Desde que el pasado 30 de enero el sector agrario se movilizara en la localidad extremeña de Don Benito, las protestas han continuado en gran parte del Estado español impulsadas por diferentes organizaciones patronales como ASAJA, y por otras con un origen más cercano al movimiento sindical y a la izquierda como UPA y COAG. En estas acciones han sido los grandes y medianos propietarios los que han acaparado el protagonismo.
De hecho, Vox y el PP, apoyándose en los empresarios del campo, están interviniendo con decisión para orientar las protestas contra el Gobierno PSOE-Unidas Podemos; tal es así que APAG Extremadura ASAJA ha anunciado que se movilizará frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. A la vez, todos estos reaccionarios desparraman toda su demagogia como si los intereses de los pequeños propietarios, los cooperativistas y los jornaleros (muchos de ellos inmigrantes sometidos a jornadas interminables a cambio de salarios de miseria) fueran los mismos que los de los grandes y medianos propietarios y los terratenientes de toda la vida, muchos de los cuales forman parte del aparato del PP o de Vox.
La patronal del campo ha encontrado un aliado en el presidente de Extremadura y dirigente del PSOE, Guillermo Fernández Vara. Este planteó que uno de los problemas del sector agrario residía precisamente en las recientes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Esta es la misma posición de ASAJA, la patronal que lleva más de un año bloqueando la aplicación del SMI, que condena a 65.000 trabajadores y trabajadoras extremeños a sobrevivir con salarios inferiores a 900 euros mensuales y que exigió en la negociación del convenio del campo suprimir los quince minutos del bocadillo e incrementar la jornada laboral anual hasta las 1.800 horas para “compensar” la subida del SMI.
Por su parte Unidas Podemos (UP) ha propuesto toda una serie de medidas como la de “fomentar el comercio local y avanzar hacia un etiquetado claro que informe sobre el origen de los productos y sobre el precio que se ha pagado al productor, para saber si realmente ha sido un precio justo”.
El campo: otra víctima de la dictadura de los monopolios
Lo que de momento aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero fue un paquete de medidas que no ha satisfecho a nadie. Las más importantes son: establecer contratos escritos en los que quede reflejada la cuantía mínima del coste de producción, ningún intermediario podrá vender por debajo de ese coste, solo lo podrá hacer el distribuidor que vende directamente al público, prohibir las promociones comerciales que devalúan la calidad de los productos alimentarios y ganaderos, rebajar el número de peonadas necesarias para percibir el subsidio agrario de 35 a 20 día e incentivar la transformación de contratos agrarios eventuales en indefinidos.
Ninguna de estas propuestas van a la raíz del problema, y desde luego no ayudan a desenmascarar a la patronal del campo ante los pequeños campesinos ni sirven para combatir efectivamente las posturas más reaccionarias que los grandes empresarios del campo intentan inocular en el movimiento.
Los grandes monopolios que controlan el sector agroalimentario, no solo la distribución y comercialización, también la compra de la producción en origen, son los responsables de esta situación y contra este control es hacia donde deben ir dirigidas las medidas decisivas para que algo cambie realmente.
El volumen de negocio del sector es de 107.000 millones de euros anuales (más del 10% del PIB) controlado de principio a fin de la cadena por grandes empresas; las principales, Mercadona, la más importante, acompañada de Dia, Carrefour, Eroski, Alcampo y Lild.
Esta concentración monopolística del sector no solo implica precios extremadamente bajos, también unas condiciones salariales y laborales miserables para los jornaleros.
Este control es lo que explica que en 2019 el precio final de los productos del campo se haya incrementado una media del 450% frente al precio de origen. Este margen especulativo es un beneficio íntegro para la gran industria agroalimentaria.
Por otro lado, mientras un puñado de grandes familias terratenientes reciben decenas de millones de euros en subvenciones provenientes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea –para obtener la mayoría de ellas no es necesario producir nada, ya que estas dependen de la superficie en propiedad y no del volumen de producción–, el pequeño propietario se encuentra asfixiado por las grandes de empresas distribuidoras (que imponen los precios) y los bancos, a la vez que los jornaleros son explotados trabajando en muchos casos en condiciones de semiesclavitud.
¡Por un campo con condiciones salariales y laborales dignas!
El ejemplo de Extremadura es muy significativo. Esta Comunidad es el territorio con una distribución de la tierra más desigual de toda Europa: 42.000 hectáreas de terreno están en manos de cinco grandes propietarios mientras que el 92% de la población mayor de edad no tiene ni un centímetro cuadrado de tierra.
También ocupa uno de los primeros puestos en desigualdad social: casi 90.000 extremeños y extremeñas tienen que recurrir a bancos de alimentos, el 43% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social y el 38,8% tiene una renta inferior al umbral de la pobreza.
Dada esta terrible situación, no es casualidad que sectores de la patronal agraria que se sienten agraviados por las grandes multinacionales, pero también con el objetivo de evitar que el creciente descontento que se desarrolla entre los pequeños propietarios y trabajadores del campo ponga en peligro sus privilegios, intenten desviar la atención de su responsabilidad y traten de arrastrar tras de sí a sectores de pequeños propietarios muy golpeados. Ninguna mejora podrá venir de los mismos que nos oprimen y nos explotan día a día, que han mantenido sus posiciones de privilegio a costa del sufrimiento de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.
Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del campo deben convocar movilizaciones que realmente respondan a las aspiraciones de los jornaleros y pequeños propietarios, rompiendo inmediatamente con estos elementos patronales que solo buscan seguir enriqueciéndose a nuestra costa. Nunca medias tintas han solucionado ninguna cuestión importante, y esta lo es. Hay que luchar por la nacionalización de los grandes monopolios del sector agroalimentario para poder establecer precios justos para los productores y asequibles para toda población, hay que expropiar la propiedad latifundista y llevar a cabo una reforma agraria integral para dignificar realmente las condiciones de los jornaleros, acabar con el paro, el PER y el caciquismo.
Este es el programa que debería aplicar este Gobierno de coalición y no medidas cosméticas que no solucionan nada. Solo la movilización independiente de los trabajadores agrarios con un programa de clase, sin patronos ni terratenientes, podrá transformar la situación del campo.
