¡Que se garantice nuestro derecho a la educación! ¡Por un plan de rescate a la enseñanza pública!
En la tarde del 15 de abril, el Ministerio de Educación, tras una reunión con las Comunidades Autónomas, ha anunciado las medidas que se adoptarán para la finalización del curso académico.
En primer lugar, y por increíble que parezca, el Ministerio se niega a aceptar una realidad obvia para todo el mundo y es que el curso ya ha terminado. Siguen empecinados en que acabará en junio y que hasta entonces se utilizarán las herramientas para la educación online – que excluyen a una gran parte de las familias con menos recursos - para evaluar sobre contenidos que no se han podido impartir en condiciones de igualdad. Mirar para otro lado ante esta realidad, que demuestra la existencia de una brecha de clase creciente en el sistema educativo, es simplemente apostar por el continuismo de un modelo que ha puesto la enseñanza pública en situación de emergencia provocando el mayor fracaso escolar de Europa.
La presión que hemos generado los estudiantes y la evidencia de una situación insostenible ha obligado al Ministerio a abogar por la promoción de curso en primaria, secundaria y primero de bachillerato. Lamentablemente se han negado a suspender las pruebas de selectividad y que la media de bachillerato sirva para acceder a los estudios universitarios, consolidando con esta decisión una universidad pública cada vez más parecida a la privada y cerrada a cal y canto para una mayoría de estudiantes de familias trabajadoras.
De la decisión del Gobierno se desprende su renuncia a acabar con la política de recortes que hemos padecido durante años. No han planteado ningún plan económico de choque para rescatar la educación pública, y garantizar así los medios que necesitamos para recuperar todo este tiempo en las mejores condiciones y lo antes posible.
Es inaceptable que se hable de un Escudo social y la enseñanza pública quede excluida de un plan financiero que combata los efectos de los recortes presupuestarios y los despidos de miles de profesores. Que un Gobierno que se proclama de izquierda entregue 100.000 millones del presupuesto público al IBEX 35 y la gran banca, y más de 15.000 millones a la enseñanza privada concertada para seguir engordando los beneficios de la patronal, mientras dedica las migajas a las necesidades sociales y no revierte los recortes educativos, es un hecho escandaloso y del que no se puede sentir orgulloso.
¿Situaciones excepcionales? ¡Que nadie se quede atrás!
Desde el Sindicato de Estudiantes hemos reivindicado la necesidad de que el Ministerio garantizara que todas y todos los estudiantes pasaran de curso, que aquellos que tuvieran un 5 o una nota superior mantuvieran su nota media de las dos primeras evaluaciones, y que no se nos evaluara de los contenidos del tercer trimestre porque la realidad es que no lo estamos cursando.
El Ministerio ha planteado que la repetición será algo “excepcional” pero, ¿de qué circunstancias excepcionales nos habla la Ministra? Vivimos una situación inédita, que no hemos vivido nunca, donde los fallecidos se cuentan por decenas de miles, donde nuestros padres y madres son víctimas de ERTEs y despidos… No hay ninguna justificación, en estas circunstancias, para que ningún estudiante repita curso.
¡Por la suspensión inmediata de la EBAU!
El Gobierno mantiene la celebración de los exámenes de la EBAU. Un completo sinsentido. ¿Por qué los alumnos de segundo de bachillerato no pueden ser evaluados como en el resto de las etapas educativas? ¿Por qué se insiste tanto en hacernos pasar por unas pruebas que son una criba para millones de estudiantes de familias trabajadoras que tratan de ocultar la falta de plazas y de inversión en la Universidad pública?
La ausencia de empatía social y de solidaridad por parte del Gobierno, planteando que hay que mantener estos exámenes como si nada pasara, es francamente sorprendente. Se nos dice que este plan es para ayudar a los estudiantes, pero ¿cuál es esta ayuda? ¿Exámenes de los que depende nuestro futuro en una situación de catástrofe social?
Si hubiera plazas suficientes en la universidad pública no sería necesaria ninguna prueba, pero el Gobierno se niega a reconocer esto. Si quieren ayudarnos que deroguen los recortes, que garanticen las plazas y la gratuidad de la educación desde infantil a universidad. No nos vale que nos hablen de “apoyos” y “refuerzos” en abstracto. Es necesario poner en marcha un plan de rescate a la educación pública con una memoria económica muy concreta para garantizar nuestro derecho a la educación.
Sí que hay dinero: ¡Por un plan de rescate a la educación pública!
Si no se pone en marcha un plan de inversión masivo en defensa de la educación pública el futuro que nos espera a los estudiantes de familias humildes es claro: a pesar de promocionar el curso sufriremos las consecuencias de esta crisis en nuestras condiciones materiales para el aprendizaje, el fracaso escolar aumentará exponencialmente en nuestros centros y barrios, y se levantará un muro todavía mayor del que ya existe para expulsarnos definitivamente de la Universidad.
Evidentemente a la derecha le da exactamente igual nuestro futuro. Para ellos, y para la patronal, no somos más que materia prima para la explotación en las condiciones más precarias, con los salarios más bajos y siempre prescindibles. Pero nosotros no podemos tolerar esta situación.
Por eso emplazamos a este Gobierno: basta ya de propaganda y brindis al sol. Queremos hechos. Queremos un cambio radical en la enseñanza pública porque no podemos esperar más. Dejaros de tantas ruedas de prensa y de mensajes publicitarios y actuar en beneficio de las familias trabajadoras y de la juventud.
El Gobierno PSOE - Unidas Podemos debe rectificar urgentemente, dejar de apelar a los Pactos con la derecha reaccionaria, y escuchar a su base social, a la comunidad educativa y la juventud. Debe aprobar un incremento drástico del presupuesto educativo hasta el 7% del PIB para el próximo curso. Debe acabar de una vez por todas con los recortes en todos los niveles educativos. Aumentar drásticamente el presupuesto de las becas y garantizar la gratuidad total de la enseñanza, desde infantil hasta Universidad, para todas las familias trabajadoras. Reducir los ratios y contratar a miles de profesores. Debe suprimir la selectividad y poner fin a la financiación pública de la enseñanza privada y los privilegios que disfruta la Iglesia Católica. Esto es lo que debe hacer un Gobierno de la izquierda.
Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos que se garantice nuestro derecho a la educación y eso no se consigue con declaraciones o con grandes discursos sino poniendo todos los recursos públicos necesarios para que los estudiantes, los profesores y todos los trabajadores de la enseñanza podamos estudiar y educar en unas condiciones dignas – es decir, garantizando una educación pública, gratuita y de calidad - .
