Los gobiernos de la derecha en ayuntamientos y comunidades han significado un auténtico desastre para los servicios públicos. La oleada de recortes y privatizaciones llevada a cabo bajo su mandato, han supuesto un grave deterioro de unos servicios esenciales para millones de ciudadanos, pero también la sobreexplotación y la pérdida de derechos para los trabajadores de las contratas mientras un puñado de grandes empresas (algunas disfrazadas de “entidades sin ánimo de lucro”) se llenan los bolsillos generando innumerables entramados de corrupción.

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La limpieza de calles, parques y jardines o la recogida de basura; comedores escolares, ayuda a la dependencia y asistencia a domicilio; instalaciones deportivas, transportes urbanos, educación y sanidad, vivienda pública… un sinfín de actividades y servicios se han convertido en fuente de negocios escandalosos para los de siempre, gracias a un trasvase ingente de millones de euros desde las arcas municipales y autonómicas a las grandes empresas que se han hecho con el control de las adjudicaciones.

Una situación sangrante que ha estado muy presente en las grandes movilizaciones de estos años y en los programas electorales de las organizaciones de la izquierda, reflejando la aspiración mayoritaria de recuperar los servicios públicos privatizados a lo largo y ancho de la geografía del Estado.

El giro a la izquierda en las elecciones municipales de mayo de 2015, y especialmente la elección de los “ayuntamientos del cambio” en numerosas ciudades, ha generado grandes expectativas para romper con esta situación. Tanto para los trabajadores y trabajadoras de contratas, como para millones de ciudadanos que necesitamos y dependemos de estos servicios públicos para nuestra vida cotidiana, la remunicipalización no sólo es una consigna de lucha sino una necesidad vital.

Los servicios públicos prestados directamente por empresas públicas son más baratos y eficientes,  y permiten unas mejores condiciones laborales para los trabajadores que los desempeñan. Es más barato porque el ahorro de recursos es evidente, pues se corta el chorro de dinero público que se embolsa el empresario de turno. Y es más eficiente porque se acaba con la degradación de la calidad del servicio realizado en la mayoría de las ocasiones a base de empleo precario y mal pagado. El papel de estas empresas adjudicatarias, que tan bien conectadas están con la derecha, es absolutamente parasitario.

Desde GanemosCCOO consideramos que no se pueden plantear excusas por parte de los ayuntamientos del cambio para acabar inmediatamente con este fraude social. No se puede alegar que no hay “margen legal”, pues sabemos perfectamente que la única manera de revertir los recortes y las privatizaciones es a través de la movilización contundente, generando una gran protesta ciudadana que aúne las fuerzas de todos los trabajadores, tanto de las plantillas afectadas como de los que recibimos los servicios. Es un sinsentido que ayuntamientos como el de Madrid, como el de Barcelona, como el de Zaragoza y muchos otros, den la espalda a esta reivindicación alegando “problemas técnicos” y continúen entregando estos servicios esenciales a grandes multinacionales como FCC, OHL, Eulen, Asispa, Clece, Acciona, etc. ¡No es un problema técnico, sino de voluntad política!

Es urgente que los ayuntamientos de izquierdas abandonen la moqueta y los despachos, se basen en la fuerza que les ha aupado a los gobiernos municipales y emprendan la remunicipalización de todos los servicios públicos privatizados. Una remunicipalización que debe garantizar todos sus puestos a los trabajadores y trabajadoras de las plantillas de contratas, mejorando sus condiciones salariales y laborales. Estas medidas de justicia social, que fueron la punta de lanza en la pasada campaña electoral de formaciones como Podemos, Izquierda Unida-UP, o Barcelona en Comú y muchas candidaturas unitarias de la izquierda, no pueden ser abandonadas. Es el momento no sólo de cumplir esta parte del programa, hay que limpiar las empresas municipales de arribistas bien pagados, muchos de ellos designados a dedo por el PP, que siguen manejando a su antojo los entresijos de los ayuntamientos.

Si queremos transparencia en los servicios públicos no bastan las buenas palabras y los bonitos discursos. Hay que tomar medias ya, claras y concretas. Remunicipalización sí, y gestión directa de los servicios a través de la participación democrática en comisiones conjuntas de usuarios y trabajadores que controlen su calidad y respondan a las dificultades que vayan surgiendo.

Es también el momento de que todos los sindicatos de clase, empezando por CCOO, tomen una postura clara y enérgica a favor de la recuperación de los servicios públicos, eliminando cualquier impedimento debido a los intereses espurios de tal o cual federación, de tal o cual aparato. Si queremos defender las conquistas sociales y nuestros derechos, es necesario romper con la política fracasada de pactos y connivencia con la patronal, para organizar e impulsar la movilización conjunta de los trabajadores de contratas y el resto de la población.

¡La clase trabajadora sólo puede ganar con la recuperación de los servicios públicos!

   


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