El 10 de mayo, apenas transcurrida una semana de debate en la Asamblea Nacional francesa, la reforma laboral promovida por François Hollande fue aprobada por un decreto del gobierno, apoyándose en el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite al gobierno imponer leyes sin pasar por una tramitación y votación parlamentaria.
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De forma inesperada para Hollande un nutrido grupo de diputados del Partido Socialista Francés (PSF), sensibles a la presión de la masiva movilización social, se negaron tajantemente a apoyar con sus votos la reforma laboral, e incluso 26 de ellos suscribieron junto con otras fuerzas de izquierda una moción de censura contra el gobierno de su propio partido. De modo que, atrapado entre la oposición surgida de sus propias filas y la calculada indiferencia de las fuerzas de la derecha francesa, que contempla regocijada como el PSF persiste en la senda de la autodestrucción, el gobierno de Hollande y Valls se vio ante la disyuntiva de ceder y retirar la contestada reforma laboral, o recurrir a los mecanismos de excepción propios de un gobierno autoritario que la Constitución francesa reserva al Gobierno.
El gobierno francés refuerza su giro autoritario
El recurso a mecanismos de imposición de leyes que escapan al control parlamentario dista mucho de ser un hecho aislado en la política francesa. Poco más de una semana después de que se impusiese la reforma laboral, el 19 de mayo, el gobierno francés propuso, y la Asamblea Nacional aprobó, la prolongación durante dos meses del vigente estado de excepción. Con la excusa de proteger los partidos de la Eurocopa y el Tour de Francia, el gobierno se dota de un arsenal represivo que prácticamente equipara sus poderes a los de cualquier gobierno dictatorial.
Desde la aprobación del estado de excepción se han llevado a cabo cerca de 3.600 registros domiciliarios sin necesidad de orden judicial previa y varios cientos de personas han sido detenidas sin que contra ellos se haya formulado cargo alguno. Peor aún, el estado de excepción permite las llamadas “notas blancas” por las que los servicios secretos del Estado francés pueden, sin necesidad de presentar ningún tipo de prueba, restringir la libertad de movimientos de cualquier persona, pudiendo incluso decretar el arresto domiciliario indefinido. Más de 400 ciudadanos franceses han sufrido este arresto, prolongado en la mayoría de los casos durante más de tres meses, y como consecuencia muchos han perdido su puesto de trabajo o se han convertido en “sospechosos” a los ojos de sus vecinos y su entorno.
Este peligroso giro autoritario, que pone al desnudo la verdadera naturaleza del Estado burgués y que agudiza aún más la crisis de legitimidad que sufren los gobiernos europeos y la bancarrota de la socialdemocracia, no es un capricho ni un error de cálculo, es la respuesta desesperada de Hollande, la única que le queda, ante el imparable ascenso de la movilización social, que se extiende y profundiza cada día con mayor fuerza.
La protesta social se extiende y se endurece
En octubre de 2010, una inmensa ola de movilizaciones y huelgas sacudió Francia en protesta por el proyecto de reforma de las pensiones promovido por el entonces presidente, el conservador Nicolas Sarkozy. Las huelgas sectoriales indefinidas pusieron al gobierno contra las cuerdas, hasta el punto de que Sarkozy amenazó con militarizar varios sectores productivos y someter a los huelguistas a consejos de guerra. No le hizo falta cumplir sus amenazas porque bastó la aprobación y entrada en vigor de la reforma de las pensiones para que las direcciones sindicales considerasen que ya no podía hacerse nada más y desconvocasen las movilizaciones. En pocos días una movilización de una amplitud no vista desde los años 70 se diluyó. Las pensiones se recortaron y los millones de trabajadores movilizados retornaron a la normalidad laboral, abatidos por no haber conseguido parar el ataque del gobierno, pero en modo alguno derrotados.
Hoy la situación ha cambiado radicalmente. La reforma laboral, aunque pendiente de un último trámite en el Senado, está ya prácticamente aprobada, pero a pesar de ello, y a diferencia de 2010, la movilización no solo no decae sino que se fortalece y se extiende, y todo anuncia que el mes de junio marcará un hito en la historia del movimiento obrero francés.
Camioneros de toda Francia, trabajadores portuarios de Marsella, Saint-Nazaire y Le Havre, trabajadores de las refinerías de la empresa Total, trabajadores de metro, autobuses urbanos, aeropuertos y ferrocarriles, unidos a estudiantes de liceos y universidades, han salido a la calle en la semana siguiente a la aprobación de la ley de reforma laboral, en un abierto y rotundo desafío al Estado burgués y a su “legalidad”, a la que perciben como un arruinado decorado que apenas oculta la dominación descarnada y dictatorial de los grandes poderes económicos y financieros.
Sin duda alguna, las asambleas del movimiento Nuit Debout han jugado un importante papel en canalizar el descontento social que el agravamiento de la crisis y la sucesión de recortes y ataques a los derechos de los trabajadores han ido alimentando, pero que no encontraba un cauce adecuado de expresión. Nacido al calor de la primera huelga general contra la reforma laboral, Nuit Debout se ha mantenido estrechamente vinculado al movimiento obrero, pero sus planteamientos han ido mucho más allá de los de las direcciones sindicales. Nuit Debout, no sólo protesta contra la reforma laboral, sino que, según sus propias palabras, apunta al “cuestionamiento de un sistema social y político en crisis”. Por eso, la aprobación gubernamental de la reforma laboral lejos de ser un factor de desmovilización ha sido un estímulo para responder aún con más fuerza a un gobierno que traiciona abiertamente su programa electoral y los intereses de sus votantes. En las próximas semanas comprobaremos la evolución de este movimiento, pero una cosa ya ha quedado clara: la barrera que el respeto a la legalidad del Estado burgués imponía a la movilización social ya ha sido superada, y este hecho ya es irreversible. La autoridad del Estado ha quedado dañada como nunca lo había estado desde los años 30 del siglo pasado.
La responsabilidad de la dirección de la CGT
Los dirigentes de la CGT, el principal sindicato francés, han estado hasta el momento a la cabeza de las diversas huelgas y movilizaciones sectoriales, y han sido los principales impulsores de la huelga general del pasado 31 de marzo. Su secretario general, Philippe Martinez, ha participado en asambleas de Nuit Debout, donde ha sido cálidamente acogido, aunque se le ha formulado una clara exigencia: que la CGT encabece ya una convocatoria de huelga general indefinida, la única medida capaz de hacer retroceder al gobierno Hollande.
Hasta el momento la dirección de la CGT titubea y no se decide a dar el paso que el movimiento le reclama. El pasado 12 de mayo, en una entrevista en el periódico L’Humanité, vinculado al Partido Comunista Francés, Philippe Martinez explicaba respecto de la convocatoria de la huelga general que “son decisiones difíciles de tomar, no basta con apretar un botón”. ¡Naturalmente que no basta con apretar un botón! Los cientos de miles de trabajadores franceses que están participando en las huelgas de los diversos sectores saben perfectamente el esfuerzo que significa organizar una lucha consecuente y decidida. De hecho, llevan varias semanas haciéndolo. Es en ellos en los que tiene que apoyarse la dirección de la CGT para preparar la tan necesaria huelga general indefinida y conseguir que el gobierno se vea forzado a retirar la reforma laboral.
Lo que ha quedado demostrado en estas semanas de movilizaciones es que los intentos del gobierno francés de calmar la movilización suavizando la reforma laboral y haciendo algunas otras concesiones han fracasado estrepitosamente. Los trabajadores y jóvenes en lucha han hecho caso omiso de estas propuestas y han continuado adelante con las movilizaciones previstas. Y también está fracasando el recurso a la represión y la fuerza bruta. Así que todas las condiciones están dadas para que una huelga general indefinida sea un rotundo éxito. Solo hace falta que los dirigentes de CGT recojan el sentir masivo de la calle, se pongan a la altura que el movimiento les demanda y convoquen la huelga general indefinida hasta la retirada total de la ley de reforma laboral.
