No hemos salido a la calle para que todo siga igual.¡Hay que romper con la paz social!
El pasado 22 de mayo, la Junta de Andalucía, a través del SAS, ratificaba un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Satse para frenar la movilización en defensa de la sanidad pública.
Este acuerdo de mínimos es un balón de oxígeno que los sindicatos mayoritarios dan al Gobierno del Partido Popular en Andalucía después de las masivas movilizaciones en el mes de marzo y en medio de la campaña electoral.
Aquellas manifestaciones fueron una gran demostración de fuerza. Convocados por la Marea Blanca, además de decenas de organizaciones y colectivos, cientos de miles de personas llenamos las calles de todas las capitales andaluzas. Pero no sólo exigimos la paralización del plan de privatización de la Atención Primaria y el fin de los recortes, esta lucha también mostraba la rabia y el malestar acumulado durante 4 años de gestión del PP. Fueron un clamor en defensa de los servicios públicos y contra el deterioro generalizado de las condiciones de vida. No es casualidad que las consignas más cantadas fueran “hay que hacer como en Francia” y “Moreno Bonilla: ¡dimisión!”.
Un acuerdo de mínimos para que todo siga igual
Precisamente el temor a una ola de movilizaciones en defensa de la sanidad pública, que pueda canalizar todo el descontento hacia el Gobierno del PP, ha sido lo que ha empujado a Moreno Bonilla a firmar, para desactivar la lucha, este acuerdo inaceptable con los sindicatos mayoritarios. Una vez más, la dirección burocrática de CCOO y UGT, actuando a espaldas de usuarios y profesionales, y participando en esta maniobra de Bonilla han sido piezas fundamentales para garantizar la paz social.
Si bien es cierto que la retirada del plan de privatización de la Atención Primaria es fruto de la presión en las calles, el conjunto del acuerdo es un escándalo. Después de las movilizaciones, volvemos al punto de partida, en donde la sanidad pública andaluza se encuentra en una situación de colapso y retroceso.
En primer lugar, ni tan siquiera se plantea recuperar los millones de dinero público que cada año el PP ha adjudicado a dedo a empresas de la sanidad privada, contratos que oscilan desde los 117 a los 226 millones de euros. Por otro lado, no se produce un aumento en las plantillas, ya saturadas, de profesionales sanitarios. La “medida estrella” que plantea el PP y aceptan las direcciones sindicales es destinar el 25% del presupuesto en sanidad a la atención primaria. En la práctica, se trata de un cambio en la proporción de presupuesto a la primaria sin que este se incremente en su conjunto, lo que implica recortes en otros tipos de servicios, como los tratamientos especializados.
Finalmente, este pacto recoge promesas vacías respecto a la reducción del ratio de usuarios para cada profesional, especialmente en medicina familiar, enfermería y pediatría. Cualquiera de estas medidas requeriría una inversión decidida, sin embargo, tal y como recoge Europa Press, la partida presupuestaria adicional será de 180 millones en tres años. Es decir, menos de 8 euros al año por habitante. Una broma de mal gusto que, sin duda, no significará una mejora en el servicio.
La sanidad pública andaluza sigue bajo ataque
El Gobierno del Partido Popular ha dado continuidad a la política de recortes que venía aplicando el PSOE, sometiendo a este servicio a un desmantelamiento sin cuartel. Los datos lo reflejan de manera clara: según un estudio publicado en mayo de 2021, Andalucía se posiciona como la segunda comunidad autónoma con peor sistema sanitario, el menor número de camas en hospitales - 2,19 por cada mil habitantes - y la inversión per cápita más baja.
Entre otras consecuencias, esto genera un grave problema de falta de personal sanitario y enfermería, que tiene como consecuencia, listas de espera de incluso varios meses.
Un claro ejemplo de ello es el campo de la salud mental, especialmente en el último periodo, en donde los trastornos de este tipo se han disparado, golpeando significativamente a la juventud y la clase trabajadora. En Andalucía, hay sólo seis psiquiatras y tres psicólogos por cada 100.000 habitantes. La derivación a especialistas es prácticamente imposible, generando una situación de abuso de fármacos para ocultar el problema. Para hacernos una idea, desde el año 2021 se ha incrementado en un 8% las recetas de este tipo de medicamentos.
En las zonas rurales y de interior, la situación empeora drásticamente. En muchos municipios nos encontramos con que directamente no existe la atención primaria y los hospitales más cercanos se encuentran en otras comarcas.
Toda esta situación de abandono, degradación y colapso de la sanidad pública es el escenario idóneo para que la derecha introduzca su plan de privatizaciones. Andalucía ya es la tercera comunidad con mayor porcentaje de camas en hospitales privados, y la situación de la sanidad pública ha empujado a casi dos millones de personas a contratar un seguro privado. El pasado 2022 se derivaron a un millón de personas a la privada, mientras aumentó en 111 millones de euros el presupuesto para los conciertos, un 20% más de lo esperado.
Basta de pactos con la derecha. ¡Hay que romper la paz social para salvar la sanidad pública!
Este acuerdo burocrático, realizado por arriba, se hace aún más lamentable cuando recordamos que se firma en medio de la campaña electoral para las elecciones municipales. De hecho, el Sindicato Médico de Primaria y la Marea Blanca de Andalucía han hecho públicos comunicados rechazando esta política pactista y desmovilizadora.
Para poder defender los servicios públicos y mejorar nuestras condiciones de vida tenemos que ver nuestra propia experiencia. Para echar a Moreno y al PP de la Junta, es necesario un plan de lucha ascendente, democrático y contundente. Tenemos que unificar las luchas en una Huelga General, siguiendo el ejemplo de Francia.
Acabar con los recortes de lo público, con los precios desorbitados de los alquileres y con la precariedad laboral es totalmente posible siguiendo el camino de la lucha. Pero sólo podemos ganar si nos organizamos en torno a un programa revolucionario, que ponga los intereses de la mayoría por encima de los beneficios de una ínfima minoría, a la vez que luchamos por un sindicalismo combativo y democrático, contra esta burocracia servil entregada a los señoritos. Este es el camino que proponemos las y los comunistas revolucionarios. ¡Únete a Izquierda Revolucionaria!
