"Para CEOE y Cepyme, el acuerdo consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo. En concreto, el acuerdo mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la Paz Social."
Este párrafo, extraído del comunicado de las organizaciones patronales CEOE y Cepyme, retrata su euforia ante el acuerdo que han firmado con el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT. Por mucho que la maquinaria de propaganda del PSOE-UP intenten vendernos que se ha producido un avance en derechos, en realidad Yolanda Díaz mantiene intactos los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP que han otorgado a la patronal un poder extraordinario.
Las promesas de derogar esa reforma se han incumplido descaradamente. Tras nueve meses de negociación las exigencias de la patronal se han impuesto, y los detalles que CCOO, UGT y el Gobierno presentan como supuestos “avances” se quedan en meros retoques superficiales a una legislación laboral que consagra la arbitrariedad empresarial y que garantiza que la precariedad seguirá extendiéndose.
Los elementos centrales de la Reforma Laboral impuesta por el PP en 2012 se mantienen
Los principales objetivos de la Reforma Laboral de 2012 fueron facilitar y abaratar el despido, promover la rebaja generalizada de los salarios, aumentar la capacidad de los empresarios para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, limitar el alcance de los convenios colectivos y, en general, aumentar la capacidad de los empresarios para explotar sin cortapisas a sus trabajadores y trabajadoras, lo que eufemísticamente denominan “aumentar la flexibilidad laboral”.
Todos estos objetivos empresariales, hay que reconocerlo, fueron alcanzados rápidamente. La clase trabajadora sufrimos muy duramente en nuestras propias carnes las consecuencias de esta reforma, sin que los dirigentes de los dos grandes sindicatos CCOO y UGT se decidieran a promover una movilización enérgica y consecuente contra ella. Todo lo contrario. Invocando sin descanso la aceptación del “mal menor”, CCOO y UGT firmaron sumisamente EREs, aceptaron rebajas de las condiciones laborales e hicieron todo lo posible por evitar una respuesta unificada y masiva ante la ola de ataques que siguieron a la aprobación de la Reforma Laboral del PP.
Los resultados de esta política de paz social y capitulación ante las exigencias empresariales han sido terribles. El 30% de los trabajadores está contratado en condiciones precarias, la cifra más alta, con gran diferencia, de la Unión Europea; el 90% de los nuevos contratos son temporales y/o a tiempo parcial; el paro de larga duración se ha disparado hasta afectar al 44% del total de desempleados; 1,6 millones de trabajadores cobran menos de 820 euros al mes, y millones más no pasan de los 1.000 euros.
La contrapartida de este ataque salvaje a las y los asalariados ha sido el ascenso meteórico de los beneficios empresariales y un sangrante incremento de la desigualdad, hasta el punto de que el 1% de la población del Estado español acumula el 25% de toda la riqueza del país. Colas del hambre para las familias trabajadoras, decenas de miles desahucios solo este año, un desempleo juvenil del 50%, abusos empresariales sin límite, son el precio que pagamos para que la clase financiera y empresarial disfrute de una vida de lujo obsceno a costa de nuestro sudor.
La libertad absoluta de despido aprobada en la Reforma de 2012 al eliminar la autorización previa de la autoridad laboral a los despidos colectivos y la ampliación, prácticamente sin límite, de las causas por las que un despido se considera procedente se mantienen intactas. El acuerdo que Yolanda Díaz ha presentado como un "logro histórico", también avala la drástica reducción de las indemnizaciones por despido y, muy importante, la eliminación de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente. ¡Esta es la parte esencial de los derechos obreros perdidos con la Reforma Laboral del PP, que el nuevo acuerdo suscrito no cambia en nada!
Pero hay mucho más. Los artículos 41 y 82 del Estatuto de los Trabajadores, que permiten a los empresarios modificar unilateralmente las condiciones de trabajo o dejar de aplicar un convenio colectivo vigente no sufren modificación alguna. Tampoco se toca la barra libre a la explotación y abusos más descarnados, y al fraude sistemático a la Seguridad Social, que abrió la Reforma de 2012 al permitir que en los contratos a tiempo parcial se hicieran horas extras. Los empresarios de la hostelería, de la agricultura y de otros sectores, como la limpieza, que basan sus ganancias en la explotación más salvaje están de enhorabuena. Seguirán teniendo cobertura legal para firmar contratos de 20 horas y obligar después a sus asalariados a realizar las jornadas que les de la real gana, y siempre podrán disfrazarlo como “horas extras” completamente legales.
Por último, no hay noticias de que la ampliación del período de prueba a un año, durante el que puede despedirse al trabajador sin indemnización, también aprobado en la reforma laboral de 2012, vaya a revisarse.
Estos son los hechos y no las fábulas que nos cuentan los dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos.
Los supuestos avances del acuerdo son migajas
De nuevo, como ya nos tienen acostumbrados, son Unidas Podemos y el PCE quienes se dan más prisa y despliegan mayores alharacas para publicitar esta estruendosa renuncia a sus compromisos electorales como si fuese un avance histórico de los derechos sociales. Pero la realidad se impone, y a pesar de la grandilocuencia de Yolanda Díaz y sus palmeros, queda meridianamente claro que este acuerdo es una completa bajada de pantalones ante las presiones de la Patronal y de la Unión Europea.
La supuesta limitación de la contratación temporal se reduce a un mero cambio de denominación. Desaparece el contrato por obra y servicio y en su lugar aparece el “contrato temporal estructural”, cuya definición en el texto firmado garantiza que podrá seguir utilizándose según el libre criterio del empresario. Es cierto que su duración máxima se reduce de tres a un año, pero ¿qué impacto real tendrá ese límite? ¿acaso el límite de los tres años ha impedido la proliferación de los contratos temporales? ¿por qué habría de hacerlo el límite de un año?
Además, para el sector de la construcción se establece un nuevo tipo de contrato pomposamente denominado “fijo de obra” que en la práctica es similar al antiguo contrato por obra y servicio. La única diferencia es que la empresa está obligada a hacer al trabajador una “propuesta de recolocación”, aunque, y aquí está otra de las sucias trampas del acuerdo, después de hacer esa “propuesta de recolocación” y aunque el trabajador la acepte, la empresa puede despedirlo libremente. ¡Este es un buen ejemplo del trilerismo y la falsedad que esconde la nueva reforma laboral!
Tampoco la promoción del contrato fijo-discontinuo mejora sustancialmente las cosas, como pueden atestiguar los trabajadores y trabajadoras de los sectores donde ese contrato ya se utiliza habitualmente. Precisamente las facilidades y abaratamiento del despido establecidos en la reforma de 2012 hacen que la discrecionalidad del empresario al determinar los períodos de trabajo y el orden de llamada a la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras con este tipo de contrato sea prácticamente total.
También es falso que se ponga límite a la precarización vinculada a la subcontratación. En el comunicado triunfal de CCOO y UGT se resalta que el sometimiento de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados al convenio colectivo de referencia de la actividad que realicen los subcontratados “supone un importante golpe a fenómenos precarizadores como las empresas multiservicios”. Podría ser verdad si CCOO y UGT, cediendo a las presiones de la CEOE, no hubiesen establecido una excepción a esta regla, que es que cuando la empresa subcontratista tenga convenio propio, prevalecerá este último. Así que, si quedase alguna empresa subcontratista sin convenio propio, el anuncio de este acuerdo es un llamamiento para firmar un convenio de mínimos cuanto antes. Para lograrlo contarán con el apoyo incondicional de CCOO y UGT, ¿o es que acaso CCOO y UGT no llevan años y años firmando convenios a la baja? ¿no es eso lo que acaban de hacer hace unos días con el convenio del Metal de Cádiz o el de la Limpieza de Castellón?
Los dirigentes de CCOO y UGT mienten: con esta medida no se pone freno a la precarización, sino que lo que se promueve es simplemente que esa precarización tenga que hacerse mediante la previa firma de un convenio con CCOO y UGT. ¡Y tienen el descaro de presentarlo como un gran avance de los derechos de la clase trabajadora!
En materia de negociación colectiva el acuerdo contempla otras dos medidas que formalmente suponen una clara mejora legal, pero que en la práctica tendrán escasos resultados positivos para las y los asalariados, si es que tienen alguno.
Se trata del restablecimiento de la ultraactividad de los convenios y de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, pero solo en materia salarial. ¡Ni siquiera está promesa se ha llegado a cumplir íntegramente!. La Reforma de 2012, eliminando la ultraactividad y estableciendo la prevalencia de los convenios de nivel más bajo sobre los de nivel superior contribuyó a un deterioro general de los derechos y condiciones laborales establecidos en la negociación colectiva. Durante casi 10 años, CCOO y UGT firmaron sistemáticamente convenios a la baja, en muchas ocasiones contra el criterio de sus afiliados y sus delegados, y gracias a esta política de constante capitulación los empresarios consiguieron que las tablas salariales de la gran mayoría de los convenios se redujeran al mínimo legal y materialmente posible. Por si fuera poco, las brutales subidas de precios de este año han pulverizado los ridículos aumentos salariales que CCOO y UGT siguen aceptando mansamente.
Los empresarios ya consiguieron lo que se proponían. Gracias a la Reforma Laboral del PP, y con la inestimable ayuda de las burocracias de CCOO y UGT, los convenios que recogían mejoras significativas en las condiciones laborales han sido reducidos a cenizas. ¿Qué les importa ahora a los empresarios que se reestablezca la ultraactividad o que predomine el convenio sectorial en materia salarial? Gracias a CCOO y UGT los convenios sectoriales ya son en su gran mayoría igual de malos que los convenios de empresa, de modo que los empresarios pueden aceptar tranquilamente esta “concesión”, en la certeza de que no va a tener para ellos un coste mínimamente significativo.
Por último, y siguiendo con la campaña de propaganda que presenta los ERTEs como un gran avance social, en el acuerdo se crea un “Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo”, que generaliza y extiende las facilidades para que las empresas ajusten sus jornadas de trabajo a costa de las finanzas públicas. Exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social de hasta un 90% y salarios pagados por el SEPE son mecanismos de transferencia de riqueza desde los bolsillos de la clase trabajadora a las cuentas corrientes de los empresarios. Luego nos dirán que es inevitable retrasar la edad de jubilación o recortar las futuras pensiones.
Cádiz marca el camino: los derechos se consiguen luchando
La firma de esta nueva contrarreforma laboral es, sin duda, la más grave de las concesiones realizada por Unidas Podemos desde su entrada en el Gobierno. La derogación de la Reforma Laboral del PP fue uno de los puntos estrella de su campaña y les será difícil ocultar su incumplimiento tras un alud de declaraciones triunfalistas y falsas, como vienen haciendo habitualmente.
En muy pocos meses, millones de trabajadores y trabajadoras comprobarán a través de su propia experiencia que este acuerdo no les ha comportado mejora alguna y que la precarización y el empobrecimiento siguen imparables su avance. La estrecha alianza tejida por Yolanda Díaz con las cúpulas de CCOO y UGT no va a ser capaz de paralizar indefinidamente la ola de descontento y rebelión cuyas primeras avanzadillas se vivieron hace pocas semanas en Cádiz.
La profundidad de la actual crisis capitalista excluye la posibilidad de que aquellos proyectos políticos que se muestran tan sumisos con los poderes empresariales y que llevan por bandera la paz social y la desmovilizacion, consigan avances significativos para la clase trabajadora. Es hora de plantar cara a estos retrocesos, al relato de la renuncia permanente que todo lo justifica por una supuesta correlación de fuerzas adversas. No, el problema es que estos dirigentes desprecian a los trabajadores y han sido asimilados a la lógica del sistema. Es duro pero es la verdad.
Necesitamos levantar una izquierda a la altura de las circunstancias que impulse un sindicalismo combativo y anticapitalista. Los comunistas revolucionarios, como ya hemos demostramos en Cádiz, estaremos en primera línea librando la batalla contra unas políticas que solo dan balones de oxígeno a la patronal y a la derecha.
