El Sector de Intervención Social de Comisiones Obreras de Madrid, alza una vez más la voz para denunciar la precaria situación del sector y de sus profesionales, con un convenio vigente desde el 3 de julio de 2015, el convenio estatal de Acción e Intervención Social, que se incumple sistemáticamente, lo que reduce la calidad de los servicios públicos.
Un convenio que empresas, fundaciones y asociaciones se permiten el lujo incumplir, condenando a sus profesionales a condiciones miserables, sin ningún sentimiento de vergüenza o malestar por no cumplir con la legalidad vigente, presentándose como “pobrecitas” víctimas, aduciendo que las partidas presupuestarias PÚBLICAS, de los recursos PÚBLICOS que gestionan – de las cuales llevan años beneficiándose y lucrándose - no les permiten asumir los pseudo-dignos salarios del Convenio de Intervención Social y los derechos sociales que el nuevo texto reconoce a las trabajadoras y trabajadores del sector.
¿Qué conlleva esto?, pues la continuidad en la precarización laboral instaurada y avalada por los diferentes gobiernos autonómicos y municipales madrileños de los últimos años, sin más pretensiones que el enriquecimiento y el empoderamiento, con dinero público, de las diferentes empresas, fundaciones y asociaciones del sector, en las cuales de manera directa o indirecta ha participado la clase política dirigente.
Y todo ¿a costa de qué?, pues de lo de siempre, de reducir la calidad de los servicios públicos (externalizados, una vez más), abusar de la contratación temporal, de la inestabilidad e inseguridad de las plantillas, de los exiguos salarios–a veces recortados-… presionando, intimidando, incluso coaccionando, a profesionales y a sus representantes sindicales, en definitiva, atentando contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector, de la población a la que atienden (muy vulnerable, en situación o riesgo de exclusión social) y de la ciudadanía en general, pues son las aportaciones tributarias de todas y todos las que mantienen este sistema de mediobienestar.
Como no podía ser de otra manera, desde Comisiones Obreras llevamos años luchando y denunciando esta situación y no pararemos de hacerlo, apostando como solución a esta lacra por la GESTIÓN PÚBLICA de los servicios sociales de intervención social, que son servicios públicos, servicios de todas las personas, que pagamos todas y que deben repercutir de forma beneficiosa, legal y justa en el conjunto de la sociedad, y no en el lucrativo negocio en el que se ha convertido para algunas y algunos la intervención social.
Es un desafío de presente, y de futuro, en cuyo recorrido defendemos y defenderemos el cumplimiento de los convenios colectivos, la dignificación de las condiciones laborales, el mantenimiento del empleo, y el compromiso que las administraciones que externalizan servicios deben tener con la forma en que se gestionan (articulando sistemas de defensa y protección también de las plantillas que los ejecutan, renunciando a los concursos tipo subasta, estableciendo cláusulas sociales, vigilando el cumplimiento del contrato…).
Y como en Comisiones Obreras no nos escondemos, ponemos nombre y apellidos, a algunas de estas organizaciones que con sus malas prácticas están expoliando el sector y a sus trabajadoras y trabajadores: ASISPA (con sus distintas caras: asociación, fundación, UTEs…), GRUPO 5 (también con sus varios CIF), LAKOMA (en sus formas de UTEs y asociación), ATICA, AEVIA, TRAMA SPS…
