La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acaba de anunciar las intenciones del Gobierno PSOE-SUMAR de que de ahora en adelante pedir una baja laboral va a ser más complicado, o dicho con otras palabras que se van a endurecer las condiciones para solicitarlas.
La ministra considera que los 8 millones de bajas laborales registradas en 2023, con un coste para la Seguridad Social de algo más de 13.000 millones de euros, fueron muchas bajas y esto le ha generado dudas sobre la veracidad de la mayoría de ellas.
En lo sucesivo, cuando el médico del Sistema Público de Salud conceda una baja la empresa deberá informar a la Seguridad Social de las funciones específicas del trabajador en su puesto de trabajo, para orientar así a los evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social acerca de si el estado de salud del trabajador es tan grave como para impedirle realizar su trabajo habitual. De esta forma, solo en caso de que esos evaluadores estimen que la enfermedad del trabajador le impide completamente realizar sus tareas se le concedería la baja, pero en caso contrario se le denegaría.
Otra medida que se pretende implantar es la de efectuar más revisiones médicas a los trabajadores en situación de baja para intentar que la vuelta al trabajo se produzca lo más pronto posible. En lugar de asegurar los medios necesarios para revertir el gravísimo deterioro de la sanidad pública y garantizar así que las enfermedades y accidentes laborales de trabajadoras y trabajadores se tratan adecuadamente hasta el completo restablecimiento de la persona afectada, el Gobierno pretende atajar el problema de las listas de espera de meses para pruebas médicas e intervenciones quirúrgicas obligando a personas enfermas a volver a su puesto de trabajo antes de que su recuperación se haya completado o incluso, en casos graves, antes de que su tratamiento se haya iniciado.
El Ejecutivo pretende flexibilizar las bajas laborales, es decir que si enfermamos estemos sin trabajar el mínimo tiempo posible. Estas medidas vienen a descargar todo el problema de la salud laboral en el Estado español sobre las espaldas de los trabajadores, en una situación caracterizada por el aumento de la accidentabilidad laboral. Efectivamente, según datos proporcionados por el propio Ministerio de Trabajo, los accidentes con baja laboral aumentaron un 5,2 por ciento hasta febrero de este año en relación al mismo periodo de 2023, sumando 97.049 siniestros[1].
Esta alta cifra de accidentes se debe gran medida al incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, con muchos inmigrantes extranjeros trabajan por salarios muy bajos y en condiciones extraordinariamente precarias en lo que a la seguridad en el trabajo, expuestos además a las inclemencias del tiempo (trabajando a la intemperie con altas temperaturas, etc.), cada vez más duras debido a los efectos del cambio climático.
Por otra parte hay factores de extremada peligrosidad que no se investigan, que permanecen ocultos, como la exposición continuada a agentes cancerígenos. Se estima que cada año se dan en el Estado español 14.000 casos de cáncer de origen laboral que causan 6.000 muertes[2]. Por otro lado las enfermedades mentales son otra lacra que afecta cada vez a más trabajadores.
Mientras, las grandes empresas y los grandes bancos están acumulando grandes beneficios: el conjunto de las entidades bancarias (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) superó los 23.200 millones de euros en beneficios entre enero y septiembre de este año, un 17,66 por ciento más de los 19.724 millones que tuvieron en el mismo periodo del año anterior[3].
Es innegable que una parte de estos beneficios se obtienen de muchas empresas ligadas a estos bancos donde las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo son insuficientes o brillan por su ausencia, de cuya no aplicación resulta una fuente sustanciosa de beneficios para sus dueños.
Y todo esto bajo un Gobierno que nos vende que es de “izquierdas”, pero que en realidad actúa en los hechos como un lacayo fiel de los empresarios que no duda en aplicar medidas que, como estas, perjudican y agravan algo tan básico como es la salud de los trabajadores.
Al mismo tiempo, durante su mandato, la atención sanitaria no ha hecho más que empeorar por falta de medios, lo que sin duda es otro factor que contribuye a empeorar la salud laboral por falta de la atención debida a los trabajadores. Pero todo ello en aras del “sacrosanto” beneficio de bancos y empresas. Es el capitalismo.
Notas:
[1] Estadística de accidentes de trabajo. Avance enero-febrero 2024.
[2] En España hubo más de 14.000 nuevos casos de cáncer de origen laboral en 2023
[3] La banca apunta a una ganancia de 23.000 millones, un 17% más, con los tipos a la baja
