Como en el franquismo. La Guardia Civil decide quién puede o no trabajar
26 de mayo a las 9:45, concentración de solidaridad con Victoria Taibo (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, C/ Gran Vía, 19)
Me llamo Victoria Taibo, tengo más de 50 años y llevo 3 en paro después de que la Guardia Civil provocara mi despido de la empresa para la que trabajaba en el aeropuerto de Madrid al considerar que “represento un riesgo grave para la seguridad pública en general y en concreto para la seguridad aeroportuaria”.
¿Por qué? Ni idea. Llevo casi tres años batallando para que me lo digan. Ahora se celebrará un juicio Contencioso-Administrativo contra la decisión de la Administración, aunque ni siquiera se ha permitido citar al teniente coronel de la Guardia Civil que firmó la evaluación de idoneidad para que explique por qué soy “un riesgo grave para la seguridad pública”.
En el verano de 2019 fui contratada para trabajar en las salas VIP del aeropuerto de Madrid, situadas dentro de la Zona Restringida de Seguridad (ZRS) que requiere de una tarjeta identificativa tras realizar un control de antecedentes y recibir el visto bueno de la Guardia Civil. Pero me encontré con que la División de Seguridad Aeroportuaria, la Guardia Civil, me consideró NO APTA, sin haberme señalado en ningún momento las razones concretas. Al no poder acceder a la zona de trabajo, la empresa me despidió.
El Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil estableció en 2019 una comprobación reforzada, más allá de los antecedentes, que permite “incluir la información de inteligencia y de cualquier otro tipo de que dispongan las autoridades nacionales competentes… al objeto de determinar la idoneidad de la persona, y que pueda suponer un riesgo para la seguridad de la aviación civil”. En mi caso, no solo carezco de antecedentes penales y policiales, sino que jamás he sido detenida ni enjuiciada.
¿Qué información tienen sobre mí los servicios de inteligencia y las autoridades competentes que les permiten acusarme de ser un peligro público? ¿Por qué no puedo conocerla? ¿Cómo puedo defenderme si ni siquiera sé de qué se me acusa? La arbitrariedad es total, como en una Dictadura, pudiendo negarme la tarjeta de acceso, provocando mi despido, por resultar políticamente “molesta”, por mis opiniones, y mañana, por qué no, a cualquier otro por desarrollar una actividad sindical y exigir mejoras salariales.
En el juicio laboral donde se declaró mi despido improcedente, nada se aclaró sobre el NO APTO. De hecho, la letrada del Ministerio del Interior señaló que "el informe existente sobre Victoria Taibo es confidencial” y que no tienen obligación de facilitarlo. Es decir, como ocurre ahora con el caso Pegasus, el Estado puede espiar impunemente y puede tener lista negras por motivos políticos sin que los afectados puedan saberlo y puedan defenderse. ¡Impunidad total! ¿Es este el Estado de derecho del que nos hablan?
Pero mi caso no es el único. A Patxi Zamora, auxiliar de vuelo de Iberia durante 30 años, le retiraron la tarjeta alegando (tras requerirlo un juez) que es “próximo a entornos potencialmente peligrosos”, concretamente, que hace ¡14 años! formó parte de las listas municipales del ya extinto partido Acción Nacionalista Vasca (ANV). Ferrán, realizador audiovisual de Barcelona, tiene vetado el acceso a la zona de seguridad por su vinculación con las CUP. Y a otra compañera de canarias le ha ocurrido lo mismo por ser militante del PCE. Solo existe un hecho común: que los cuatro somos activistas y militantes de izquierdas.
Estas escandalosas actuaciones tienen una gran similitud con la Ley franquista de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, que tenía como fin "la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que contribuyan a crear o agravar la subversión de todo orden", lo que producía "la sanción de inhabilitación para cargos, empleos o función que se determine concretamente en el fallo".
Llevo muchos años practicando el activismo político, defendiendo el feminismo, la República, denunciando la corrupción y los desahucios y me declaro abiertamente y con orgullo antifascista. Es evidente que este NO APTO, como el de mis compañeras y compañeros, es consecuencia de las actividades políticas que he desarrollado estos años, y de mis críticas hacia el Régimen del 78.
Desgraciadamente aquellos que venía a acabar con él, como la ministra de Trabajo Yolanda Díaz -que ni siquiera ha contestado a mis cartas a pesar de que esta es una gravísima vulneración de mis derechos laborales y debería interesarle- participan desde el Gobierno de estas actuaciones propias del franquismo o del macartismo. Un Gobierno con ministros del PCE que ni siquiera son capaces de defender a sus militantes.
Es urgente derogar todas las normas de excepción que permiten despedir a un trabajador por sus ideas políticas. Es escandaloso que a estas alturas, y pese a que todas las formaciones políticas y el Gobierno en pleno están al tanto de lo que estamos denunciando -gracias a la difusión pública y a las preguntas parlamentarias realizadas por diputados de ERC, EH BILDU y PNV- no se derogue esta normativa franquista y que se depuren responsabilidades y respondan ante la justicia los responsables de estas purgas laborales por motivos ideológicos.
El próximo jueves 26 de mayo tendrá lugar en Madrid el juicio contra el Estado por vulneración de mis derechos fundamentales, y se convocará por diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales, una concentración a las 9:45h frente a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (C/ Gran Vía nº 19) en solidaridad y para denunciar este escándalo intolerable.
