Los acontecimientos en Catalunya han alcanzado en las últimas semanas un punto de máxima tensión. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium respectivamente, están en la cárcel junto a ocho consejeros del Govern de la Generalitat, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras que también se encuentran en prisión incondicional, todos por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los cuatro consellers destituidos que no acudieron a la citación judicial, pesa una orden de detención impuesta por la misma juez.
Y el pasado 10 de noviembre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carmen Forcadell, presidenta del Parlament y libertad bajo fianza de 25.000 euros para cuatro miembros de la última Mesa del Parlament. Estos son, hasta el momento, los últimos episodios de la actuación del Gobierno del PP y los jueces respecto a Catalunya.
Están en juego nuestros derechos democráticos
Los sindicalistas y los activistas que defendemos los derechos de los trabajadores debemos analizar detenidamente los fundamentos de la querella presentada por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, cuyos argumentos han sido aceptados por la juez y son la base de las medidas impuestas antes mencionadas.
La querella considera que la jornada del 1 de octubre y los días previos y posteriores “constituyeron una insurrección, un levantamiento violento, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado (…) Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.
En cuanto a la huelga general del 3 de octubre, el fiscal general dice lo siguiente: “La huelga no fue convocada en defensa de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza”.
El delito de rebelión que se les imputa, implica la utilización de la violencia y puede acarrear una condena de 30 años de cárcel. Pero el fiscal general reinterpreta a conveniencia el código penal y señala ahora que tal delito “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”.
Para el fiscal y la juez el movimiento de millones de ciudadanos pacíficos ejerciendo su legítimo derecho a votar es considerado como un “levantamiento violento”. El mundo al revés; las víctimas de la represión son presentadas por los verdugos como los agresores.
El movimiento sindical y los activistas de la izquierda en general hemos sido víctimas en multitud de ocasiones de similares burdos intentos de criminalizar nuestra lucha.
Hoy encarcelan a los miembros de un gobierno elegido democráticamente por promover un referéndum y proclamar la república catalana y mañana podrán encarcelar, con los mismos argumentos legales, a todos aquellos que nos rebelemos contra las injusticias del sistema y desafiemos abiertamente el orden capitalista.
Las fuerzas que han aplastado la libertad y la democracia y reprimido con saña a los trabajadores y el pueblo en otras ocasiones, están completamente envalentonadas.
La reacción actúa cada vez de forma más abierta y confiada. Por ejemplo, mientras las bandas fascistas actúan impunemente antes, durante y después de cada manifestación en la que se defiende la “patria, una, grande y libre”, Alberto Garzón y Pablo Echenique son llamados a declarar por haber llamado nazis a los que les increparon e intentaron agredir el 24 de septiembre en Zaragoza.
Nos encontramos ante un peligroso incremento de la represión del estado y el fortalecimiento de sus tendencias más reaccionarias. Es fundamental organizar la lucha para frenarlo.
Frente al ataque más grave a los derechos democráticos llevado a cabo desde la caída de la dictadura, CCOO y UGT, volvieron a reiterar, en un comunicado emitido el pasado 27 de octubre, la posición oficial que han venido defendiendo desde el inicio del conflicto. En él, lo que debería ser una contundente denuncia de las medidas represivas llevadas a cabo por el Gobierno del PP y los jueces, solo encontramos una vaga referencia a la necesidad de reconducir la situación en base a la negociación política. Se oponen a la declaración unilateral de independencia (DUI) a la que consideran claramente fuera de la legalidad constitucional y, con el argumento de “no prestarse a ninguna estrategia que conduzca a la confrontación” dejan claro que no tienen la más mínima intención de impulsar o participar en las huelgas y movilizaciones que se pudieran convocar contra las medidas impuestas por el PP y los jueces.
De hecho, CCOO y UGT en Catalunya con la oposición de sus direcciones confederales, aceptaron colocar su firma en la convocatoria de la huelga general del 3 de octubre debido a la enorme presión que el movimiento ejerció sobre ellos. Posteriormente tanto la dirección estatal como la catalana boicotearon la huelga general convocada en Catalunya por la Intersindical CSC (Confederación Sindical Catalana), el pasado 8 de noviembre, y sus máximos dirigentes (Unai Sordo por CCOO y Josep Álvarez por UGT), se prodigaron en todos los medios de comunicación uniéndose al Gobierno en la insistencia del carácter político de la huelga y en anunciar su supuesto fracaso.
Frente a la acción decidida de millones de trabajadores y jóvenes catalanes, el día 1 de octubre, en las huelgas generales del 3 de ese mismo mes y la del 8 de noviembre, así como en otras tantas otras jornadas de lucha, la dirección de CCOO y UGT, mantiene una posición equidistante, que en la práctica supone dejar las manos libres al gobierno de Rajoy en su actividad represiva, cuando no de apoyo más o menos velado al PP y sus medidas.
La opresión nacional en Catalunya sigue siendo una realidad
Para la mayoría del pueblo catalán no es cuestión de más o menos autonomía, se trata de poder ejercer el derecho a decidir el grado de vinculación que quieren mantener con el resto de los pueblos que conforman el estado español, incluida la posibilidad de poder formar su propio estado independiente. Que las leyes del estado español no se lo permitan, es un dato contundente que muestra lo mucho de formal y lo poco de real que tiene la “democracia” en el estado español. Además revela que la opresión nacional en Catalunya no es ningún invento y sigue estando plenamente presente.
Pero por otro lado, hay aspectos más específicos de la realidad cotidiana con los que millones de catalanes constatan esa opresión. Valga con exponer algunos ejemplos.
A pesar de que el Estatut se aprobó en el Parlament (2005) y en el parlamento español (2006) y finalmente en un referéndum en Catalunya (con un 74% a favor), el Tribunal Constitucional (TC), formado por jueces, muchos de ellos designados por el PP, anuló, con su sentencia de verano de 2010, parte de su contenido, resolviendo así el recurso del PP y provocando una gran indignación entre la población en Catalunya. A pesar de que la referencia a Catalunya como nación, recogida en el preámbulo del Estatut, no tenía ninguna consecuencia práctica, la sentencia del TC dictaminó que “la Constitución no conoce otra que la nación española", y punto.
También en diciembre de 2010, el Tribunal Supremo dictó tres sentencias contra el sistema de inmersión lingüística vigente en el sistema educativo catalán; un atropello que se agravó con la LOMCE que, como claramente explicó el entonces ministro de Educación, Wert, tenía entre sus objetivos el de “españolizar a los alumnos catalanes”, siendo uno de los ejes fundamentales de la campaña franquista del PP de presentar al castellano como un idioma perseguido en Catalunya, algo que no tiene nada que ver con la realidad.
A estos hechos, es necesario sumar declaraciones de altos mandos militares que causaron gran impacto en Catalunya.
En vísperas de la Diada de 2011 el coronel Francisco Alamán afirmó en una entrevista que la independencia de Catalunya solo se produciría “por encima de mi cadáver y el de muchos” y advirtió en referencia al papel del ejército: “aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos.”
Por su parte, poco después la Asociación de Militares Españoles (AME), que agrupa a 3.500 militares, alentaba al poder judicial y al gobierno a tomar “inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión” y que si el ejército tuviera que tomar cartas en el asunto no habría “la menor duda” de que quienes hayan “permitido, participado o colaborado” en la “amenaza de fractura de España” habrán de responder de “alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense”.
La opresión nacional de la burguesía española y su Estado centralista, que se niegan a reconocer que Catalunya es una nación y rechazan el ejercicio del derecho de autodeterminación por la vía represiva es uno de los factores centrales que explican la rebelión social que se vive en Catalunya.
El otro elemento es la frustración generada por la crisis capitalista, el desempleo de masas, los desahucios, la precariedad y los bajos salarios y la falta de futuro para la juventud.
El papel de la burguesía catalana y su representante político, el PDeCAT
Tras la explosión del 15-M, los jóvenes y trabajadores catalanes fueron de los primeros que saltaron a la lucha contra los recortes que el gobierno entonces de CiU, estaba llevando a cabo.
La Generalitat, con Artur Mas como President fue campeona en recortes y la represión de las luchas. En un contexto de protesta social creciente, y de profunda deslegitimación de las instituciones y partidos del sistema, los dirigentes de CiU desplazaron el eje político de la confrontación social y de clase al terreno de la cuestión nacional.
Pero el intento por parte de los políticos burgueses de desviar el movimiento contra los recortes hacía el terreno de la cuestión nacional ha contribuido a provocar una rebelión social de un calado muy profundo, obligándoles a ir mucho más lejos de lo que tenían calculado.
Tanto es así, que el PDeCAT (sucesor de CiU) ha sido abandonado por la burguesía catalana que ha unido sus fuerzas al aparato del estado centralista español y al PP, demostrando una vez más la unidad de intereses y criterios existente entre las dos burguesías cuando se enfrentan a un movimiento de las masas que puede llegar a poner en peligro sus privilegios. Los capitalistas catalanes han comprendido mucho mejor que muchos dirigentes de la izquierda, empezando por los líderes de CCOO y UGT, el contenido revolucionario que alberga la lucha por la proclamación de la república catalana y luchan contra él con todas sus fuerzas, utilizando los mismos métodos que los capitalistas griegos y europeos utilizaron para enfrentarse al pueblo griego, el sabotaje y el boicot a la economía y la criminalización de la lucha de las masas.
Ante esta situación lo que deberían hacer CCOO y UGT y la izquierda en general es arrancar la dirección de este movimiento de las manos del PDeCAT, luchando porque las reivindicaciones en defensa de los derechos democrático-nacionales vayan acompañadas por otras de contenido social y de clase, desenmascarando así la maniobra del PDeCAT. Es un profundo error negar el carácter profundamente progresista del movimiento alegando que es el partido de la burguesía catalana el que lo dirige. Y mucho más grave es alegar esto y colocarse en el lado de la barricada equivocado, posicionarse con los opresores frente a los oprimidos.
¿Defensa de la legalidad vigente? ¿Defensa del estado de derecho?
El argumento defendido con más insistencia por el bloque monárquico-reaccionario formado por PP, Ciudadanos y PSOE, y que de forma más o menos explícita defienden también los dirigentes de CCOO y UGT, es el de la defensa del “estado de derecho”, de la “legalidad” y de la Constitución. Para estos señores, el parlamento catalán ha vulnerado la legalidad y dado un golpe contra la democracia al convocar el referéndum del 1-O y declarar la independencia de Catalunya.
Lamentablemente gran parte de esta línea argumental ha sido aceptada por los máximos dirigentes de las organizaciones a la izquierda de la socialdemocracia, Pablo Iglesias por Podemos y Alberto Garzón por IU, este último con mucha mayor claridad y vehemencia.
La posición de los sindicatos y la izquierda que lucha debería ser diametralmente la opuesta.
Si este marco legal, si la constitución de 1978 no permiten el ejercicio del derecho a la autodeterminación, un derecho democrático elemental, esta “legalidad vigente” no es democrática, no aceptamos esta restricción y por tanto es nuestra obligación defender y apoyar a aquellos que están luchando por hacerlo realidad. Defender como alternativa el “referéndum pactado” es negar la realidad. El PP, la burguesía española y el estado mayor del ejército, no permitirán jamás que el pueblo catalán (o el vasco o el gallego) pueda ejercer su legítimo derecho a decidir. Solo la lucha decidida lo ha conquistado llevando a la práctica la filosofía proclamada por Marcelino Camacho respecto a cómo se conquistan los derechos: “si quieres derecho a la autodeterminación, ejércelo.”
Pero profundizando en este tema, ¿debemos defender y dar por bueno desde el sindicalismo de clase y la izquierda en general este marco legal?
Este es el marco legal que permite que en una huelga la empresa imponga unos servicios mínimos del 80%, que encarcela a sindicalistas por participar en piquetes, que permite regalar miles de millones a la banca, arrancados de la sanidad, la educación, etc, mientras los bancos siguen desahuciando a familias trabajadoras. Esta es la misma legalidad que permite al Ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid porque este no sigue al dedillo la política de recortes sociales que la derecha quiere imponer. Este es el estado de derecho en el que cabe la “ley mordaza” y el encarcelamiento de twiteros y de raperos, mientras delincuentes condenados como Iñaki Urdangarín, esquían en Suiza.
La constitución del 78 tiene numerosos resortes, alguno de los cuales están siendo utilizados ahora respecto a Catalunya, para que, en momentos de ofensiva de los trabajadores en defensa de sus derechos, el estado y el gobierno de turno, puedan imponer medidas dictatoriales y que estas sean perfectamente constitucionales. Esta “carta magna” otorga a la figura del rey la posibilidad de asumir amplios poderes para defender los intereses de los grandes capitalistas cuando la lucha de la clase obrera y de los oprimidos en general, los amenace.
El estallido del 15-M y la ola de movilizaciones que lo siguió (mareas verde y blanca, las marchas de la dignidad, etc), trajo consigo un profundo cuestionamiento de las instituciones de esta falsa democracia y del régimen del 78.
Podemos, y la IU encabezada por Alberto Garzón, que ahora conforman Unidos Podemos, inscribieron en su bandera la lucha contra el régimen del 78; hoy cuando hay un movimiento de masas que asume en la práctica la tarea de derribarlo, CCOO, UGT y la izquierda que lucha tienen la obligación de alentar y fortalecer este movimiento, trabajando por fortalecer su contenido social, de clase y revolucionario. Lamentablemente CCOO y UGT ni siquiera se lo plantean y Alberto Garzón y Pablo Iglesias se refieren a él como un movimiento que “rompe el consenso alcanzado en el año 78”, lo que es un gran error que puede traer graves consecuencias para la lucha por la transformación de la sociedad en Catalunya y en el estado español.
Dicho esto, es necesario señalar claramente que la posición de Pablo Iglesias es, en toda una serie de aspectos fundamentales, cualitativamente mejor que la de Alberto Garzón.
El coordinador general de IU rechaza la existencia de presos políticos, utiliza a los presos políticos del franquismo para negar el hecho de que haya dirigentes de organizaciones sociales y políticas catalanas presos por defender ideas independentistas y republicanas, participando, de hecho en la campaña de la reacción por encubrir el ataque más importante a los derechos democráticos desde la caída de la dictadura.
Pablo Iglesias, por el contrario, denuncia que los consellers, etc, encarcelados son presos políticos y es estigmatizado y calumniado con saña por los mismos que hoy adulan a Garzón.
La legitimidad del resultado del 1-O
El 1-O la burguesía catalana, la española, el aparato del estado, los partidos del orden (PP, PSOE y Ciudadanos) y también la burguesía europea, contemplaron con pavor los acontecimientos que se estaban desarrollando ante sus ojos. Millones de personas, los mismos que en Catalunya participaron en el 15-M y en las movilizaciones contra los recortes, desafiaron el estado de sitio que el Gobierno del PP y sus seguidores intentaron imponer, ejerciendo su derecho a voto. Decenas de miles se enfrentaron a las porras, las botas y las pelotas de goma de la guardia civil y la policía nacional, con las manos vacías, sin retroceder ni un centímetro. El mismo sudor frío les volvió a recorrer el 3-O, día de la magnífica huelga general.
Este referéndum ha sido impuesto por la acción consciente de millones de personas. Pocas veces hemos asistido en la historia reciente a un ejercicio de democracia directa tan elevado y generalizado, arrojando un resultado aplastante a favor de la república catalana. La idea de que el resultado del referéndum del 1-O no puede ser proclamado porque no es legítimo significa un desprecio absoluto a la voluntad popular. El número de votantes a favor de la república catalana fue claramente superior al de votos afirmativos al Estatut de Autonomía. Pero más allá de este dato ¡qué elección podría tener más legitimidad que esta, conquistada mediante la lucha, la movilización y la resistencia frente a toda la maquinaria represiva del Estado!
La auténtica cara del régimen del 78 y su constitución se ha hecho visible para millones de personas en Catalunya y en el estado español. Toda una batería de medidas represivas han sido puestas en marcha y son un serio aviso para futuras luchas. Hoy se aplica el 155 contra Catalunya, y si desde la izquierda en Cataluña y el resto del estado no nos rebelamos contra él, mañana se impondrá a cualquier comunidad autónoma que intente llevar a cabo una política realmente de izquierdas que cuestione, con medidas concretas, los privilegios de los grandes empresarios. Las advertencias hacia castilla-La Mancha y Navarra lanzadas por dirigentes del PP sobre la posibilidad de aplicarles el 155, son un aviso a navegantes.
La reacción está combinando la represión con el intento de levantar un movimiento de masas contra la lucha del pueblo catalán, utilizando todos los medios a su alcance. Estamos asistiendo a una campaña furiosa en prácticamente todos los medios de comunicación durante las 24 horas del día, criminalizando la lucha del pueblo catalán y exacerbando el españolismo más rancio, a la vez que dan vía libre a las bandas fascistas.
Pero como muestra de su debilidad, y con el objetivo de crear confusión entre la clase obrera catalana y del estado español, los reaccionarios impulsores de este movimiento intentan incluir un tinte “de izquierdas” en su argumentario recurriendo a personajes que alguna vez jugaron un papel en alguna organización de la izquierda tradicional. Del cementerio político no han faltado voluntarios para jugar este lamentable papel; el caso más significativo es el de los cadáveres políticos resucitados para la ocasión, Josep Borrell, exdirigente del PSOE y Francisco Frutos, exsecretario general del PCE. Con un envoltorio supuestamente de izquierdas, cargan contra el pueblo catalán que lucha por sus derechos, niegan que los consellers, etc encarcelados, sean presos políticos, enfrentándolos vergonzosamente a los que había en la dictadura. En definitiva, se posicionan con el opresor, la bandera rojigualda, la policía nacional y la guardia civil.
¡La izquierda no es nacionalista!, claman indignados estos renegados. No, la izquierda no es nacionalista, la izquierda no ha defendido nunca el rancio nacionalismo español, el “una, grande y libre franquista.” La izquierda defiende los derechos democráticos, incluido el derecho a que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro, cimentando de esta forma la unidad en la lucha de la clase obrera de todo el estado español por la transformación de la sociedad ¿O va a ser apoyando, en la práctica la represión, el 155, participando entusiásticamente en las manifestaciones reaccionarias, etc, como van a unir los lazos de los oprimidos en Catalunya, con los del resto del estado español? Solo con plantear esta pregunta se hace evidente la posición absurda y reaccionaria que defienden estos elementos. Su papel de comparsa, entusiasmados con las medidas franquistas del PP y dispuestos a propagar el chovinismo españolista en los barrios obreros, es un crimen.
Las tareas del sindicalismo de clase
Por su parte, Garzón y otros dirigentes de IU y de Podemos, como alternativa a la proclamación de la república catalana independiente, abogan por “un proceso constituyente” en todo el estado, incluso por la “República Federal”. No aclaran qué orientación de clase, capitalista o socialista, debería tener ese proceso constituyente o esa república federal. Pero más allá de eso, ¿cómo pretenden imponer ese proceso constituyente o esa república? ¿Mediante el acuerdo con el Estado franquista y el PP? ¿Alcanzando un consenso con la burguesía española?
La proclamación de la república el 14 de abril de 1931 fue el resultado de la acción revolucionaria de las masas, de la ciudad y del campo, que echaron abajo la dictadura de Primo de Rivera, y con sus huelgas y movilizaciones masivas a lo largo de 1930 y 1931 pusieron a Alfonso XIII rumbo al exilio. La proclamación de la república, no fue aceptada por los capitalistas y la burguesía fruto de una hábil negociación entre dirigentes civilizados y demócratas. Fue impuesta por la lucha de masas y aceptada por los capitalistas como un mal menor en un intento de frenar y desviar la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
Todas las grandes transformaciones sociales han tenido lugar gracias a la movilización de masas, a su acción decidida y radical. Todos los llamados a la moderación, a que las masas vuelvan a casa y dejen el protagonismo a la negociación y a los profesionales de la política, que tanto Garzón como Pablo Iglesias no se cansan de repetir, suponen ayudar en la práctica a la burguesía española y catalana en su objetivo principal de abortar un movimiento al que temen, conscientes de que puede tener profundas consecuencias revolucionarias.
El movimiento desatado en Catalunya puede ser la grieta que abra la senda de la rebelión en todo el estado. La obligación de los sindicatos y de la izquierda que lucha es apoyarlo con todas sus fuerzas, combatiendo por todos los medios al españolismo reaccionario que el PP y sus aliados Ciudadanos y PSOE intentan propagar, llamando a la movilización masiva, con un programa de defensa de los derechos democráticos que también recoja el fin a los desahucios y los recortes, que defienda la educación y sanidad públicas de calidad, que nacionalice la banca y las grandes empresas bajo control democrático de la población para crear millones de puestos de trabajo con salarios dignos.
Esta es la forma de demostrar al conjunto de la clase trabajadora catalana, especialmente a los que emigraron en los duros años de la postguerra y cuyas familias sufrieron el desprecio clasista, racista y humillante de la burguesía catalana, que la república catalana que queremos no es la de la oligarquía sino la del pueblo y la de los oprimidos, la república socialista.
Esta es la política que deberían defender CCOO y UGT.
Vivimos acontecimientos decisivos. La clase dominante española y catalana ve con terror y odio la consolidación de la república catalana. La razón no es solo porque quebraría la idea de España, una, grande y libre. Saben que esta conquista sería el preludio a una lucha aún más intensa y trascendental a favor de los oprimidos, contra la dominación de los capitalistas, contra el orden social establecido y por una república socialista en Catalunya y una república socialista federal, basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español.
