¡Por la nacionalización total de la sanidad y las farmacéuticas!
El pasado 21 de diciembre todos los organismos públicos, medios de comunicación y el propio Gobierno celebraron la aprobación de la distribución de la primera vacuna contra la Covid-19. Inmediatamente el Ministerio de Sanidad anunció planes de vacunación masivos e inmediatos.
Como es lógico, estos mensajes cargados de esperanza, con los que las distintas administraciones han venido insistiendo machaconamente, han calado entre millones de trabajadores y de jóvenes. La llegada de la vacuna ha sido vista como un rayo de esperanza tras un año deja unas cifras terroríficas en el Estado español: más de 2 millones de contagiados y cerca de 80.000 muertos.
Pero esta ilusión inicial se ha tornado rápidamente en decepción y la realidad se ha impuesto, una vez más, a la propaganda. Para empezar el proceso de vacunación será escalonado debido, a la falta de medios para administrarlas y a la escasez de unidades.
La primera fase (de finales de diciembre a marzo) solo contempla la vacunación de 2,5 millones de personas, una cifra ínfima si tenemos en cuenta que el Estado español tiene casi 47 millones de habitantes.
Tras anunciar este fiasco, el ministro Illa, insistió en que la distribución de la vacuna se va a realizar “a velocidad de crucero” para poder alcanzar en julio la llamada inmunidad de rebaño, esto es, que más del 70% de la población esté protegida frente al virus.
Una vez más los hechos están entrando en contradicción con las palabras. En los primeros diez días de distribución de la vacuna, apenas un par de comunidades autónomas han llegado a inyectar la mitad de las dosis recibidas. Y hay casos completamente escandalosos como el de Madrid, donde esta cifra no llegaba ni al 6%.
De nuevo este es el precio a pagar por el avance de la privatización de la sanidad. Este proceso va a dar un nuevo paso adelante con la entrega de la ejecución de gran parte del plan de vacunación a empresas privadas.
El Gobierno central ha adjudicado contratos millonarios a grandes empresas para que se encarguen de la distribución, administración y control de la vacuna antes que invertir los recursos necesarios para fortalecer la maltrecha sanidad pública. Las empresas se siguen llenando los bolsillos, mientras los hospitales continúan colapsados y las vacunas llegan a cuentagotas y se administran todavía más lentamente.
El gran negocio de la vacunación contra la Covid
Tres multinacionales son las primeras que van a sacar tajada de la llegada de la vacuna a través de la adjudicación de contratos por parte del Ministerio de Sanidad. La primera es Indra Sistemas, una de las empresas más importantes del país cuya fuente de beneficios proviene en una parte importante de la producción armamentística.
Indra se embolsará casi un millón de euros solo por supervisar y hacer el seguimiento del proceso de vacunación. Le sigue de cerca Accenture que recibirá más de 600.000€. Para esta empresa el coronavirus se ha convertido en un auténtico filón: ya ha firmado siete contratos con el Ministerio para dar servicios relacionados con la pandemia por un valor total de 2,5 millones de euros.
La última gran beneficiada es Capgemini, una consultoría francesa de fama mundial a quien se ha encomendado la labor de controlar la distribución de las dosis en las comunidades autónomas.
Por otro lado las comunidades autónomas tienen plenas competencias sanitarias y es en estas, sobre todo en las gobernadas por la derecha, donde el proceso de privatización de la sanidad ha ido más lejos.
La saturación del sistema público de salud, consecuencia inmediata de la falta de medios y del avance de la sanidad privada, ha derivado en colapso con la llegada de la pandemia.
La falta de medios tanto materiales como humanos, en los hospitales y centros de salud públicos, provoca una distribución desesperadamente lenta y limitada de las dosis. Este desastre es utilizado cínicamente por los responsables políticos al servicio de los intereses empresariales, como la excusa perfecta para llevar a cabo estas adjudicaciones multimillonarias a las empresas del sector.
Las medidas adoptadas al respecto por la Comunidad de Madrid (CAM) son un claro ejemplo de esta política. Ayuso ha puesto en manos de Cruz Roja la vacunación de la población madrileña adjudicándole a dedo un contrato de más de 800.000€. Ese dinero es también para que esta “ONG-empresa” incorpore a personal especializado para vacunar en residencias.
Pero Cruz Roja solo incrementará su plantilla con 24 profesionales. El resto del dinero lo va a destinar a adquirir uniformes, equipos informáticos o teléfonos, todo ello disponible en los hospitales públicos a un coste 0.
Esta estafa es aún más indignante teniendo en cuenta que este dinero podría haber sido utilizado íntegramente para reforzar la plantilla de sanitarios públicos de Madrid que hoy solo cuenta con ¡32 profesionales destinados a administrar la vacuna!
Para “compensar” esta falta de personal, la CAM permitirá a las residencias y geriátricos privados gestionar la aplicación de la vacuna. De esta forma Ayuso deja en manos de la patronal de las residencias, de los máximos responsables de la matanza de ancianos durante la primera ola de la pandemia, un servicio del que dependen miles de vidas.
La sanidad privada se hace de oro durante la pandemia
Este proceso de vacunación es una muestra escandalosa y evidente de como una emergencia sanitaria es utilizada para favorecer a los capitalistas. Pero durante la pandemia hemos tenido muchos ejemplos, siendo numerosos los casos donde la escasez de materiales sanitarios de primera necesidad se ha terminado transformando en una gran oportunidad comercial.
El mercadeo con las pruebas PCR es también indicativo de esta realidad. Mientras estos se encuentran racionados en la sanidad pública, la sanidad privada está plenamente abastecida y cualquiera puede realizarse su PCR, eso sí, por el módico precio de 120€.
Miles de familias sin recursos no tienen el acceso necesario a las pruebas contribuyendo esto a la expansión descontrolada del virus dentro de los núcleos familiares más humildes. Pero el sufrimiento de millones de familias permitió a empresas privadas como Pharma Mar obtener la escalofriante cifra de 10,7 millones de euros solo a través de la venta de estos test.
Ante la ausencia de rastreadores en la sanidad pública el Gobierno de la CAM adjudicó el servicio al grupo Quirón, al que pagó 194.000 euros. Cantidad que se suma a los más de 3.000 millones de euros que facturan al año.
La conclusión es clara. Es rotundamente falso que haya escasez de medios sanitarios para frenar los contagios, el problema es que son un puñado compañías las que acaparan los recursos que millones de personas necesitan con urgencia. Es absolutamente escandaloso que los capitalistas transformen la más cruel de las tragedias en un lucrativo negocio.
La Covid-19 ha inaugurado una época dorada para la sanidad privada española. Y no es que antes le fuera mal: en los cinco años previos al coronavirus aumentaron su facturación en casi mil millones de euros.
Con estos datos en la mano, ¿Cómo puede afirmar el Gobierno que no hay recursos para poner fin a la pandemia? ¡Claro que los hay, pero están en manos de esta panda de buitres!
El Gobierno de PSOE-UP debe expropiar los recursos sanitarios privados y ponerlos al servicio del pueblo
Es completamente vergonzoso que un Gobierno de izquierdas en vez de tomar medidas decisivas para frenar la expansión de la sanidad privada, la fortalezca con su política.
Es necesario un giro de 180º en esta dinámica. El Gobierno debe romper inmediatamente todos los contratos firmados con estas grandes compañías sanitarias y farmacéuticas y dedicar todos esos millones a la sanidad pública. Para empezar se necesitan recursos para contratar al personal necesario para poder administrar las vacunas lo antes posible y con las mayores garantías.
De la misma forma es imperativo que el Gobierno expropie todos los recursos sanitarios que están en manos privadas. Es insultante que mientras miles de personas mueren por no poder ser atendidos en la colapsada sanidad pública, la sanidad privada cuente con cientos de camas y quirófanos listos para poder atender a quién pueda pagarlos. También es intolerable que mientras la tercera ola hace estragos en los barrios obreros de todo el Estado, miles de pruebas PCR, test serológicos y mascarillas se mantengan almacenadas esperando ser vendidas al mejor postor.
Los millones de jóvenes y trabajadores que hemos estado durante años luchando en las calles contra las políticas de la derecha y las privatizaciones, exigimos al Gobierno que pase de las palabras a los hechos y aplique medidas que realmente sirvan para mejorar las condiciones de vida de la mayoría.
