La polémica en torno a la prostitución continúa polarizándose con fuerza. El pasado 12 de noviembre diferentes diputadas, profesoras universitarias, escritoras, periodistas o pensadoras como Silvia Federici o Justa Montero lanzaban un manifiesto exigiendo la retirada de la denuncia contra el autodenominado "sindicato” de prostitutas, OTRAS, dando fuelle a la campaña por tratar de presentar la explotación sexual como una actividad laboral tan válida como otra cualquiera.
Declaraciones como las de Federici en una entrevista al periódico digital ctxt: “El sexo para las mujeres siempre ha sido un trabajo”, han puesto de relieve dos modelos de feminismo que confrontan ideológicamente de manera irreconciliable: a un lado quienes tratan de, cubriéndose de una retórica “feminista”, presentar la esclavitud sexual y reproductiva como una forma de vida natural, incuestionable y legítima para las mujeres; al otro lado quienes, desde una posición feminista, de clase y anticapitalista desafiamos la prostitución como una institución patriarcal, clasista y un macro-negocio criminal que obtiene ganancias multimillonaria arrebatando a las mujeres pobres el derecho al control sobre su cuerpo y sexualidad para convertirlas en una mercancía más de libre acceso, disfrute y dominio de todo aquel que la pueda comprar.
¿Defender los derechos de las mujeres oprimidas o los intereses de los proxenetas?
Qué el debate en torno a la prostitución se revista de una supuesta defensa de los derechos laborales de las mujeres que son prostituidas no es ninguna casualidad. El objetivo de centrar la polémica sobre si las prostitutas tienen derecho o no a sindicarse, es una forma de falsear el debate entre la opinión pública con el fin de ocultar los verdaderos intereses de fondo.
La legalización del “sindicato” OTRAS significaría introducir por la puerta de atrás que la mafia proxeneta pasara a ser reconocida jurídicamente como patronal y sus negocios criminales, como actividad empresarial lícita. En definitiva, legalizar de facto la prostitución, otorgarle al proxenetismo legitimidad social bajo la cobertura de la defensa de los derechos de las mujeres prostituidas y convertir al supuesto sindicato, en un organismo que dé cobertura a la relación entre traficantes de mujeres y el aparato del Estado. Se trata de una estrategia que las redes criminales de la industria del sexo ya han llevado a cabo en otros lugares del mundo.
El International Union of Sex Workers (IUSW) fundado en el año 2000 en el Reino Unido, cuenta con apenas 150 afiliadas en todo el mundo. El miembro más activo del IUSW es Douglas Fox, propietario de una de las mayores “agencias” de prostitución de Inglaterra. No es casualidad que el IUSW no haya presentado ninguna demanda ante la industria o que solicitara al Ministerio del Interior británico la retirada de una campaña contra la trata de personas.(1)
En Alemania la Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen (BSD) dice ser una asociación de profesionales que defiende la inclusión de la industria dentro de los propios sindicatos de prostitutas. Tanto es así que uno de sus fundadores, Holger Rettig es el presidente de la “patronal” de puticlubes.
Al igual que Undine de Rivière y Tanja Sommer, dos dirigentes de la organización que son a su vez, propietarias de prostíbulos. No es de extrañar que este colectivo trabaje mano a mano con la patronal a la hora de desarrollar modificaciones legislativas en materia de prostitución, declarándose en contra de la obligatoriedad de los test médicos o del empleo del preservativo. (2)
Este rearme ideológico del lobby proxeneta que cuenta con la colaboración del feminismo transversal es el que explica que detrás de un supuesto sindicato de prostitutas como OTRAS se encuentren Concha Borrell y Joaquín P. Donaire, propietarios de Aprosex organización-empresa dedicada a la captación y formación de prostitutas.
Es una campaña impulsada por el poderoso negocio del sexo con estrechos vínculos con medios de comunicación y otros sectores influyentes, que tratan de crear un clima favorable a la prostitución en un momento en el que hay muchísimos intereses económicos en juego.
La explotación sexual de las mujeres no es progresista, ni feminista, ni de izquierdas
El Estado español se encuentra ya entre los 10 destinos mundiales de turismo sexual del mundo, sólo por detrás de Tailandia y Brasil. De hecho en la frontera con Francia se encuentra el mayor prostíbulo de Europa; los clubs de La Jonquera. Y es que, según fuentes policiales, en todo el Estado hay más de 1.700 clubes de alterne que mueven 5 millones de euros diarios y en los que se encuentran atrapadas entre 400.000 y 600.000 mujeres traídas desde Rumanía, Bulgaria, Nigeria o República Dominicana.
¿Cómo un negocio de tal calibre puede pasar desapercibido para hacienda, policías y jueces? Por la única razón que quien acaba beneficiándose de este entramado económico son grandes empresarios de otros negocios influyentes con conexiones en las altas esferas de la política, la judicatura y la policía.
Por eso legalizar la prostitución sería el paso necesario para la expansión de los negocios de la mafia proxeneta librándose así de algunos obstáculos para incrementar sus beneficios y sobre todo para el blanqueo de su relación con otros sectores económicos y financieros. La oferta abierta y legal de mega-burdeles como parte del turismo masivo low-cost que pueblan las costas del país, donde las mujeres seamos ofrecidas en un expositor de vitrina o servidas a la carta como un producto más a consumir por un módico precio, son imágenes de barbarie que ya existen donde la prostitución está legalizada como Alemania o Nevada (EEUU).
Ese es el escenario que desean conseguir desde hace mucho tiempo las mafias proxenetas que operan en el Estado Español. No es posible descontextualizar la prostitución de esta realidad sobre la que se edifica el negocio lucrativo de la explotación sexual.
Los clubes donde las mujeres se convierten en una moneda de cambio para cerrar grandes negocios entre señores de poder – cómo atestiguó la conversación del ex comisario Villarejo con la ministra de Justicia- o la promoción, sin control, de todo tipo de vejaciones sexuales como “servicios”, siguiendo el ejemplo del modelo alemán, son la única cara posible de la prostitución.
A diferencia de lo que las y los defensores de la regulación nos quieren hacer pensar, la prostitución no es una experiencia individual, sino una institución convertida en negocio que reproduce y se mantiene sobre relaciones sociales de opresión y de dominio.
Es imposible hablar de libertad o consentimiento cuando se establece una relación de desigualdad extrema entre quien tiene poder para comprar y quién debe sumisión tras venderse. Es imposible desembarazar la prostitución de la misoginia, el estigma contra las mujeres y su cosificación porque son parte integral del negocio: hacer creer a hombres que tienen el derecho a disponer de cualquier mujer a cambio de un par de monedas.
¿O qué es acaso lo que se busca cuando se paga por sexo sino imponer con dinero lo que no se ha conseguido con consentimiento? Efectivamente, lo que los puteros compran es la falta de libertad de la otra parte para decidir.
En medio de toda esta situación ¿dónde quedan los derechos y la supuesta dignificación que se dice defender para las prostitutas?
Sostener que la legalización supondría una protección para las mujeres prostituidas es maquillar la propia naturaleza de violencia extrema y usurpación de derechos que la prostitución ejerce contra las mujeres al reducirlas en un objeto de uso y abuso. ¿Acaso la misma judicatura y leyes que perdonan a traficantes y dueños de burdeles como en el Caso Carioca, van a defender a las mujeres prostituidas?
Y es que en el mundo de la prostitución los únicos derechos que prevalecen siempre por encima de cualquier consideración, son los de los proxenetas para traficar con mujeres y la de los puteros para consumirlas. La idea machacona de que trata y prostitución no son lo mismo, es una abstracción muy lejos de la realidad. Son dos caras de una misma moneda.
No es posible mantener la demanda que requiere el volumen de beneficios de todo este negocio multimillonario, sin redes de tratantes que, por medio de la coacción económica y ante un incremento galopante de la feminización de la pobreza – el 75% de los pobres en el mundo son niñas y mujeres- exporte e importe contingentes de mujeres a granel de países empobrecidos como si de cualquier otra materia prima se tratase.
El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en el Estado español son inmigrantes. La legalización solo convertiría a la trata en corporaciones transnacionales de colocación laboral que coticen en bolsa, como ya ocurre en Australia.
Regulacionismo o abolicionismo: reformismo o revolución
Que desde las filas de la burguesía se defienda que las relaciones sexuales son un campo más para la depredación y obtención de beneficios, responde a su visión del mundo. Para la clase dominante la mayoría de la humanidad no merecemos más consideración que la de materia prima de la que extraer ganancia.
Sin embargo cuando estos mismos argumentos encuentran un altavoz desde ciertos sectores del “feminismo” y la “izquierda”, -como cuando Federici sentencia: “es la misma explotación vender el cerebro que el cuerpo” o “que no corresponde al feminismo establecer jerarquías entre la explotación que podemos o no aceptar”, o cuando se compara a las prostitutas que tienen que vender su cuerpo con las camareras que dependen de las propinas para alcanzar los ingresos que necesitan - nos encontramos ante una de las expresiones más degradantes de su derrota ideológica frente a la lógica del sistema.
Seguramente desde el despacho en la universidad se teoriza desde una “perspectiva” más amable que desde un club de carretera o una rotonda oscura.
Claro que en esta sociedad existen jerarquías en la explotación asalariada. Igual que no vives de la misma manera ejerciendo de profesora en la universidad y dando conferencias internacionales, que limpiando escaleras por 400 euros; tampoco es lo mismo vender tu fuerza de trabajo para cubrir una necesidad social, que anular tu voluntad sexual con el fin ceder diariamente tu cuerpo a un grupo de desconocidos para que te penetren oral, vaginal y analmente todas las veces que quieran.
Defender, como hace Federici tan alegremente, que como vivimos bajo el capitalismo no nos corresponde poner límites en lo que es o no aceptable de ser objeto de explotación, no es más que una abstracción que concede total resignación a que este sistema haga con nuestras vidas lo que quiera.
¿Entonces también tenemos que aceptar la explotación infantil o la venta de órganos? ¿Cómo es posible defender la emancipación de la sociedad si se da un estatus de normalidad a una de sus instituciones más opresivas? Porque en el fondo, el reconocimiento del “trabajo sexual”, tratando de humanizar una lacra como la prostitución, no es más que una de las expresiones de haber sido asimilado a la idea de que no existe otra sociedad posible a la que nos ofrece el sistema capitalista, algo que nosotras, desde Libres y Combativas, negamos y combatimos con rotundidad.
Luchamos para emanciparnos de toda opresión y explotación
Como revolucionarias que aspiramos a transformar esta sociedad clasista, machista y racista, luchamos consecuentemente por liberarnos de todas las formas en las que esta sociedad trata de asimilarnos a lo peor del sistema. Por eso combatimos la lacra de la prostitución en todas sus formas. Quienes sostenemos una posición abolicionista no negamos los derechos a prostitutas.
Todo lo contrario, lo que defendemos es tener garantizado el mayor de los derechos. Ese mismo que este sistema pisotea en el día a día con sus políticas de ajuste, recortes y privatización, el derecho a una plena vida digna. En primer lugar exigimos la retirada inmediata de todas las ordenanzas municipales que persiguen y marginan a las víctimas. Pero cualquier medida social en defensa de las mujeres prostituidas requiere cambiar las condiciones sociales sobre las que se levanta la prostitución.
La persistencia de esta forma de esclavitud moderna no es ningún accidente ni un producto de la moral podrida de individuos aislados. Es una realidad que golpea a millones de mujeres en todo el mundo por la sencilla razón de que el capitalismo necesita y más en estos momentos, encontrar campos de inversión cada vez más lucrativos.
La crisis que recorre este sistema, donde la mayoría del capital circulante es especulativo y no se invierte en economía real porque es preferible dedicarlo a otras áreas más rentables, es la causa que provoca el aumento de las mafias, la economía ilícita y su relación con los negocios legales.
Mientras haya millones de mujeres tan pobres y desposeídas de derechos que se vean empujadas a venderse y mientras haya gente con tanto poder para poder ponerlas en circulación como si de una mercancía se tratase, seguirá existiendo la prostitución. La única forma de poder garantizar los derechos y dignificar las condiciones de vida de las prostitutas, de sacarlas de la situación de extremo riesgo que viven y su situación de vulnerabilidad ante la violencia machista o la extorsión, es asegurar que sus condiciones materiales les permiten la independencia económica que haga posible que no dependan de nada ni de nadie, que haga posible que no tengan que vender su cuerpo para subsistir y que no tengan que callar ni aguantar nada contra su voluntad.
El abolicionismo no es una demanda idealista o abstracta, es luchar por la genuina independencia y libertad de las mujeres. Esto es en concreto luchar porque las prostitutas tengan subsidio de desempleo indefino hasta encontrar trabajo (y así no tendrían que prostituirse) acceso universal y gratuito a la sanidad y educación, acceso a una vivienda y por supuesto la derogación de la Ley de extranjería y el fin de las deportaciones para que todas las personas migrantes tengan reconocidos sus derechos.
Es también luchar por la persecución, el castigo ejemplar y la expropiación del patrimonio de los proxenetas para ponerlo al servicio de las víctimas y sus familias. Es ser implacable ante aquellos que hacen negocios del tráfico y el sufrimiento de seres humanos y sus cómplices en aparatos policiales, juzgados y Gobiernos. Por su puesto defender esta alternativa requiere de una confrontación con el conjunto del sistema capitalista.
El combate contra la barbarie y la opresión que generan los negocios y la mega industria de la esclavitud sexual, está totalmente vinculado a la lucha por la liberación de todas las mujeres oprimidas. Conseguir esta liberación solo es posible defendiendo un programa que acabe con el sistema capitalista y luchar por construir una sociedad socialista.
(1) “Thousands of sex workers could be endangered by home secretary’s proposed changes in the law” International Union Sex Workers. N.p., 2009 Consultado el 13 de septiembre de 2018 en:https://www.iusw.org/2009/03/thousands-of-sex-workers-could-be-endangered-by-home-secretarys-proposed-changes-in-the-law/
(2) Muller, A. “Der Spiegel al descubierto. Dudosas asociaciones de trabajadoras sexuales y de dueños de prostíbulos luchan juntas”. Traductoras por la abolición de la prostitución Muller, N.p., 2017
