La Marea Pensionista planteamos que esa responsabilidad del Estado debe estar siempre garantizada como lo estaba antes del Pacto de Toledo. Las pensiones de los trabajadores no pueden estar menos garantizadas que las de los políticos, cargos de la administración, judicatura o fuerzas armadas.
La eclosión del 15 M con multitud de luchas y nuevos colectivos poniendo en cuestión el régimen del 78 reclamando un nuevo proceso constituyente, junto a la movilización ciudadana por el derecho a decidir en Catalunya que incidía desde otro ángulo sobre la misma necesidad, convulsionaron el mapa social y político del estado español. Movilizaciones sociales y nuevas fuerzas políticas emergentes provocaron la alarma de los poderes económicos. El capitalismo aceleró cambios ante la crisis del bipartidismo; fraguaron con urgencia la sucesión monárquica, potenciaron a Cs para ejercer como bisagra o como recambio del PP si llegaba el caso, activaron toda la maquinaria mediática para demonizar las movilizaciones y a las nuevas fuerzas políticas, activaron la represión mediante la “Ley Mordaza” desde las cloacas del ministro de turno. PP y CIU constataban un bajón a pesar de unas elecciones nada limpias, IU tuvo su propia crisis para romper con el anquilosamiento de su burocracia institucional, grandes ayuntamientos dejaron de ser cortijos de la derecha conquistados por una nueva izquierda, y hasta el PSOE instalado en la derecha acabó teniendo su pequeña catarsis. El 15 M provocó todas las alarmas y un nuevo escenario.
Todo cambiaba menos UGT y CCOO anclados ya en un modelo de gestión institucional de negociación y servicios donde las movilizaciones ya sólo juegan un papel testimonial, con aparatos burocratizados y estructuras demasiado grandes costeados sólo en un tercio por las cuotas de afiliados y en otros dos tercios por ingresos institucionales por formación, participación en organismos, representación en consejos de administración, asesoramientos en eres y planes de pensiones etc.
Cuando en 2010 la Troika llama a la orden a Zapatero y se anuncian recortes, estos sindicatos convocan junto a otros alternativos la huelga de septiembre: es su última justificación ante los afiliados. Acto seguido, en enero de 2011, se “tragan” la congelación de las pensiones para 2011 (pérdida de un 2,4% para las superiores a 1000 euros y del 1,4 % para las de menor cuantía). A continuación firman los acuerdos de modificación del Pacto de Toledo que implican, jubilación a los 67 años, ampliación de 35 a 37 años la cotización para tener derecho al 100% de la pensión, se reduce drásticamente la jubilación anticipada, se amplía el periodo de cálculo hasta 25 años sin rellenar todas las lagunas de cotización y lo que es peor, aceptan poner un tope al complemento de mínimos con lo que a partir de la Ley 27/2011, que plasma el acuerdo, hay jubilados y sobre todo jubiladas que habiendo cotizado para tener derecho a la pensión acaban cobrando por debajo de lo que hasta entonces era la pensión mínima. Contrarreforma que está agrandando la miseria en las pensiones y la brecha de género.
Con mayoría absoluta, el PP llega al gobierno arrasando con las arcas del estado, los recortes de lo público, lo social, lo civil y lo laboral, abandonando a la gente a la miseria, congelando definitivamente las pensiones por ley (pérdida del 1,9 en 2012 y suelo para el incremento del 0,25) adelanta los recortes previstos para el 2027 al año 2019 y eleva a ley el infame factor de sostenibilidad que recortará las futuras pensiones de manera drástica. El PP, en su fiebre más reaccionaria, carga también de manera infame contra los sindicatos, rebusca sus pequeñas miserias para romperlos desprestigiándolos desde sus grandes altavoces mediáticos y empieza a cerrar el grifo de sus ingresos. El PP más facha creía al principio que podía prescindir de los sindicatos aún sabiendo que éstos no cuestionan el sistema porque están acomodados en él.
En este contexto, con las calles ocupadas por las luchas de los movimientos sociales contra los recortes, era lógico esperar que los sindicatos se incorporaran a la lucha y cuando no lo hicieron quedó la esperanza que se produciría en su seno una catarsis desde las bases, sobre todo en CC.OO por su origen asambleario y combativo, pero nada de eso pasó. UGT y CC.OO miraron para otro lado ante los terribles recortes del gobierno y no se sumaron a las luchas populares protagonizadas por los movimientos sociales; retirados a sus cuarteles de invierno decidieron afrontar la coyuntura en clave de supervivencia interna.
Para cuando se fragua la marcha -1ª marcha de la dignidad- los poderes económicos ya le han hecho ver al PP que el enemigo está en la calle, que se llama 15M, por tanto se produce la primera reunión aparente del PP con los sindicatos y la patronal. Pocos días antes de la marcha aparece la vergonzante foto de los secretarios generales de UGT y CC.OO con el gobierno y la patronal. Como si vivieran en otra galaxia se habían prestado a sacar la imagen que, además de alejarlos de la convocatoria de lucha, era perversamente utilizada por los altavoces gubernamentales para intentar desconvocar la movilización. La marcha de la dignidad concentró en Madrid un millón de manifestantes con la vergonzosa ausencia de los consabidos, aunque evidentemente muchos afiliados se sumaron a la misma. Era evidente que se había producido entre el gobierno y estos sindicatos un pacto de no agresión por el que UGT y CC.OO no plantearían al gobierno una confrontación a cambio de que el gobierno les dejara respirar, así lo demuestra el hecho de que cesaron los ataques frontales a los sindicatos por parte del PP y su “brunete” mediática, manteniendo el grifo de la financiación medio cerrado, al tiempo que la dirección de los sindicatos recluidas en sus cuarteles seguían haciendo oídos sordos a las luchas de los movimientos sociales en la calle, aún sabiendo que parte de sus bases participaban con los movimientos sociales derivados del 15M en la luchas contra los recortes, las reformas laborales y de seguridad social o la ley mordaza.
La esperada catarsis desde las bases de los sindicatos se esfumó, las burocracias pesaban demasiado y en vez de abordar el cambio que necesitaban en debate congresual abierto, lo ataron todo en clave interna con un reparto de poder y de sillas, nada se movió aunque un pequeño grupo lo intentara. Puede afirmarse que a pesar de la tormenta de recortes perpetrada por el bipartidismo, a pesar de las contrarreformas laborales, a pesar del 15 M, incluso a pesar de que el bipartidismo menospreció a los sindicatos saltándose el propio pacto de Toledo, en el único espacio sociopolítico donde no se ha movido nada y sigue instalada la vieja política al 100%, es, aunque duela decirlo, en los históricos pero ya caducos sindicatos nada reconocibles respecto de sus orígenes.
El documento y las reivindicaciones de los sindicatos mayoritarios sobre las pensiones para presentar en la negociación del pacto de Toledo, que comentaremos a continuación, significa una gran decepción, aunque es coherente con su estrategia y su modelo de sistema de pensiones de carácter mixto entre públicas y privadas pactado en 1995. Como si nada hubiera cambiado, como si no se hubiera demostrado el fracaso del pacto, como si la contraparte no hubiera incumplido el pacto cuando le ha dado la real gana, sin exigir que se reponga lo incumplido. Los sindicatos vuelven a mendigar su protagonismo en el pacto de Toledo con planteamientos que no cuestionan ni al enemigo ni al modelo de pensiones ya fracasado. Además de mantener su protagonismo por encima de todo, se conforman como han venido haciendo desde 1996, con reivindicar que los recortes no sean traumáticos, que el cambio de modelo se vaya digiriendo poco a poco frente a la voracidad del capital financiero que quiere su desmantelamiento cuanto antes para mayor negocio con las pensiones privadas y frente al capital industrial y de servicios que quiere con urgencia cotizar cada vez menos a la SS. La diferencia entre los firmantes del pacto de Toledo no está en el modelo final sino en los plazos.
Contrastemos el documento y las propuesta de CCOO con la posición de la
Marea Pensionista.
1º Lo más evidente en el documento es la ausencia de cualquier oposición o critica a los planes de pensiones privados como especulación de la banca, a pesar de que han fracasado estrepitosamente, a pesar de que en diferentes países ha habido quiebras que han dejado sin pensión a los ahorradores y a pesar que los trabajadores que se retiran generalmente recuperan menos dinero en valor de compra del que habían impuesto como partícipes del plan. Esto tiene que ver con el compromiso sobre el modelo de pensiones aceptado y defendido por ellos y con su propia participación en los planes de pensiones de empleo desde su negociación hasta su coparticipación con bancos en la gestión o su participación en las comisiones de control, además de tener una fuente de ingresos, sin olvidar que ellos ya están creando sus propios planes privados para sus afiliados.
Frente a ello la Marea Pensionista lucha por un sistema de pensiones exclusivamente público, sistema de reparto cuyo eje principal es el fortalecimiento del sistema contributivo. Somos beligerantes con los planes de pensiones privadas y el engaño que suponen para negocio de los bancos.
2º Por supuesto no hay mención a los recortes que se derivan de la reforma de Zapatero que dan por buena.
Frente a ello la Marea plantea la revocación de esta reforma basándonos en los recortes que ya están haciendo mella como la jubilación a los 67, los 37 años de cotización, el tope al complemento a mínimos, la no cobertura de lagunas etc. Nos basamos además en diferentes estudios de economistas que cada vez más concluyen que el sistema público ya quedó en vías de destrucción, aunque a más largo plazo, con la reforma de 2011.
Por supuesto coincidimos en la necesidad de revocar las reformas de Rajoy en 2013 y añadimos las reformas laborales que inciden muy negativamente en la SS.
3º La plataforma de los sindicatos no incluye reivindicación alguna sobre una pensión mínima suficiente lo cual es lógico si recordamos que ellos firmaron una pensión por debajo de la mínima al topar el complemento a mínimos.
Frente a ello la marea desde su inicio tiene claro luchar por una pensión mínima digna que ciframos en 1000 euros a día de hoy.
4º Los sindicatos plantean que las tarifas planas que minoran la cotización de los empresarios sean repuestas a la SS con cargo al Estado.
A la Marea nos parece vergonzoso ponerse del lado de los empresarios pidiendo que sigan eludiendo las cotizaciones sociales. Esta medida sólo tiene sentido para ser aplicada en aras a la integración de colectivos de especial dificultad pero nunca con carácter general. Los empresarios han socavado y siguen socavando decenas de miles de millones a la Seguridad Social para aumentar sus beneficios y eso debe acabar de raíz.
5º Es muy clarificador que en el documento hablan que se debe acordar en el Pacto de Toledo una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que mantenga el poder adquisitivo. ¿Por qué de pronto han abandonado la reivindicación de que deben revalorizarse con el IPC? La respuesta está en que ya habían aceptado la filosofía de cambiar de fórmula para sujetar los incrementos a otras variables desde la vergonzante firma por el representante de CCOO en la comisión de expertos y aunque entonces se le desautorizó en caliente para no levantar ampollas, nadie se cree que fuera por libre, mucho menos a tenor de los posicionamientos posteriores. Cierto que las bases de las federaciones hablaban de recuperar el IPC pero las cúpulas ya estaban en otra pantalla, ahora el concepto desaparece de inicio para que nadie se sorprenda llegado el momento.
La Marea Pensionista reivindica el anexamiento inmediato al IPC de todas las pensiones con la revisión a final de año.
6º Plantean que coyunturalmente se deriven ingresos de la imposición general en la cuantía que sean precisos para cubrir los gastos en pensiones.
La Marea Pensionista planteamos que esa responsabilidad del Estado debe estar siempre garantizada como lo estaba antes del Pacto de Toledo. Las pensiones de los trabajadores no pueden estar menos garantizadas que las de los políticos, cargos de la administración, judicatura o fuerzas armadas.
7º El documento recoge propuestas de fortalecimiento de las cotizaciones como incremento coyuntural de 2 puntos, destopar las bases máximas y elevar las mínimas, elevar el SMI, equiparación de autónomos al RG y añade un “chiste” como es que los gastos de administración los asuma el estado.
La marea hemos venido proponiendo medidas de fortalecimiento de las cotizaciones sociales algunas coincidentes con éstas, en todo caso podemos suscribirlas todas porque para nosotros son fundamentales las cotizaciones sociales como principal fuente de ingresos de sistema lo que no debe confundirse con la responsabilidad exclusiva del estado. Proponemos además incorporar la variable de productividad como factor de cotización a la SS.
Sobre el chiste, no nos hace ninguna gracia y nos preguntamos que se habrían fumado en el Pacto de Toledo para sustraerles ingresos a las pensiones cargándoles gastos de Adóm, semejante insulto a la inteligencia debería ser motivo para reclamar todo lo detraído por este concepto desde que se instauró, lo que sumaría algunas decenas de miles de millones de euros…
En conclusión. Se está librando una batalla entre dos modelos del sistema de pensiones, uno público privado consensuado en el Pacto de Toledo por la vieja política, los sindicatos y la patronal y otro, el modelo público de pensiones con responsabilidad exclusiva del estado, que ya lo fue entes del referido pacto, que debe fortalecer al máximo las cotizaciones sociales como fuente principal (que no única) de financiación y que debe garantizar pensiones mínimas dignas.
Desde 1995 se impuso el pensamiento único derivado del consenso del Pacto de Toledo, la contribución propagandística de los sindicatos fue decisiva para la credibilidad entre la clase obrera. Coincidiendo con el inicio del pacto se suprimió la Invalidez provisional a la que en los sucesivos acuerdos le sucedieron recortes en prestaciones de jubilación, invalidez, ILT, incremento de años de cotización mínima etc. Mejoraron porcentualmente las pensiones de muerte y supervivencia aunque con poco impacto en la cuantía porque eran y siguen siendo muy bajas. Todo caminaba poco a poco hacia el modelo deseado por el capitalismo donde el poder financiero iba acumulando capital en fondos de pensiones aunque despacio y las empresas iban obteniendo subvenciones o exenciones de cotización que han supuesto detraer más de 30.000 millones de las arcas de la SS además de controlar y estrangular las bajas por enfermedad, hasta que se produjo el ataque frontal incumpliendo el propio pacto, primero el gobierno del PSOE y luego del PP.
Los sindicatos también habían mutado de modelo pasando de un modelo de lucha-negociación a un modelo de gestión y servicios donde la negociación era la virtud por sí misma, lo que relegaba la movilización a momentos puntuales como testimonio justificante.
En este contexto el eje principal que justificaba el sindicalismo “moderno” y legitimaba a los sindicatos era la participación en el Pacto de Toledo.
El engaño constatado de los planes privados, el fracaso constatado del Pacto de Toledo, los recortes y el 15M pusieron en el escenario público un modelo de pensiones alternativo, hasta entonces silenciado por el pensamiento único, pero ahora llevado a la calle por la Marea Pensionista que se sigue extendiendo por todo el estado, la lucha en la calle, el apoyo documentado entre economistas, técnicos de SS, catedráticos intelectuales, profesionales del derecho y de la judicatura. La coincidencia con sindicatos alternativos y movimientos sociales han roto el pensamiento único del pacto de Toledo, lo que amenaza los intereses del liberalismo pero también la exclusiva y el entramado de los agentes sociales en esta materia.
Los sindicatos no han cambiado nada, solicitan la vuelta al Pacto de Toledo incluso sin exigir que antes se reponga lo incumplido, cualquier cosa para recuperar el protagonismo como agentes sociales.
Estamos pues ante dos modelos diferentes e incompatibles que provocaran fricciones entre la nueva y la vieja política, de hecho ya hace tiempo que se vienen manifestando. Mientras en muchos ayuntamientos se han aprobado las mociones de la Marea, en otros, debido a las presiones de PSC y una parte de IC en soporte a UGT y CCOO, se apoyan posiciones ambiguas que tienen como denominador común el no rechazo a la reforma de Zapatero y la aceptación del Pacto de Toledo.
La Marea debe mimar la unidad que se ha venido dando en las calles: las luchas sociales en las que participan muchos afiliados a sindicatos mayoritarios y alternativos, así como no afiliados en la lucha en defensa de las pensiones públicas. Sabemos que las direcciones de los sindicatos tienden hacia otro modelo, sabemos que no les ha gustado nada que se rompiera su hegemonía de pensamiento único con el modelo alternativo de la Marea que sigue extendiéndose mediante nuestra lucha e información mantenido a lo largo de nuestra geografía, sabemos que desarrollan estrategias para minimizar la Marea que, muy a su pesar, sigue creciendo. Todo ello nos debe llevar a no caer en el enfrentamiento, siendo fuertes frente al modelo del pacto de Toledo y frente a la dirección de los sindicatos, pero siendo compañeros de todos por la base para potenciar y extender la unidad de acción.
Las presiones de CCOO y de una parte de IC dentro de “Un País en Comú” son sibilinas pero evidentes, lo mismo empieza a pasar en BEC y algo parecido pasa en Podemos. Urge un debate que obligue a posicionarse a esas fuerzas políticas del cambio. En Marea Pensionista seguiremos luchando en las calles y plazas. De las fuerzas políticas del cambio depende que sigamos a su lado o no, porque el sistema público de pensiones no se vende, se defiende.
Por último, las reivindicaciones que plantea la Marea Pensionista de Catalunya responden esencialmente a las necesidades de los pensionistas actuales y futuros y señala el camino para recuperar los derechos perdidos en los últimos años:
Recuperación del poder adquisitivo de las pensiones empezando por recuperar el 1,9% perdido en 2012, y acabando por reimplantar el modelo de revalorización automática en relación al IPC.
Derogación de todas las reformas laborales y de pensiones a partir de Junio de 2010. Jubilación a los 65 años.
Derecho a los suministros básicos garantizados (agua, luz, gas).
Eliminación de todo tipo de cooperación o re-pago.
Contra la privatización de los servicios públicos que atienden a la gente mayor.
Defendemos avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1080 €/mes.
Con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales (eliminar los topes de cotización, incorporar variables respecto a la productividad, eliminar las tarifas planas, revisar exenciones etc.) la financiación debe estar garantizada por ley que obligue a los presupuestos generales el Estado a asignar al efecto las partidas que coyunturalmente sean necesarias para pagar las pensiones.
Incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a las/los trabajadoras/es del hogar, con todas las consecuencias, incluida la prestación por desempleo y la cobertura de lagunas de cotización que llega a representar hasta un 38,10% menos de la pensión que antes de la Reforma de 2011.
Esperemos que la nueva política no quede atrapada en las telarañas y maniobras de la vieja.
