A continuación reproducimos la Tribuna de Coral Latorre, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes, publicada en Público.es
Desde el Sindicato de Estudiantes hemos convocado huelga general estudiantil para el 16, 17 y 18 de septiembre.
Y lo hemos hecho porque la situación de emergencia social que vive la enseñanza pública no puede esperar más. Este Gobierno que despertó tantas esperanzas entre la comunidad educativa, las está defraudando justo cuando más necesitamos una política de izquierdas. El camino por el que ha optado el Ministerio de Educación, basado en el continuismo con las políticas de recortes y la negligencia a la hora de adoptar medidas efectivas para garantizar una vuelta segura a las aulas, confirma que la lucha sigue siendo el único camino si queremos que la voz de los estudiantes, de los docentes y de las familias trabajadoras sea escuchada.
El curso escolar 2020-2021 se inicia en medio de un repunte masivo de la COVID-19 en todo el Estado, pero la desidia mostrada por el Ministerio de Educación, y su negativa a poner en marcha un plan unificado para rescatar a la educación pública, es llamativa. La ministra Isabel Celaá ha tenido meses y meses para preparar una vuelta a las aulas en condiciones dignas pero ha decidido dar la espalda al reto que tenía por delante.
Esta actitud de mantener la herencia de la derecha y renunciar a un cambio profundo para defender una enseñanza pública acosada desde hace muchos años, contrasta con los gestos y las medidas adoptadas desde el Gobierno para contentar a la oligarquía financiera y empresarial de nuestro país. Las grandes firmas y bancos del Ibex35 han sido premiados con una lluvia de miles de millones, pero tanto la educación como la sanidad públicas arrastran un pesado lastre de recortes y privatizaciones que se perpetúa.
Pedro Sánchez ha arrancado el curso rodeado de los representantes de los grandes poderes económicos, esos multimillonarios, banqueros y especuladores como Ana Patricia Botín o Florentino Pérez que no han dudado en darse la mano con el presidente y alabar sus llamamientos a la "unidad nacional". Mientras, en nuestras escuelas, institutos y universidades, debemos conformarnos con abrir las ventanas y tomarnos la temperatura, eso sí, sin criticar a este Gobierno para no "hacer el juego a la derecha". Pero ¿quién hace realmente el caldo gordo a la reacción y a los poderes que han impuesto la agenda neoliberal que todavía sufrimos?
El anuncio hecho en rueda de prensa por la ministra Celaá de las "29 medidas y cinco recomendaciones" presentadas tras una reunión con las Consejerías Educativas, demuestra que los responsables educativos han cruzado una línea roja. No solo insultan nuestra inteligencia; lo más sospechoso es que lo hacen con el beneplácito de las CCAA gobernadas por el PP, Cs y Vox, que se sienten muy cómodos con este plan.
Tras soportar durante meses una repugnante campaña de criminalización contra la juventud, a la que se ha acusado vergonzosamente de causar el rebrote de los contagios, se nos pretende arrojar ahora a unas aulas masificadas. Con esta política el Ministerio de Educación solo alimenta la brecha social y de clase que durante la pandemia no ha dejado de crecer, favorece la degradación de la escuela pública empeorando las condiciones laborales de nuestros profesores y siembra un fracaso escolar entre los estudiantes de familias trabajadoras. Es inaceptable que se juegue con nuestra salud y con nuestro futuro de esta manera.
La derecha envalentonada por las medidas de Celaá. El Gobierno tiene que rectificar inmediatamente
La comunidad educativa llevamos meses exigiendo a Celaá que garantice la bajada de las ratios a 15 alumnos por aula, la contratación de más de 165.000 profesores, personal sanitario, de limpieza, profesionales de la psicología en todos los centros, que la educación sea presencial para todos y todas, acabar con la brecha digital… ¿Y cuál ha sido su reacción? El silencio más clamoroso mirando hacia otro lado. Y ahora, mientras la indignación y la preocupación entre estudiantes, profesores y familias no dejan de crecer, y a pocos días de la apertura del curso académico, el Ministerio y las CCAA nos dicen que la solución pasa por… ¡lavarnos las manos cinco veces al día, mucha ventilación o ir a clase en bicicleta! Nos preguntamos, sinceramente, si se trata de algún tipo de broma pesada.
Las clases telemáticas no solo han desnudado las graves carencias materiales que padecemos tras años de recortes salvajes, también han incrementado brutalmente la carga de trabajo de nuestros profesores —abandonados a su suerte durante meses, sin los recursos ni la formación necesaria para poder afrontar una situación imposible—. Una nueva vuelta al confinamiento para millones de alumnos significará una pesadilla para los padres y madres que tiene que elegir cuidar a sus hijos o ir a trabajar. El Gobierno habla mucho de conciliación, pero ¿por qué no aprueba permisos retribuidos a los padres para garantizarla?
La bochornosa actitud de las administraciones educativas, como es evidente, ha generado una alarma entre las familias trabajadoras y muchas de ellas se han planteado si llevar o no a sus hijos e hijas a clase para evitar contagios. En lugar de atender a esta preocupación y rectificar, el Ministerio de Educación se ha sumado al acoso iniciado por los consejeros educativos de distintas comunidades, advirtiendo amenazadoramente que la no asistencia a clase es "delito". El Gobierno central trata de presentar esta inquietud de miles de familias como un posible acto ilegal, pero es precisamente lo contrario. Queremos volver a nuestras aulas, sí, ¡pero en condiciones dignas y seguras!
La ministra Celaá no puede permanecer ni un día más al frente del Ministerio de Educación. Su política ha fracasado.
Por si esto fuera poco, la política continuista y negligente del Gobierno está envalentonando la ofensiva de la derecha, que está aprovechando la situación para continuar regalando dinero público a los empresarios de la concertada y la privada, recortando en los servicios públicos, despidiendo a nuestros docentes y personal sanitario.
La marca del Partido Popular, Cs y Vox respecto a la enseñanza pública es la privatización, los recortes y la precariedad laboral, la misma fórmula aplicada en la sanidad pública y las residencias de mayores que ha provocado una auténtica matanza de nuestros abuelos y abuelas. Las políticas de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid son una clara muestra de ello. Sus negocios con Telepizza y Rodilla a costa de la malnutrición de miles de niños y niñas durante el cierre de las clases, los miles de docentes de educación especial, escuelas infantiles y comedores despedidos, la destrucción de más de 14.000 plazas en la escuela pública para este curso, son solo algunos ejemplos.
Que las Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha hayan mostrado su "apoyo" a los planes del Ministerio, mientras la comunidad educativa se siente completamente abandonada, debería hacer reflexionar al Gobierno central.
16, 17 y 18 de septiembre huelga general estudiantil
La Marea Verde ha vuelto a levantar su bandera. La rebelión de los profesores en la Comunidad de Madrid que ha puesto a Díaz Ayuso contra las cuerdas, las huelgas del profesorado en Galiza y Andalucía para los días 16 y 18 de septiembre respectivamente, las movilizaciones en defensa de una educación pública segura y digna en distintas ciudades… son el anuncio de todo lo que está por llegar.
Este Gobierno tiene dos componentes. Al PSOE le hemos visto actuar en muchas ocasiones. Pero lo sorprendente es el apoyo que a este plan del Ministerio de Educación le han otorgado los ministros y ministras de UP. ¿Acaso no nos dijo Pablo Iglesias que su presencia en el Gobierno tenía como objetivo obligar al PSOE a girar a la izquierda? Mucho nos tememos que está ocurriendo lo contrario. Pero ahora tienen una oportunidad de oro para apoyar a los estudiantes y a la comunidad educativa, y forzar a la ministra Celáa y a Pedro Sánchez a cambiar radicalmente el rumbo y defender la enseñanza pública.
La huelga general estudiantil los días 16, 17 y 18 de septiembre está plenamente justificada. La pelota está en el tejado del Ministerio y del Gobierno. Esperamos que escuchen el clamor.
