Sentencia del Procés. El régimen del 78 contra el pueblo de Catalunya y los derechos democráticos ¡Continuar la lucha hasta conquistar la república socialista catalana!

Desde Sindicalistas de Izquierda, hacemos nuestra la siguiente declaración elaborada por Izquierda Revolucionaria valorando la sentencia del juico del Proces.

 

El Tribunal Supremo ya ha hecho pública la sentencia del juicio del Procés. Las duras condenas a los presos políticos representan, ante todo, una declaración de guerra del régimen del 78 al pueblo catalán, a su legítimo derecho a decidir y a la lucha por la república.

Una sentencia que confirma lo que ya sabíamos: que la democracia que se urdió en los años de la Transición tiene profundas taras autoritarias, y está completamente sometida a un aparato del Estado heredado directamente de la dictadura.

La burguesía española, y también la catalana, han dejado claro que el pueblo de Catalunya es un peligroso enemigo a batir, como lo ha sido en otras tantas ocasiones históricas al desafiar el régimen capitalista y su ordenamiento político. La determinación demostrada el 1 de octubre de 2017, organizando un referéndum democrático en el que más de dos millones de personas ejercieron su derecho al voto a favor de la independencia y la república, pretende ser ninguneada y ocultada por todos los medios. Pero lo más decisivo, y lo que encendió todas las alarmas de la clase dominante, es que ese derecho se ejerció mediante la acción directa de cientos de miles de trabajadores y jóvenes, resistiendo la represión desenfrenada de miles de guardias civiles y policías nacionales a las órdenes del Estado centralista.

 

Sí, aquel día hubo una violencia desmedida en las calles de toda Catalunya. Pero esa violencia fue solo de una parte, tal como testimonian miles de fotografías, vídeos caseros e imágenes que pasaron los medios de comunicación a lo largo de toda la jornada.

 

En el mundo del régimen del 78, los antidisturbios que entraban a hachazos rompiendo los cristales de los colegios, que golpeaban con saña a ancianos, mujeres y niños, que sustraían urnas como si fueran trofeos de caza, que abrían cabezas a porrazo limpio, estaban ejerciendo la «legalidad constitucional». Maldita sea esta legalidad constitucional que premia a torturadores y ampara a los fascistas, que impide que se exhumen los cadáveres de cientos de miles de combatientes republicanos enterrados en cunetas y fosas clandestinas, que rescata bancos pero expulsa de sus casas a miles de familias, que privatiza la sanidad, la enseñanza, nos condena al desempleo, a salarios miserables y a la precariedad. Esta constitucionalidad capitalista y opresora no nos representa.

El 1 de octubre, el pueblo de Catalunya dijo basta a una «unidad de la patria» impuesta manu militari por un ejército trufado de franquistas y reaccionarios. Se rebeló contra un Estado que niega el derecho legítimo de autodeterminación, pero también contra aquellos políticos que han utilizado las instituciones para servir al gran poder económico y a la oligarquía catalana. ¿O acaso la gran huelga general del 3 de octubre, que movilizó a millones de trabajadores y jóvenes en una demostración de fuerza sin precedentes, no fue una clara advertencia de que la república a la que aspiramos significa romper decididamente con todo lo que nos ha llevado a la situación actual?

Como el 14 de abril de 1931, como el 19 de julio de 1936, los trabajadores, la juventud y el pueblo de Catalunya se han colocado a la vanguardia de la lucha por la transformación de la sociedad.

Lo ocurrido en octubre de 2017 supuso el cuestionamiento más serio, decidido y radical que nunca se ha hecho del régimen capitalista que, en los años setenta, restauró una democracia parlamentaria vigilada. Todos los poderes fácticos comprendieron lo que estaba en juego y actuaron en consecuencia: lanzaron una campaña represiva furiosa, alentaron el nacionalismo españolista mas repugnante, y utilizaron todos los instrumentos a su alcance —desde la monarquía de Felipe VI, la policía, los tribunales, los partidos del sistema, hasta los medios de comunicación— para dar una lección inolvidable al pueblo catalán. Hay que decir, sin embargo, que han fracasado estrepitosamente.

 

 

Este ataque frontal a los derechos democráticos del pueblo catalán representa una amenaza directa a las conquistas y libertades de la clase trabajadora y la juventud de todos los territorios. De ahí su trascendencia histórica.

Durante cerca de dos años hemos escuchado a los representantes más consumados de la reacción españolista, pero también a numerosos dirigentes de la socialdemocracia, hablar de un «Golpe de Estado». En realidad, lo que el Supremo ha juzgado ha sido una movilización ejemplar y pacífica y, de manera indirecta, tienen que reconocerlo en el propio auto haciendo cabriolas para justificar el delito de «sedición» y «malversación de fondos» tras abandonar el de «rebelión».

Así, la sentencia se refiere a que en otoño de 2017 se dieron «indiscutibles episodios de violencia», pero al mismo tiempo reconoce que no son suficientes para condenar a los presos por rebelión: «La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes».

 

En lugar de rebelión, el Supremo tipifica el delito de sedición y lo justifica recurriendo a la concentración pacífica del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria d’Economia, en la que participaron decenas de miles de personas, y la «resistencia» al violento operativo de la policía nacional y la guardia civil el mismo 1 de octubre. Todo ello le sirve para montar una resolución que justifique el delito de sedición tal como lo explica el Código Penal: «la acción de alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
 

Y aquí llegamos el punto central de esta sentencia escandalosa contra la democracia. Según el Tribunal Supremo, la movilización pacífica de millones de personas ejerciendo un derecho político, como es votar para pronunciarse sobre el tipo de relación que desean que Catalunya tenga con el resto del Estado, se considera un delito y se le cuelga el rótulo de violencia. Por esta vía, las grandes movilizaciones del 15M en 2011, las acciones para frenar los desahucios, las huelgas generales, las mareas ciudadanas o las marchas de la dignidad… podrían ser catalogadas de sedición.

Con esta sentencia queda claro que el régimen del 78 no puede soportar el ejercicio democrático de todo un pueblo. ¿Por qué razón? Porque el triunfo de la movilización a favor de la república podría abrir una fase de rebelión social y política contra las instituciones capitalistas muy peligrosa.

En una cosa coincidimos con los analistas del sistema. Los acontecimientos del 1 de octubre abrieron una crisis revolucionaria. Y nosotros, como marxistas, subrayamos: una crisis revolucionaria completamente legítima y necesaria cuando se trata de transformar un orden político y económico injusto y lesivo contra los intereses de la mayoría.

Desde el Gobierno en funciones y los partidos del sistema se machaca la idea de que todo lo legal es democrático. Pero este tipo de silogismos esconde una idea completamente falsa y muy reaccionaria. Es evidente, para todo el que tenga ojos en la cara, que lo legal en una sociedad basada en la explotación de una clase sobre otra siempre tiene el cometido de salvaguardar el orden establecido, es decir, defender los intereses de la clase dominante. Algo que no tiene nada que ver con una auténtica democracia. Cuando los oprimidos desafían ese orden, entonces el Estado —que es el instrumento de coerción por antonomasia de la clase capitalista— entra en acción desplegando toda su violencia.

Las condenas fraudulentas contra los dirigentes independentistas contrastan brutalmente con las absoluciones o sentencias ridículas a los políticos corruptos del PP, a los banqueros que han llevado a la quiebra Bankia o el Popular, a los fascistas que agreden a activistas de la izquierda, a los mandos policiales implicados en el narcotráfico, o a los violadores y asesinos de mujeres que son tratados con guante blanco por la justicia.

Esta justicia tiene un contenido de clase nítido: es la misma que envía a prisión a los jóvenes de Altsasu, mantiene entre rejas a Alfon, sentencia a sindicalistas que participan en huelgas o enjuicia a tuiteros, raperos y activistas de la PAH. Es la misma justicia que se opone a juzgar los crímenes del franquismo, y que considera la apología de la dictadura, realizada públicamente por decenas de mandos del ejército, perfectamente legal.

El Supremo ha condenado a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, a la pena más elevada, 13 años; a tres exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a 12 años, a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a 11 años, y a los dirigentes de  la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a nueve años. ¿Lograrán su objetivo de contener al movimiento de liberación nacional catalán? Evidentemente no, eso está completamente descartado.

 

Marx señaló que un pueblo que oprime a otro nunca podrá ser libre. Por eso, el marxismo revolucionario inscribió el principio del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas en sus banderas, como una aspiración democrática que debe ser apoyada por todos los revolucionarios.

Evidentemente el PSOE hace mucho que olvidó estas ideas y las pisoteó. Su firme defensa del 155, su negación del derecho a decidir, su capitulación ante el aparato del Estado cuadrándose ante el nacionalismo españolista —el mismo que segó de cuajo las libertades democráticas en los años treinta del siglo pasado— le convierten por derecho propio en un partido de Estado absolutamente confiable para la clase dominante. Tampoco es casualidad que el eslogan de campaña elegido por el PSOE sea ¡Ahora Gobierno!, ¡Ahora España! La opción de Pedro Sánchez no puede ser más cristalina.

Igualmente, lo que está haciendo otra parte de la izquierda parlamentaria del Estado español es un inmenso error. Unidas Podemos renunció a implicarse en el movimiento de liberación nacional catalán, y lo hizo con los peores argumentos. En lugar de extender la solidaridad con el pueblo de Catalunya e impulsar la movilización por la república en todos los territorios, reforzando su contenido de clase y unificando la respuesta contra el enemigo común —la monarquía, la patronal, el régimen del 78 y todos sus representantes—, adoptaron una postura cínica y equidistante entre la gente apaleada por organizar una votación democrática, y el bloque del 155 que izó la bandera del más rancio españolismo y la represión en todas sus formas posibles.

La lucha de millones de personas por el derecho a la autodeterminación y la república ha sido denunciada por numerosos intelectuales «progresistas» y políticos de izquierdas que supuestamente se declaran «republicanos» y «comunistas», como un movimiento reaccionario dirigido por las élites catalanas. Pero lo cierto es que la burguesía catalana no solo no ha impulsado la independencia y la república, sino que se ha posicionado rotundamente en contra, aliándose con la burguesía española y jugando un papel fundamental en la represión y la campaña del miedo (basta recordar los cientos de empresas que se marcharon de Catalunya inmediatamente después del 1 de Octubre).

Lo que hemos visto en las negociaciones para el fallido Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE es concluyente. Pablo Iglesias aceptó la política de Sánchez y renunció expresamente al derecho de autodeterminación y a cualquier crítica al régimen del 78. Llegó incluso a afirmar que si entraban a formar parte del Gobierno y el PSOE aplicase el 155, lo acataría sin rechistar. La experiencia de estos dos años ha demostrado que el abandono de una posición de clase e internacionalista en la cuestión nacional se convierte en una renuncia completa a defender los derechos democráticos.

La burguesía española es muy consciente de lo impresentable de la sentencia del Supremo y se prepara para enfrentar una respuesta masiva en las calles. Por eso las detenciones de nueve activistas de los CDR, acusados de terrorismo, tampoco son casuales. Se trata de hacer el máximo ruido posible y velar, con mentiras y propaganda, la verdadera situación. A nadie se le escapa la interconexión entre los acontecimientos catalanes y los movimientos que se producen desde las altas instancias del Estado.

Con una economía que avanza hacia la recesión, la burguesía española y catalana preparan nuevos y brutales recortes que golpearán a millones de trabajadores y a los sectores empobrecidos de las capas medias. En este contexto, el ejemplo que representa la continuidad de la movilización en Catalunya constituye un peligro real de desestabilización y resistencia a sus planes.

Con la represión al pueblo catalán se consolida la tendencia autoritaria que garantiza la unidad nacional impuesta por la dictadura franquista y sus herederos políticos, y que mañana será utilizada aún más duramente contra cualquier movimiento social, sindicato y organización que no esté dispuesta a aceptar la política de los Gobiernos capitalistas.

En el movimiento de liberación nacional catalán existe un choque creciente que alimenta su diferenciación interna. Por un lado, centenares de miles de jóvenes, trabajadores y amplios sectores de las capas medias que queremos llevar hasta el final la lucha por una república que rompa con la opresión del Estado centralista y haga realidad la transformación social de Catalunya. Por otro, la derecha catalanista (PDeCAT) y sectores de la dirección de ERC que se están empleando a fondo para negociar con el Estado una salida en líneas autonomistas, que les permita hacer retroceder al movimiento y sacarlo de las calles.
 

Esta contradicción se puso de manifiesto durante el último año en las pitadas a Torra o las exigencias de dimisión al conseller de Interior Buch por la represión a diferentes manifestaciones antifascistas e independentistas. Recientemente, ha vuelto a expresarse ante la decisión del Departament de Interior de autorizar a los Mossos a utilizar gas pimienta contra los manifestantes. Durante los últimos meses este malestar ha crecido reflejándose en numerosas críticas de asambleas territoriales de ANC y en las acciones de los CDRs, o en la decisión de que los dirigentes de los partidos del Govern no fueran en la cabecera de la manifestación de la Diada.

Debemos sacar todas las lecciones que la experiencia ha suministrado en estos años. La respuesta a la sentencia del Supremo no puede limitarse a una huelga aislada —para aliviar presión de una olla en ebullición— ni a un planteamiento político que conduzca a rebajar nuestros objetivos políticos precisamente cuando tenemos la fuerza para alcanzarlos.

Desde el Sindicat d’Estudiants se ha organizado una huelga general de 72 horas de la juventud, con un programa combativo: ¡Fuera la represión franquista, por la libertad inmediata de los presos políticos, por la república catalana de los trabajadores y la juventud! Ese es el camino.

Necesitamos un plan de lucha ambicioso a la altura de los acontecimientos. Es necesario que toda la izquierda combativa, los CDR, los sindicatos de clase que se han posicionado a favor de la república, y todos los movimientos sociales levantemos un plan de acción prolongado en el tiempo, con un calendario claro de huelgas generales, ocupaciones de centros de trabajo y estudio y manifestaciones, que genere el apoyo masivo de la población.

Lograr un movimiento de resistencia de esta envergadura exige dejar claro que peleamos por una república socialista que nacionalice las palancas fundamentales de la economía, la banca y los grandes monopolios, y que ponga fin a la pesadilla de los recortes sociales, a la falta de vivienda pública y asequible, a la precariedad y los salarios miserables, a la violencia patriarcal y la destrucción del medio ambiente.

De esta manera estableceríamos un puente para superar las fronteras de Catalunya y unificar nuestra lucha con la de los trabajadores y la juventud del resto de los territorios, creando las mejores condiciones para enfrentar y vencer a la represión.

Centenares de miles de personas en Catalunya están hartas de palabras y promesas que nunca se concretan. Por eso debemos confiar en nuestras propias fuerzas y determinación para enfrentar la represión del Estado y hacer realidad la república. Hay que unir la liberación nacional a la transformación socialista de la sociedad y establecer una estrategia capaz de lograr la victoria. Pero no basta solo con la voluntad de luchar, hay que actuar conscientemente para construir un partido de los trabajadores y la juventud que lo haga posible.