¡Basta de represión sindical!
Todos a la manifestación el próximo sábado 10 de julio, a las 12,30h desde la Plaza Humedal
A finales de este pasado mes de junio el magistrado Lino Rubio Mayo, responsable del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, condenó a tres años y medio de prisión a siete sindicalistas del sindicato CNT, a los que les atribuye coacciones y obstrucción a la justicia.
Para mayor escarnio les ha impuesto una inhabilitación de dos años y medio para el sufragio pasivo (derecho a presentarse como candidatos en los procesos electorales en cualquier ámbito y a ser elegidos) y una indemnización de 150.428 euros a la Pastelería Suiza, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. A un octavo encausado, le impone una pena de 8 meses de cárcel por grabar un vídeo y publicarlo en su página de Facebook, bajo el delito de coacciones.
No es la primera vez que este juez se ensaña con sindicalistas que ejercen de forma decidida su legítimo derecho a luchar por sus derechos y por los de sus compañeros y compañeras. De hecho Lino Rubio es conocido por sus duras sentencias contra insumisos y sindicalistas. El caso que más ha trascendido hasta ahora fue la condena a tres años de cárcel a los sindicalistas asturianos de la CSI Cándido y Morala.
Represalias por hacer público y luchar contra el acoso sexual
El conflicto se inicia con la denuncia de una extrabajadora de la pastelería por acoso sexual. El 25 de abril de 2017 ante la actitud hostil de la empresa negándose a responder a los burofax del sindicato CNT y el comportamiento prepotente de la empresa, se realiza un primer piquete ante el negocio que fuerza una reunión con el empresario el día 5 de mayo, en la cual no se consigue ningún tipo de avance en las reclamaciones.
El día 8 se retoman las movilizaciones; ese mismo día la empresa interpone una denuncia contra los representantes del sindicato por “obstrucción a la justicia”. Al día siguiente son detenidas dos militantes del sindicato de manera ilegal por la brigada de información de la Policía Nacional, detención de la que ni siquiera hay constancia legal.
Este hecho provoca una escalada en las movilizaciones con concentraciones a las puertas de la comisaría, piquetes de más de cien personas delante del establecimiento durante varios días y la extensión del conflicto al resto de la población a través de pegadas de carteles, por redes sociales, con pasacalles por el barrio, repartos de propaganda, etc.
A lo largo de los aproximadamente cinco meses que se desarrolló la acción sindical en ningún momento se produjo el deterioro de bien alguno, ni se impidió la circulación de la clientela y a pesar de la presencia policial requerida por los dueños de la pastelería, esta nunca intervino.
Sentencia ejemplarizante para acallar la protesta social
Lo que demuestra claramente el conflicto de la Pastelería Suiza es la connivencia total del aparato estatal con la clase empresarial hostelera que explota impunemente a sus trabajadores.
Las continuas denuncias del empresario de la Pastelería Suiza y otros del sector al sindicato CNT por coacciones y organización criminal, han sido recompensadas por la “justicia” con decisiones del tipo de obligar a prohibir al sindicato a manifestar que ”La pastelería Suiza explota” o a utilizar términos como ”acoso sexual”, “explotación laboral” y ”esclavismo laboral”. El sindicato tuvo por ello que retirar propaganda en redes sociales y evitar utilizar estos términos en sus movilizaciones.
Numerosos sindicalistas insisten en que los contactos en comisaría del hijo del propietario de la pastelería, bien situado en las Nuevas Generaciones del PP y en el propio partido, pueden estar detrás del continuo acoso por parte de la brigada de información a los militantes y simpatizantes de la CNT para intentar hacerles desistir en sus acciones.
Las continuas quejas del empresario por el perjuicio económico que supuestamente le estaba causando esta actividad sindical, también han sido recogidas por el juez en la sentencia de una manera escandalosa además de absolutamente ilegal.
A pesar de que el fallo reconoce que el 3 de mayo de 2016 la Pastelería Suiza se publicitó en un portal de venta para el traspaso del negocio y la adquisición del local (por 325.000 euros) y de que las concentraciones tuvieron lugar en mayo del año siguiente, en 2017, establece que el cierre del negocio se relaciona con la actividad sindical.
Por ello establece una indemnización de 35.428 euros en concepto de perjuicios económicos al dueño de la pastelería, así como 50.000 euros por daños morales. Para tres trabajadoras establece una indemnización de 20.000, 10.000 y 10.000 euros respectivamente por daños morales, al tener en cuenta el magistrado a los peritos de la acusación particular que indicaron que las empleadas sufrieron trastornos adaptativos de ansiedad por las concentraciones realizadas en la acera de enfrente del local cuando su trabajo transcurría dentro del obrador y en el mostrador.
La supuesta “difícil” situación económica del empresario no supuso ningún inconveniente para que a lo largo del conflicto contratase hasta a diez abogados de distintos bufetes. El último de ellos ni más ni menos que Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocido por las filtraciones del caso Wikileaks en las que mostraba su posición contraria ante la embajada de los EEUU al encausamiento de los tres militares implicados en la muerte del cámara José Couso.
Hay que responder contundentemente a esta agresión
Casos como el de la Pastelería Suiza dejan bien claro cual es el carácter de clase del aparato estatal. Una policía y una judicatura plagada de fascistas y reaccionarios que con la Ley Mordaza en la mano reprimen día tras día a todo el que intente luchar por los derechos de la clase trabajadora para convertirnos en carne de explotación que engrose los beneficios de los empresarios.
Tamaña agresión no puede quedar sin respuesta. Por eso la manifestación que este 10 de julio recorrerá las calles de Gijón debe de ser el inicio de una movilización contundente y ascendente de toda la izquierda y el movimiento obrero para echar atrás esta sentencia.
