Por una EBHI 100% pública y bajo control de los trabajadores
Utilizando como coartada la crisis del Covid-19, los trabajadores de EBHI de Gijón, terminal granelera del Musel, han sido golpeados doblemente por la dirección de la empresa, de titularidad mayoritariamente pública. En primer lugar a través del despido camuflado de siete trabajadores (incumpliendo así los acuerdos del fin de la última huelga de siete días en 2017) y en segundo lugar mediante la aplicación de un ERTE de 20 meses, ya en marcha, que afecta al conjunto de la plantilla (para más información leer la entrevista realizada a uno de los trabajadores encerrados y en huelga de hambre).
Como respuesta a semejante agresión, desde el pasado 13 de Mayo, cuatro trabajadores se han encerrado en la empresa y han iniciado una huelga de hambre. Fuera de las instalaciones, la plantilla, arropada por centenares de vecinos, recorre a diario las calles; paseos solidarios todas las tardes, marchas, caravanas de coches por el centro de la ciudad. Ayer, martes 2 de Junio arrancaba una huelga indefinida ante la negativa del gobierno del Principado de Asturias, en manos del PSOE, a acceder a las justas reivindicaciones de los trabajadores.
Desde el Sindicato de Estudiantes, Sindicalistas de Izquierda e Izquierda Revolucionaria queremos trasladar a los compañeros encerrados y en huelga de hambre, así como a toda la plantilla de EBHI en llucha y las familias afectadas, toda nuestra solidaridad y apoyo.
Basta de amenazas de privatización, ERTES y despidos
Desde hace años la plantilla de EBHI vive bajo la amenaza de la privatización, es la última empresa de estiba con participación pública en el Estado español (1). Actualmente su composición accionarial es la siguiente: Autoridad Portuaria de Gijón 68,8%, EBHI (autocartera) 10%, Arcelor Mittal 11,2%, Massaveu Industria (cementera de Aboño) 5% y E.D.P (antigua Hidroeléctrica del Cantábrico) un 5%. Si la privatización aún no se ha consumado ha sido por la falta de compradores de las acciones públicas al precio estipulado (2).
Con la excusa de la caída del tráfico portuario fruto de la crisis del Covid19, (fundamentalmente por el frenazo en Arcelor), la empresa decide incumplir los acuerdos de fin de huelga logrados por la plantilla en 2017 a través de los cuales se garantizaba, entre otras cosas, un incremento de las medidas de seguridad en el trabajo a través de unas plantillas mínimas por categorías. Despidiendo a estos siete trabajadores, la empresa, en última instancia el Estado, lo que hace es poner en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores.
Del mismo modo la aplicación de un ERTE de 20 meses por causas económicas por parte del propio Estado a una de sus empresas es un completo escándalo. Mientras el Gobierno PSOE-UP defiende públicamente que no se debe aprovechar la crisis para destruir empleo, vemos como una empresa pública lo hace. Es inaceptable que mientras el Gobierno aprueba un plan de 100.000 millones de euros para rescatar a la banca y las grandes empresas, se pretenda hacer cargar a la clase trabajadora con el peso de la crisis a través de ERTE y despidos.
Por la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía
La ofensiva patronal contra la clase obrera está siendo salvaje, sus planes son claros; parasitar al Estado a través de los ERTE y demás ayudas públicas mientras les convenga, y destruir empleo en cantidades ingentes para mantener sus beneficios sin importarles las consecuencias sociales para decenas de miles de familias obreras y comarcas enteras.
Si algo ha quedado demostrado en las últimas semanas es que el argumento utilizado por el Gobierno de que a través de los ERTE se está evitando destrucción de empleo no se corresponde con la realidad. Las grandes empresas solo tienen un afán, amasar beneficios; de ahí los anuncios de cierre de las plantas de Nissan en Barcelona y de Alcoa en San Cibrao, aunque suponga cerca de 26.000 despidos (3000 directos y 20.000 indirectos en Nissan y 534 directos y 2.000 indirectos en Alcoa), una auténtica catástrofe social cuya sombra será muy alargada.
Sin ir más lejos, la industria auxiliar de componentes y materiales para el sector del automóvil en Asturias ya se está viendo afectada: Arcelor produce acero galvanizado para carrocerías y otros componentes de refuerzo para neumáticos, Saint Gobain en Avilés parabrisas, Vauste Gijón amortiguadores y así un largo etcétera de empresas, muchas de ellas inmersas también en ERTE (3). Un ejemplo clarísimo de las nefastas consecuencias de dejar en manos privadas los sectores estratégicos de la economía y de que la única alternativa realista en beneficio de la clase trabajadora es la nacionalización, sin indemnización (bastante se les ha pagado ya a través de exenciones, subvenciones y demás formas de trasvase de dinero público a sus bolsillos privados) y la puesta en funcionamiento bajo el control obrero de todas estas empresas empezando por la Nissan.
Por una EBHI 100% pública y bajo control de los y las trabajadoras
Las empresas privadas, accionarias de EBHI, han disfrutado durante todo este tiempo de los buenos precios y condiciones que les ofrecer ser además, como en el caso de Arcelor, el principal cliente. Para qué gastar dinero en comprar una empresa si a través de los presupuestos del Estado se mantienen las infraestructuras y se les garantiza un uso privilegiado de los mismos, otra forma de parasitismo del sector privado a costa de los recursos públicos. Sobre todo cuando a la par, desde la dirección de la Autoridad Portuaria de Gijón, tal y como los trabajadores en lucha han denunciado, se han favorecido sistemáticamente los tráficos a empresas privadas en vez de a la pública. Dejar morir a la empresa pública, haciéndola menos rentable para forzar a la baja su precio de venta es otra vía de presionar hacia la privatización.
Esas empresas privadas que desde hace tiempo reciben tratos de favor por parte de los altos cargos de la Autoridad Portuaria acechan su oportunidad. Las empresas, para hacer negocio a través de su compra a precio de saldo y los altos cargos para acceder a alguna “puerta giratoria”; no cabe ninguna duda que acabar con el único referente de empresa de estiba pública que aún mantiene unas mínimas condiciones y derechos laborales, será bien recompensado a los directivos que consigan darle la estocada final.
Por todos estos motivos, si algo demuestra el caso de EBHI es que el hecho de que una empresa tenga participación pública, no acaba con el expolio de los recursos públicos por parte de los capitalistas, máxime cuando estos mantienen parte del accionariado y, en la práctica, mandan e imponen sus condiciones. Por eso un primer paso debe de ser acabar con esa parte privada del accionariado, los más interesados en abaratar sus costes a costa de la clase trabajadora, expropiándoles su parte sin ninguna indemnización. Pero para evitar la corrupción en la empresa pública y que sigan funcionando con los mismos criterios económicos de “ahorro” y sobreexplotación de sus plantillas, es imprescindible que funcionen bajo el control de la clase trabajadora, la única interesada en defender todos los puestos de trabajo, las condiciones laborales, de seguridad y derechos de la plantilla.
La unificación de las luchas a través de la confluencia de los y las trabajadoras de todas las empresas afectadas por ERTE, ERE y despidos, es nuestra arma más poderosa. La solidaridad de clase mostrada con los trabajadores de EBHI en Gijón, o con las plantillas de Nissan y Alcoa son una gran inspiración y marcan el camino a seguir.
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
¡Solo la clase trabajadora puede salvar a la clase trabajadora!
