Los gobiernos municipales de izquierda no deben permitir otro ataque más a los trabajadores
Las grandes empresas privadas que gestionan servicios municipales siguen adelante con sus planes de precarizar a sus plantillas. Esta vez se trata de Cemusa, empresa especializada en mantenimiento de mobiliario urbano y antigua filial de FCC - uno de los gigantes del sector de la construcción y concesionario de múltiples servicios municipales de limpieza - que la vendió en marzo de 2014 por 80 millones de euros al grupo multinacional JC Decaux.
La plantilla de Cemusa, de 309 trabajadores, presta sus servicios en varias ciudades del Estado español, entre ellas Madrid, donde más de 140 trabajadores se ocupan del mantenimiento de las marquesinas de las paradas de autobuses y de sus paneles publicitarios. Gracias a sus contratos con los ayuntamientos Cemusa factura anualmente más de 70 millones de euros y presenta una situación financiera saneada, con buenas perspectivas para el futuro.
Pero hace apenas 10 días, la dirección de JC Decaux sorprendió a los empleados de Cemusa con el anuncio de un ERE que incluye el despido de 245 trabajadores, nada menos que el 80% de la plantilla. Como ya es habitual en los servicios públicos privatizados, la razón de este ERE no es otra que la de sustituir a la gran mayoría de los trabajadores de Cemusa, que cuentan con una antigüedad media en la empresa superior a 20 años, por trabajadores de subcontratas, con salarios mucho más bajos y condiciones laborales considerablemente peores.
El descaro de estos explotadores, estimulados por las manos libres que la Reforma Laboral del PP les ha otorgado, llega a tal punto que han sugerido que los trabajadores de Cemusa que queden en la calle, muchos de ellos con unas edades en las que resulta sumamente difícil encontrar un nuevo empleo, podrían seguir realizando el mismo trabajo, pero a través de una subcontrata – también propiedad del grupo JC Decaux - en condiciones de auténtica miseria y total precariedad.
Pero lo más llamativo de este salvaje ataque a los derechos más básicos de los trabajadores es que afecta a servicios municipales en ciudades que, como Valencia y Madrid, están gobernadas por las nuevas coaliciones de izquierda que triunfaron en las pasadas elecciones municipales. Los trabajadores ya han iniciado huelgas y movilizaciones para resistir el ataque patronal, así que ahora es imprescindible que sean los ayuntamientos gobernados por la izquierda los que demuestren que están a la altura de la voluntad de lucha de los trabajadores de Cemusa y procedan a iniciar los acciones necesarias para remunicipalizar el servicio y subrogar a todos los trabajadores que actualmente lo están prestando.
Los gobiernos municipales de Madrid y Valencia tienen un compromiso con los cientos de miles de trabajadores que constituyen su base electoral: no pueden seguir permitiendo que los servicios públicos sean gestionados con el único criterio que las empresas concesionarias extraigan el máximo beneficio posible, a costa de aplastar los derechos de los trabajadores, de degradar aún más sus condiciones laborales, y de permitir que se deteriore la calidad del servicio que ofrecen a los ciudadanos.
La experiencia nos enseña que es un deseo vano pretender que los empresarios privados que explotan estos servicios lo hagan por amor a sus conciudadanos. La única vía que permite conjugar la calidad de los servicios públicos con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores que los atienden es que sean arrancados de las manos de las empresas que se lucran con las privatizaciones, y que sean gestionados directamente por los Ayuntamientos, bajo control de los trabajadores y de los ciudadanos que los utilizan.
Es totalmente previsible que las medidas de remunicipalización serán objetadas por las empresas que se benefician actualmente de las privatizaciones, muchas de ellas, por cierto, íntimamente vinculadas a las diversas tramas de corrupción político-empresarial que corroen las instituciones del Estado. Por eso no se puede admitir que los Ayuntamientos del Cambio aplacen el cumplimiento de sus compromisos electorales, como están haciendo los ayuntamientos de Madrid o Zaragoza, escudándose en lo engorroso de los procedimientos administrativos, en las trabas presupuestarias que imponen el gobierno del PP o en lo dilatado de los probables procesos judiciales. La clave para el éxito de la remunicipalización de los servicios públicos privatizados pasa por apoyarse en la movilización de los trabajadores directamente afectados y de los vecinos y vecinas que los utilizan y que los pagan con sus impuestos.
En el caso de Cemusa en Madrid, el grupo municipal de Ahora Madrid tiene la obligación de intervenir de forma inmediata y arrancar de las manos de JC Decaux el servicio de mantenimiento de las marquesinas y la explotación de sus paneles publicitarios. Sin duda alguna, los trabajadores de Cemusa apoyarían esta medida con entusiasmo y prestarían toda su colaboración al gobierno municipal. Ahora Madrid no puede seguir rehuyendo su responsabilidad y debe ocupar el lugar que le corresponde al lado de los trabajadores de Cemusa.
