han venido ahorrando en sueldos 15 millones al año (dinero que, por supuesto, no ha ido a mejorar la limpieza de la ciudad, sino a sus bolsillos). Pero claro, con un tercio menos de trabajadores en las calles, el servicio se deteriora.
Así, en resumen, hemos llegado a esta situación.
¿Qué propone Ahora Madrid?
En definitiva, la clave para revertir realmente esta situación se encuentra en aumentar drásticamente los recursos dedicados a este servicio social básico y que estos tengan como objetivo, y única finalidad, mantener la ciudad limpia y que los trabajadores que realizan esta labor lo hagan cobrando un salario digno y en unas buenas condiciones laborales. Conseguir esto entra en contradicción con las privatizaciones, con el lucro a costa de un servicio social estratégico, que es lo único que interesa a las empresas que realizan o aspiran a quedarse con los concursos.
La remunicipalización y, en general, el rescate de todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y estatales) de las garras de las empresas privadas es una condición básica para revertir la situación de degradación paulatina y constante de estos servicios públicos. Invertir para satisfacer las necesidades sociales y no para que un puñado de empresarios obtenga beneficios, es la base sobre la que reconstruir la calidad de estos servicios sociales y las condiciones laborales de los trabajadores que los realizan. Esta es la medida que desde el primer momento, de manera inequívoca y clara, deberían poner encima de la mesa los equipos de gobierno que, como Ahora Madrid, son la expresión, entre otras aspiraciones, de la lucha llevada a cabo por millones de personas contra las privatizaciones. Esta ha sido, además, una de las reivindicaciones básicas que ha caracterizado al sindicalismo de clase frente al meramente corporativo y amarillo.
Tanto la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como la delegada de medio ambiente y movilidad del ayuntamiento madrileño, han planteado que el equipo de gobierno de Ahora Madrid no excluye la posibilidad de remunicipalizar los servicios de limpieza y recogida de basura de la capital, aunque en estos momentos la apuesta del ayuntamiento es “conseguir que las empresas cambien de actitud”. Quieren revisar las condiciones del contrato integral acordado con las empresas por el PP. De momento no hay nada concreto, pero ya ha habido rondas de conversaciones con empresarios y sindicatos en las que Ahora Madrid ha planteado su aspiración a que vuelvan a las calles todos los empleados afectados por el expediente temporal de regulación de empleo. También pretenden solicitar en la negociación un esfuerzo excepcional a las empresas para que estas realicen una campaña especial de limpieza a la semana, dedicando un contingente extraordinario cada sábado a un distrito diferente para dejarlo limpio.
Entre las medidas contempladas no está recogida la de incrementar la partida presupuestaria para reforzar el servicio. Los recursos necesarios para llevar a cabo estos planes, dice el ayuntamiento, los obtendrían de una reducción de la cuantía de las multas a las empresas que incumplan el pliego de condiciones, para que parte de lo que hoy dedican a pagar en multas lo empleen en más recursos para la limpieza.
Esta estrategia de negociación del equipo de gobierno de Ahora Madrid incluye, como una amenaza, la idea de la remunicipalización, esperando que las empresas adjudicatarias (OHL, Sacyr y FCC) estén dispuestas a ceder en algo ante la posibilidad de perder un concurso que supone unos 140 millones de euros anuales. Pero no se trata de amenazar, sino de llevar a cabo el programa que la inmensa mayoría de la población madrileña quiere, la que vive en los barrios obreros y se ve afectada directamente por la suciedad lacerante. Acabar con la suciedad que inunda las calles de Madrid solo se puede conseguir, como hemos comentado más arriba, aumentando drásticamente los recursos dedicados a ello. Para empezar es imprescindible la anulación del ERTE que está en vigor desde 2013, a lo que hay que añadir la contratación de más trabajadores (unos 4.000 más, según los cálculos de los sindicatos), además de la maquinaria y utensilios necesarios, garantizando, por supuesto, unas condiciones salariales y laborales dignas. Solo una empresa municipal, funcionando con los criterios más arriba descritos, puede ser la que lleve esta labor a cabo.
Es indudable que los recursos previstos para esta labor en los presupuestos municipales son totalmente insuficientes, por lo que es necesario llevar a cabo una reorganización fundamental de dicho presupuesto, empezando por exigir una reestructuración de la monumental deuda que hoy asfixia las finanzas municipales (algo que según Manuela Carmena no es necesario hacer). Pero gran parte del dinero necesario para aplicar esta, y muchas más medidas que repercutirían de verdad en la mejora de las condiciones de vida de la población, solo se podrían conseguir movilizando a los trabajadores y los jóvenes madrileños. Apoyándose en esta fuerza, el ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid podría arrancar del gobierno de la comunidad, y del Estado, los recursos imprescindibles para transformar realmente Madrid.
El movimiento que ha aupado a Ahora Madrid a la alcaldía de la capital es consciente de que sí hay dinero, el problema es que es utilizado para que unos pocos sigan amasando fortunas. Los problemas centrales que afectan a millones de madrileños no se solucionan solo con buenas intenciones, o espíritu constructivo y negociador; los empresarios que han estado llenando sus bolsillos a costa de las arcas públicas no van a renunciar a ello con buenas palabras o con apelaciones al sentido común; el beneficio es sagrado y es lo único que cuenta para ellos.
Las cuestiones fundamentales que han supuesto una mejora real y tangible para la mayoría de la población se han conseguido a través de duras luchas; los capitalistas, en cualquier ámbito (en la empresa o en el reparto de los recursos públicos), nunca han sido convencidos por argumentos, han sido obligados a través de la lucha. Esta idea clave y elemental es la que debería mover la acción de gobierno de Ahora Madrid.
CCOO y UGT y la remunicipalización de los servicios públicos
Como hemos explicado más arriba, la defensa de los servicios públicos gestionados por empresas públicas es una de las señas de identidad del sindicalismo de clase. Los recursos públicos dedicados a los servicios sociales (sanidad, educación, cultura, limpieza viaria, etc.) son parte de la riqueza social que genera la clase obrera con su trabajo. Son una conquista arrancada por el conjunto de los trabajadores tras duras luchas. Como tales hay que defenderlos y en esa defensa, los sindicatos de clase deben estar a la vanguardia.
Los sindicatos deben defender las condiciones de trabajo de los trabajadores de empresas públicas a la vez que defienden que los servicios públicos sean gestionados por empresas públicas, punto de partida elemental para conseguir que los recursos sean utilizados para la satisfacción de las necesidades sociales y no para que unos pocos se enriquezcan.
Gran parte de la explicación del deterioro de las condiciones laborales de muchos trabajadores, se encuentra en el proceso de privatización de la gestión de los servicios sociales. Es por tanto, una cuestión elemental para el sindicalismo de clase además de posicionarse inequívocamente a favor de la remunicipalización, presionar con todas las armas a su alcance para que esto sea una realidad. Evidentemente, esta remunicipalización no puede ser a costa del deterioro de las condiciones de trabajo y esta reivindicación no puede ir aislada de la exigencia de una mejora sustancial de dichas condiciones. Esa es una clara e inequívoca política sindical de clase.
La idea de que en última instancia da igual la titularidad de la empresa, con tal de que los trabajadores tengan unas buenas condiciones, es falsa y ajena al sindicalismo de clase. Falsa, porque a la larga, la búsqueda del beneficio privado repercute doblemente en los trabajadores de los servicios públicos, como usuarios, con el deterioro del servicio, y como trabajadores, porque para mantener sus beneficios los empresarios recortarán salarios y derechos. Y ajena al sindicalismo de clase porque trata a dichos trabajadores y sus condiciones laborales como algo aislado, colocando dichos intereses al margen de los del resto de la clase obrera, fomentando el corporativismo más estrecho.
Desde CCOO y UGT se han hecho públicas algunas declaraciones en las que no estaba claro si realmente estaban de acuerdo o no con la remunicipalización, pudiéndose, en algunas de ellas, desprenderse la idea de que estaban en contra. En los últimos comunicados, indudablemente fruto de la presión de los numerosos delegados y afiliados y de los trabajadores en general, parece que se ha aclarado algo la postura, pero sin la fuerza y contundencia que el tema exige.
Entre remunicipalización y mantenimiento de los contratos con las empresas privadas o la revisión de estos, los sindicatos de clase no pueden mantenerse neutrales. Es un deber irrenunciable defender la remunicipalización, a la vez que se exige y se lucha para que esta se traduzca en una mejora del servicio y una mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Actuar de esta manera exige, como condición previa, que los sindicatos abandonen la política del pacto social y la desmovilización, y de los delegados sindicales, afiliados y trabajadores en general, la tarea de transformar nuestras organizaciones sindicales y volverlas a convertir en un instrumento de lucha efectivo.
