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Natacha Sánchez es representante de las trabajadoras y trabajadores del Carrefour de Plaza Nueva (Leganés) por CGT. Sánchez es también el principal apoyo de las empleadas de limpieza que la multinacional se negó a reincorporar en su plantilla, después de que la empresa Servimil perdiera el contrato. Siempre al pie del cañón, acompañó a las compañeras durante sus 16 días de huelga indefinida en un piquete permanente a las puertas del establecimiento. El 4 de abril, a última hora de la noche, las piqueteras detectaron que había personal realizando labores de limpieza, vulnerando así su derecho a huelga. Ese día Natacha entró al interior del establecimiento para comprobar qué estaba pasando. Carrefour llamó a la policía y Natacha fue identificada.
Seis meses después, Natacha tiene en sus manos una multa que se ampara en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana —Ley Mordaza—, recibida el pasado 15 de octubre. Se la acusa de desobediencia y falta de respeto a los Agentes. 601 euros por no abandonar el local “cuando soy representante del comité y si hay trabajadores vulnerando el derecho a huelga no tengo por qué salir”, explica a El Salto. Para CGT la actuación de la policía se centró en frenar la protesta y no en la vulneración del derecho a huelga que es lo que estaba sucediendo en ese momento. “La Policía Nacional aplica su criterio en defensa del poder económico y no en defensa de las trabajadoras en huelga”, aseguran.
Pero ahí no ha acabado todo. Dos días después, un representante de recursos humanos de Carrefour comunicaba a Natacha la apertura de un expediente contradictorio contra ella. “No me pueden abrir una sanción ordinaria porque soy representante de las trabajadoras. En ese expediente, entre otras cosas, alegan que hago mal mi trabajo, que discuto con el director, que insulto a mi jefa de la sección… Estoy siendo víctima de una represión”, concluye.
Para Natacha esta situación viene de hace tiempo pero se recrudeció tras la huelga de las trabajadoras de limpieza. “En el año 2016 abrí un protocolo de acoso. La empresa me empezó a buscar las vueltas y me acusaron de haber pegado a una trabajadora de recursos humanos. Querían que yo agachara la cabeza”. Pero no lo hizo y presentó su caso ante la inspección de trabajo. “Me dieron la razón. El inspector me dio la opción de tomar la vía judicial pero no quise, estaba ya cansada. Después empezó la huelga de limpieza y cuando acabó cambiaron al director del centro de trabajo. Trajeron a uno nuevo que fue directamente a por mí”, explica Sánchez.
CGT explica que las acusaciones que vierte la empresa sobre esta trabajadora pueden constituir infracciones muy graves, que podrían acarrear desde la suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días hasta la rescisión del contrato de trabajo. Para la trabajadora, la sanción del Estado y la de su empresa están relacionadas. “Esto genera impotencia, tienen todo un sistema montado alrededor del poder económico para pisarnos. Ayer me caí pero hoy me he levantado con muchas ganas de seguir peleando”, asegura la representante sindical.
Mientras tanto, seguirá acompañando en los juicios a las diez compañeras del servicio de limpieza que se quedaron sin empleo después de que la empresa Servimil perdiera el contrato de limpieza y Carrefour se negara a readmitirlas. Entre octubre y noviembre tienen 10 citas ante los tribunales por vulneración del derecho a huelga y por despido improcedente. El primer juicio fue el tres de octubre y el último será el 8 de noviembre. Van todas a una y esperan que las sentencias reconozcan su lucha.
