Durante años, las quejas sobre la lentitud del sistema judicial español han sido constantes. Denuncias contra grandes empresas se han eternizado en los laberintos del Poder Judicial. Pero cuando se trata de un destacado miembro de la oligarquía financiera, como es el caso de Rodrigo Rato, la burocracia judicial pulveriza todos los récords de velocidad
y, cuando la tinta de la sentencia que absuelve a los responsables de la gigantesca estafa de Bankia aún no se había secado, Rodrigo Rato abandonaba tranquilamente la cárcel de Soto del Real para terminar de cumplir su condena “bajo control telemático”.
Sin lugar a duda, ni las prisas por poner a Rato en la calle ni los argumentos con los que se justifica la sentencia absolutoria son ajenos a la reciente absorción de Bankia por Caixabank, operación de la que nacerá el mayor banco por volumen de activos del Estado español, que pronto se lanzará a la arena de las finanzas globales. Para ello es mucho mejor ir libre del lastre de una condena por estafa.
Pero más allá de esta absorción, la Audiencia Nacional (AN) ha querido dejar bien sentado que operaciones como las realizadas por Bankia son la práctica normal del sistema financiero y que, aunque desemboquen en pérdidas masivas para los pequeños inversores, no hay nada delictivo en ello. Una condena a los directivos de Bankia sentaría un peligroso precedente para el futuro del sistema. ¿Qué sería de las finanzas globales si, cada vez que una operación de salida a bolsa, que ha sido aprobada por la autoridad regulatoria provoca pérdidas masivas a los pequeños inversores, los altos directivos tuviesen que responder ante los tribunales y se arriesgasen a penas de cárcel?
La Audiencia Nacional, fiel servidora de los supremos intereses del gran capital, ha entendido que el funcionamiento normal del capitalismo se vería gravemente alterado si los grandes empresarios y los tiburones de las finanzas tuvieran que responder por los daños y el sufrimiento social que causan. En este sentido, el apartado de la sentencia titulado “Crisis” (página 262) es un auténtico alegato ideológico a favor del capitalismo y fundamenta la impunidad de los grandes delincuentes financieros como una necesidad vital para este sistema.
¿Cómo se organizó el saqueo de Bankia?
21.000 millones de euros —de momento— nos han costado a la clase trabajadora las maniobras especulativas que Rodrigo Rato y sus cómplices ejecutaron durante años desde la cúpula de Caja Madrid, luego rebautizada como Bankia. Encaramados en la ola mundial de especulación financiera que se desarrolló desde mediados de los años 90 del siglo XX, los directivos de Bankia se embarcaron en arriesgadas financiaciones a proyectos urbanísticos inviables, en operaciones bursátiles especulativas —como las realizadas en torno a Iberia o Indra— y en la adquisición a precio de oro de entidades crediticias técnicamente quebradas en varios países del mundo. Todas estas operaciones llenaron los bolsillos de los accionistas y directivos de las empresas implicadas, incluidos, naturalmente, los directivos de Bankia. Cada euro que Bankia perdía acababa en la cuenta corriente de algún miembro de la élite empresarial y financiera, una cuenta abierta habitualmente en un paraíso fiscal.
Y cuando las pérdidas gigantescas causadas por estas maniobras eran ya inocultables, los directivos de Bankia, con el apoyo unánime del mundo financiero, del Gobierno, del Banco de España y de todos los organismos regulatorios habidos y por haber, decidieron que alguien debería compensar esas pérdidas, y que no iban a ser ellos. De este modo, lanzaron dos grandes operaciones que servirían para que algunos cientos de miles de pequeños ahorradores cubriesen las pérdidas a costa del dinero ahorrado, en muchos casos, tras años de esfuerzos.
La primera operación fue la emisión de participaciones preferentes. Este instrumento financiero consiste en que el inversor adquiere un valor perpetuo, es decir, que no vence y no se reembolsa nunca, que no concede una cuota del capital ni derechos políticos como accionista, y que, por si fuera poco, no garantiza rentabilidad alguna. Por supuesto, dada la situación financiera de Bankia, ningún gran inversor en su sano juicio invertiría un céntimo en algo así, de modo que estas participaciones preferentes se vendieron exclusivamente a particulares, presentándolas fraudulentamente como un título de renta fija, con una alta rentabilidad asegurada.
La segunda operación, que es la que ha sido objeto de la sentencia de la Audiencia Nacional, fue la salida a bolsa de Bankia, realizada a bombo y platillo, con las bendiciones del Gobierno, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presentando unas cuentas auditadas por Deloitte —uno de los gigantes mundiales de la auditoría y la consultoría financiera— y contando con la colaboración de las más destacadas entidades de las finanzas mundiales. Para el tramo de inversión corporativa colaboraron Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, BNP Paribas, JP Morgan, Banco Santander, Barclays y UBS (Union de Banque Suisse), y para el tramo minorista echaron una mano Banco Sabadell, Bankinter, Barclays, la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) y Renta 4.
Arropada por tan imponente compañía, Bankia debutó en Bolsa el 20 de julio de 2011 a un precio de 3,75 euros por acción, consiguiendo en esta operación 3.092 millones de euros aportados por los 370.000 inversores, en su inmensa mayoría pequeños ahorradores, que participaron en la operación. ¿Quién hubiera podido imaginar, nos dice la sentencia de la Audiencia Nacional, que poco tiempo después esa acción iba a perder el 99,36% de su valor?
Un sistema judicial al servicio de la clase dominante
El núcleo de la sentencia de la AN que absuelve a los directivos que labraron la ruina de Bankia, al tiempo que acumulaban grandes fortunas, es que todos los pasos previos a su salida a Bolsa se hicieron correctamente, con el visto bueno de los organismos oficiales, y con la colaboración de lo más selecto de las finanzas mundiales. Contra la evidencia de que Bankia ya era en 2011 un pozo sin fondo de pérdidas, la sentencia no tiene reparos en proclamar que “en definitiva, Bankia contaba con provisiones suficientes para atender deterioros futuros en los estados contables de la entidad a la fecha de la salida a bolsa, realidad corroborada por el contenido de los informes de seguimiento de la Dirección General de Supervisión del Banco de España”.
Además, contradiciendo abiertamente la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de enero de 2016 que condenó a Bankia a devolver su dinero a las personas que suscribieron su salida a bolsa, basándose en las graves inexactitudes del folleto de la oferta de venta, la Audiencia Nacional concluye que dicho folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera: “La información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el folleto”.
Claro que ninguna de estas incongruencias puede extrañarnos si tenemos en cuenta que esta sentencia, que consagra la impunidad de los grandes delincuentes financieros, no la ha dictado un tribunal cualquiera, sino la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción al servicio del orden establecido, creado bajo la dictadura franquista con el nombre de Tribunal de Orden Público. Este tribunal, de triste recuerdo, dictó severísimas penas de cárcel para militantes de izquierda y sindicalistas, al tiempo que daba amparo legal a las torturas y abusos policiales. Ahora, con su nuevo nombre, continúa tenazmente la misión que le fue encomendada desde su nacimiento: defender los intereses de la clase dominante.
La presidenta del tribunal que ha emitido esta sentencia, Ángela Murillo, tiene el dudoso mérito de haber sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su escandalosa actuación en el juicio contra Arnaldo Otegi en 2010, un juicio que tuvo que ser anulado por el Tribunal Supremo ante el cúmulo de irregularidades cometidas por esta jueza.
Con este historial, y en el ámbito de un poder judicial copado por los herederos del franquismo, no es de extrañar que los miembros de la oligarquía financiera reciban no solo un trato exquisito, sino que se dé carta blanca para sus desmanes financieros.
La suavidad del trato otorgado a Rato y sus secuaces contrasta con el abierto desprecio mostrado por el tribunal hacia los dos inspectores del Banco de España que tuvieron la osadía de denunciar irregularidades en las cuentas de Bankia de 2010 y 2011. Para destrozar su testimonio, la AN permitió todo tipo de ataques y descalificaciones a esos dos inspectores por parte de los insignes catedráticos de Economía y consultores de Ernst&Young y KPMG contratados por Bankia y Deloitte para su defensa, entre ellos Santiago Carbó, director de estudios de Funcas y colaborador habitual en las páginas de economía de El País, y Rubén Manso, inspector en excedencia del Banco de España y flamante diputado y gurú económico de Vox.
Fue una gran estafa, pero es que el sistema capitalista funciona así
Aunque a años luz de su intención, la sentencia de la Audiencia Nacional arroja luz sobre la naturaleza del sistema capitalista y su funcionamiento, y pone de manifiesto como la estafa financiera, el despojo de los pequeños ahorradores para enriquecer a los grandes inversores, es connatural al sistema capitalista y está inscrito en los fundamentos mismos del proceso de acumulación del capital.
Hace casi 150 años, Karl Marx escribía en su obra fundamental, El Capital, cómo el sistema crediticio —imprescindible fuerza impulsora de la producción capitalista, es decir del enriquecimiento por la explotación del trabajo ajeno— acaba, a través de la expansión del capital ficticio, convirtiéndose en “el más puro y colosal sistema de especulación y fraude”.
Es ilusorio pensar que la lucha contra ese sistema pueda realizarse a través del propio aparato del Estado nacido para salvaguardarlo y proteger los intereses de esa ínfima minoría de la población que controla la inmensa mayoría de los recursos materiales de la humanidad. Si alguna vez se consiguió una victoria en los tribunales, como fue el caso de las sentencias que obligaron a Bankia a devolver el dinero a los estafados por su salida a Bolsa y por su emisión de preferentes, no fue gracias al sentido de la justicia de los jueces, sino por la presión de los perjudicados en las calles, que además coincidió con el momento álgido de las grandes movilizaciones del 15-M. Pero incluso victorias como esas no afectaron los beneficios amasados por los beneficiarios de la estafa, sino que el dinero se restituyó a cuenta de las finanzas públicas que sostenemos entre toda la clase trabajadora.
Para acabar de verdad y de una vez por todas con un sistema que necesita recurrir sistemática y reiteradamente al saqueo de los más débiles para enriquecer a los más poderosos, no hay otro camino que dirigir la fuerza de nuestras movilizaciones no contra este o aquel abuso aislado, sino contra la totalidad de este sistema. Nacionalizar la banca y todo el sistema financiero, bajo control obrero y sin indemnización para los grandes inversores, y poner sus inmensos recursos al servicio de las necesidades sociales es la única vía que nos permitirá salir de la espiral de empobrecimiento creciente en la que estamos envueltos la inmensa mayoría.
