La empresa Helados Alacant, localizada en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) y propiedad de la sociedad mercantil AIADHESA –que también comercializa sus productos bajo las marcas AntiuXixona, 4U Free From y es el mayor proveedor de helados de Mercadona– ha presentado una demanda por injurias y calumnias contra José Covelo, hermano de Iván Covelo, trabajador subcontratado por Helados Alacant que murió en noviembre de 2017, mientras realizaba tareas de mantenimiento. El accidente laboral fue provocado por el reiterado incumplimiento empresarial de las medidas más básicas de seguridad.
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La empresa solicita en la demanda 18.000€ por supuestas acusaciones falsas expuestas en la denuncia pública que realizó José. ¡Esta empresa pretende quedar impune por el asesinato de un trabajador y además lucrarse de ello! ¡Es el colmo de la injusticia y la avaricia patronal!
José Covelo, militante de Esquerra Revolucionària y compañero de Sindicalistas de Izquierda, decidió denunciar públicamente la responsabilidad de la empresa en la muerte de su hermano en un artículo publicado en nuestra web el 15 de julio de 2020.
Más accidentes y ataques a los derechos de la plantilla
El artículo de José es una contundente denuncia de las graves irregularidades de Helados Alacant en materia de seguridad laboral, unas irregularidades confirmadas por la Inspección de Trabajo.
Además de las circunstancias relacionadas con la muerte de su hermano, José denunció otros graves ataques a las condiciones y derechos laborales que demuestran que ese accidente no fue una desgraciada casualidad, sino el resultado de una política consciente de Helados Alacant, que subordina la vida y la salud de sus trabajadores al incremento de sus cuantiosos beneficios.
En septiembre de 2019 un escape de amoniaco causó una intoxicación y quemaduras de segundo grado en el 15% de la superficie corporal de un trabajador. Un nuevo accidente laboral grave que prueba la reiterada negativa de la empresa a aplicar las medidas de seguridad que hubiesen evitado estos accidentes laborales.
El artículo también señalaba las prácticas represivas de esta empresa cuando se abrió el periodo de negociación del convenio colectivo, en junio de 2019. La empresa, para amedrentar a la plantilla y sobre todo a las trabajadoras más combativas, despidió a tres trabajadoras y un trabajador con contratos fijos discontinuos de una antigüedad entre 17 y 30 años. El motivo esgrimido en las cartas de estos despidos: “por no dar el perfil de la empresa y no lograr los objetivos” o “por bajo rendimiento”. Ante estos despidos una parte de la plantilla se manifestó el 20 de junio de 2019 frente a la empresa para responder a este ataque hacia sus derechos. Tan evidente era el carácter injustificado y puramente represivo de los despidos, que en enero de 2020 se consigue sentencia de despido nulo sobre uno de ellos; el resto aún están pendientes de juicio.
“Supeditando la seguridad de los trabajadores a una necesidad comercial”
Las investigaciones del accidente laboral que acabó con la vida del hermano de José son claras. La Inspección de Trabajo y el INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) en su investigación en febrero de 2018 tras el accidente expone que las medidas de prevención señaladas en un informe de prevención laboral de la propia empresa –con fecha de 15 de diciembre de 2009– no fueron adoptadas: la zona del accidente debía estar separada por una barrera de seguridad. En agosto de 2018 el INVASSAT levantó un acta de infracción y sancionó a la empresa con 7.046 euros por no cumplir las medidas de seguridad laboral.
La empresa, por supuesto, continuó con las infracciones y las negligencias en la seguridad laboral. En mayo de 2019 se solicitó una nueva inspección para comprobar si se corrigieron las deficiencias que provocaron el accidente mortal. En marzo de 2020 se vuelve a acreditar que la empresa no cumple con las recomendaciones de seguridad e Inspección de Trabajo la vuelve a sancionar con 35.000 euros más.
Tal como dice el informe del INVASSAT: “la empresa ha decidido realizar caso omiso y continuar la actividad laboral en el silo frigorífico perpetuando la situación de riesgo”. Pero es que, además, cuando la inspección preguntó a Helados Alacant si iban a ejecutar las medidas necesarias de forma urgente, la empresa argumenta que están en temporada alta durante siete meses. Ante esta escandalosa respuesta, Inspección concluye que la empresa está actuando “supeditando la seguridad de los trabajadores a una necesidad comercial y productiva de la empresa”.
Helados Alacant no sólo vulnera la seguridad laboral y desprecia la vida de la plantilla, sino que además hace caso omiso a las sanciones de la Inspección de Trabajo y ahora inicia un acoso legal contra quien denuncia públicamente esta política criminal. No es la primera vez: en marzo de 2021 la empresa también demandó reclamando 18.000 euros a Fermín Hernández, Secretario General de Solidaridad Obrera Alicante. ¿La excusa? Que este sindicalista publicó en Facebook la resolución de Inspección de Trabajo, que es un documento público, donde se sanciona a la empresa con 35.000 euros.
Contra el terrorismo patronal, ¡expropiación y nacionalización ya de la empresa!
Desde Sindicalistas de Izquierda nos solidarizamos y enviamos todo nuestro apoyo al compañero José Covelo. Exigimos la retirada inmediata de la demanda de Helados Alacant, que se respete la libertad sindical y de expresión de la plantilla y que se readmitan a los trabajadores despedidos.
Helados Alacant tiene que cerrarse hasta que no sean aseguradas unas condiciones laborales dignas y seguras, manteniendo el salario íntegro para los trabajadores hasta su reapertura. La realidad es que dejar en manos privadas las instalaciones de Helados Alacant conlleva mantener la explotación y, por tanto, la inseguridad; conlleva que pueda volver a pasar una desgracia como la que vivimos hace cuatro años.
Por eso, Helados Alacant tiene que ser expropiada inmediatamente y nacionalizada, sin indemnización, ¡suficientemente rico se ha hecho ya el empresario! A continuación, se debe aplicar un plan de inversión para renovar la maquinaria y asegurar unas instalaciones seguras. La empresa tiene que pasar a ser de titularidad pública, dotando a los trabajadores de unas condiciones labores dignas. Es la única manera de poner fin a la pesadilla que viven los trabajadores de la empresa.
Ante la violencia patronal, ni un paso atrás en la defensa de un sindicalismo de clase y combativo.
