La clase obrera y la juventud francesas han puesto contra las cuerdas al presidente neoliberal Macron con diez huelgas generales, manifestaciones multitudinarias, enfrentando una represión salvaje y mandando a los trabajadores del mundo un mensaje de rebelión y dignidad.
Pero aquí, en el Estado español, los dirigentes de CCOO y UGT no solo miran para otro lado ¡se vanaglorian de su infame política de paz social y de que nos tengamos que jubilar a los 67 años gracias a las contrarreformas que ellos han firmado!
Pero la lucha en Francia sigue, se recrudece y se amplía y cada vez somos más las y los trabajadores del Estado español que nos preguntamos por qué, si las condiciones para acceder a la jubilación en nuestro país son mucho peores que en Francia, aquí no pasa nada. Y la respuesta es clara: lejos de llamar a inundar las calles para recuperar derechos perdidos, estas cúpulas de burócratas privilegiados ponen tierra de por medio y se esfuerzan por marcar distancias con los obreros y obreras de Francia.
Con el acostumbrado tono burocrático dicen apoyar a los trabajadores franceses, para inmediatamente insistir en que “la situación en el Estado español es completamente distinta a la de Francia”. Hace pocos días Unai Sordo, secretario general de CCOO declaraba en Twitter sin rubor: “Veo un poco de lio y confusión con las edades de jubilación en España y Francia” y “Conviene no hacer comparaciones apresuradas en sistemas de jubilación distintos, porque se corre el riesgo de comparar conceptos no homogéneos”. ¡Hay que tener la cara de piedra!
Las pensiones públicas están siendo atacadas. ¿Qué hacen CCOO y UGT?
Pese al tono arrogante y aleccionador que Unai Sordo utiliza en su red social, los trabajadores no tenemos ninguna confusión sobre la edad a la que nos obligan a jubilarnos en el Estado español para poder recibir la prestación completa. En 2023 será a los 66 años y cuatro meses si se ha cotizado menos de 37 años y nueve meses. La edad de jubilación se irá incrementando hasta los 67 años y los años cotizados requeridos serán de 38 y seis meses. También sabemos que existe la posibilidad de acogernos a la jubilación anticipada a los 64 años y seis meses habiendo cotizado más de 35 años. Pero entonces nuestra pensión se veríá reducida un 21%.
Tampoco hemos olvidado que la jubilación a los 67 años fue pactada y avalada por las cúpulas de CCOO y UGT con el Gobierno de Zapatero en 2011, después de que los trabajadores hubiéramos protagonizado multitudinarias movilizaciones contra esta contrarreforma que el Ejecutivo del PSOE quería imponer. Los dirigentes sindicales de entonces, con Fernández Toxo y Cándido Méndez como secretarios generales de CCOO y UGT respectivamente, despreciando el sentir de millones de trabajadores y trabajadoras, renunciaron a la lucha y aceptaron servilmente este nuevo ataque a las pensiones.
No solo nos jubilaremos más tarde. A esto hay que sumar que la cuantía de la pensión es insuficiente para la mayoría de los jubilados. El 64% cobra menos del SMI (en julio de 2022 el porcentaje era del 52%) y el grupo más numeroso (1.079.000 pensionistas) es el que percibe entre 700 y 750 euros mensuales[1].
Las particularidades del sistema de pensiones en el Estado español, a las que Unai Sordo se refiere con suficiencia en su hilo de Twitter, son una condena más a la “estrategia” de CCOO y UGT, a su política de paz social y de colaboración con el Gobierno, los empresarios y banqueros.
En Francia la edad de jubilación subió en 2010, siendo presidente Nicolás Sarkozy, de los 60 a los 62 y en 2014 con la presidencia del “socialista” François Hollande, los años de cotizaciones necesarios para acceder a la pensión completa pasaron de 41 a 43. Ahora, el intento de Macron de volver a incrementar la edad de jubilación esta vez de los 62 a los 64, ha provocado las movilizaciones más importantes desde Mayo del 68. ¿Qué están haciendo los dirigentes de CCOO y UGT para defender las pensiones aquí?
Los grandes sindicatos no solo no organizan la lucha para cambiar radicalmente esta situación, sino que vuelven a pactar con el Gobierno una nueva reforma de las pensiones que mantiene y consolida los retrocesos de la reforma de Zapatero, recoge otros nuevos, como la ampliación del número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión a los menores de 50 años o la penalización de la jubilación anticipada, y allana el terreno para recortes futuros con el anuncio de una nueva reforma de la jubilación parcial en el plazo de seis meses*.
Por si esto no fuera suficiente, el documento “confidencial” enviado a las comunidades autónomas por el ministro Escrivá y desvelado por el sindicato vasco LAB, propone que todo lo que ocurra en la salud de una persona activa laboralmente quede en manos de la mutua de su empresa y que los servicios públicos de salud sean los que se encarguen de la infancia y la jubilación. Nos encontramos ante el mayor intento de privatización de la sanidad a través de las mutuas y los dirigentes de CCOO y UGT mantienen un escandaloso silencio al respecto. Es decir, para hablar claro, un silencio que les hace cómplices.
En un gran ejercicio de cinismo, desde las altas esferas de estos sindicatos explican que “llevan más de un año en una estrategia movilizadora contra las empresas porque están inflando los precios y no lo trasladan a los salarios”. (Adrià Junyent, secretario de juventud de CCOO, Público 24-03-2023). Dicen esto los mismos que han firmado los convenios colectivos que trajeron una subida salarial media en 2022 del 2,78%, con el 79% de los trabajadores con convenio sin cláusula de revisión salarial[2], con un nivel oficial de inflación desbocado, que el año pasado acabó en el 5,7%, y con el precio de los alimentos habiendo crecido un 15,7%.
Los mismos que han dedicado grandes esfuerzos para boicotear movilizaciones en todo el Estado, como la lucha de los sanitarios en Madrid, la movilización de las trabajadoras del SAD en Asturias, o las huelgas de los trabajadores del metal en el País vasco.
Las cúpulas de estos sindicatos están plenamente comprometidas con la gestión del sistema. Hace poco el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostraba partidario de retirar la prestación o el subsidio por desempleo a quien rechace una oferta de empleo o un curso de formación. Cada vez es más difícil distinguir los discursos y argumentaciones de los dirigentes de CCOO y UGT, de los que hace cualquier responsable de la CEOE.
En defensa de la paz social
Asustados y conscientes del peligro de que la clase obrera y la juventud en el Estado español emulen a sus hermanos franceses, el Gobierno y los dirigentes de CCOO y UGT han hecho frente común para incrementar la campaña en defensa de la paz social.
Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz no pierden ocasión en alabar y destacar el papel de las cúpulas de CCOO y UGT en este logro, tan conveniente para los negocios. Y sí, es cierto. La sumisa colaboración de los dirigentes de CCOO y UGT con el Ejecutivo y los empresarios ha surtido efecto: mientras los beneficios empresariales baten récords (el beneficio ordinario neto de las empresas creció en un 91,3% en 2022[3]), 13,1 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión social (el 27,8% de la población) y el 10,3% (unos 4,8 millones de personas) sufre pobreza severa, según la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza[4].
Esta es la realidad que vive la mayoría de la clase trabajadora y la juventud de este país y que los fuegos artificiales de la permanente campaña de propaganda en la que están inmersos el Gobierno PSOE-UP y los dirigentes de CCOO y UGT, no puede ocultar. Una realidad que es el mismo caldo de cultivo que ha provocado y alimentado el estallido social en Francia y que, por mucho que se esfuercen los dirigentes sindicales y el Gobierno por eludir, más pronto que tarde se reproducirá con fuerza aquí, entre nosotros y nosotras.
• Ilustración de portada de Miguel Rojas
Notas:
[1] El 64% de pensionistas cobra menos del salario mínimo, pero no tendrá cheque del Gobierno
*Además a partir de 2025, cada tres años la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ‘AIREF’, organismo siempre al servicio de los intereses del gran capital, revisará el sistema de pensiones y podrá plantear las medidas que considere oportunas.
[2] Los salarios de convenio cierran 2022 con un alza del 2,78%, tres puntos por debajo del IPC
[3] El Banco de España constata que la actividad y los resultados de las empresas se dispararon en 2022
