Alcoa anunciaba este 28 de mayo el cierre de una de las dos plantas de San Cibrao (Lugo), lo que provocará el despido de sus 534 trabajadores y un total de 2.000 empleos destruidos si tenemos en cuenta los directos e indirectos.
Es fácil imaginarse el negro nubarrón que se cierne sobre la comarca.La planta que quieren cerrar es la de producción de aluminio primario, para el que son necesarias unas cubas en las que se realiza el proceso de electrólisis cuyo consumo de energía eléctrica representa la cuarta parte de todo el consumo del centro de San Cibrao. Por eso desde hace años Alcoa, junto a otras empresas del sector electrointensivo, viene presionando a los Gobiernos para que les reduzcan el precio de la electricidad.
En el caso de Alcoa argumentan para justificar el cierre unas pérdidas de 165 millones en los últimos 3 años debido sobre todo a un precio de la electricidad superior al de sus competidores. En los dos últimos años ya se les ha reducido desde los 57 a los 41 euros el MWh, pero no les basta y exigen que este precio sea inferior a los 35 euros, un verdadero escándalo.
Alcoa, el gran negocio de parasitar al Estado
Esta multinacional americana, la tercera más importante del mundo, aterrizó en el Estado español por todo lo alto allá por el año 1998 comprando por 383 millones de euros la empresa pública Industria Española del Alumino (Inespal), que contaba con diez centros repartidos por todo el país. El Gobierno de Aznar, por entonces en plena vorágine privatizadora, anunció a bombo y platillo que esta venta incluía además el compromiso por parte de la multinacional de invertir otros 400 millones de euros en la modernización de las instalaciones y el mantenimiento de los 4.674 trabajadores que Inespal tenía por entonces. Todo parecía perfecto.
La realidad 22 años después es que nunca se produjo tal inversión, las plantas fueron quedando obsoletas y reduciendo su actividad, se fueron vendiendo a fondos de capital y los trabajadores fueron despedidos. El último ejemplo fue la venta hace menos de un año, en julio de 2019, de los centros de Avilés y A Coruña a Parter Capital Group.
Este fondo suizo, experto en “rescatar a empresas”, se comprometió a transformar a estos centros en líderes en la producción de acero secundario para el sector de la automoción y la aviación, además de mantener todos los puestos de trabajo como mínimo hasta julio de 2021. Apenas un mes después, en septiembre, empezó a negociar la venta de estos centros al Grupo Industrial Riesgo, venta que se materializó en abril. Lo que sí cumplió Alcoa antes de vender estos centros a Parter Capital es la paralización de las cubas electrolíticas, y en consecuencia el abandono de la producción de aluminio primario.
Es una característica común a toda reconversión el anunciar a bombo y platillo inversiones que nunca llegan. Lo que sí llegan son las subvenciones y las ayudas del Estado, que en el caso de Alcoa fueron de tal magnitud que diez años después de comprar Inespal ya había recuperado los 383 millones que desembolsó.
Entre 1998 y el 2011 los beneficios se acercaron a los 1.500 millones de euros. Pero hay más, de 2008 al 2018 Alcoa se ha ahorrado en la factura de la luz unos 1.000 millones de euros mediante las subastas de interrumpibilidad, un mecanismo creado para que las grandes consumidoras reciban dinero por reducir su consumo en momentos determinados. La realidad es que Alcoa paga 4 céntimos por kilovatio/hora, frente a los 9 de la industria o los 23 de las familias trabajadoras.
Pero esto que ha venido sucediendo con Alcoa solo es un ejemplo de cómo las grandes empresas vienen expoliando al Estado. Ayer conocíamos también el anuncio de cierre de la planta de Nissan, que recibió casi 180 millones de euros en ayudas desde 2009.
Ante este chantaje permanente todo lo que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha hecho hasta la fecha es seguir trabajando en un Estatuto de Consumidores Electrointensivo que mejore las condiciones para estas empresas. En ningún momento se ha barajado la posibilidad de nacionalizar sin indemnización a las empresas del sector.
Pablo Iglesias ha declarado que las nacionalizaciones “son perfectamente posibles”. Pero hay que pasar de la retórica a la práctica. Las nacionalizaciones no solo son posibles, sino que son absolutamente necesarias y urgentes. Pero llevarlas adelante requiere basarse en la fuerza de la movilización de los trabajadores para enfrentar las presiones de las multinacionales, patronales y grandes poderes económicos.
Efectivamente, no puede ser una nacionalización para asumir pérdidas. Tiene que ser parte de un plan integral en el que todos los sectores fundamentales de la economía, empezando por la banca, sean públicos y se organicen en función de los intereses de la mayoría.
Defender el empleo exige un plan de lucha contundente
Por su parte, los dirigentes de CCOO y UGT también han defendido más de lo mismo. En primer lugar exigiendo, de la mano de estos saqueadores, un Estatuto de Consumidores Electrointensivos que –en las alegaciones que CCOO Industria y UGT FICA hicieron al borrador presentado por el Gobierno en febrero de 2019– se debe implantar la figura del “consumidor hiperelectrointensivo” para, además de mejorar las ayudas ya comentadas, aplicar “medidas complementarias como la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución o la exención del 95% del impuesto eléctrico… reducir los peajes de acceso, compensar el 7% del impuesto de producción e incluir el céntimo verde del carbón”. Es la fusión más descarada entre empresas y la burocracia sindical.
Y, en segundo lugar, ante el anuncio de cierre, José Antonio Zan (presidente del comité de empresa por CCOO) ha declarado que “Si el Gobierno de España tiene que intervenir la empresa unos meses o incluso unos años que lo haga”. Es decir, que asuma las pérdidas y las inversiones modernizadoras que Alcoa no ha realizado, para después regalarla (nuevamente) a una empresa privada. Y que la rueda siga girando.
Por su parte, la Sección Sindical de la CIG en San Cibrao, en un comunicado del jueves 28 de mayo, ha exigido que “la fábrica vuelva al ámbito público garantizando una energía estable y competitiva”. También ha dicho: “vienen momentos muy duros de lucha en que… tenemos que defender el pan de nuestros hijos con uñas y dientes”. Esto es completamente cierto: por eso hay que plantear sin perder tiempo un plan de movilización contundente y ascendente.
Los trabajadores necesitamos ser ambiciosos y armarnos con un plan de lucha concreto para defender el empleo:
· En primer lugar es necesario llamar inmediatamente a los trabajadores a ocupar la factoría para garantizar que la producción continúe y se mantengan todos los puestos de trabajo: principal, auxiliares e indirectos.
· Convocar un plan de manifestaciones masivas en todas las localidades afectadas, llamando a participar a toda la población. Hay que preparar desde ya una huelga general en la comarca y ampliarla a toda Galicia.
· Hay que organizar una gran huelga de toda la industria, haciendo confluir esta lucha con la de Nissan y en general con la de todas las industrias cuyos puestos de trabajo estén amenazados. Hay que poner fecha para una gran movilización estatal con la consiga: ¡ningún cierre, ningún despido!
· Hay que exigir al Gobierno la expropiación y nacionalización de Alcoa bajo control de los trabajadores, sin indemnización, exigiendo que se devuelva lo robado todos estos años a través de ayudas y subvenciones. Y este dinero emplearlo en la modernización de las instalaciones.
