En medio de grandes nevadas y una ola de frío que dejará temperaturas de hasta -15 grados en distintas provincias del Estado, el precio del gas se ha disparado un 22% y el de la luz un 27% en este arranque del año. Esto significa que la factura eléctrica media de una familia se situará en los 80,71 euros, lo que supone un incremento del 19,3% respecto al año anterior. Decenas de miles de familias trabajadoras, de niños y niñas, personas mayores vulnerables, son condenadas a no poder mantener sus casas a temperaturas adecuadas, con los graves problemas de salud que ello puede conllevar.
La respuesta del Gobierno del PSOE-Unidas Podemos a esta situación tan escandalosa no está ni mucho menos a la altura de las necesidades de la clase obrera.
Ante el drama de las familias de la Cañada Real que llevan más de 90 días sin suministro eléctrico, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha recomendado a Díaz Ayuso solicitar la ayuda del ¡¡ejército!! para intervenir la zona ya que es la “única vía de que consigan volver a tener luz”. Hace unas horas, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, escribía en un tweet diciendo que “hemos pedido a la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] que investigue si ha habido irregularidades en el mercado”.
Todo esto son parches que no resuelven nada y dejan intacto el problema de fondo. Parece que la gente se muera de frío es algo inevitable, pero poner en su sitio a las multinacionales eléctricas es impensable, y acabar con su abuso constante imposible. Este es el resultado cuando se acepta la lógica capitalista, se renuncia al programa por el que millones te han votado y a confrontar con los grandes poderes económicos.
Es hora de rectificar, de abandonar una política que envalentona al gran capital y deja a las familias en la cuneta. El Gobierno central tiene la obligación de garantizar la electricidad al conjunto de las familias obreras. La luz, el gas, los servicios básicos deben estar al servicio de las necesidades sociales y no servir para llenar aún más los bolsillos de un puñado de parásitos que se hacen de oro.
Cada vez está más claro que la única solución posible para terminar con situaciones como la de la Cañada Real o con la pobreza energética, es mediante la expropiación y la nacionalización de las grandes compañías eléctricas poniéndolas bajo control de los trabajadores. Sus beneficios millonarios revertirían en defender los intereses de la mayoría de a población garantizando servicios públicos y una vivienda digna para todos y todas.
