Hay que terminar con la pasividad sindical y responder contundentemente a la ofensiva patronal
Caixabank ha anunciado el despido de 8.291 trabajadores (el 18% de la plantilla) y el cierre de 1.534 oficinas (el 27% de su red actual). Tras desembolsar el Estado más de 20.000 millones de euros en el rescate de la antigua Caja Madrid, la nueva entidad resultante de la fusión entre La Caixa y Bankia, y en la que el Estado es el segundo accionista con el 16% del capital, plantea llevar a cabo el mayor ERE de la historia del Estado español. ¡Y el Gobierno de coalición no ha hecho nada por evitarlo!
Lo sucedido con Caixabank es la mejor prueba del rotundo fracaso del mal llamado “diálogo social” en que se basa la estrategia del Gobierno de coalición y de las cúpulas sindicales. Este “diálogo” en realidad es una pantomima para que la agenda patronal salga adelante con el apoyo de la izquierda parlamentaria y las direcciones de CCOO y UGT. En lugar de mostrar una oposición decidida a esta escabechina laboral, oponiéndose rotundamente a aceptar un solo despido en un sector que amasa dividendos obscenos, que reparte cientos de millones en bonus a sus consejos de administración, la burocracia sindical parlotea frases hechas y prepara una nueva capitulación.
El solo anuncio de estos 8.000 despidos debería haber provocado la inmediata convocatoria de una huelga general en el sector bancario. ¿O es que la dirección de Caixabank va a ceder porque la ministra Nadia Calviño salga a los medios diciendo que tienen que ser más responsables? Los trabajadores no somos ganado que se puede sacrificar impunemente. Detrás de estos miles de despidos hay miles de familias que se quedan sin nada, cientos de miles de jóvenes que verán su futuro aún más incierto, y miles de empleos indirectos que serán destruidos.
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista, no ha dicho esta boca es mía. Tampoco los dirigentes de Unidas Podemos, ni Pablo Iglesias, ni Alberto Garzón. ¿A qué esperan? Este ejemplo vuelve a poner de total actualidad una demanda histórica del movimiento socialista. ¡Nacionalización de la banca sin indemnización!
Eso es lo que tendrían que estar defendiendo en estos momentos los ministros y ministras de UP, todos su diputados, exigiendo además a los sindicatos un plan de lucha contundente, comenzando por una huelga general en todo el sector. No se puede aceptar la destrucción de un solo empleo en la banca después de los beneficios acumulados en estos últimos ocho años (más de 200.000 millones de euros), de los millones que el Gobierno de coalición ha inyectado a la oligarquía financiera en este último año (cerca de 200.000), y de la cantidad estratosférica que recibirá gracias a las ayudas europeas.
Pero Caixabank no es la única entidad bancaria que tiene previsto recortar su plantilla. El BBVA planea el despido de alrededor de 3.000 trabajadores, el Banco Santander 3.572, Unicaja-Liberbank unos 1.500, Banco Sabadell 1800, Ibercaja, 750.
Estas dramáticas cifras suponen un trágico suma y sigue en el sector bancario, que desde 2008 ha destruido 120.000 empleos (un 36.8% del empleo existente en 12 años) y ha cerrado más de 20.000 oficinas (el 48,2%), colocando el número de estas al nivel de 1977. Y todo, para aumentar exponencialmente los beneficios de sus accionistas y de sus cuadros de mando a costa del cobro de comisiones abusivas, productos fraudulentos como las preferentes, el dominio especulativo del mercado inmobiliario y el saqueo de los recursos públicos en sucesivos rescates. ¡Un robo a mano armada consentido por todos los Gobiernos!
Una sangría de puestos de trabajo que no se detiene
Este nuevo y brutal ajuste de plantilla en Caixabank forma parte de un terremoto mucho más amplio. Los ERE previstos en el sector bancario, turístico, aerolíneas, alimentación, distribución, sector energético, etc. afectarán a más de 30.000 trabajadores. En general se trata de empleos con un razonable nivel salarial y que todavía retienen algunos derechos laborales, a pesar de que la patronal y los distintos Gobiernos del PP y del PSOE los han ido laminando en estos años.
El Corte Inglés, en el sector de la distribución, va a despedir a 3.500 empleados; en la industria, Airbus plantea cerrar sus instalaciones de Puerto Real (Cádiz) y despedir en todo el Estado a 1.200 tranbajadores. Empresas con superbeneficios también destruirán empleo: ACS (260), Acciona (556) y Tubacex (150). En alimentación Coca Cola (360), Heineken (228); en el sector turístico NH (300), Carrefour viajes (257), Iberostar (246); y la lista se amplia al energético, perfumería, farmacéutico, electrodomésticos, etc.
Poco importa que estas empresas no hayan dejado de obtener suculentos beneficios en los últimos años; el objetivo es acrecentar las ganancias a costa de los trabajadores. Se trata de reducir los gastos en personal, intensificar la explotación sobre los empleados que queden aumentando los ritmos de trabajo y empeorando las condiciones laborales; también incrementando la subcontratación de servicios y recurriendo a empresas en las que los salarios son de miseria y los derechos laborales inexistentes.
La clase obrera está luchando y enfrentándose a la represión policial
En no pocas empresas los trabajadores están haciendo frente a esta ofensiva de manera ejemplar. Los obreros de Tubacex en Álava, los de Airbus en Cádiz, los de Petronor en Bilbao, ITP Aero Casting en Barakaldo y Sestao, etc, están plantando cara a los planes empresariales.
En estas y otras luchas, los trabajadores se están teniendo que enfrentar a las continuas agresiones de la policía, que sistemáticamente ataca a los obreros en todas las acciones reivindicativas que realizan. Los trabajadores de Tubacex, que llevan más de dos meses en huelga indefinida contra los despidos que la empresa quiere imponer, han sufrido y resistido numerosas cargas llevadas a cabo por la Ertzaintza, esa guardia pretoriana de la patronal vasca dirigida por el PNV, el partido de los capitalistas vascos. Lo mismo les está sucediendo a los obreros de Petronor y de ITP Aero.
Por su parte los trabajadores de Airbus en Puerto Real, están soportando una intensidad represiva solo comparable con la ejercida por el régimen franquista. El pasado sábado 10 de abril, más de 6.000 personas se manifestaron en Cádiz contra el cierre de esta planta. Después de esta masiva manifestación, los trabajadores han llevado a cabo distintas acciones reivindicativas, como marchas y bloqueos de los accesos a Cádiz.
Tras esta importante demostración de fuerza de los trabajadores de toda la bahía gaditana, el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo todo lo que está en su mano para sofocar la protesta. A través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, a las órdenes directas del ministro Marlaska, se está empleando a fondo en reprimir esta lucha.
El miércoles 14 de abril la policía retuvo a un autobús con 23 trabajadores que se dirigía a Getafe para protestar en el acto de inauguración del nuevo Campus de Airbus en esa ciudad. Pocos días después fueron detenidos en sus domicilios dos sindicalistas de CGT acusados de desórdenes públicos. Un tercero, que no se encontraba en casa se entregó pocas horas más tarde.
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, mientras presume de ser progresista y de izquierdas, defiende con firmeza los intereses empresariales, avala y acepta con su política la destrucción de empleo y reprime con dureza a los trabajadores que luchan contra la pérdida de puestos de trabajo.
Por un sindicalismo de clase, combativo y a la ofensiva
Frente a la ofensiva emprendida por los capitalistas, frente a la brutal sangría de empleo, la bancarrota de la política sindical practicada por las direcciones de CCOO y UGT se presenta más evidente que nunca.
Participando activamente y con entusiasmo, junto con Gobierno y patronal, en la política del “diálogo social”, han defendido la aplicación de los ERTE con el argumento de que esta era la forma de evitar despidos. Ahora, después de que el Estado ha gastado decenas de miles de millones de euros en pagar los ERTE mientras los empresarios han guardado a buen recaudo los suculentos beneficios acumulados en los años anteriores (más de 500.000 en 2018), cada vez son más las empresas que pasan a convertir los ERTE en ERE.
Lejos de presentar batalla y organizar la lucha para defender los puestos de trabajo, los responsables de CCOO y UGT basan su estrategia en aceptar los despidos y limitarse a negociar las indemnizaciones. En términos militares, se dedican a establecer las condiciones de la capitulación sin hacer un solo disparo.
Ante el anuncio de Caixabank de despedir a miles de trabajadores, la reacción de los dirigentes de CCOO y UGT ha sido la de calificar las intenciones de la empresa como una falta de respeto y una provocación. Ninguna declaración rechazando con claridad la pérdida de puestos de trabajo, y ni la más mínima mención a organizar movilizaciones contundentes para echar atrás los planes de la dirección del banco.
Esta posición es la que vienen manteniendo desde hace mucho tiempo en todos los sectores. En El Corte Inglés, CCOO y UGT, junto a los sindicatos amarillos FASGA y FETICO, han firmado con una rapidez récord el despido de los 3500 trabajadores. Lo mismo en el resto de los conflictos de envergadura, como Nissan el año pasado, Aernnova, Alcoa, Acciona, y un largo etcétera.
En las empresas en las que la presión de los trabajadores les ha obligado a presentar batalla y convocar movilizaciones, los dirigentes sindicales se han empleado a fondo en mantener aislados los conflictos, planteando acciones testimoniales con el objetivo de desgastar a la plantilla, mientras negociaban con la patronal las condiciones de los despidos.
En numerosas ocasiones hemos podido constatar el enorme contraste entre la firme determinación y disposición de los trabajadores a defender sus puestos de trabajo y los límites de un modelo sindical que nos condena irremisiblemente a la derrota.
El movimiento obrero, y sus sectores de vanguardia, tiene ante sí un reto extraordinario: construir una dirección sindical a la altura de las tareas con las que nos enfrentamos en un contexto de crisis capitalista aguda. Una dirección obrera armada con un programa de clase, basada en métodos combativos, democráticos y asamblearios, que recuperen la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores como parte de la lucha por la emancipación definitiva de los oprimidos.
Únete a Izquierda Revolucionaria y a Sindicalistas de Izquierda para luchar por:
- Ningún despido en empresas que documenten beneficios en los últimos cinco años. Si lo hacen, nacionalización inmediata para defender los puestos de trabajo.
- Prohibición de los despidos; ninguna reducción salarial al amparo del coronavirus. Que los ERTE los pague la patronal garantizando el 100% del salario y el empleo. ¡Que los empresarios movilicen todos los beneficios acumulados estos años! ¡Que se devuelva el dinero de los rescates patronales y bancarios!
- Por unas condiciones de trabajo dignas. Derogación de todas las contrarreformas laborales y de las pensiones. Fin de los recortes sociales. Jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para la juventud. 35 horas semanales sin reducción salarial. Salario mínimo decente (1.200 euros en el caso del Estado español). Fin de la precariedad laboral: a los 15 días fijos en plantilla.
- Seguro de desempleo indefinido de 1.200 euros que garantice unos ingresos mínimos hasta encontrar un puesto de trabajo. Fábrica cerrada, fábrica nacionalizada bajo control de los trabajadores.
- Que el Gobierno de coalición nacionalice toda la sanidad privada, poniendo sus recursos humanos y técnicos, hospitales y clínicas para atender de forma gratuita a todos los enfermos de coronavirus, y del resto de patologías y dolencias, garantizando todas las pruebas clínicas y los medios para su hospitalización y curación.
- Nacionalización de las empresas farmacéuticas y liberalizacion de las patentes de las vacunas.
- Ninguna restricción a la libertad de expresión, manifestación y organización. ¡Fuera el estado policial y la militarización de la vida social! ¡Basta de persecución sindical contra las y los que luchamos! ¡Basta de represión sindical para imponer despidos, bajadas salariales, un ERTE o un ERE!
- Combatir el fascismo y a las organizaciones de ultraderecha con la lucha masiva y organizada de la clase obrera y la juventud. Contra su impunidad y la protección que reciben por parte del aparato del Estado.
- Contra todo tipo de opresión y violencia machista contra las mujeres de la clase obrera y la justicia patriarcal. A igual trabajo, igual salario. Derecho al aborto libre y gratuito. Contra la opresión de la comunidad LGTBI.
- Nacionalización de la banca y los grandes monopolios para poner la economía al servicio de las necesidades sanitarias y sociales de la población. Esta es la única forma efectiva de luchar contra el desempleo masivo y la pobreza a las que nos empuja el capitalismo y los Gobiernos a su servicio.
- Por la república socialista y el derecho a decidir
Nuestra clase, la clase trabajadora, se enfrenta a una situación dramática y a un futuro incierto. Los inmensos recursos que generamos los trabajadores son acaparados por una ínfima minoría de parásitos que nos condenan al paro, la falta de vivienda, la guerra, el hambre y la miseria. Pero sí hay alternativa, una sociedad donde organicemos la producción atendiendo a las enormes necesidades sociales existentes, liberando a la humanidad de la esclavitud de la explotación capitalista. Hay que luchar por una sociedad socialista. Es posible, es necesario, hay que hacerlo.
