La desfachatez de los grandes empresarios y del PP de Madrid no tiene límites. En su línea tradicional, esta clase social, podrida de lujo y excesos, utilizó la pandemia para acumular ilegalmente inmensos beneficios en lo peor de la primera ola de COVID-19.
Aprovechando las redes clientelares, corruptas y obscenas, que ha ido tejiendo durante décadas el PP, millones y millones de euros de dinero público han sido bombeados a bolsillos privados mientras la Comunidad de Madrid negaba la asistencia sanitaria pública a quienes residían en las residencias de mayores.
Es necesario recordar que aún no conocemos cuánto gastó la Comunidad de Madrid en la medicalización de 13 hoteles pertenecientes a multinacionales como AC, NH, Ilunión o Room Mate. En julio de 2020, el monto que recibieron estas empresas de la comunidad de Madrid se estimó en 8 Millones[1]. Pero, en todo caso, eso es solo una parte, y mientras la Comunidad de Madrid salvaba la campaña turística de estas multinacionales —verdadero sentido de la medida— mantenía cerradas centenares de camas de hospitales.
En esta misma línea se levantó el Hospital Zendal, que costó más de 150 millones de euros[2], y acumula casi otros 7 millones adicionales en sobrecostes por reformas. ¿Los beneficiarios? Contrataciones a dedo de las que se han beneficiado grandes empresas de la oligarquía española como el grupo Ferrovial.
Pero la explotación económica de los miles de muertos y damnificados por la pandemia no acaba ahí. Otra figura se ha estado lucrando de la crisis epidemiológica: los contratistas. Forma elegante de denominar a un grupo de aristócratas, empresarios, familiares y amigos del PP, que han cobrado elevadísimas comisiones por hacer de intermediarios en la venta de productos sanitarios a precios hiperinflados. Es decir, simples parásitos vividores que llevan una vida de excesos a nuestra costa.
Entre ellos, personajes como el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que vendió mascarillas a la Comunidad de Madrid triplicando su precio; o, más recientemente conocido, el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y sus socios de fechorías, el empresario Alberto Luceño, que cuenta en su haber con una largo historial de fraudes, y el aristócrata Luis Medina, figura habitual en las fiestas de la alta sociedad e hijo del Duque de Feria, aquel aristócrata y Grande de España condenado en 1995 por corrupción de menores y tráfico de drogas.
¿La ley de la oferta y la demanda? ¡Mentira! ¡Es especulación pura y dura!
Los detalles conocidos a lo largo de esta semana solo pueden producir indignación y rabia. Los amigos del primo de Almeida se llevaron de la Comunidad de Madrid casi 12 millones por la venta de Equipos de Protección Individual y Test de antígenos defectuosos[3]. De estos, casi 6 millones se dedicaron a comisiones a los intermediarios.
Mientras el gobierno, y los medios de comunicación, lanzaban el mensaje de que la abrupta demanda había disparado los precios de los equipos sanitarios más básicos lo cierto es que se estaban facturando precios sobreinflados.
Particularmente en los contratos mediados por el primo de Almeida el 60% del precio de las mascarillas, el 81% de el de los guantes y el 71% de el de los test eran sobrecostos que correspondían a estas comisiones. Así, por ejemplo, mientras la comunidad estaba pagando a 2 dólares el par de guantes, cualquiera de nosotros podía comprar un par de la misma calidad por 0.08 euros en la calle.
Además, gran parte de los productos comprados ni siguiera pudieron ser utilizados a causa de su baja calidad. Este fue el caso de 60.000 test covid-19 que fueron inservibles por tener una sensibilidad del 67%. Este dato significa que la capacidad de estas pruebas de detectar covid positivo era solo un 17% mayor que tirar una moneda al aire y jugarte el resultado del paciente a cada o cruz.
Mientras la gente se muere, los comisionistas viven como sultanes
¿Qué hicieron los comisionistas con este dinero? Compras de lujo. Mientras miles de familias pagaban a duras penas sus hipotecas y alquileres —los hechos ocurrieron en torno a marzo de 2020, en lo más alto de la primera ola y cuando los ERTE y los despidos se extendieron como la pólvora—, uno de los comisionistas festejó la operación comprándose una vivienda en Pozuelo por 1.1 millones de euros.
Es evidente que estaban muy contentos porque no escatimaban en gastos. Además de lo anterior, se gastaron 60.000 euros en tres Rolex y una estancia de lujo en un hotel marbellí.
Esas comisiones costearon también 12 coches de lujo —¡doce entre dos comisionistas! — entre ellos un Ferrari de 355.000 euros. Y con otros 325.500 compraron un yate. Es decir, sólo este coche, o este yate, costaron más que los 309.000 euros que reconoció pagar la Comunidad de Madrid por solo uno de los 13 hoteles medicalizados[4].
¡El despilfarro es colosal! Cuántas vidas se hubieran salvado si todos esos recursos huirán sido realmente puestos al servicio de la lucha contra la pandemia en lugar de pagar a comisionistas y salvar la campaña turística a multinacionales hoteleras. El capitalismo es un sistema criminal, en el que este tipo de saqueos se consideran como una forma perfectamente aceptable de hacer negocios, pero en este caso han sido posibles con la inestimable ayuda del Gobierno más progresista de la Historia.
Ni los jueces ni los fiscales van a poner fin a las corruptelas
Como viene siendo habitual en este tipo de casos, la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que no hay delito ni en los sobrecostes ni en la intermediación del primo de Almeida y sus cómplices, porque es así como funciona el mercado. Si finalmente se ha abierto una causa ha sido por falsedad documental y estafa por el amaño de algunos papeles en el proceso. Si no fuera por este detalle, el sistema judicial habría concluido que este saqueo ha sido legal.
Mientras tanto, PSOE-UP y CCOO y UGT han renunciado a liderar una auténtica batalla por confrontar con estos atropellos. Así lo han demostrado en su negativa, una y otra vez, a movilizar a los trabajadores de la Comunidad de Madrid contra las políticas criminales de Ayuso y su banda.
Con esta aptitud han alimentado el crecimiento electoral de Ayuso y de la extrema derecha en la Comunidad de Madrid, que no encuentran ninguna resistencia real a pesar de las grandes atrocidades que están cometiendo.
Hay que echar a este gobierno de ladrones de la Comunidad de Madrid, pero solo con la huelga general y la movilización en la calle será esto posible. En Madrid, como en el resto del estado hay condiciones para conseguirlo, y ejemplos de ello son las movilizaciones que protagonizaron los trabajadores gaditanos a finales de año y la más reciente movilización de los transportistas autónomos.
¡No podemos seguir soportando el saqueo de las finanzas públicas y la vida de lujo que algunos especuladores se pagan cargando sobrecostos escandalosos sobre las espaldas de la clase trabajadora! ¡No podemos seguir soportando el precio de tener al PP en la Comunidad de Madrid!
Notas:
[1] Unidas Podemos cifra en más de 8 millones el gasto en hoteles medicalizados
[2]Madrid confirma el coste del hospital Isabel Zendal: 153 millones de euros
[3] Anticorrupción se querella contra dos empresarios que cobraron una comisión de casi seis millones en una compra sanitaria en Madrid
