Este jueves, 28 de octubre, diferentes sindicatos alternativos, confluyendo con acciones convocadas por algunas plataformas de personal interino, han convocado huelga general en el sector público en defensa de la estabilización en el empleo del personal temporal y de unos servicios públicos de calidad, oponiéndose a las medidas que se proponen en el RD 14/2021, más conocido como “Icetazo”.
Este Real Decreto, que plasma el acuerdo firmado por CCOO, CSIF y UGT con la administración, avanza en algunas medidas, como la indemnización al personal temporal en fraude, pero no soluciona en absoluto el problema. Es más, salva el culo y lava la cara a la administración.
Si este acuerdo se aplica, estaríamos hablando del mayor “ERE” encubierto de la historia, dejando en el paro a quienes, a pesar de todo, hemos hecho funcionar la sanidad, la educación, los servicios sociales, los servicios de empleo y prestaciones, etc., durante toda la pandemia de la Covid-19, que, por cierto, aún no ha acabado.
Se pretende estabilizar plazas, que no personas trabajadoras, y exige a quienes llevamos demostrando nuestro mérito y capacidad durante años que nos sometamos a un proceso selectivo sin garantías y que prostituye el principio de igualdad en el acceso al empleo público.
Una vez más, los sectores más precarios del sector público, junto a la población a la que atendemos, pagaríamos los platos rotos de una Administración pública mal gestionada y orientada a su privatización, favoreciendo a empresas y entidades privadas que se lucran a costa de nuestras necesidades.
Abierto el conflicto, Administración y sindicatos mayoritarios tratan de dividir a la plantilla y enfrentar a fijos con temporales, pero no se puede entender este acuerdo de falsa estabilización sin asumir que la carga de trabajo que, hasta ahora, se reparte entre toda la plantilla va a recaer en su totalidad sobre las espaldas de nuestros compañeros fijos, machacando su salud, empeorando la atención al público que prestamos y retrasando, aún más si cabe, la aprobación y pago de prestaciones sociales.
También pretenden enfrentar a temporales con opositores y usuarios, pero la realidad es que es una política encaminada a la privatización de los servicios públicos, especialmente aquellos que garantizan una vida digna a la clase trabajadora, y que tiene la consecuencia, entre otras, de destruir empleo público y empeorar la calidad de los servicios que prestamos.
Desde Sindicalistas de Izquierda e Izquierda Revolucionaria no podemos menos que apoyar esta huelga, sumarnos y animar a toda la plantilla a secundarla y acudir a las manifestaciones.
Pero, teniendo en cuenta la magnitud del problema y lo que nos estamos jugando decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, creemos que esta jornada de huelga tiene que ser el punto de partida de un plan de lucha que ponga en el centro de sus reivindicaciones la defensa de los servicios públicos y que unifique las demandas del personal fijo y del temporal, de quienes opositan por primera vez y de la población a la que atendemos diariamente.
Un plan de lucha difundido en todos nuestros centros de trabajo y debatido y aprobado en asambleas. Sólo así podemos ganar esta lucha.
Contra la privatización ¡Los servicios públicos no se venden, se defienden!
Contra la precariedad en el sector público ¡Fijeza ya!
