Antes del verano, el compañero Ignacio F. Toxo, en el acto de presentación de la campaña “Repensar CCOO”, pidió a los asistentes "un debate abierto y laico, sin alineamientos previos y con clara vocación de remover y renovar el sindicato". Sin embargo, dichas recomendaciones no parecen haber conseguido modificar los hábitos de la organización. Más bien parece que, como decía un personaje de “Alicia en el país de las Maravillas”, las palabras siguen significando, también en nuestro pequeño mundo, lo quiere que signifiquen quien tiene el poder.
Al menos, en la Federación de Enseñanza, tanto en dicha campaña como en el habitual funcionamiento de la organización, el debate abierto y laico, y también verbos como ”remover” y “renovar”, o incluso “repensar”, siguen brillando por su ausencia. De hecho en la Federación de Enseñanza de Castilla y León llevamos 9 meses con una Dirección Provisional, que ha alterado las mayorías democráticas salidas del anterior Congreso e intenta asegurar que, en éste, el resultado sea el más acorde con la voluntad de quien les han impuesto.
Para entender qué está sucediendo en esa Federación tal vez merezca la pena repasar brevemente su historia, porque además pudiera suscitar reflexiones susceptibles de generalizarse. Es esta una Federación Regional débil, poca afiliación, poca participación y un aparato dividido (consecuencia todo ello de haberse apoyado su dirección en los sindicatos provinciales con peores resultados electorales y afiliativos, en una forma de intercambiar apoyo acrítico por tolerancia a la inacción).
Esta debilidad facilitó que en 2008 la Federación de Enseñanza de Castilla y León se convirtiera en uno de los campos de batalla de la guerra por la Secretaría de la Federación Estatal de Enseñanza y también de la pugna entre Toxo y Fidalgo. De hecho los partidarios de este último destituyeron a la Comisión Ejecutiva de la Federación regional y nombraron a una Gestora, que fue luego declarada ilegal en los tribunales (en una demanda presentada por quienes ahora creen que eso mismo es motivo de expulsión). La posterior elección de Toxo como responsable confederal no fue, sin embargo, decisiva en la batalla por la Federación Estatal de Enseñanza que se saldó con la victoria de los partidarios de Fidalgo (apoyados, entre otros, por la Unión Sindical de Castilla y León).
Cuatro años más tarde, en 2012, las diferencias de criterio entre la Secretaria de Organización de la Federación Regional, Elena Fernández, y el Secretario General, Francisco J. García Cruz, provocan que la primera presente su candidatura, frente a quien ya avisó entonces que de ser elegida su “rival”, la organización podía quedar fragmentada y en una situación de difícil gobernabilidad, ya que él dispondría de una minoría de bloqueo.
La profecía se auto cumplió: Elena Fernández, fue elegida en el Congreso como nueva Secretaria General, y Francisco J. García Cruz “premiado” por Francisco García Suárez, que entonces ya había conquistado, por fin, la Secretaría General Estatal, con un ascenso a su Ejecutiva. Se inicia entonces un período de difícil gobernabilidad, dado el cuestionamiento sistemático de cualquier iniciativa de la Ejecutiva Regional por parte de los partidarios de Francisco J. García Cruz.
La situación es paradójica: se critica a la nueva Secretaria General, Elena Fernández, por no lograr una estabilidad en la Federación; inestabilidad que es provocada precisamente por quien formula dicha acusación. Aun así, la nueva mayoría tiene el apoyo de los Sindicatos Provinciales con mejores resultados electorales y afiliativos, que se posicionan a favor del cambio en la orientación de la acción sindical salido del Congreso: mayor presencia en los centros, mayor cercanía con las y los trabajadores, una línea sindical más combativa frente a la Administración y las patronales.
Sin embargo, a partir del 5 de noviembre de 2015 los acontecimientos se precipitan. Ese día el Consejo de la Federación de Educación de CCOO de CyL traslada a la Comisión Ejecutiva de CyL la petición de que el anterior Secretario General, Francisco J. García Cruz, presente justificantes del gasto de 7.000 euros, pagados con la tarjeta VISA que utilizaba en exclusiva, y que la propia Federación Estatal, que lleva la contabilidad de la Federación Regional, había constatado que no tenían justificación documental.
Como por casualidad, 20 días después, llegan las dimisiones de 5 miembros de la Comisión Ejecutiva, que unidas a otras dos anteriores y por razones diferentes y, en una maniobra fulgurante y a todas luces previamente organizada, provoca que en 23 horas (cuando otras veces se tardan meses) la Ejecutiva Estatal disuelva la Comisión Ejecutiva de la Federación de Castilla y León.
En los 10 meses que han transcurrido desde entonces, la Dirección nombrada desde Madrid ( de la que se ha excluido a quienes eran la mayoría elegida en el Congreso y donde están presentes, además, 3 miembros de la Ejecutiva de la Federación Estatal) se ha caracterizado por la falta de información a los sindicatos provinciales sobre las decisiones que se toman, además de por una falta total y absoluta de orientación sobre cómo desarrollar la acción sindical y por carencias importantes en la documentación necesaria para poder atender a trabajadores y afiliados. Oscurantismo, arbitrariedad y autoritarismo que contrastan con las demandas de transparencia que hacían ellos mismos los tres años anteriores.
En ese tiempo la Federación Estatal ha abierto una cantidad inusual de expedientes disciplinarios, a los miembros de la anterior ejecutiva que no habían dimitido, con su Secretaria General a la cabeza, a la que se ha expulsado de CCOO por acudir a los Tribunales en demanda de amparo en el ejercicio de derechos fundamentales, y a Secretarios Generales de sindicatos no afines, con acusaciones que ofenden la sensibilidad democrática como es la de “reunión ilegal”. El remate de la operación ha llegado con el reparto de liberaciones para este curso. La Dirección Provisional, en la que participan, como ya se ha dicho, tres miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal, ha anulado la norma por la que se regía desde hace 8 años la elección de permanentes sindicales, no ha respetado las decisiones de las secciones sindicales y ha decidido que, a partir de ahora, la Federación se va gobernar por criterios decididos por ellos mismo: "a ti te doy más liberados y a ti te los quito, a ti te libero y a ti no". A ese criterio, ellos le llaman “político” y definen como “político” la voluntad de ganar el Congreso “cueste lo que cueste”.
Se trata, pues, de un escenario de “golpe de Estado” similar al que se produjo hace 7 años, solo que ahora quienes imponen una dirección desde arriba son algunos de los que lo sufrieron en 2008, lo que probaría el carácter intercambiable de algunas de las facciones del aparato de CCOO. Sin embargo, esta vez es más difícil de entender porque se asumen los costes de un proceso que supone ruptura de equipos, enemistades definitivas, meses, sino años, de inactividad, daños a la imagen del sindicato y a la ilusión de su afiliación, con la consecuente caída afiliativa y electoral, pero también graves daños a la imagen del actual Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García Suárez, en una “operación” que sólo puede, al menos en términos cuantitativos, ofrecer beneficios menores.
Es igualmente incomprensible que en estos tres últimos años no se hubiera apostado por la mediación, que se tolerase el constante hostigamiento, por no considerar como propia una Federación que había apoyado muy mayoritariamente la candidatura del mencionado actual Secretario General.
Sólo la falta de altura de miras puede explicar que, en un momento en el que la LOMCE y los recortes están destruyendo la Escuela Pública y las condiciones de vida de la clase trabajadora, uno de los objetivos prioritarios de quienes dirigen la Federación Estatal sea “eliminar” a Elena Fernández a cualquier precio, aunque sea abriendo dos veces el mismo expediente o yendo descaradamente en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Probablemente piensen que cuando los Tribunales fallen, ellos ya habrán sido reelegidos y nadie les pedirá cuentas.
Es triste comprobar cómo, mientras vivimos tiempos de emergencia social en los que nos están arrebatando los derechos sociales, políticos y sindicales, hay quienes dedican el tiempo y el esfuerzo en conspirar por cuotas de poder, tiempos de liberación o espacios de influencia dentro del sindicato; quienes dedican fuerzas y recursos en controlar, cooptar y presionar en lo interno a los y las afiliados y afiliadas que no son dóciles y conniventes con políticas y prácticas sindicales a todas luces poco coherentes con los principios que se proclaman.
Todas estas energías derrochadas en presionar, pero también en defenderse, sólo conducen a posponer el trabajo sindical en la calle y a destinar una ingente cantidad de energía a luchas palaciegas que no consiguen derechos laborales, sino que justamente nos debilitan y no dejan trabajar a quienes muestran más compromiso en la defensa de la clase trabajadora. No es extraño, por ello, que la gente corriente también considere a los sindicatos como una de las instituciones peor valoradas. No es extraño tampoco que el Secretario General de CCOO tuviera que proclamar solemnemente el año pasado que “O CCOO se reinventa o la barrerán los vientos de la historia”.
La Federación de Enseñanza de Castilla y León, como probablemente también lo sean otras organizaciones de CCOO, sigue siendo utilizada como campo de batalla de grupos de influencia exteriores a su afiliación. El resultado de las presiones a las que se somete al activo del sindicato es la imposibilidad de construir una organización que defienda de manera efectiva los derechos de la clase trabajadora.
Por eso mismo quiero terminar citando una intervención de Alfredo Cabeza Bertoa (Fed. Construcció i Fusta CC. OO Catalunya) en el Consejo Confederal, porque creo que puede ayudar a entender la situación por la que pasa nuestra Federación y el conjunto de CCOO:
Cuanta más cohesión, unidad y lealtad en el debate es necesaria para afrontar este reto, parece que algunos dirigentes, y prefiero pensar que, desde su debilidad como dirección, persiguen uniformar el pensamiento, eliminar la pluralidad y la capacidad crítica de sus afiliados y de sus organizaciones para que no cuestionen las políticas y las formas de gobierno.
Elena Fernández Gutiérrez es militante del PCE y de CCOO, fue Secretaria General de la Federación de Enseñanza de Castilla y León entre 2012 y 2015 y ha sido suspendida dos años de sus derechos, como afiliada en dicha organización, por haber acudido a los tribunales en demanda de “tutela de la Libertad Sindical y otros Derechos fundamentales”. Eso a pesar de que dicho tribunal falló que “la falta de agotamiento de las vías internas no puede suponer el incumplimiento de un deber estatutario, pues cuando se produce una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical queda abierta la vía judicial para el ejercicio de la correspondiente acción, dada la especial protección (constitucional) de que gozan”.
