Veinte trabajadores intentarán que la multinacional reabra la planta
La lucha de un puñado de trabajadores de Zardoya Otis de Mungia se ha convertido en una confrontación como la mítica de David contra Goliath. Han hecho frente a las decisiones “arbitrarias y chantajistas” de la multinacional, y han logrado frenar algunas de las pretensiones, incluso la de trasladarles a una planta que compró en Vigo. Han logrado sentencias nulas de sus despidos (a la espera ahora del Tribunal Supremo) y de los traslados a Vigo, y la próxima semana intentarán ante los tribunales que se devuelva a Mungia toda la maquinaria, se abra la planta por las numerosas irregularidades que ha cometido la dirección de la empresa e integre a los 20 trabajadores.
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En realidad consideran que esta “deslocalización” de la planta se produce porque una parte de los trabajadores se mantuvieron firmes para reclaman sus condiciones laborales y salariales, lo que a la multinacional no agrada, porque no es capaz de “hacernos hincar la rodilla”.
Así se expresan Salvador Maldonado, Xabier Arribas y Santiago Fresneda, representantes sindicales en Zardoya Otis de Mungia, en un encuentro con EL PERIODISTA CANALLA. Cuentan el alcance de la lucha que están manteniendo contra la multinacional fabricante de ascensores y mantenimiento de los mismos desde que ha cerrado la planta. La próxima semana habrá una vista judicial por la que los trabajadores reclaman que se abra el centro de trabajo ante las numerosas irregularidades que empleó la dirección para su cierre.
Cerrando a trozos
Asesorados por la Consultoría Primero de Mayo, recuerdan que desde setiembre de 2014 “nos han ido cerrando la planta de Mungia a trozos, para evitar la negociación con el comité y los plazos que fija la legislación”, explican.
En Mungia trabajaban 80 personas, de cerca de 400 que hay en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y, aunque la planta está cerrada, las irregularidades de Zardoya Otis, presidida en el Estado español y Sur de Europa por Bernardo Calleja Fernández, llegan hasta el hecho de que hay cinco trabajadores adscritos a la planta vizcaina cerrada a quienes “se les paga el salario por estar en casa”.
Afirman con precisión que “la empresa nunca ha querido negociar” y lamentan que lo que ha hecho es “individualizar las condiciones de trabajo para lograr cara a cara con los trabajadores lo que no consigue en la mesa de negociación, y que no acepta”. Los trabajadores realizaron huelgas, denuncias ante la Inspección de Trabajo, protestas y esperan volver a esas iniciativas para conseguir, además de en los tribunales, en la calle que se sepa de “esta agresión a los derechos laborales”.
La realidad es que la planta de producción de Mungia cerró en febrero de 2015 y el resto concluyó su actividad después del verano. Estaba divida en tres secciones: oficinas e ingeniería, producción y service center (macroferretería para distribuir piezas para reparar los ascensores). Los despidos afectaron a cerca de 20 personas, de 47 que trabajaban en producción. Otros optaron por la vía de bajas incentivadas, planes de Prejubilados y algunos fueron trasladados a otros centros de mantenimiento de la compañía. A una docena de ellos les quiso trasladar a la planta de Vigo, pero ante su intención de no trasladarse, se produjo un despido colectivo, que el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo.
El objetivo del traslado a Vigo no tenía más que la intención de pagar menos a los trabajadores, dado que en tierras gallegas el convenio de esa empresa es provincial y más reducido al que Zardoya Otis tenía en Mungia.
Los trabajadores presentaron conflicto colectivo de forma previa a estas vulneraciones de sus derechos, pero “se ha retrasado 18 meses y se verá la próxima semana en Bilbo”.
Como explica su abogado, “hay un fraude en la negociación colectiva y tampoco existe una causa objetiva del traslado del Service Center a Vigo”. Admite que la lucha de esos trabajadores tiene similitudes con otras que se desarrollan en Telefónica o Coca Cola “donde se busca parcializar las negociaciones”, pero admite que “los trabajadores, de forma previa a sus despidos, plantearon el conflicto colectivo contra la deslocalización de la producción”.
Recuerda que la multinacional Zardoya Otis “se saltó el periodo de consultas, no negoció con el comité, como es su obligación”.
Los trabajadores se vieron en la necesidad de realizar huelgas contra esas decisiones de despidos y traslados, y reclamaron ante los tribunales que diera marcha atrás en esa decisión y devolviera la maquinaria a Mungia, pero el Tribunal Superior de Justicia se inhibió y quedó en suspenso hasta decisión final del Tribunal Supremo. Esa situación “envalentonó” a la multinacional y cerró el centro.
Conciencia social y sindical
Lo que ha ocurrido, a juicio del abogado de los trabajadores, es que “la empresa ha llevado una fórmula de cargarse una empresa sindicalizada, se va a Vigo no aplica convenio Zardoya Otis. Es una empresa no sindicalizada, y lleva la producción allí no porque sea más rentable, ni porque Vigo esté mejor comunicado, sino porque queremos deslocalizar en Euskadi porque los trabajadores tienen mayor conciencia social y reclaman derechos y, ante eso, decide castigarles”.
Zardoya Otis tiene 4 centros: una delegación en Bilbo; en Gipuzkoa, una delegación y fábrica nueva que va a construir, y en Gasteiz una fabrica y delegación, aunque se desmantelará la planta en favor de la nueva de Donostia. Tenía 450 trabajadores. Se han reducido y “las prejubilaciones no se sustituyen”.
Zardoya Otis cuenta con 3.100 trabajadores en total en el Sur de Europa. Desde Mungia recuerdan que en el Estado español lo que ha hecho la representación más importante que hay, el Sindicato de la Elevación (escisión de CCOO), ha sido “aceptar las propuestas de la empresa desde la congelación a la pérdida de derechos sociales”.
Sin embargo, mientras se recortan derechos y congelan salarios, el consejero delegado de Zardoya Otis, Benardo Calleja, aumentó su salario de 2013 a 2014, dado que no han publicado los de 2015, en un 75,2%, de 368.000 euros a 645.000 euros y el consejo de administración subió sus emolumentos en total en un 20,25%, hasta los 1,64 millones.
Juanjo Basterra
