Frente a la ofensiva de Ayuso, la izquierda madrileña y los sindicatos mayoritarios deben impulsar una huelga general
El 23 de diciembre, justo al inicio de las vacaciones de navidad, el Gobierno de Ayuso aprovechó para aprobar por vía de urgencia su Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Bautizado como Ley Ómnibus por sus proporciones gigantescas, el texto tiene 200 páginas e incluye la reforma de 33 leyes y 5 decretos legislativos (1). La lista de materias que se reforman con este anteproyecto es apabullante: hacienda, urbanismo, medio ambiente, transportes por carretera, policía local, parejas de hecho o sanidad son algunas de ellas.
La línea que une todas las medidas es muy sencilla: dar carácter legal a todos los chanchullos y negocietes con los que el PP madrileño y sus amigos empresarios llevan haciéndose de oro desde hace décadas.
Sin embargo, entre la variedad de cambios que introduce esta ley hay algunas que destacan por sí mismas. Una de ellas es la que abriría la puerta a la externalización de las licencias urbanísticas y verificación de los usos de suelo (2). Con su aprobación podría darse la dantesca situación de que grandes inversores se autoconcedieran licencias urbanísticas y especularan con el suelo por medio de redes de empresas teóricamente independientes.
La otra es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria que podría llegar a mover 2.000 millones de euros de dinero público.
Un nuevo jalón en la privatización de la Sanidad Pública
La Agencia de Contratación Sanitaria, esta institución pública, que se ajustará a derecho privado y podrá participar del capital de sociedades mercantiles, está llamada a centralizar la contratación de suministros, bienes y servicios. Eso sí, sin pasar por la molestia del concurso público, ya de por sí bastante ineficaces en evitar los amaños y la lógica de capitalismo de amiguetes que ha permitido a unos pocos, como Florentino Pérez, amasar enormes fortunas a costa de los recursos públicos de la Comunidad de Madrid.
Bajo la gestión del PP y de Ayuso hemos asistido a un verdadero genocidio en los centros de mayores públicos, dónde se negó la asistencia sanitaria a aquellas personas que no disponían de seguro privado.
Mientras se dedicaba dinero público para rescatar hoteles de lujo, supuestamente medicalizados pero prácticamente vacíos, las plantillas de los hospitales y ambulatorios no se han reforzado, se ha profundizado la privatización y hasta se ha externalizado parte de la campaña de vacunación a empresas como el Corte Inglés o el Banco Santander. Por no olvidar los confinamientos clasistas de los barrios obreros de Madrid, cuando se exigió el encierro domiciliario salvo para ir trabajar, a producir plusvalía para los empresarios.
Al tiempo que el Gobierno de la CAM aprobaba a toda pastilla esta Ley -que significa ni más ni menos abrir la puerta a la privatización completa de la Sanidad Pública madrileña- la sexta ola golpeaba duramente, culpando Ayuso, esta trumpista fanática, por el colapso de la Atención primaria a los propios trabajadores sanitarios calificándoles de boicoteadores. ¡No tiene vergüenza ni escrúpulos!
La presidenta de la CAM retoma dos proyectos estrella del PP que fueron frenados por la movilización
Con la Ley Ómnibus recoge el testigo de al menos dos proyectos del PP que encallaron en el pasado: Eurovegas y la privatización de 6 hospitales públicos de Madrid.
El proyecto de Eurovegas consistía en instalar en las afueras de Alcorcón un macro-proyecto turístico que transformara a Madrid en la capital europea de la ludopatía, el alcoholismo y el proxenetismo.
Con la promesa de inversiones inéditas, el PP de Madrid no dudó en impulsar una legislación a medida. Así, haciendo gala de las tradiciones de cortijo que tan bien identifican a la oligarquía española, se introdujeron cambios en materia urbanística, medio ambiente y salud pública.
Sin embargo el proyecto quedó a medias. El rechazo social entre los vecinos fue tan grande, que los promotores abandonaron la propuesta.
En el caso de la privatización de la sanidad madrileña, Javier Fernández-Lasquetty —entonces Consejero de Sanidad y hoy de Hacienda— orquestó un plan encaminado a entregar 6 hospitales públicos y el 10% de los centros de salud, a grandes multinacionales del sector sanitario.
Pero en este caso la propuesta se enfrentó a una contestación social inmensa. Los trabajadores y usuarios de la sanidad pública protagonizaron jornadas de huelga, manifestaciones masivas y la ocupación de los centros sanitarios. Los carteles, las pancartas y las reivindicaciones llenaron las consultas de centros de salud y hospitales; la Marea blanca inundó las calles. La contundencia de la movilización fue tal, que el PP de Madrid tuvo que recular y renunciar a ello.
¡Hay que levantar una oposición contundente en las calles!
Ayuso ha decidido que ahora es el momento. No solo cuenta con casi mayoría absoluta para aprobar con facilidad lo que quiera en la Asamblea de Madrid, sino que se siente fuerte y con un apoyo solido entre su base social, ese ejército de hosteleros, tenderos y pequeños y medianos empresarios que hacen caja de la sobreexplotación de la clase obrera madrileña. Ha medido a la oposición de la Asamblea de Madrid y ha considerado que son impotentes para plantarle cara.
La izquierda institucional madrileña ha renunciado incluso en lo peor de la pandemia a hacer una oposición firme y consecuente a las políticas de la derecha y la extrema derecha, negándose a pedir su dimisión en momento críticos como cuando impuso el confinamiento clasista o cuando dejó morir a miles de mayores en las residencias.
Por otro lado, el Gobierno PSOE-UP, más allá de la propaganda hueca, ha sido y está siendo incapaz de plantear una alternativa consecuente a las políticas de Ayuso, existiendo una situación crítica en la sanidad o la educación similar en muchas otras Comunidades, incluidas las gobernadas por la izquierda.
Solo con la derogación de la ley 15/97, aprobada por el primer Gobierno Aznar, que abrió las puertas a la privatización de la sanidad pública, y que es una reivindicación central de la Marea Blanca, se habrían podido comenzar a frenar los planes ultraprivatizadores de Ayuso.
La izquierda parlamentaria en Madrid – PSOE, Más Madrid y UP – sigue reduciendo su oposición a los escarceos dialécticos en la Asamblea de Madrid, sin impulsar una movilización seria en las calles contra sus planes.
El Gobierno central sigue callando ante este y otros despropósitos, dejando hacer, y centrado en que se garantice la paz social a toda costa. Y CCOO y UGT siguen practicando la paz social firmando incluso acuerdos con el Gobierno Ayuso.
Hoy pagamos las consecuencias del abandono de la movilización y la renuncia a ofrecer una genuina alternativa de izquierdas. El levantamiento en los barrios de Madrid contra el confinamiento clasista demostró que había fuerzas de sobra para vencer a Ayuso, pero la posición de la izquierda reformista y los sindicatos fue llamar a la responsabilidad, a no salir a las calles, dándole un gran balón de oxígeno a la presidenta de la CAM.
Para frenar esta nueva ofensiva solo hay un camino, organizarse y movilizarse en las calles. Así se frenó la privatización de los 6 hospitales madrileños y se echó atrás Eurovegas. Ante la magnitud del ataque, CCOO y UGT, como sindicatos mayoritarios, junto al resto de sindicatos de clase, deben impulsar y convocar una huelga general en toda la Comunidad de Madrid.
Eso es lo que defendemos desde Izquierda Revolucionaria, y eso es que deberían defender activamente Más Madrid y Unidas Podemos. ¡Basta de discursos y de palabrería vacía! ¡Sobran los motivos para iniciar este camino, fortalecer la movilización y con la lucha derrotar a Ayuso y sus políticas criminales!
