O gobernar para la CEOE y el IBEX 35, o para las familias obreras y la juventud

El pasado 20 de mayo, el PSOE, Unidas Podemos (UP) y EH Bildu firmaron un acuerdo cuyo punto primero señalaba: “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el PP. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”.

Cuatro horas más tarde, a medianoche del mismo día, el PSOE hizo público un comunicado en el que “anulaba” ese punto clave, dejando el texto final así:

“Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente:

- Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. [Esto ya lo hizo en febrero].

- Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

- Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Es decir, el PSOE daba marcha atrás retomando el texto del programa de Gobierno firmado con UP en diciembre de 2019. Este tiene un contenido mucho más ambiguo, más abierto a distintas interpretaciones y, sobre todo y más importante, sin ningún plazo determinado para llevarlo a cabo.

Es más, esta nueva versión es un retroceso respecto a dicho pacto de Gobierno ya que elimina las referencias a la limitación de “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” y a la revisión del “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”. Y, por supuesto, no se tocan los aspectos más lesivos de la contrarreforma: todas las medidas que se introdujeron para abaratar y facilitar el despido.

Rápidamente la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aceptó el cambio impuesto por el PSOE al que calificó de “matización terminológica”. En cuanto a Unidas Podemos, más allá de las enfáticas declaraciones iniciales de Pablo Iglesias insistiendo en que se iba a derogar íntegramente la reforma laboral –“Pacta sunt servanda”, los pactos están para ser cumplidos–, su grupo parlamentario se sumó a Bildu y al Partido Socialista, para asegurar que “no había contradicción” entre el comunicado del PSOE y lo pactado entre las tres fuerzas.

Por mucho que intenten camuflarlo, los hechos son incontestables. La burguesía ha dicho no a la derogación real de la reforma laboral y PSOE, UP y Bildu han retrocedido rápida y lamentablemente sin ofrecer la menor resistencia.

¿Quién manda en el Gobierno?

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, no suele prodigarse mucho en los medios de comunicación. Desarrolla su labor fuera de los focos mediáticos y con la máxima discreción. Pero el 20 de mayo demostró que su peso es determinante en las decisiones del Ejecutivo. Esta implacable guardiana de los beneficios de los capitalistas dio un poderoso puñetazo en la mesa y forzó la supresión inmediata del punto uno del pacto PSOE-UP-Bildu.

Frente al denominado escudo social que el Gobierno dice estar construyendo, la señora Calviño hasta el momento había mantenido una actitud reservada –aunque siempre expectante– en la medida en que este no supone, ni de lejos, una amenaza para los intereses de los capitalistas.

La parte del león de los recursos que el Ejecutivo está movilizando y la legislación que está desarrollando tiene como principal objetivo preservar las ganancias de los grandes empresarios, mientras se dedican migajas a las familias trabajadoras que no sirven para paliar la hecatombe social que están sufriendo. Uno de los más importantes cometidos de Nadia Calviño es garantizar que esto siga siendo así y que se respete, favorezca y defiendan los intereses de los grandes empresarios y banqueros.

La reforma laboral es una cuestión estratégica para los capitalistas. Haber planteado su derogación “íntegra” ha provocado la reacción inmediata y contundente de la ministra de Asuntos Económicos, demostrando al mismo tiempo quién manda realmente en el Gobierno. Como colofón, Calviño ha querido zanjar públicamente la discusión sobre la derogación de la reforma laboral. En un acto telemático del Cercle d’Economia en el que intervino el 21 de mayo dijo: “Nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra historia. Con esta realidad, sería absurdo y contraproducente abrir un debate sobre esta materia”.

Nadie desde el Gobierno, ni PSOE ni UP ha contestado a la ministra. Pablo Iglesias ha mantenido un clamoroso silencio. El golpe de autoridad dado por la vicepresidenta tercera ha sido inapelable y su afinidad con la patronal no deja lugar a dudas.

La burguesía, que desde el primer momento ha sometido al Gobierno a una estrecha vigilancia y a una presión implacable, reaccionó ante el acuerdo con contundencia en todos los frentes.

CEOE y Cepyme expresaron inmediatamente su “rotundo” rechazo, y pusieron en marcha el mecanismo del chantaje suspendiendo su presencia en las mesas de diálogo social. A la vez, Antonio Garamendi, presidente de la patronal, censuraba con contundentes declaraciones los términos del acuerdo PSOE-UP-Bildu: “Derogar íntegramente la reforma laboral es una irresponsabilidad total, porque pone en peligro miles de empleos y la confianza en el país y en las empresas españolas”, mientras elogiaba las palabras de Calviño en el Cercle d’Economia: “Es lógico que la vicepresidenta dijera ayer lo que dijo. Al menos, una cabeza sensata en el Gobierno ha dicho algo serio”.

También el PNV, el partido de la patronal vasca, mostró su rotundo rechazo a la derogación “íntegra” de la reforma laboral y su presidente, Andoni Ortuzar, advirtió que “el depósito de confianza del PNV [en Sánchez] tiene la luz de reserva encendida”.

La prensa escrita no se ha quedado a la zaga y ha salido en tromba cargando con bala contra el Gobierno. En sus editoriales no han ahorrado descalificaciones. Así el periódico El Mundo acusa al Gobierno de coalición de “demencial ineptitud y agresivo radicalismo” y ABC pide a quienes le “sustentan en el poder” que lo abandonen.

Pero en este aquelarre desatado por la prensa al servicio del capital ocupa un papel destacado el grupo Prisa que ha movilizado todos sus recursos. Para El País el acuerdo no tenía “sentido” ni “en el fondo ni en la forma” a cambio de una abstención “irrelevante” y ha destruido “el mermado crédito negociador del Gobierno” y afirma que deben “depurarse responsabilidades”.

En la Cadena Ser, Àngels Barceló, que siempre ha intentado mantener un perfil “progresista” clamaba al más puro estilo de editorialista de La Razón: “Al margen del contenido del pacto –que es la reforma laboral, sobre la que puede haber todo el debate que queramos... en otro momento–, con quien se pacta es con Bildu, que es cierto que está en las instituciones democráticas, pero se pacta con Bildu 24 horas después de que haya habido un ataque contra la máxima responsable del PSE sin que Bildu lo haya condenado; es con este partido con el que el PSOE pacta”.

Esta furiosa reacción de la burguesía y los medios a su servicio va más allá de la propia exigencia del mantenimiento de la reforma laboral. Los capitalistas han marcado con mano de hierro el rumbo de la política de este Gobierno y han querido mandar un mensaje claro e inequívoco. Cuestionar de forma tan clara la reforma laboral es para ellos totalmente inadmisible y consideran que se ha ido más allá de lo que están dispuestos a tolerar. La burguesía ha sacado toda la artillería para forzar al PSOE y al Ejecutivo a “rectificar” en este punto y además han querido dejar claro que no van a permitir que el Gobierno adopte ninguna medida sin su consentimiento y mucho menos que amenace sus intereses.

El Gobierno retrocede, CCOO y UGT colaboran y Unidas Podemos agacha la cabeza

Las negociaciones entre PSOE-UP-Bildu que dieron como resultado la firma del pacto estuvieron mediatizadas por el debate parlamentario sobre la nueva prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno y la necesidad de recabar apoyos para que esta prórroga fuera aceptada. Pero no fue el único elemento que explica que se planteara suscribir este acuerdo justo en este momento. De hecho, al final el sentido de los votos de Bildu resultó intrascendente.

Con la derecha a la ofensiva intentando movilizar a su base social, y con el Gobierno intentando cimentar su mayoría parlamentaria apoyándose cada vez más claramente en el PNV y Ciudadanos (el propio Pablo Iglesias ha agradecido a Ciudadanos que haya girado hacia “una derecha civilizada”), el Ejecutivo se propuso intentar reforzar su flanco izquierdo con lo que sin duda consideró una maniobra audaz. El resultado de este movimiento ha sido un acuerdo inaceptable para los capitalistas que están decididos a garantizar que algo así no vuelve a repetirse.

Después de la renuncia a la derogación íntegra de la reforma laboral, el Gobierno hace todo lo que puede por tratar de calmar a la patronal y dejar claro que ha aprendido la lección. Pedro Sánchez y gran parte de sus ministros no pierden ocasión para alabar a los empresarios españoles y resaltar su “compromiso con el país”.

El presidente del Gobierno ha calificado de “patriota” al presidente de la CEOE, y se ha mostrado confiado en que el diálogo social se recuperará cuanto antes. Siguiendo el guion, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se deshacía en elogios al hablar del presidente de la CEOE: “Yo conozco particularmente el sentido de Estado que tiene el señor Garamendi (...) No es un patriota de boquilla (…) antepone siempre los intereses de España a cualquier otra cuestión”.

Pero la patronal no se muestra satisfecha y exige al Gobierno una penitencia más dura.
El presidente de la patronal de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, exigió una rectificación expresa del vicepresidente Pablo Iglesias sobre la urgencia de derogar íntegramente la reforma laboral, así como un nuevo documento escrito donde se aclare la posición del Ejecutivo.

Ante esta ofensiva brutal de la burguesía la respuesta de los dirigentes de CCOO y UGT ha sido absolutamente lamentable. Totalmente comprometidos con la política de colaboración con los empresarios, y dando una nueva muestra de lo alejados que se encuentran de la clase obrera y sus necesidades, se han unido al coro de reproches a los firmantes del acuerdo a pesar de que este abogaba por la derogación “íntegra” de la reforma laboral.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó de “música de la mala” el acuerdo, por incluir un asunto que debería pasar por la mesa de negociación. Mientras, Unai Sordo, secretario general de CCOO dejaba clara su posición declarando que:

“Sería bueno huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo”.

Los dirigentes de los dos grandes sindicatos acusan al Gobierno de poner en peligro el llamado diálogo social. Y esto lo hacen justo en el momento en el que más claramente ha quedado en evidencia que este no es más que una farsa; que los empresarios solo están dispuestos a dialogar cuando se trata de recortar derechos a los trabajadores.

¿Por qué la CEOE interrumpe el diálogo social cuando se plantea la derogación íntegra de la reforma laboral y no lo hace cuando se habla de anular sus aspectos más lesivos?

A los empresarios, que han dejado muy claro que no van aceptar la derogación real de la reforma laboral, por lo general no les preocupan las declaraciones de intenciones siempre que nadie pretenda hacerlas realidad. Los capitalistas participan en las mesas de diálogo social para que se aprueben recortes de derechos para los trabajadores y que estos sean refrendados por los sindicatos y las organizaciones de izquierda que participen en ellas. La concertación social es un fraude.

Pero este engaño no sería viable sin la participación y el compromiso de los sindicatos, el Gobierno y UP. Ninguno de ellos, como ha quedado una vez más en evidencia tienen intención de hacer nada para someter a la patronal e intentan encubrirlo recurriendo a subterfugios terminológicos y a señuelos como el diálogo social.

Todos, el PSOE, los dirigentes de CCOO, UGT y Unidas Podemos agachan la cabeza a espera de que amaine el temporal desatado por la burguesía cuando ha visto amenazados sus intereses.

Con la lucha y armados con un programa anticapitalista derrotaremos la ofensiva patronal

El hundimiento de la economía mundial va a traer consigo un recrudecimiento de la lucha por los mercados entre las distintas burguesías nacionales. Los capitalistas españoles se están preparando para hacerle frente de la única manera que la parásita y atrasada clase dominante española sabe, devaluando todavía más la fuerza de trabajo.

Los empresarios lo tienen muy claro. La CEOE insiste en que derogar la reforma laboral de 2012 tendría efectos negativos en el empleo y lanza una clara amenaza: “La palabra ERTE se puede convertir en ERE”. A la vez se está preparando para provocar un nuevo hundimiento de los salarios y de las condiciones laborales. No solo no acepta la derogación de la reforma laboral de 2012 sino que exige que esta se profundice.

Unidas Podemos debe de dar un giro de 180º en su política. El camino por el que está optando ya ha sido recorrido por otras formaciones de la izquierda y el resultado es de todos conocido. En Grecia, Syriza aceptó la lógica capitalista, quedó atrapada por ella y acabó justificando y llevando a cabo duros y profundos recortes sociales que incrementaron el sufrimiento de la clase obrera griega que vio frustradas las esperanzas que esta había depositado en Alexis Tsipras. Esta política abrió el camino para la vuelta de la derecha al Gobierno de Grecia.

La movilización contundente y masiva defendiendo un programa que rompa con el capitalismo es la clave para derrotar la ofensiva patronal; debemos prepararla desde ya. Ninguna mesa de diálogo social, ni ninguna aritmética parlamentaria han detenido nunca los planes de los capitalistas.

También debemos aprender de la rica experiencia de estos últimos años. Hay que construir una izquierda combativa que armada con el programa del marxismo no ceda ante las presiones intolerables de los grandes capitalistas y que luche decididamente por la transformación de la sociedad.


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