¡Conversión de las trabajadoras y trabajadores interinos en fijos por ley!

Casi 800.000 personas trabajan en el Estado español para la Administración, ya sea central, autonómica o local, como interinos o temporales. Muchos llevan entre 10 y 20 años cubriendo puestos estructurales en la sanidad, la educación o los servicios públicos demostrando su capacidad e idoneidad para el puesto, pero sin que se le reconozca el derecho a una estabilidad laboral y sin tener garantizado su futuro.

El escándalo es tan evidente que hasta los tribunales europeos y la comisión política de la UE, han dejado en evidencia esta situación de precariedad.

Estos organismos califican de abusivo y de fraude de ley un sistema de contratación que ha sido una práctica habitual durante años y exigen al Gobierno español la regularización de estos trabajadores, para reducir las tasas de temporalidad desde el 30% en el que se encuentra ahora hasta el 8% en el 2024.

No al “acuerdazo” entre Gobierno y sindicatos mayoritarios

El proceso por el que el Gobierno dice que va a convertir las plazas de interinos y temporales en fijos dentro del sector público ha puesto en pie de guerra a los colectivos más combativos que continúan con las movilizaciones y mantienen abierto el frente judicial.

Sus demandas han llegado hasta el tribunal de Bruselas que ha dado la razón parcialmente a los demandantes sobre el punto principal de las reivindicaciones: la conversión automática en trabajadores fijos de los interinos y otros trabajadores de la Administración pública con contratos temporales abusivos, una medida que cuenta ya con otras sentencias favorables.

Sin embargo, la propuesta de reforma para supuestamente reducir la elevada eventualidad presentada por el Ministerio que dirige Miguel Iceta rechaza la incorporación automática solicitada por las plataformas en lucha y en cambio plantea que los interinos sean cesados “de forma automática” al cumplir los tres años de contrato.

La medida puesta encima de la mesa por el ministro Iceta es un ataque sin precedentes a los trabajadores propio del más reaccionario de los Gobiernos de la derecha.

Con ella el porcentaje de interinos se mantendría y nada le impediría seguir creciendo, mientras, en cambio, aumentaría el número de trabajadores que pasarían por un mismo puesto de trabajo incrementando exponencialmente la precariedad.

En la misma línea el Gobierno y los sindicatos mayoritarios del sector, CCOO, UGT y CSIF, han llegado a un acuerdo en el que imponen someter las plazas a procesos de concurso-oposición, lo que obliga a los actuales titulares a presentarse a unas pruebas junto a los nuevos opositores para revalidar su puesto. Por ello, muchos podrían acabar perdiendo su actual puesto.

Los interinos son trabajadores en precario que llevan años desempeñando tareas fijas y necesarias y no sobra ninguno; es más en gran parte de los sectores de la Administración falta personal siendo esta una de las principales causas del deterioro paulatino que vienen sufriendo los servicios prestados por los entes públicos. Un Gobierno realmente de izquierdas reconocería y garantizaría la estabilidad laboral que reclaman los interinos, a la vez que ofertaría las miles de plazas necesarias para garantizar un servicio de calidad.

En lugar de esto el Ejecutivo PSOE-UP y CCOO, UGT y CSIF, optan por dividir y enfrentar a unos trabajadores contra otros y señalando con el dedo a los interinos como si pretendieran ser unos privilegiados, el Gobierno con la complicidad de los dirigentes sindicales, pretende esconder su responsabilidad en este fraude y su negativa a ofertar las miles de plazas públicas que deberían cubrir cada año.

Un ERE encubierto

La forma elegida por el Gobierno y estos sindicatos para "consolidar" las plazas supondría además, en la práctica, un ERE en toda regla para miles y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras interinas que concurrirían al concurso con serias desventajas.

Estamos hablando de trabajadores que tienen que seguir desempeñando sus obligaciones laborales y no tienen tiempo material para prepararse unas duras oposiciones.

Hay que señalar que el 75% de este colectivo tiene más de 50 años y por tanto con mayor riesgo de caer en el desempleo crónico en caso de perder su trabajo, máxime cuando la Administración sigue sin aceptar la indemnización por cese del personal interino.

Esta situación sería especialmente impactante en el sector de la educación, donde miles de profesores, tras años de ir rotando de una plaza a otra, serían sustituidos por personal nuevo.

Centenares de miles trabajadores fueron contratados como se pide en el artículo 103 de la Constitución, cumpliendo los requisitos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia en procesos de acceso elegidos por las Administraciones (oposición, concursos de méritos, examen y entrevista o prueba física, etc.).

Por otro lado, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconoce en su artículo 61.6 que el Gobierno puede optar por convertir plazas de interinos en fijas valorando solo los méritos “con carácter excepcional”.

Este Gobierno, al igual que los anteriores, incluso ignora sus propias leyes para seguir manteniendo la precariedad entre los empleados de la Administración pública.

Existen sentencias judiciales que avalan el derecho adquirido a tener estabilidad laboral.

Se trata de defender los derechos de trabajadores que han sido víctimas de las políticas clientelares de los Gobiernos de turno, de la sucesión de contratos en precario y en fraude de ley y que deben ser compensados por el abuso cometido por las Administraciones, sean estatales, autonómicas o locales, que tienen que ser también penalizadas.

A este respecto, es significativo lo que sucede en el sector privado en análogas circunstancias, donde un abuso probado sobre un trabajador temporal supone su reconocimiento en indefinido.

Continuar y elevar la lucha y la movilización es la clave para ganar estos derechos

La batalla judicial sin duda es importante para dar cobertura legal a las legítimas reclamaciones del personal interino.

Pero el factor decisivo para que el Gobierno dé marcha atrás y asuma las justas reivindicaciones de los trabajadores interinos, es continuar impulsando la lucha y la movilización, extenderla por todas las Administraciones e implicar a todos los afectados con una plataforma reivindicativa que recoja las justas aspiraciones tanto de los interinos como de los que aspiran a conseguir una plaza.

Estamos hablando de un potencial enorme, de un ejército de casi 800.000 trabajadores y trabajadoras que pueden paralizar la Administración pública uniendo su reclamación de conseguir la consideración de fijos en sus puestos de trabajo a otras reivindicaciones del personal funcionario y al conjunto de los trabajadores que aspiran a entrar en la función pública.

No sobran los interinos que ya están ocupados, faltan nuevas plazas en sanidad, en educación, en correos y un sinfín de servicios públicos para evitar que sigan degradándose y privatizándose.

Este es el programa que debe unir al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Administración pública.


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