La crisis de Covid-19 pone en evidencia el negocio privado de las residencias de dependencia. ¡Por un servicio 100% público!
La propagación de la pandemia por Covid-19, en las cinco plantas de la Residencia con Centro Ocupacional Nuestra Señora del Camino, ha supuesto la prueba palpable de que el modelo de gestión privada pone por encima el negocio y las relaciones mercantiles sobre la salud y el cuidado de los usuarios/as y sus trabajadores/as.
Desde el comienzo del estado de alarma, y fruto de una inicial inexistencia de Equipos de Protección Individual (EPI) y una planificación preventiva, la situación ha sido terrible, donde los datos que barajamos en el centro son más de 35 bajas laborales, de una plantilla con más de 95 trabajadores/as, cerca de 35 usuarios/as con sintomatología, más de 10 usuarios/as hospitalizados con pronóstico grave y 5 casos de muerte. También debemos señalar la situación en la Residencia para Mayores de la Fundación Nuestra Señora del Camino, un espacio anexado al nuestro. Hoy sabemos que existen 5 mayores fallecidos, en torno a 6 trabajadores/as de baja laboral, 3 residentes hospitalizados por contagio y, aproximadamente, 15 mayores con sintomatología por coronavirus.
Hay que destacar que hasta el momento somos los propios delegados sindicales y las y los trabajadores los que estamos recabando los datos de contagiados y muertos en el sector madrileño de la diversidad funcional, ya que las empresas no los facilitan u ocultan, aprovechando la falta de pruebas preventivas. Esto está siendo (es algo) permitido por las Administraciones, tanto por la Comunidad de Madrid (CAM) como por el Gobierno central, que escudándose en dicha falta de pruebas solo contabilizan a aquellos que hayan dado positivo en un test. Resulta insólito que en un sector como el nuestro o en las Residencias de mayores, de alto riesgo, no se garanticen a día de hoy pruebas masivas. Por eso mismo, desde CGT, hemos exigido formalmente a la CAM transparencia. ¡Queremos saber ya los datos de contagiados y fallecidos!
Una actuación negligente de las entidades-empresas y de las administraciones
Desde la puesta en marcha del estado de alarma, las y los trabajadoras/es hemos tenido que sufrir la dejadez y la irresponsabilidad institucional, no existiendo ni siquiera protocolos específicos unitarios ante esta dramática situación, quedando dicha labor en manos de cada Fundación-empresa, bajo ningún tipo de control, lo que permite ocultar sus responsabilidades en la penosa gestión de esta crisis. Por otro lado, no ha existido, ni existe aún, ningún tipo de intervención real que haga controlar, por parte de la administración, un sector de alto riesgo como el nuestro.
Todo esto pone en evidencia que, al no existir ninguna medida preventiva sobre los riesgos biológicos, cualquier enfermedad virulenta se propaga aceleradamente, con las dramáticas consecuencias que ahora estamos viendo. La responsabilidad de la seguridad y la salud en el trabajo, y de los usuarios, es del empresario. En este caso, como en muchos otros, la entidad-empresa ha demostrado su incapacidad para gestionar esta crisis sanitaria y adoptar las medidas necesarias, ya que han primado durante todos estos años, y ahora también, los negocios. Prueba de ello es que el viernes 13 de marzo, existiendo confirmación oficial de casos positivos por coronavirus en el centro de trabajo, no se pusieron en marcha medidas preventivas efectivas que evitaran la propagación de la enfermedad. Hoy la situación sería diferente si los responsables, desde dicho principio, siendo conocedores del foco inicial, hubieran aislado la enfermedad y, acto seguido, se hubieran tomado medidas con todos aquellos que estuvieron en contacto directo con el foco.
Los trabajadores/as de este centro han visto, a lo largo de estos últimos años, cómo se ha mermado su derecho a participar en todo lo concerniente a su propia salud en el centro de trabajo. La entidad, contando con la colaboración del sindicato amarillo, Grupo Independiente de Trabajadores de la Fundación (GITF), mayoritario en el Comité de Empresa, desde el año 2015, no han constituido el Comité de Seguridad y Salud (CSS), evitando así evaluar periódica y regularmente los riesgos laborales y de salud en el centro de trabajo. Una decisión por supuesto tomada por la empresa, para evitar molestias, y aplicada fielmente por este pseudosindicato. Algo que puede implicar, en la grave situación actual, responsabilidad administrativa e incluso penal, habiéndose puesto en peligro, por medio de su conducta por omisión (omisiva), la vida, la salud y la integridad física de los compañeros/as de trabajo y de los usuarios y sus familias.
Falta de personal y precariedad laboral
Poco antes de esta situación, apenas un mes antes, la empresa y el sindicato amarillo impusieron una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, fruto de que un grupo de trabajadoras y trabajadores exigimos nuestros derechos: ¡no seguir trabajando a cambio de comida! La empresa, que no acepta que reivindiquemos el fin de la precariedad laboral que sufrimos, forzó con su actuación la salida de más de una decena de trabajadores/as, dejando la plantilla en mínimos. Una plantilla que ya era insuficiente de cara a atender adecuadamente a los usuarios.
La falta de personal y la enorme precariedad laboral en nuestro sector es una de las causas, como en la sanidad o en las residencias de mayores, de la catástrofe y de las miles de muertes que estamos padeciendo. En el sector de la dependencia la administración junto con las entidades fijan las ratios, atendiendo principalmente a criterios empresariales, de lucro, buscando ajustar las plantillas al máximo de cara a obtener los máximos beneficios. Las ratios deberían adecuarse a las necesidades reales en la atención directa, de salud y bienestar, de residentes y trabajadores/as, pero al final ¡negocios son negocios! Por otro lado, el XV Convenio del sector, firmado por CCOO y UGT, lo único que ha hecho ha sido perpetuar bajos salarios y más precariedad, sometiendo a las y los trabajadores a un enorme estrés y frustración. Por eso mismo tenemos que señalar que los dirigentes de los sindicatos firmantes también son responsables de esta situación.
Todo esto, la falta de personal y de medios, ha llevado a tal descontrol que la dirección de la Residencia con Centro Ocupacional Nuestra Señora del Camino tuvo que recurrir a la UME, de cara a dotar al centro de EPIs (mascarillas, trajes de protección para el personal, etc.) y de cara a dotarse de protocolos de actuación en la prevención de riesgos biológicos y desinfectar sus instalaciones. Antes de eso, desde CGT impulsamos una iniciativa para garantizar mascarillas y material a los centros, habiendo surtido a más de una decena de centros, y gracias a ello pudimos contar con algo de material. Como vemos, al final hemos sido los propios trabajadores/as organizados lo que hemos tenido que sacar las castañas del fuego a la entidad.
¡La Vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias debe actuar ya!
Si algo ha dejado claro esta situación es que no se puede permitir que las empresas, en sectores con personas en situación de dependencia, la sanidad o las residencias de mayores, sean en la práctica grandes fuentes de negocio. La Vicepresidencia de Asuntos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias, transfirió a las Comunidades Autónomas 300 millones de euros para los servicios sociales. Sin embargo, hoy seguimos igual. ¿Dónde están esos 300 millones? ¿Cómo se están utilizando? ¿Hay algún tipo de control sobre el uso que le están dando las Comunidades y las entidades-empresas? Ya hemos visto en el pasado como se incrementaban las partidas para las entidades-empresas sin que eso repercutiera en las y los trabajadores y usuarios.
Está muy bien que se hable de lo público y de lo social en diferentes medios y espacios, como estamos viendo, pero queremos hechos y acciones concretas. Para ello es necesario comenzar porque se tome inmediatamente el control público de todas las residencias del sector de la dependencia, ya sean fundaciones, ONGs o empresas. Esto permitirá aunar todos los recursos y planificar la atención en base a las necesidades sociales existentes, comenzando por realizar una inversión masiva, muy superior a esos 300 millones euros, de cara a contratar personal y con salarios dignos, tener ratios adecuadas a las necesidades de los usuarios/as y sus familias, y contar con todos los medios necesarios para dar la mejor atención posible.
¡Por un servicio 100% público! ¡Basta de lucrarse a costa de nuestras necesidades!
Pincha aquí para acceder a un estudio detallado sobre los efectos del COVID-19 en la Residencia con Centro Ocupacional Nuestra Señora del Camino, presentado ante la Consejería de Bienestar Social de la CAM.
