El pasado viernes 27 de marzo, Yolanda Díaz, militante del PCE y ministra de Trabajo del Gobierno PSOE-UP, declaraba solemnemente en rueda de prensa que con las medidas que acababan de ser aprobadas en el Consejo de Ministros de ese mismo día no se iba a poder usar el Covid-19 para despedir.
Por su parte los medios de comunicación se hacían eco de la noticia anunciando que el Gobierno acababa de prohibir los despidos objetivos como respuesta al coronavirus.
Poco después el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, manifestaba a través de las redes sociales: "Hoy hemos aprobado nuevas medidas para proteger a la gente trabajadora de la crisis del coronavirus. Una de ellas: Prohibido despedir por causas económicas, técnicas, productivas, organizativas y de fuerza mayor mientras dure la emergencia sanitaria." Al mismo tiempo decenas de cargos y dirigentes de Unidas Podemos insistían en la misma idea.
Nada de esto es cierto. El Real Decreto-Ley 9/2020, en el que se concretan estas medidas, dice lo siguiente: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.
El Gobierno no prohíbe por ley los despidos. Lo único que hace es dejar en manos de un juez si los declara procedentes o improcedentes. Incluso si la mayoría del millón de despidos que en estos días se han dado fuera declarado improcedentes por los jueces, ese millón de trabajadores seguirá en la calle solo que en el mejor de los casos con una indemnización de 33 días al año en lugar de 20. La propia ministra de Trabajo ha reconocido que esto es así.
Por tanto es completamente falso que no se pueda despedir. Despedir se puede sin problemas. Este anuncio no es más que propaganda hueca, y mentirosa, para intentar responder a la indignación que está creciendo imparable.
Con un aparato judicial al servicio de los capitalistas, donde los despidos declarados nulos suponen una insignificante minoría, los trabajadores seguirán siendo enviados al paro con una indemnización que con esta medida pasaría de 20 días por año trabajado a 33 en el caso de que el despido sea declarado improcedente. Esta “compensación” que para los millones de trabajadores con contratos precarios se concretaría en un pequeño puñado de euros, supone una cruel broma de mal gusto.
Además, la reforma laboral de 2012, la que el Gobierno PSOE-UP ha renunciado a derogar, otorga a la patronal multitud de mecanismos a los que puede recurrir para que los despidos que realicen les puedan salir incluso gratis.
Por ejemplo el empresario puede alegar “una ineptitud sobrevenida de sus empleados, o una falta de adaptación de alguno de ellos”, por lo que el despido podrá ser considerado como disciplinario, no recibiendo ninguna indemnización y teniendo el juez una vez más la última palabra.
El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos tampoco ha restablecido el pago de los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, lo que es un regalo tremendo para los empresarios.
Por su parte el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez acaba de anunciar que a partir del lunes 30 de marzo y hasta el día 9 de abril “Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa”. A la espera de conocer la letra pequeña de esta medida, por ejemplo cuáles son las actividades que el Gobierno considera no esenciales, lo primero que queremos dejar claro es que esta medida llega muy tarde. Millones de trabajadores de servicios no esenciales llevan semanas, en plena expansión del virus, acudiendo a su puesto de trabajo teniendo que tomar medios de transporte masificados y desarrollando su labor sin medidas de protección, expuestos a contagiarse y a infectar a sus familias.
Por otro lado se trata de un "permiso retribuido" que los trabajadores tendrán que recuperar cuando acabe el aislamiento. Esto es absolutamente inaceptable. Una vez más las medidas adoptadas por el Gobierno tienen como principal objetivo velar por el bolsillo de los empresarios. Exigimos la inmediata paralización de toda la actividad no esencial hasta que pase la pandemia (hacerlo solo hasta el 9 de abril es un chiste de mal gusto) con el 100% de la cuantía de los salarios y sin que haya que recuperar los días no trabajados por este motivo.
Estamos acostumbrados a que la socialdemocracia tradicional, esto es el PSOE, recurra a las mentiras más descaradas para intentar ocultar su política a favor de los grandes poderes económicos. Pero lo que no habíamos visto aún era a los ministros y ministras de Podemos y de Izquierda Unida sumarse a esta estrategia de manera tan deplorable.
Cientos de miles de despedidos y miles de ERTEs facilitados por el Gobierno y avalados por CCOO y UGT
Desde que estalló la crisis del coronavirus las medidas adoptadas por el Gobierno PSOE-UP, han tenido como principal objetivo el defender los intereses de los empresarios y preservar sus beneficios. No existe ese “escudo social” al que continuamente aluden los ministros del Gobierno, tanto los del PSOE como los de UP, para intentar disimular la realidad. Las únicas medidas de calado que ha adoptado el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez son los miles de millones de euros puestos a disposición de los bancos y los grandes capitalistas, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) diseñados a medida de las grandes empresas, etc. Mientras, para los trabajadores solo hay migajas.
Todo ello con la complicidad activa de los principales sindicatos, sobre todo de CCOO y UGT, que han hecho frente común con el Gobierno y la patronal y con consecuencias dramáticas para la clase obrera y el empleo.
Se calcula que los despidos pueden alcanzar el millón en este mes de marzo, a los que podrían sumarse 750.000 rescisiones de contratos temporales.
Los ERTEs causados por la crisis del coronavirus ascienden ya a 242.139 y afectan a 1.273.230 trabajadores, según los datos oficiales recogidos por RTVE.
La cifra real es indudablemente mucho mayor teniendo en cuenta que Madrid, Murcia y Melilla no han revelado el número de trabajadores afectados por ERTEs y que el Ministerio de Trabajo no ha actualizado datos oficiales sobre estos desde el pasado 24 de marzo.
Gobierno, patronal y sindicatos insisten en que los ERTEs son la medida para evitar despidos y mantener los puestos de trabajo cuando pase la pandemia.
Una nueva mentira. Muchos de estos ERTEs, como la experiencia demuestra, más en un contexto de profunda recesión económica como en el que ya nos encontramos, se convertirán en EREs en toda regla y en cientos de miles de puestos de trabajo destruidos.
«Estamos desilusionados y sorprendidos por la cantidad de despidos que hay en nuestro país. No son necesarios. Hemos tomado medidas para que no sea necesario el despido» declaraba Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. Esto es todo lo que tienen que decir los dirigentes tanto de UGT como de CCOO ante esta dramática situación y la perspectiva de pesadilla que se cierne sobre millones de familias obreras.
Basta ya de gobernar para los capitalistas: nuestras vidas son más importantes que sus beneficios
Mientras millones de trabajadores y sus familias nos enfrentamos a un auténtico drama social, a perder nuestro puesto de trabajo o ver recortados drásticamente nuestros ya exiguos ingresos; mientras nos vemos expuestos a contagiaros y a infectar a nuestros seres queridos porque somos obligados a trabajar aunque nuestra labor no sea esencial, y además tenemos que hacerlo sin las medidas de protección adecuadas, los grandes sindicatos y el Gobierno fortalecen su colaboración con los empresarios.
Pedro Sánchez y sus ministros están gobernando para los grandes poderes económicos y lo quieren encubrir con palabrería hueca y medidas inocuas envueltas en una ensordecedora campaña de propaganda.
¡Basta ya! El Gobierno del PSOE-Unidas Podemos debe dejar de actuar en beneficio de los grandes capitalistas, y adoptar urgentemente medidas extremas para garantizar el empleo, la vida y la salud de la clase obrera y de la población en general.
Implantar un auténtico escudo social pasa por la aplicación de las siguientes medidas:
1.- Derogación inmediata de las reformas laborales de 2010 y 2012.
2.- Prohibición real de cualquier ERTE o ERE al amparo del coronavirus. Ninguna reducción salarial. ¡Que los empresarios pongan su parte de todos los beneficios acumulados estos años! ¡Que se devuelva el dinero de los rescates patronales y bancarios!
3.- Paralización inmediata de toda la actividad productiva que no sea esencial para luchar contra la pandemia. El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos debe garantizar por ley que todas las trabajadoras y trabajadores de fábricas y empresas que no sean esenciales deben estar en casa con permisos retribuidos, sin que haya que recuperar el tiempo no trabajado, que todos sus empleos sean respetados y que no se pierde ningún derecho laboral. Para los trabajadores de las empresas esenciales el Gobierno debe proporcionar todos los medios de protección sanitaria necesarios (guantes, mascarillas, equipos…), imponiendo penas económicas muy severas a los empresarios que incumplan estas medidas.
4.- A todas las trabajadoras y trabajadores que tienen a su cargo hijas, hijos o familiares dependientes se les deben aplicar el artículo 37.3d) del Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo al mismo, cuando se tiene un deber inexcusable, como es el cuidado de una persona dependiente, el trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo con el 100% de su retribución y sin que sea computable como tiempo de vacaciones.
5.- Reducción por ley de los precios de los productos fundamentales para la vida diaria de las familias trabajadoras y persecución contundente de la especulación. ¡Basta de que las grandes cadenas de supermercados y las multinacionales del sector alimentario se hagan de oro!
6.- Ninguna restricción a la libertad de expresión, manifestación y organización. Formación de comités de personal sanitario, usuarios y delegados sindicales en los centros hospitalarios para controlar la calidad de la atención médica y poder reclamar los medios necesarios.
9. Defensa de los derechos de los inmigrantes y refugiados. Supresión de los CIEs y de la Ley de Extranjería.
10. Anulación por ley de todos los desahucios, y garantía de la suspensión temporal del pago de los alquileres, electricidad, gas, agua, calefacción y telecomunicaciones, manteniendo todos estos servicios para las familias trabajadoras que lo necesiten. Movilizar los recursos públicos para asegurar la alimentación y una vida digna para toda la población en riesgo: comedores públicos gratuitos, incremento drástico en la dotación material y humana de los servicios sociales.
11.- Dotar ya a la sanidad pública de los medios materiales y humanos necesarios. Contratación inmediata de 20.000 profesionales sanitarios para hacer frente a esta crisis. Apertura de todas las instalaciones hospitalarias públicas, refuerzo y ampliación de las UVI y compra de material médico y quirúrgico necesario. Atención prioritaria a las residencias de mayores: no podemos permitir que mueran impunemente y en soledad. Que el Estado tome el control completo de toda la sanidad privada, de sus recursos humanos y técnicos, hospitales y clínicas, para atender de forma gratuita a todos los enfermos de coronavirus. Aquellas empresas, clínicas y hospitales que se nieguen serán expropiados automáticamente y pasarán a titularidad pública.
12.- ¡Nacionalización del sector farmacéutico ya, gratuidad de todas las medicinas necesarias para enfrentar el coronavirus y el resto de las enfermedades! Fuera todos los recortes y el copago.
13.- Para contar con los recursos necesarios para llevar este plan a la práctica es necesario la nacionalización de la banca y los grandes monopolios bajo control democrático de los trabajadores para establecer un plan de producción que ponga por encima los derechos de la gente y sus vidas. Fuera la monarquía: expropiación de todos los bienes y fortunas de la Casa Real para ponerla al servicio de la lucha contra la pandemia.
