La COVID19 se propaga de nuevo con rapidez por toda la península, poniendo en evidencia cómo la amenaza de una segunda ola de la pandemia es un riesgo cada vez más inminente. A pesar de la insistencia en transmitir que todo está bajo control, y de que los nuevos brotes afectan a personas fuera de riesgo, lo cierto es que cunde el pánico en las salas y pasillos de los centros hospitalarios de atención primaria ante la perspectiva de un recrudecimiento de la enfermedad en octubre. Este escenario supone un serio peligro para millones de trabajadoras y trabajadores, un riesgo que puede llegar a ser crítico para aquellos especialmente vulnerables.

Sin embargo, a pesar de las gravísimas consecuencias que tendría la enfermedad en estas personas vulnerables, el Gobierno de coalición no ha aprovechado las herramientas de que legalmente dispone para impulsar medidas encaminadas a garantizar la salud de los trabajadores. Es más, el procedimiento de actuación para la Prevención de Riesgos Laborales frente a la COVID19 es pura propaganda, una batería de indicaciones bochornosas que deja a los trabajadores a merced de las empresas.

Un protocolo de Riesgos Laborales que deja todo en manos de las empresas

¿Y por qué estas medida no protege realmente a los trabajadores? En primer lugar, según lo establecido por el gobierno, no basta con que un médico certifique que el trabajador es, en efecto, especialmente vulnerable a la pandemia, sino que hay que acreditar que su puesto de trabajo le supone “un riesgo adicional”, y ello por medio de informes que tiene que emitir la propia empresa. En relación con esto, el gobierno ha establecido que todo aquel que “trabaja sin contacto con personas sintomáticas” puede ser enviado a trabajar sin precisar adaptación ni cambio de puesto. ¿Y qué trabajos son estos? Pues la inmensa mayoría si tenemos en consideración que todo enfermo sintomático debe ser puesto en cuarentena de inmediato. 

De este modo, y según las directrices del propio ministerio, todas las personas vulnerables –entre las cuales se incluyen las mujeres embarazadas con comorbilidades o complicaciones, personas inmunodeficientes, crónicos de pulmón o enfermos de cáncer en tratamiento- en cuyo puesto de trabajo se entienda que se “trabaja sin contacto con personas sintomáticas” o que el riesgo de contactar con ellos es “similar al riesgo comunitario” puede ser obligado a trabajar. Factores como el riesgo a entrar en contacto con portadores asintomáticos, o hacinarse en el transporte público en el desplazamiento al trabajo son elementos que el gobierno no obliga a valorar en el proceso.  Esto se traduce en que una persona vulnerable que trabaja en sectores como atención al público o limpieza, por ejemplo, puede ser enviada a trabajar como cualquier otra persona completamente sana.

Además, el Sistema Público de Salud no puede activar el proceso sin un informe favorable del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, quien lo emite en base a  informes de la propia empresa. Es decir, la adaptación del puesto de trabajo y la concesión de la IT se convierte en una gracia que los empresarios pueden dar a discreción según sus propios intereses.

¿Pasar hambre o arriesgar nuestra salud? ¡No queremos tener que decidir!

Todo esto hay que ponerlo en el contexto actual de crecimiento del paro, del hambre y la miseria. En estas circunstancias, muchos enfermos crónicos, desprotegidos en la práctica por las medidas del gobierno, se ven obligados a asumir un riesgo crítico para su salud yendo a trabajar. Esto es lo que ocultan las estadísticas sobre la evolución de la pandemia: el miedo y la ansiedad de multitud de trabajadores que tienen que decidir entre no cubrir sus necesidades básicas o poner su salud, o incluso su vida, en manos del azar.

Para que esta crisis sanitaria no la paguen los trabajadores con sus vidas y su salud es imprescindible dar un giro de 180º en las políticas de prevención de riesgos laborales frente a la COVID19. En este sentido, la IT debe ser tramitada de inmediato, y sin excepciones, a todos aquellos trabajadores para los que el desarrollo de la enfermedad les pueda suponer un alto riesgo de muerte.

Pero todas las medidas legales que pueda adoptar el gobierno serán papel mojado si se les deja a los empresarios la libertad de despedir o de reducir salarios y derechos para aprovecharse de la situación de extrema necesidad de cientos de miles de familias trabajadoras. El “escudo social” del que tanto presume el Gobierno, ha resultado ser de papel de fumar. La supuesta “prohibición de despedir” en empresas con ERTE, el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas similares, no han pasado de ser puro marketing. Incluso el cobro de las prestaciones por desempleo de los trabajadores en ERTE está siendo un calvario, sobre todo para los miles de trabajadores que no han cobrado el mes de agosto debido a cambios de última hora en la tramitación administrativa de las notificaciones de las empresas al SEPE.

La Reforma Laboral aprobada por el PP en 2012 favorece todo tipo de abusos empresariales, y facilita que los patronos puedan chantajear a sus asalariados, obligándoles a poner en peligro su salud si no quieren perder su puesto de trabajo, contribuyendo así a la expansión de la pandemia y del número de muertes. La decisión del PSOE y Podemos de incumplir su compromiso electoral de derogar íntegramente la Reforma Laboral ha sido un estímulo para que los empresarios hayan considerado que tienen las manos libres para seguir aplicando todo tipo de acciones lesivas contra los derechos de los asalariados.

Pero lo más grave de esta situación, el factor que más contribuye a la prepotencia empresarial, es la actitud pasiva de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, su absoluta sumisión ante la Patronal, su silencio ante el sufrimiento de millones de familias obreras. Por eso, para acabar con la indefensión de las familias trabajadoras frente a la COVID19, para frenar la sangría de vidas humanas, para evitar que se repita la trágica situación que vivimos en marzo y abril, es imprescindible que los delegados sindicales y los afiliados y afiliadas a los sindicatos de clase que defienden una posición combativa ante la ofensiva del capital nos unamos en un frente común en defensa de nuestros derechos y nuestra salud. Solo una movilización masiva, armada con un plan de lucha contundente, podrá revertir esta situación.


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