El martes 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el llamado “plan contra la temporalidad en el empleo público”. Este había sido acordado el día anterior por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
El Gobierno y los sindicatos firmantes insisten en que con este plan, que se empezará a aplicar a partir de 2022 y que deberá estar resuelto el 31 de diciembre de 2024, van a reducir la escandalosa tasa de temporalidad en la Administración Pública (central, autonómica y local), del casi 30% actual, al 8% y se dará un paso adelante muy importante para erradicar la precariedad laboral entre los empleados públicos.
A la vez defienden que han encontrado una solución justa y satisfactoria para los casi 800.000 trabajadores interinos y temporales que actualmente desempeñan su labor en las distintas Administraciones Públicas.
Una vez más, la realidad desmiente contundentemente la propaganda. Nada de esto es cierto. De hecho, los distintos colectivos en los que están organizados la mayoría de los trabajadores interinos han mostrado su rechazo unánime al acuerdo.
800.000 trabajadores temporales e interinos ven peligrar su puesto de trabajo
Todas las plazas estructurales ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 se verán afectadas.
Cientos de miles de trabajadores que aprobaron en su día una oposición, muchos de los cuales llevan entre 10 y 25 años cubriendo puestos estructurales en la sanidad, la educación o los servicios públicos, tendrán que someterse a procesos de concurso-oposición para poder revalidar su puesto de trabajo, como si no fuesen más que suficientes los años que llevan cubriendo satisfactoriamente sus puestos de trabajo para demostrar que están plenamente cualificados para desempeñarlos.
Los firmantes del acuerdo presentan como un gran logro el hecho de que en estos procesos, el concurso (años de trabajo, experiencia, etc.), suponga el 40% del cómputo total y la oposición (el examen) el 60%.
Mientras insisten en este punto, se cuidan mucho de no destacar que la oposición tiene carácter eliminatorio; esta deberá aprobarse para que compute la parte del concurso.
Miles y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras interinas concurrirían a la oposición con serias desventajas. El 75% de este colectivo ha superado los 50 años de edad, tienen que seguir desempeñando sus obligaciones laborales y familiares y no tienen tiempo material para recuperar el hábito de estudio y prepararse unos duros exámenes.
Como paliativo a la dramática situación a la que se verán abocados muchos trabajadores, los firmantes del acuerdo plantean que los interinos que no superen la prueba y sean despedidos serán indemnizados con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y pasarán a estar incluidos en bolsas de trabajo de interinos específicas o ya existentes.
Esta supuesta “solución” es indignante e insultante. En primer lugar la cuantía de la indemnización es absolutamente insuficiente, máxime cuando en un porcentaje muy alto hablamos de trabajadores de más de 50 años con pocas posibilidades de poder volver a acceder al mercado laboral, y que este proceso coincide además con la nueva reforma de las pensiones implementada por el Ejecutivo PSOE-UP y también pactada con CCOO y UGT, que supone, entre otros retrocesos, la penalización de la jubilación anticipada.
Por otro lado, a la hora de calcular dicha cuantía solo se considera el último nombramiento como interino. Un trabajador puede llevar rotando como interino en distintas plazas 25 años, pero solo cuenta el último contrato que puede ser de 5, 6 o 7 años, por ejemplo.
Además, para acceder a la indemnización el trabajador tiene la obligación de presentarse al proceso concurso-oposición.
Pero esto no es todo. Ni siquiera la inclusión en una bolsa de trabajo está ni mucho menos garantizada. El texto del acuerdo dice textualmente lo siguiente: “Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever incluir (de entrada no es obligatorio que se les deba incorporar) a los que no superen el proceso selectivos en bolsas de trabajo de interinos específicas o ya existentes” y “pueden integrase en las bolsas de empleo los que no hayan superado el proceso selectivo pero sí obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente”.
El Gobierno con la complicidad de los dirigentes sindicales, en la práctica castiga y penaliza a los trabajadores que durante años han sufrido la precariedad laboral poniendo en grave peligro que continúen en su puesto de trabajo.
El Ejecutivo pretende esconder que durante décadas los distintos Gobiernos centrales, autonómicos y locales, encabezados fundamentalmente por PP y PSOE, incluido el actual de PSOE-UP, han venido actuando en fraude de ley, fomentando la precariedad laboral en la Administración Publica e intenta ocultar su continua negativa a ofertar las miles de plazas públicas que deberían haber cubierto.
Todos, año tras año, se han negado a garantizar la necesaria estabilidad en el empleo a cientos de miles de trabajadores y a mantener los distintos servicios públicos con el personal necesario para dar un servicio de calidad, y hubieran seguido sin tomar ninguna medida si no fuese porque las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo han declarado ilegal este tipo de contratación precaria en las Administraciones Públicas.
Aun así, como estamos demostrando, han aprobado un plan para cubrir las apariencias pero que no cambiará nada.
Con este acuerdo la precariedad seguirá enquistada en la Administración Pública
Tras la aprobación del “plan contra la temporalidad en el empleo público” el ministro Miquel Iceta declaró solemnemente: “Se ha acabado encadenar contratos e interinidades indefinidas y sine die. Eso no es bueno para la Administración ni justo para las personas”.
Estas declaraciones no son más que humo y fuegos de artificio.
Para supuestamente conseguir este objetivo, el acuerdo incluye una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público. Con ella se podrán ocupar, por personal interino, las vacantes que “no sea posible” cubrir con un funcionario de carrera; los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años, transcurridos los cuales los trabajadores serán despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público.
Gobierno, CCOO, UGT y CSIF argumentan que esta obligación de indemnizar al trabajador interino tras tres años de contrato, es una eficaz medida disuasoria que evitará que la Administración continúe abusando de la temporalidad.
Esto también es falso. En primer lugar porque la cuantía de la indemnización es muy baja para que pueda tener ese efecto disuasorio y por otro lado porque el acuerdo recoge toda una serie de supuestos a los que las Administraciones pueden recurrir para evitar el pago de dicha indemnización.
Por ejemplo, la Administración no tendrá que indemnizar al trabajador cesado si el interino es despedido porque se reincorpora el funcionario de carrera al que pertenece esa plaza, o si esta es adjudicada en una oposición, o si desaparecen las causas del nombramiento, o si por razones organizativas “debidamente justificadas y motivadas” (y aquí puede caber todo) se suprime o amortiza la plaza o puesto…
Además la Administración tiene los suficientes mecanismos (sin contar con el fraude de ley, tan utilizado hasta ahora sin que ninguna Administración haya sido sancionada), para poder seguir haciendo rotar a miles de trabajadores interinos y temporales, año tras año de puesto de trabajo en puesto de trabajo.
No hay nada que impida que el porcentaje de interinos se mantenga e incluso siga creciendo, mientras, en cambio, se favorecen las condiciones para que aumente el número de trabajadores que pasarían por un mismo puesto de trabajo incrementando exponencialmente la precariedad.
Por último, a la hora de poner en marcha concretamente el marco de relaciones laborales que plantea este “plan contra la temporalidad en el empleo público”, serán las comunidades autónomas y las entidades locales las que establezcan finalmente las condiciones a aplicar en sus territorios, elevando muchos enteros la incertidumbre y la indefensión en los cientos de miles de trabajadores que verán su vida condicionada por la implementación de las directrices marcadas por este acuerdo.
Hay que acabar de verdad con la precariedad laboral en las Administraciones Públicas
Con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CCOO, UGT y CSIF, la precariedad seguirá enquistada en la Administración Pública y las políticas clientelares seguirán contaminando las relaciones laborales y el funcionamiento de los organismos de la Administración, sobre todo en el ámbito local y autonómico.
Detrás de la propaganda hueca con la que intentan vendernos las bondades de este nuevo “logro” del llamado dialogo social, solo se encuentra una nueva vuelta de tuerca en el proceso de deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
Este nuevo ataque, que cuenta con el apoyo entusiasta de los sindicatos mayoritarios del sector, proviene de un Gobierno que se autodenomina progresista y de izquierdas, en el que participan cinco ministros de Unidas Podemos, dos de ellos con carnet del PCE, que lo avalan sin fisuras. Es un absoluto escándalo.
Un Gobierno realmente de izquierdas y que de verdad se impusiera acabar con la precariedad laboral en las Administraciones Públicas reconocería inmediatamente la condición de fijos e indefinidos a los trabajadores que están desempeñando tareas de carácter estructural bajo un contrato precario, a la vez que ofertaría las miles de plazas necesarias para garantizar un servicio de calidad.
Además, estas reivindicaciones son absolutamente básicas e irrenunciables para unas organizaciones sindicales que realmente defendieran los derechos de los trabajadores.
En lugar de esto el Ejecutivo PSOE-UP y CCOO, UGT y CSIF, optan por dividir y enfrentar a unos trabajadores contra otros, a la vez que señalan con el dedo a los interinos como si pretendieran ser unos privilegiados.
El Gobierno con la complicidad de los dirigentes sindicales, pretende esconder su responsabilidad en este fraude y su negativa a ofertar las miles de plazas públicas que deberían cubrir cada año y que son imprescindibles para garantizar unos servicios públicos de calidad.
Estas reivindicaciones pueden hacerse realidad incluso amparándose en la legalidad vigente. Existen sentencias judiciales que avalan el derecho adquirido a tener estabilidad laboral.
Centenares de miles trabajadores fueron contratados como se pide en el artículo 103 de la Constitución, cumpliendo los requisitos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia en procesos de acceso elegidos por las Administraciones (oposición, concursos de méritos, examen y entrevista o prueba física, etc.).
Por otro lado, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconoce en su artículo 61.6 que el Gobierno puede optar por convertir plazas de interinos en fijas valorando solo los méritos “con carácter excepcional”.
Este Gobierno, al igual que los anteriores, incluso ignora sus propias leyes para seguir manteniendo la precariedad entre los empleados de la Administración Pública.
Continuar y elevar la lucha y la movilización es la clave para ganar estos derechos
La batalla judicial sin duda es importante para dar cobertura legal a las legítimas reclamaciones del personal interino y temporal.
Pero el factor decisivo para conquistar la estabilidad laboral, es continuar impulsando la lucha y la movilización, extenderla por todas las Administraciones e implicar a todos los afectados con una plataforma reivindicativa que recoja las justas aspiraciones tanto de los interinos y temporales como de los que aspiran a conseguir una plaza.
Estamos hablando de un potencial enorme, de un ejército de casi 800.000 trabajadores y trabajadoras que pueden paralizar la Administración Pública uniendo su reclamación de conseguir la consideración de fijos en sus puestos de trabajo a otras reivindicaciones del personal funcionario y al conjunto de los trabajadores que aspiran a entrar en la función pública.
No sobran los interinos y temporales que ya están ocupados, faltan nuevas plazas en sanidad, en educación, en correos y un sinfín de servicios públicos para evitar que sigan degradándose y privatizándose.
Este es el programa que debe unir al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la administración pública.
