Una trabajadora del Aeropuerto Madrid-Barajas despedida por sus opiniones y su militancia política

¡No a los despidos por ejercer derechos sindicales y políticos!

El pasado mes de agosto  Victoria Taibo fue despedida como recepcionista de las Salas VIP del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la empresa Gestio i Serveis Trade Center. La razón, que AENA había anulado su acreditación de acceso a la Zona Restringida de Seguridad, sin la cual no podía acceder a las instalaciones del aeropuerto donde trabajaba.
 

La División de Seguridad Aeroportuaria, dependiente de AENA, procedió a inhabilitar dicha acreditación debido a que «una vez realizadas las comprobaciones oportunas de identidad y de antecedentes personales por parte de los CCFFSE recogidas en la Instrucción SA-20 del texto anteriormente citado, la trabajadora de su empresa, Dña. VICTORIA TAIBO[…] ha sido declarada NO IDONEA para que sea expedida una acreditación aeroportuaria con acceso a Zona Restringida de Seguridad por parte de las citadas instituciones.», sin que hasta la fecha se haya planteado motivo concreto alguno por el que se le ha declarado NO IDONEA.

Para muchas trabajadoras y trabajadores en los aeropuertos de todo el Estado, ya sean pilotos y personal de vuelo, personal de pista, de empresas de seguridad privada, de restaurantes y tiendas, o como recepcionistas, es necesaria dicha acreditación de cara a acceder a las instalaciones aeroportuarias en las que desempeñan su trabajo. Obviamente, por razones de seguridad, se sigue un proceso para conseguir dicha acreditación, como puede ocurrir en otros empleos, donde se solicitan los antecedentes penales. En este caso concreto, ni existían antecedentes penales, ni existían siquiera antecedentes policiales, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. Entonces, ¿por qué y en base a qué se ha denegado dicha acreditación?

Pero sí que hay una explicación ante esta grave actuación, completamente arbitraria y abusiva por parte de la administración, y es que se ha establecido un procedimiento de cara a acceder a dicha acreditación donde se valora tanto la militancia política y sindical, como la ideología y opiniones políticas de trabajadoras y trabajadores, tal y como se hacía durante la dictadura franquista.
 

Actualmente, tras una reforma reciente del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, llevada adelante por el Gobierno del PSOE en febrero de este año, toda trabajadora o trabajador contratado por primera vez, debe someterse a una comprobación reforzada de cara a obtener dicha acreditación, que incluirá información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). ¿Y cuál es esta información? ¿Qué información tiene el CNI de una persona que ni siquiera tiene antecedentes policiales? ¿Está el CNI espiando a todas y todos los ciudadanos? Y si es así, ¿en base a qué?, ¿con qué justificación?

Estamos ante una legislación y una actuación gravísima, propia de una dictadura autoritaria, donde existen listas negras y caza de brujas. Una actuación que ya tiene precedentes, el de Patxi Zamora, un auxiliar de vuelo de Iberia despedido tras 32 años de trabajo al negársele la acreditación por parte de AENA y la Guardia Civil. La razón que dieron -tras requerírselo los tribunales, ya que inicialmente no dijeron nada de nada- fue que era una persona «próxima a entornos potencialmente peligrosos para la seguridad aérea», por ir en una lista electoral avalada por partidos políticos completamente legales como Podemos, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra y por denunciar diversos casos de corrupción. Tampoco tenía antecedentes de ningún tipo, ni penales, ni policiales.

Topamos de nuevo con las cloacas del Estado, pero en este caso nos encontramos ante una grave amenaza para los derechos de todas y todos los trabajadores aeroportuarios que necesiten dicha acreditación. Si se puede actuar con tal arbitrariedad en estos casos, ¿por qué no cuando se trata de un sindicalista que promueve una huelga en las instalaciones del aeropuerto? ¿Por qué no contra un trabajador o trabajadora que manifieste discrepancias con AENA o cualquier empresa para la que trabaje, o que tenga opiniones políticas que se califiquen de «amenaza» por el CNI? ¿Cuáles son los criterios que se siguen? ¿Cómo se controla que no haya una actuación arbitraria de la Administración? ¿Se monitorean las redes sociales de trabajadores y trabajadoras de cara a decidir si es o no idónea? ¿Cómo se garantiza que no se retira una acreditación simplemente para deshacerse de un trabajador o trabajadora que exija sus derechos o reclame sus salarios?
   

Tanto esta legislación, como este tipo de actuaciones, que incluso en el caso de Patxi Zamora ya ha sido calificada por Bruselas como completamente arbitraria, pone en entredicho los derechos políticos y sindicales de todas y todos los trabajadores aeroportuarios, incluido el derecho de huelga. Por eso mismo los sindicatos de AENA, CCOO, UGT, CGT, etc., y de todas las empresas presentes en las instalaciones aeroportuarias, deben comenzar a actuar, iniciando una campaña de denuncia, y exigiendo la readmisión de todos los trabajadores y trabajadoras que ya se han visto afectados por esta persecución política propia de un Estado policial. Sin duda mañana habrá más casos, y sin duda siempre contra aquellos que luchan y reclaman sus derechos. ¡No podemos permitirlo!

Desgraciadamente, otra vez nos encontramos con que Pedro Sánchez y el PSOE, en vez de revertir este tipo de medidas represivas del anterior Gobierno del PP -la Ley Mordaza de los aeropuertos- las continúan aplicando e incluso las implementan aún más, tal y como ha ocurrido con el nuevo Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. De hecho el caso de Patxi Zamora llegó al Congreso de los Diputados y al Senado, donde se pregunto a Ana Botella Gómez, secretaria de estado de Seguridad, sin que se obtuviera respuesta alguna del por qué de esta actuación. Eso sí, señaló que hay que evitar que casos como este se vuelva a producir. ¡Pues aquí hay otro más, y probablemente muchos más que ni se conozcan!

Es vergonzoso que un Gobierno del PSOE, que se reclama progresista y feminista, permita este tipo de actuaciones propias de la derecha franquista más rancia. Y lo peor de todo, es que aun sabiéndolo, como lo saben, han decidido mantener dicha legislación, amparándose en una normativa de la UE, a pesar de que esta ya ha dicho que no se puede aplicar dicha normativa con esta completa arbitrariedad.
 

Exigimos que se derogue inmediatamente esa legislación de excepción, que se deje de perseguir a trabajadoras y trabajadores aeroportuarios por sus opiniones y su militancia política y sindical, y que se depuren responsabilidades tanto en el seno de AENA como de la Guardia Civil. 

¡Basta de represión contra los que luchamos!

¡No a la Ley Mordaza de los aeropuertos!