Las movilizaciones de decenas de miles de jóvenes exigiendo la libertad de Pablo Hasél han provocado un terremoto político. Las escenas de violencia policial extrema en Barcelona, Madrid, Valencia y otras ciudades se han ocultado tras una estruendosa campaña de criminalización que viene de lejos. La juventud excluida, empobrecida, sometida al látigo del desempleo y la precariedad, a la ausencia de futuro, es colocada por el sistema y sus partidos en el centro de la diana. La represión es la única solución que ofrece Pedro Sánchez, cediendo por enésima vez a un aparato del Estado que sigue nutrido de fascistas.
La escuadra mediática ha lanzado una batería de partes de guerra que recuerdan a los boletines de la Brigada Político Social: los antisistema, los independentistas, los terroristas, los violentos, los delincuentes… incendian nuestras calles y acaban con nuestra democracia. Todos los días y a todas horas en televisiones, radios y periódicos, ofreciendo una imagen completamente manipulada de lo ocurrido.
En paralelo, ese mismo poder mediático, de manera unánime, ha conminado a Pedro Sánchez a que ponga orden en su Gobierno y corte la cabeza a Pablo Iglesias de una vez por todas. Apuntalar la gobernabilidad capitalista reconstruyendo al PP y rescatando los restos del naufragio naranja, parece ser una opción que gana cada día más peso entre amplios sectores de la burguesía.
Es la lucha de clases
La lucha de clases ha vuelto a escena con una intensidad sorprendente. El 14F la derecha españolista sufría un varapalo inolvidable en Catalunya: el derrumbe de Cs y su aniquilación política, y los malísimos resultados de un PP que vive estupefacto el sorpasso de Vox, no son una noticia menor. Para el IBEX 35 se va al traste una de sus operaciones políticas de mayor envergadura, mientras el partido tradicional de la derecha es presa de una zozobra monumental justo cuando la estabilidad es más necesaria para imponer la agenda de recortes.
El giro a la izquierda queda claro también en las manifestaciones y concentraciones que esta semana han llenado las calles. Los medios de comunicación de los bancos y los poderes fácticos ven en ellas la mano pérfida de “alborotadores” profesionales de extrema izquierda, y se muestran indignados porque el orden y la ley se han violado. ¡Qué cínicos! Ellos saben muy bien que la violencia la ha provocado la policía, con su actitud agresiva y abusiva, sin reparar en medios para atacar a los jóvenes que protestaban de manera pacífica.
Lo que afirmamos se puede corroborar en decenas de videos que llenan las redes sociales. En Madrid, donde los compañeros de Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes jugamos un papel muy activo en la concentración del miércoles 17 en la Puerta del Sol, lo vivimos en carne propia. Media hora antes de iniciarse la movilización la plaza aparecía sitiada por un despliegue de furgones y antidisturbios que nada tenía que envidiar al de un Estado policial. Su actuación hostil se confirmó desde el primer momento, exigiendo de malas maneras a decenas de personas la documentación y revisando mochilas en una actitud intimidatoria.
Durante la protesta, que transcurrió en un ambiente muy combativo y absolutamente pacífico, fuimos encerrados por cinco cordones policiales que bloquearon los accesos a una plaza que llenaron cerca de 10.000 jóvenes. Cuando apenas había transcurrido una hora, una barrera de antidisturbios armada hasta los dientes empezó a cargar cuando una parte de los concentrados trataban de dirigirse a la calle Carretas para continuar la protesta. A partir de ahí lo que sucedió es conocido: grupos de policías se liaron a palos como en los mejores tiempos del tardofranquismo con jóvenes de 17, 18 y 19 años, muchas de ellas mujeres, por el único delito de manifestarse a favor de la libertad de expresión y la de un rapero que ha ingresado en prisión por decir que Juan Carlos I es un ladrón y un corrupto.
Porrazos en las piernas, en la espalda, en la cabeza, de manera indiscriminada, sin mediar provocación, y también a periodistas y simples transeúntes que se encontraban en el lugar. Secretas infiltrados, alentando el enfrentamiento y luego sacando sus porras extensibles para golpear y detener a jóvenes rezagados, y replegarse cobardemente protegidos por los antidisturbios. Evidentemente la rabia se desbordó y la violencia policial provocó una respuesta: quema de algunos contenedores y rotura de escaparates. ¿Acaso es esto algo nuevo?
Visto lo ocurrido en Madrid, en Barcelona, en Valencia… hay que preguntarse: ¿quién decidió que movilizaciones pacíficas tuvieran que acabar así? La respuesta es clara: las fuerzas policiales y los responsables políticos que trazaron esta estrategia represiva.
“En una democracia plena como es España, la violencia es inadmisible”
Pedro Sánchez zanjó con rotundidad su balance sobre estos hechos: “En una democracia plena como es España, la violencia es inadmisible”. Importantes palabras, cargadas de mentiras. En una democracia capitalista como la que tenemos, al servicio de los grandes poderes económicos y vigilada por un aparato del Estado heredado del franquismo, la violencia claro que es admisible y se practica sistemáticamente para defender los intereses de la clase dominante.
Cuando el 1 de octubre de 2017 más de dos millones de catalanes ejercieron su derecho a decidir y votaron a favor de la república, el Gobierno del PP, secundado por el PSOE, Cs y Vox, desplazó a miles de guardias civiles y policías para emplear la máxima violencia contra ciudadanos pacíficos que querían meter una papeleta en una urna. Entraron rompiéndolo todo en los colegios electorales, gaseando y lanzando pelotas de goma, cargando contra familias, gente mayor, hombres, mujeres y adolescentes. Aquella violencia motivó una huelga general dos días después, el 3 de octubre. En la misma jornada que Felipe VI compareció públicamente para dejar claro que no iban a tolerar que el pueblo de Catalunya se expresara democráticamente y en libertad.
Inmediatamente después vinieron los juicios y el encarcelamiento de los dirigentes independentistas. En estos años, la violencia policial y la judicial no han dado tregua. Los ocho jóvenes de Altsasu condenados a penas de prisión monstruosas por una pelea de bar, que iniciaron dos guardias civiles de paisano, dejó más que claro cómo se las gasta el aparato del Estado. También las sentencias escandalosas por la violación grupal de la Manada, que desataron movilizaciones masivas, y el reguero de juicios y condenas contra raperos, tuiteros, cantantes y artistas que han hecho del Estado español el país con más condenados por delitos de opinión de las “democracias occidentales”. La persecución de sindicalistas y de activistas de izquierda, como Alfon, que han sido multados y sentenciados a penas de cárcel por ejercer sus derechos de expresión y manifestación, no han dejado de sucederse.
En paralelo, la completa impunidad de la que gozan los fascistas es un hecho indiscutible. Pedro Sánchez nos habla de que en una democracia plena como es España la violencia es inadmisible. Pero oculta cuidadosamente que más de 200 militares, entre los que se encuentran generales y altos oficiales, han firmado un manifiesto llamado a un golpe de Estado para defender la monarquía, que muchos de estos militares se pronuncian públicamente por fusilar a 24 o 26 millones de españoles para “solucionar el problema”, que en la policía las declaraciones de corte fascista se multiplican jaleadas por el principal sindicato policial, Jupol, cercano a Vox, y que el delegado de Gobierno en Madrid del PSOE, sin ir más lejos, legalizó una manifestación de nazis para exaltar el holocausto.
La crisis del capitalismo español se está expresando con dureza. La violencia sistémica que se ejerce contra millones de personas les trae al pairo a Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE. Que el desempleo supere los cinco millones, que las colas del hambre llenen nuestras ciudades, que los inmigrantes mueran tratando de alcanzar la frontera, que la juventud española sufra la tasa de paro y de fracaso escolar más elevada de Europa, que le sea negada la posibilidad de independizarse, acceder a un empleo y una vivienda digna, todo eso, son minucias. Eso no es violencia, se llama democracia.
Y todos estos hechos, unidos a otros escándalos como la fuga del rey emérito, ese Borbón corrupto que disfruta de un retiro dorado con su botín a buen recaudo, provocan que la tensión entre los socios de Gobierno se transforme en una crisis abierta. El hecho de que Pablo Iglesias denuncie que no vivimos una normalidad democrática, lo que no solo es cierto sino que en todo caso se queda muy corto, es visto como una afrenta intolerable. Que Pablo Echenique ponga un tuit solidarizándose con los jóvenes antifascistas, o que Rafa Mayoral cuestione la versión de la violencia que dan los medios de comunicación, es la señal para volver a sacar el cuchillo y exigir a Pedro Sánchez que corte la cabeza de Pablo Iglesias y la coloque en una bandeja de plata.
Como señalamos en numerosos materiales, la burguesía no quería un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. No era su opción. Pero una vez que todas sus maniobras para urdir una alianza entre el PSOE y Cs fracasaron, y no hay que olvidar que Pedro Sánchez las apoyó durante mucho tiempo, pusieron al mal tiempo buena cara. En el Gobierno que se formó en enero de 2020, el gran capital colocó a sus peones en los cargos estratégicos, empezando por el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño, y emprendieron nuevamente la colaboración con el partido que siempre les ha prestado grandes servicios.
Tras el estallido de la pandemia, las decisiones estratégicas de este Gobierno han sido aplaudidas por el IBEX 35, la CEOE, la gran banca y la UE. No es para menos. Más de 200.000 millones de euros han sido movilizados para blindar a los monopolios y multinacionales españolas, mientras que al escudo social se han dedicado migajas irrisorias que no resuelven nada. La contrarreforma laboral se mantiene y no se va a derogar. La ley Mordaza sigue viva y coleando. Y nuevas contrarreformas, como las de las pensiones, están en el orden del día.
Mantener a Podemos en el Gobierno es útil para la burguesía siempre y cuando sirva para imponer la paz social y dar un barniz de “progresismo” a las políticas capitalistas del PSOE. La clase dominante quiere a Pablo Iglesias jugando un papel de comparsa, cubriendo el flanco izquierdo de la socialdemocracia tradicional para al mismo tiempo desgastarlo, desacreditarlo y arrastrarlo por el barro.
Hay quien interpreta los últimos discursos de Pablo Iglesias o las declaraciones de Echenique o Mayoral como charlatanería y oportunismo. Es muy posible que haya una buena dosis de ello. Pero, a la vez, también es innegable que reflejan la presión de la lucha de clases y la certeza que se abre paso entre no pocos dirigentes de Podemos de que la hora de la verdad se acerca.
Si Podemos legitima estas políticas antisociales, procapitalistas y represivas, si apoya los ajustes y recortes que van de la mano de las ayudas europeas, si deja hacer al PSOE como ha ocurrido en estos meses con la gestión infame de la pandemia, sin meter mano a los ricos, a los banqueros, a la sanidad privada… su destino está escrito. Es el momento de que Podemos dé un paso al frente y rompa con esta situación insostenible, que pase de las palabras a los hechos y se sitúe en una oposición de izquierda contundente.
No pocos dirigentes de UP verán esta propuesta con horror. Algunos ligados al aparato del PCE y de IU, como Enrique Santiago, han jugado un papelón esta semana defendiendo a la policía y criticando la movilización juvenil. Están muy cómodos en sus sillones parlamentarios y como ministros, pero se equivocan si piensan que pasarán a la historia por sus logros en este Ejecutivo. Cuanto más tarden en romper, cuanto más cedan, más se verán arrastrados a la derecha por la presión del PSOE.
La crisis sanitaria descontrolada, los cerca de cien mil muertos que ya acumula el Estado español, la arrogancia con que se mueve la derecha en numerosas CCAA como en Madrid, la represión y el clima de Estado policial que vivimos en los barrios y ciudades obreras —que se expresó agudamente hace unos días en Linares—, la rabia, el profundo descontento y la desafección hacia un sistema y un régimen putrefacto… forman un cóctel molotov que estallará más temprano que tarde.
Nos preparamos para acontecimientos de una envergadura solo comparable a los que se produjeron en los años treinta del siglo pasado y no hay tiempo que perder. Tenemos que construir una izquierda de lucha a la altura del momento, que se apoye en las lecciones de la historia y que vuelva la vista a la potencia del programa del marxismo revolucionario para transformar la sociedad.
