El suicidio de una trabajadora de IVECO: un crimen machista ante la impasibilidad de la empresa

El pasado 25 de mayo una trabajadora de Iveco en Madrid se quitaba la vida por la presión, acoso y humillación insoportable que públicamente sufría en su puesto de trabajo, tras la difusión entre la plantilla de un vídeo sexual en el que aparecía.  

En primer lugar desde Sindicalistas de Izquierda queremos solidarizarnos y mandar nuestro apoyo a los familiares y allegados de la víctima. Pero también queremos exigir la inmediata depuración de los responsables, entre los que tiene que figurar en primer lugar la empresa, por haber contribuido en la práctica al acoso sexual, creando una atmósfera de tolerancia e impunidad.

Además denunciamos el papel, nefasto una vez más, de la justicia patriarcal. Y es que la propia Verónica se personó en el departamento de recursos humanos de la empresa para denunciar esta situación de acoso y señaló un nombre como responsable de la difusión del video. La respuesta por parte de la empresa fue que no tenía ninguna intención de hacer nada porque era un problema personal, responsabilizándola del acoso que sufría y dejando en total impunidad a sus acosadores. El nombre que Verónica apuntó en su denuncia a la empresa, fichó en su puesto de trabajo esa misma noche como si nada hubiera pasado.
 

Ante esto la judicatura presenta el caso como un posible acto delictivo de “descubrimientos y revelación de secretos” encubriendo descaradamente el carácter machista de esta agresión que ha empujado a Verónica a la muerte. Quién compartió masivamente el vídeo entre sus compañeros de trabajo lo hizo con el fin de humillarla, organizando un escarnio público que juzgara su vida sexual. Nuevamente la justicia patriarcal nos trata de mandar un mensaje claro: acosar, vejar, hostigar psicológicamente, violentar en público a las mujeres y señalarlas por su vida sexual es un compartimiento que no supone motivo alguno de condena.
 

Lamentablemente, después del trágico suceso hemos tenido que asistir a un auténtico espectáculo mediático que ha vuelto a poner a la víctima y su vida en el punto de mira en vez de señalar con contundencia a los agresores. Desde las declaraciones de Fran Rivera que, haciendo alarde de su machismo franquista y sin ninguna contestación por parte de Espejo Público, pudo justificar y normalizar el acoso sexual alegando que “los hombres no podemos tener en nuestras manos un vídeo así y no compartirlo”. Hasta el intento consciente de ocultar la responsabilidad directa de Iveco, que no hizo absolutamente nada ante esta situación a pesar de tener conocimiento de la misma.
 

Lamentablemente, el acoso sexual al que se vio sometida Verónica no es un caso aislado. Se trata de una realidad que forma parte del día a día de miles de mujeres trabajadoras en su puesto de trabajo. Según datos de la Fiscalía, la violencia sexual en el trabajo se ha disparado un 40% estos 5 últimos años, produciéndose una agresión de carácter físico cada tres días. Sin embargo, son datos que apenas muestran la punta del iceberg, pues son muchos los casos que no se denuncian por miedo a represalias o al despido, y por la propia desconfianza en la utilidad de denunciar: el proceso para demostrar el acoso se vuelve largo y lleno de dificultades para la denunciante.

Puesto que normalmente los abusos tienen lugar en la intimidad, sin testigos y con el agravante de que no se suelen admitir las grabaciones, con gran frecuencia todo queda en la palabra de la víctima contra el acosador. Como consecuencia, la mayoría de los procesos se desestiman antes de llegar a juicio. En el mejor de los casos, el castigo para los acosadores que reciben una condena, suelen ser multas económicas o algunos meses en prisión.

Pero en los últimos años la situación ha empeorado para las denunciantes, ya que con el llamado “proceso por aceptación de decreto”, puesto en marcha gracias a una reforma penal del Gobierno de Rajoy -  y que no ha sido derogado por el Ejecutivo de Sánchez -  cabe la posibilidad de que en algunos casos el acosador pueda elegir entre una multa reducida o trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo la mayoría de los casos las denuncias terminan archivándose o el agresor queda absuelto sin ninguna condena, como en el escandaloso caso del gerente del Corte Inglés de Murcia que llamaba “chochitos” a las empleadas.
 

Esta violencia es la otra cara de la moneda de la precariedad y la explotación que se ha incrementado estos últimos años entre el conjunto de la clase obrera, pero en especial para las mujeres trabajadoras. Los contratos temporales y las subcontrataciones se han cebado entre la fuerza de trabajo femenina. Esta representa un 72% de las jornadas parciales y un 68% de los trabajadores que viven bajo el umbral de la pobreza. Los bajos salarios y la falta de derechos nos desprotegen ante el acoso sexual convirtiéndonos en la diana perfecta para recibir agresiones impunemente por la dificultad de defendernos o hacer frente a las presiones que introduce la propia empresa para no denunciar.
 

Para acabar con la lacra del acoso sexual que afecta a tantas trabajadoras en sus puestos de trabajo hay que abordar el problema de manera concreta. Iveco se ha mantenido impasible ante las agresiones y el acoso que sufría Verónica y ha vuelto a desvelar cuál es el compromiso real de la patronal a la hora de hacer frente a la violencia machista. Y es que la empresa siempre va a actuar bajo el prisma de sus intereses y no para la satisfacción social o los derechos de los trabajadores. A fin de cuentas, para grandes multinacionales como Iveco sólo somos fuerza de trabajo que exprimir para sacar más dinero.

Desde esta perspectiva, cuando lo único que esperan de nosotros en el trabajo es que estemos con la cabeza agachada, el acoso sexual, las agresiones o cualquier otra forma de violencia machista se convierte en una carga que soportar en silencio y que incluso convierten en otro mecanismo de control para que aguantemos sin rechistar.
 

Pero también es necesario denunciar la política sindical que genera las condiciones en las que este tipo de situaciones se dan ante la mayor de las indefensiones para las víctimas: la política de paz social y de conciliación con la empresa ha supuesto un fracaso estrepitoso en este terreno y también son responsables. La confianza y apelación a las buenas intenciones de la empresa de turno para que aplique el protocolo de igualdad mientras se firman convenios que precarizan y recortan derechos laborales a las mujeres trabajadoras son la receta acabada para estos no sean más que papel mojado y propaganda con la que las empresas se lavan la cara.
 

Defender los derechos de los trabajadores en su conjunto y de las mujeres trabajadoras en particular, se traduce en defender un sindicalismo de clase y combativo,  en denunciar y combatir de forma seria a la patronal cuando precariza nuestros puestos de trabajo, cuando paga menos a las trabajadoras mientras nos guarda los trabajos más penosos, cuando impide la conciliación familiar, cuando trata de someternos a unas condiciones cada vez peores en las que nuestros derechos no se respetan.

¿Cómo se puede defender una trabajadora de cualquier tipo de acoso, abuso o discriminación si teme perder su puesto de trabajo? La política sindical de conciliación y pactos con la empresa sólo beneficia a la patronal y expone a la plantilla a mayores ataques y a estar, además,  más expuestos si denuncian cualquier cuestión en la empresa. En el caso de las mujeres trabajadoras esto se multiplica exponencialmente por razones evidentes: peores trabajos, peores condiciones, menos derechos es sinónimo de mayor indefensión y vulnerabilidad ante cualquier tipo de abuso.
 

La forma de defendernos de esta lacra es apostando por un sindicalismo que realmente sirva para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras mediante la movilización y la lucha seria. Hace unos meses tuvimos el ejemplo de lo sucedido en Google, donde trabajadores (más del 60% de la plantilla) y trabajadoras se unieron para denunciar el acoso sexual sufrido por muchas empleadas por parte de sus jefes –  que ante la denuncia habían sido despedidos con indemnizaciones millonarias -.

Organizaron una huelga que tuvo repercusión a nivel internacional y en la que el conjunto de la plantilla mostró cuáles son los métodos tradicionales del movimiento obrero, los colectivos, los que son útiles para combatir la violencia machista y el acoso sexual en los centros de trabajo: con comisiones de trabajadoras, y también trabajadores que discutan en el día a día para identificar cualquier situación como esta. Que  den una respuesta ante cada caso, apoyando a la víctima y haciéndola sentir respetada y respaldada por sus compañeros, organizando solidaridad entre la plantilla para criminalizar esta lacra y aislarla del conjunto de los trabajadores. Que exija la depuración de los responsables.

La única manera de hacer frente a la violencia machista es impulsando la lucha y la organización del movimiento de las mujeres trabajadoras desde una perspectiva de clase, revolucionaria y anticapitalista.